Traiciones en Gibraltar
Colectivo Alborán
Habría que escribir una enciclopedia para hacer un sucinto resumen de las que se han producido en relación con El Peñón.
Por supuesto, estamos hablando solo de las protagonizadas por “españoles”, dado que a los ingleses solo se les puede acusar de traición desde posturas de estúpidos autoengaños; es decir, Inglaterra siempre ha actuado claramente contra España y apenas se ha preocupado de encubrirlo.
Desde luego Gibraltar es el perfecto barómetro de la degeneración, en grandísima medida inducida, de nuestra Patria. En pocos temas se ve más clara y continuadamente la obediencia y el seguidismo a intereses extranjeros y a las consignas de sociedades secretas. En este último sentido hay que recordar que, en la práctica, la primera logia masónica legalmente reconocida en la Península se fundó en Gibraltar, de donde irradió fructíferamente a toda España. También hay que hacer mención a que la masonería nació en Inglaterra y prácticamente de la mano de su monarquía, cuya cabeza, además, sustenta la jefatura de la iglesia anglicana. Recordemos, así mismo, que el Reino Unido (RU) es un estado confesional, protestante, por supuesto, para acabar de enmarcar el sentido amplio de nuestras amistosas relaciones con los sajones europeos.
Pero, volviendo al origen, y por acotar aun más este extensísimo tema, vamos a referirnos solo a las traiciones que ha destapado la reciente crisis, originada por el vertido de obstáculos de hormigón para evitar la pesca en aguas españolas (todas lo son) próximas a la pista de aterrizaje.
Hay que resaltar y no olvidar que, dado el carácter “simbólico” a que nos tienen acostumbrados las actuaciones de nuestros aliados británicos, “casualmente” tales agresiones tuvieron principalmente lugar el día de Santiago, Patrón de España, del año en que se sufre el 300 aniversario del Tratado de Utrech.
Trataremos de ser sucintos y ordenados en la enumeración del cúmulo de vergüenzas y traiciones. Y traidor es el que ayuda al que se comporta como enemigo y no cumple con sus obligaciones de defensa de los intereses patrios.
Siendo el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores quien debería guiar la actuación de los demás Ministerios, dando ejemplo en primer lugar, hemos tenido que contemplar, con tremendo desgarro, que, después de las acostumbradas grandilocuencias, los hechos han sido clamorosamente vergonzantes y claudicantes. Ni acciones diplomáticas contundentes, ni amago de ellas siquiera; y, por supuesto, del ínclito Embajador en Londres y en su día uno de los peores Ministros de Defensa, “ni se sabe ni se le espera”. Concretemos, como muestra, dos hechos trascendentes en los que el Palacio de Santa Cruz ha permanecido como estatua de sal, otorgando con su silencio:
- El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha opinado como tal públicamente que Gibraltar “no puede actuar como si de un Estado pirata se tratara”, sino que debe respetar las leyes y los convenios internacionales. Es decir, dando por sentado que si ese “estado” no actuara como pirata otra consideración tendría. Nadie le ha recordado que no es Gibraltar sujeto político internacional sino que es el Reino Unido de la Gran Bretaña el “Estado pirata”.
- El Presidente Rajoy ha admitido a la UE como árbitro en Gibraltar, y eso a pesar de que Durão Barroso, presidente de turno de la Comisión Europea, le ha dejado claro que “Bruselas advierte que cobrar 50 € por cruzar La Verja es ilegal”. Lo cual supone dejar atrás el Tratado de Utrech y las Resoluciones de la ONU, es decir, el “error”, o peor, la “cesión” más peligrosa e importante hasta la fecha.
Otro convidado en este festín de piratas, y no precisamente de piedra, aunque su rostro lo parezca, es el Ministro de Defensa. El señor Morenés, abogado marítimo de profesión y largos años empleado en el Ministerio de Defensa, ha permitido hacer escala en Rota a los barcos de guerra ingleses, desconocedor, sin duda, del STANAG 1.100, el cual prohíbe la entrada en puertos españoles a los buques de la Alianza Atlántica que procedan o se dirijan a Gibraltar; los STANAG son normativa OTAN de rango de acuerdo internacional. El Ministro de Defensa sin duda también olvida, quizás por no habérselo recordárselo tampoco el señor García Margallo, o por no haberlo estudiado en su día, que el Reglamento CEE 4055/86 del Consejo de Europa (de 22 de diciembre de 1986) prohíbe lo mismo con relación a los barcos civiles. Esas prohibiciones están basadas en la “doctrina” tradicional española.
La actuación del señor Morenés ha culminado con unas declaraciones en el diario La Razón en las que ha dicho con relación al actual conflicto de Gibraltar: “… hay tres delitos clave, contra el medio ambiente, de carácter fiscal y de tráficos ilícitos (olvidándose del de soberanía y del de su departamento) … En Gibraltar ocurren cosas en las que en Reino Unido está perfectamente de acuerdo en luchar contra ellas (como si Gibraltar fuera un estado soberano independiente del RU) … A mí no me cabe la menor duda de que el Reino Unido acabará apoyando el cumplimiento de la Ley (sin duda como lo ha hecho siempre se podría apostillar) … unas maniobras militares marítimas británicas que son absolutamente lejanas del conflicto de Gibraltar (Santa Lucía le conserve la vista) …”. También ha pasado por alto la intervención de barcos de la Navy contra patrulleras de la Guardia Civil y pesqueros españoles, así como ejercicios de tiro de los mismos sobre boyas con la bandera española. Pero lo más grave ha sido dar a entender, y así lo ha visto Elconfidencialdigital, que los pescadores españoles faenan en aguas de Gibraltar.
Por supuesto, el Ministro de Defensa aprueba y disculpa que, en la práctica, los barcos de guerra ingleses nos traten de intimidar, incluido el tristemente famoso submarino nuclear Tireless, camino de un ataque a Siria no autorizado por la ONU y que muy bien podría estar en los prolegómenos de una tercera guerra mundial. Y todo eso ante las declaraciones escritas del Ministro de Exteriores inglés de que la Royal Navy y la policía gibraltareña están“listas para el despliegue”con el fin de “evitar” nuevas incursiones de la Guardia Civil en sus “aguas territoriales” para situar los bloques de hormigón lanzados anteriormente por los llanitos.
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es otro de los convidados pétreos. Porque, ¿ustedes han oído a algún representante de este ministerio defender a los pescadores o al medio ambiente más allá de las quejas formales?. Las denuncias que se han puesto en los tribunales lo han sido por asociaciones “civiles” o por miembros del gremio de pesca.
Y lo anterior vale también para los vertidos de áridos en los espigones de la vertiente Este del Peñón, entre Cabo Privilegiado y Playa de la Caleta, que vulneran gravemente el “Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Estrecho Oriental (normativa europea)”. Es de resaltar que el Gobierno Español declaró Zona de Especial Conservación (ZEC) el antedicho LIC, que incluye las aguas que rodean Gibraltar y son un paso estratégico para cetáceos y aves marinas.
En relación con estos enclaves, parece ser que los trasiegos de rocas de canteras españolas continúan, aunque el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Tarifa (presidido por Juan Andrés Gil, del PP), que no el de Medio Ambiente, han impedido temporalmente los de arena de la playa de Valdevaqueros, como venía haciendo la empresa Movitrans desde hace dos años. A estas arenas se sumarán ahora las procedentes de Palamós, aumentando así los daños ecológicos y arqueológicos con aportaciones del separatismo catalán.
Pero lo singular, dentro de la general pluralidad que estamos desgraciadamente constatando, es que el Ministro Miguel Arias Cañete es accionista de una compañía Petrolífera Ducar S.L., de la que anteriormente fue presidente, y que vende combustible a las empresas de las gasolineras que trasiegan, y derraman, carburantes en aguas del Estrecho. Es decir, que es parte importante de eso que muchos denominan Bunkering. Quizá por ello comparecerá próximamente, a petición propia, en el Congreso para hablar de ese tema. Según El Mundo, España ha vendido a Gibraltar productos petrolíferos por 9.920 millones de euros en los últimos 18 años, la gran mayoría a partir de 2006.
El turbio dibujo anterior se completa con que el Ministerio del Interior, del que depende la Policía y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil Servicio y el de Protección de Actividades Pesqueras, sigue permitiendo el paso a Gibraltar de camiones con rocas para ganar terreno al mar, como hemos dicho, así como de gabarras con derivados petrolíferos desde la Refinería de Algeciras a las gasolineras flotantes inglesas. Y con la ausencia de medidas eficaces frente a lo que el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López-Istúriz, dijo en la Cope: “hay un contrabando de droga y armamento que se sospecha que tiene punto de origen o destino en Gibraltar”.
Por supuesto, el borrón se completa con la ausencia de medidas del Ministerio de Justicia contra eso que el señor Morenés califica como “tres delitos clave: contra el medio ambiente, de carácter fiscal y de tráficos ilícitos”. E incluso con Hacienda, que no tenía incluido a Gibraltar en su lista de paraísos fiscales, y ante cuya ceguera empresas españolas han vendido a Gibraltar 8’11 millones de euros de tabaco, sin IVA; apenas una minucia a añadir a los carburantes antes citados; bueno, eso entre otras lindezas, como que, según Íñigo Méndez de Vigo (Secretario de Estado para la Unión Europea) “6.700 gibraltareños con residencia legal en España y residencia fiscal en Gibraltar se benefician de nuestros servicios sin pagar sus impuesto”, y aquí no pasa nada.
Y, de momento, dejemos a la Corona hasta que “La Zarzuela” desmienta, o nó, al Gibraltar Chronicle, quien ha publicado que Juan Carlos dijo en 1982 a Inglaterra: “Recuperar Gibraltar no está en los intereses de España”. ¿Qué se apuestan ustedes a que se da la callada por respuesta?
Alborán
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