Los impuestos actuales son ilegítimos



Con el mes de septiembre ha entrado en vigor en España una brutal subida de los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA). El Gobierno del Partido Popular y su presidente Mariano Rajoy, haciendo una vez más exactamente lo mismo (pero más) que criticaban al gobierno anterior de Rodríguez Zapatero, y ”en la mejor tradición liberal-democrática” exactamente lo contrario de lo que prometían antes de las elecciones, llevan a cabo con esta subida un nuevo acto, además de contraproducente, tiránico. Porque, aunque el régimen juancarlista y el gobierno del PP fuesen legítimos (que no lo son), sería ilegítima la subida de impuestos.

¿Por qué? Tanto porque la presión fiscal era ya desmesurada y confiscatoria, lo cual es contrario al mismo derecho natural, como porque en el régimen tradicional, en la verdadera Monarquía española (nada que ver con la república parlamentaria, delegación de la Unión Europea, que preside Juan Carlos) ni el Rey ni el Gobierno tienen derecho a aprobar impuestos sin el consentimiento expreso de sus súbditos, representados en Cortes verdaderas sujetas a su voluntad (la de los súbditos) y no a la de los partidos políticos.

Así lo explicaba don Juan Vázquez de Mella:

... estas cuatro bases fundamentales en que las Cortes se apoyan, y que son: primera, representación por las clases; segunda, incompatibilidad entre el cargo de diputado y toda merced, honor y empleo, exceptuando los que son obtenidos por rigurosa oposición; tercera, el mandato imperativo como vínculo entre el elector y el elegido, y cuarta, aquellas dos atribuciones de las Cortes que consistían en no poder establecerse ningún impuesto nuevo, ni ser variada o modificada ninguna ley fundamental, sin el consentimiento expreso de las Cortes.

[...]

... dentro de nuestra monarquía es absolutamente imposible toda tiranía. No pueden ser violentadas las conciencias cristianas [...] No puede ser dilapidada nuestra hacienda, porque sin el consentimiento de los súbditos o de los mandatarios no se pueden establecer impuestos nuevos; y, finalmente, no puede ser hollada nuestra libertad porque, para ser alteradas las leyes capitales que la definen y amparan, necesita el concurso y el beneplácito de los mismos gobernados o de sus procuradores. Resulta, pues, que, con nuestro sistema no pueden sufrir menoscabo ni nuestra fe, ni nuestra libertad, ni nuestra hacienda. Es decir, que en éste régimen, la libertad está en todas partes y la tiranía en ninguna. Viene a ser esto, bien entendido, una Monarquía fuerte y robusta por su poder no parlamentario; representativa, por sus auxilios y limitaciones, y federativa, por las regiones que asocia y enlaza; siendo este calificativo, juntamente con el apellido primogénito de católica, y no el mote de absolutista, el que mejor le cuadra, si se aplican las palabras en su legítimo sentido.

(Discurso en el Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 1893)

A la Iglesia las libertades que las regalías le usurpan; a la familia y sus prolongaciones, la escuela y la Universidad, el derecho a enseñar que el Estado docente monopoliza y absorbe; al municipio, la franquicia de administrar con independencia sus intereses, hoy gestionados bajo la inspección y el dominio del Poder central; a la región, sus derechos de conservar y perfeccionar la propia legislación civil, lengua y literatura, y de dirimir los peculiares litigios sin dependencias burocráticas; a las clases sociales, empezando por la agricultura, el comercio y la industria, siguiendo por las corporaciones científicas y acabando por la aristocracia y el clero, el derecho a nombrar sus especiales procuradores y ligarlos a su voluntad con mandato imperativo, declarando incompatible su cargo con toda suerte de empleos y honores; a las Cortes, espejo de la sociedad y compendio de las fuerzas nacionales, la facultad de exigir como condición indispensable su consentimiento para establecer impuestos nuevos y variar leyes fundamentales; al Consejo Real, las prerrogativas, disueltas en interminable serie de oficinas burocráticas, para todos los asuntos generales en que el Monarca necesita su concurso; al Rey, el ejercicio libre de las facultades que ahora usurpa la oligarquía del Gabinete por el refrendo ministerial, y, finalmente, a la nación entera, el derecho de ser libre bajo un soberano esclavo del deber y súbdito de Cristo.

(El Correo Español, 6 de enero de 1894)


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