Un colegio desafía a la Generalitat y se niega a dar Ciudadanía pese a la presión

El centro espera respuesta de los tribunales ante la amenaza de retirar su autorización

R. Serrano
Madrid- En el colegio barcelonés Loreto-Abat Oliba reina una calma tensa. De momento, las clases continúan. A la hora de dar Educación para la Ciudadanía, los alumnos de 3º de ESO se dividen entre los 17 que no han objetado, y reciben clases de la asignatura, y los demás, la gran mayoría. Como sus padres se niegan a que cursen la materia, el centro ha «diseñado» una clase alternativa para esa hora: Educación para la Vida Social y Política. Sin embargo, sus responsables son conscientes de que la Generalitat va a hacer todo lo posible para impedir este modelo: les han amenazado con retirar el concierto e, incluso, con perder la autorización para impartir clases de Secundaria.
«De momento no hemos recibido ninguna notificación formal», señala Belén Marrón, portavoz del centro. De acuerdo con su relato, en septiembre el colegio envió una carta a la Consejería de Educación, dirigida por Ernest Maragall, en la que explicaban que Educación para la Ciudadanía estaba fuera de su ideario y que, además, más del 90 por ciento de los padres de alumnos se habían declarado objetores. La Generalitat respondió con otra misiva en la que aseguraba «que no entendía el problema y nos invitaba a no desobedecer la ley», señala Marrón.
Ante la «ambigüedad» de este comunicado, el colegio decidió acudir a los tribunales. «Interpusimos un recurso de alzada y basamos nuestra solicitud en que nuestro ideario es el de la Iglesia. Preguntamos si podemos adaptar la asignatura y, si no podemos, si es posible suprimir algunos puntos. También queremos saber qué debemos hacer con las familias objetoras», explica la portavoz. La escuela está ahora a la espera de una respuesta y de ver si la Generalitat da un paso más en sus amenazas. Mientras, son muchos los apoyos que ha recibido.
A favor de «la libertad»
El presidente de Profesionales por la Ética en Cataluña, Ramón Novella, señaló ayer que, si el Ejecutivo catalán actúa contra el colegio, la entidad que preside (promotora de la objeción de conciencia) «planteará más recursos a los tribunales». A su juicio, la Generalitat pretende que los centros «sometan su ideario, asignaturas y materiales didácticos a los valores y principios de la asignatura».
Por su parte, el Foro Español de la Familia consideró ayer que la «reacción de amenaza» del Gobierno de Cataluña contra el centro católico demuestra «un escaso respeto a la libertad de enseñanza». El Foro manifestó su apoyo al colegio y recordó que éste «cumple con su obligación de defender su ideario».


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