endeudados

La deuda local se desboca

El endeudamiento acumulado por los entes locales supera los 30.000 millones. el ejecutivo les permitirá un déficit en 2008 y 2009 del 0,2% del pib, aunque prevé que, cuando menos, dupliquen esta cifra. madrid genera la misma deuda que el resto de capitales de provincia. La deuda atenaza el funcionamiento de los 8.112 ayuntamientos de España. Se habla mucho de la cuestión autonómica, pero la local adquiere dimensiones cada vez más relevantes. Arrastrados por el desplome del sector inmobiliario, los entes locales han descontrolado sus cuentas. Al cierre del tercer trimestre de 2008 la deuda de los consistorios y las diputaciones ascendía a 30.792 millones de euros; mientras la de las autonomías era de 62.928 millones. La deuda municipal se ha duplicado entre 1996 a 2008 y, en buena medida, este fenómeno tiene su origen en la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento que rige Alberto Ruiz Gallardón tiene una deuda de proporciones autonómicas, de casi 6.500 millones. De hecho, sólo la supera Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, y empata con Andalucía. Con estas credenciales no sorprende que tanto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como el propio consistorio madrileño invoquen de forma constante los privilegios de los que disponen las autonomías. Muchas de sus reclamaciones se solucionarían si recibieran un trato equivalente. Ahora bien, nadie parece acordarse del compromiso del Gobierno en 2004 de acabar con la falta de transparencia en las cuentas de los entes locales y del nunca más se supo. De momento los municipios españoles ya han conseguido que el Gobierno les preste atención en dos reclamaciones: el disponer de un margen de déficit y obtener fondos para obras. Así, en 2008, por primera vez, los ayuntamientos tienen el permiso para incurrir en un déficit excepcional y conjunto del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Según el Ministerio de Economía, este porcentaje supone “algo más del 3%” de los ingresos no financieros. Los ayuntamientos que tengan una desviación de sus Presupuestos superiores a esta ratio tendrán que presentar un plan económico y financiero. Hasta esa cifra podrán incurrir libremente en déficit. Sin embargo, este eventual techo planteado por el Gobierno se ha quedado corto. De momento, la actualización del Plan de Estabilidad prevé que en 2008 el déficit de las corporaciones locales haya retraído un 0,5% del PIB nacional. Para 2009 el déficit previsto en los ayuntamientos es del 0,4% y sólo se alcanzaría el 0,2% en 2011. Y eso, sin tener en cuenta las estimaciones de otros organismos y confiando en la mágica recuperación de las cuentas públicas que Pedro Solbes sitúa en 2010. Desde Economía señalan que la cifra del 0,2% no se planteó como un tope, sino como el punto hasta el que se permitía la flexibilidad. De hecho, sólo la deuda de Madrid puede alcanzar el 0,12% del PIB. A fin de cuentas, la FEMP pidió alcanzar un déficit del 0,5% en sus reuniones preliminares para pactar la financiación local. La capital de España ya ha anunciado un déficit estimado para este año de 1.200 millones, con lo que dinamita el Plan de Saneamiento que había pactado con el Gobierno. Tanto desde el PSOE como desde el propio Ejecutivo consideran que la deuda se ha ido de las manos de los responsables municipales; y que las obras de la M-30 no justifican el incremento del gasto que se ha producido. En el año 2002 la deuda acumulada por el Ayuntamiento de Madrid era inferior a la de Barcelona (1.137 millones y 1.259 millones, respectivamente). Esa diferencia se había mantenido de forma constante desde principios de los noventa. Sin embargo, todo cambió a partir del ejercicio de 2003, curiosamente el mismo año en el que José María Álvarez del Manzano cedió la vara de mano del Consistorio a Alberto Ruiz Gallardón. Desde entonces, el aumento de la deuda ha sido exponencial, hasta llegar a los 6.500 millones de octubre de 2008. La suma de la deuda de todas las capitales de provincia españolas asciende a 12.846 millones de euros, de los que la mitad tienen su origen en la capital. En este contexto, muchos ayuntamientos se verán inmersos en la misma carrera que todas las administraciones públicas a escala europea: la emisión de deuda. De hecho, Madrid trató de adelantarse, en previsión de una inminente rebaja del ráting de calificación en la que ya trabajan las agencias, y pidió autorización al Ministerio para emitir nueva deuda por el importe de su déficit previsto: los 1.200 millones de marras. Economía rechazó esta posibilidad hasta que no se presente un nuevo plan de saneamiento lo que, de facto, da al gabinete de Solbes un derecho de veto sobre las cuentas del Consistorio. Todos los ayuntamientos que superen en deuda el 110% de sus ingresos corrientes, tal como dicta la Ley de la Hacienda Local, deben recibir permiso de su autonomía para emitir deuda. Salvo en el caso de Madrid, que depende del Gobierno. La capital se encuentra en el 170% de deuda en relación a sus ingresos. Desde el ayuntamiento madrileño consideran que deberían tener un tratamiento similar al de las comunidades. Estiman que la Ley de la Hacienda Local establece límites demasiado rígidos para las necesidades actuales de los municipios. De hecho, en 2008 había varios consistorios que se encontraban próximos al límite que les impediría lanzar deuda sin consulta: Málaga se situaba en el 108% y Valencia en el 109%, por lo que no se descarta que se les tenga que aplicar también el Protocolo del Déficit Excesivo (PDE). Y todo esto sin contar que las empresas públicas creadas por los ayuntamientos tienen deuda por valor de 5.500 millones. El 52% de las 2.200 empresas públicas que hay en España dependen de entidades locales. Los ayuntamientos se encuentran en un momento de extrema gravedad. Las demoras en el pago en las que incurren suponen un grave problema para miles de pymes españolas. Es en este contexto donde hay que circunscribir el Plan de Financiación Local por el que los ayuntamientos recibirán en 2009 un total de 8.000 millones de euros para obras que no tuvieran incluidas en sus presupuestos y que tendrán que tener concluidas en un año. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía considera que con esta cantidad ha cumplido, al menos para 2009, con otra de las reclamaciones históricas de las FEMP: un margen de maniobra para financiar obras, tal como tienen las autonomías.

FUENTE: Expansión