El Gobierno admite que los funcionarios de Justicia utilizan muy poco el gallego


Vicepresidencia reclama un régimen de control y sanciones para quienes incumplan la norma
El departamento de Quintana cree que las actuales medidas incentivadoras han sido un fracaso.


(Lugar: la voz | redacción)

El Gobierno central admite que los funcionarios y servidores públicos dependientes de la Administración de Justicia «no han hecho todo el esfuerzo que debieran en aras de conocer y utilizar debidamente» el gallego y las demás lenguas cooficiales de las comunidades.

Así lo reconoce el Ministerio de Justicia, que dirige Juan Fernando López Aguilar, en una respuesta a una misiva enviada por el secretario xeral de Relacións Institucionais, Antón Losada, en la que éste instaba al Ejecutivo a multiplicar los esfuerzos en la promoción del gallego en el ámbito de la Justicia con el fin de garantizar el pluralismo lingüístico. Se refiere Losada -cuya responsabilidad está enmarcada en el área de Vicepresidencia de la Xunta, que encabeza el nacionalista Anxo Quintana- a su preocupación por las comparecencias en la comisión que reforma el Estatuto de representantes de asociaciones de jueces y fiscales, que dejaron en evidencia que el uso del gallego en su campo profesional era «minoritario» o «casi anecdótico».

En vistas de que el diagnóstico de insatisfacción realizado por el ministerio en su carta de respuesta coincide en buena medida con el que maneja Vicepresidencia, el secretario xeral de Relacións Institucionais remitió una contrarréplica en la que invita al Gobierno central a intervenir en el problema para evitar que persista el incumplimiento de la ley en lo relativo a la utilización del gallego en las Administraciones públicas y en particular en las dependencias que atienden y se dirigen al ciudadano, para así mejorar y acercar la prestación del servicio.

Tras lamentar el fracaso en el terreno práctico de la mayoría de las normativas y medidas adoptadas, y para garantizar el cumplimiento real de la norma, Vicepresidencia demanda la aplicación de medidas disciplinarias en los casos en que se observe una vulneración de la ley.

Mayor fiscalización

Así, además de nuevas medidas que fortalezcan el uso del gallego, exige mayor fiscalización por parte de los órganos de la Administración de Justicia. Y es que, concluye la misiva de Antón Losada, los reglamentos no son suficientes cuando no van acompañados de «un régimen de control y sanción».


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