Revista FUERZA NUEVA, nº 452, 6-Sep-1975
LA HISTORIA COMO LECCIÓN
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La Carta Colectiva del Episcopado
Estamos oyendo a cada momento que compete a la jerarquía eclesiástica el derecho a ilustrar los hechos de la vida social y política a la luz de la fe. No voy a ser yo quien discuta a los señores obispos tal derecho. Pues bien, tal derecho competía también -cómo no- a la jerarquía eclesiástica española de 1936. Y las circunstancias eran entonces tan extraordinarias y graves que ese derecho se convertía en deber urgente.
De la histórica Carta Colectiva, de 1 de julio de 1937, vamos a citar algunos párrafos nada más:
“Nuestro país sufre un trastorno profundo; no es solo una guerra civil cruentísima la que nos llena de tribulación; es una conmoción tremenda la que sacude los mismos cimientos de la vida social, y ha puesto en peligro hasta nuestra existencia como nación”.
“Se trata de un punto gravísimo en que se conjugan no los intereses políticos de una nación, sino los mismos fundamentos providenciales de la vida social: la religión, la justicia, la autoridad y la libertad de los ciudadanos”.
“La revolución comunista, aliada de los ejércitos del gobierno es sobre todo, antidivina... Por eso se produjo en el alma nacional una reacción de tipo religioso, correspondiente a la acción nihilista y destructora de los sin Dios.”
“Por eso todos los observadores perspicaces han podido escribir estas palabras sobre nuestra guerra: es una carrera de velocidad entre el bolchevismo y la civilización cristiana”.
Los acontecimientos de la zona roja, que hoy se pretende sea simplemente republicana, eran la confirmación trágica de las manifestaciones de nuestros prelados. Era el Papa Pío XI, quien, en la Encíclica “Divini Redemptoris”, los describía con estas gravísimas palabras:
“No ha derribado (el comunismo) alguna que otra Iglesia, algún que otro convento, sino que siempre que le fue posible, destruyó todas las iglesias, todos los conventos y hasta toda huella de religión cristiana, sin reparar en el valor artístico y científico de los monumentos religiosos. El furor comunista no se ha limitado a matar obispos y millares de sacerdotes, religiosos y religiosas, buscando de un modo particular a los que precisamente trabajaban con mayor celo con pobres y obreros, sino que, además, ha matado a un gran número de seglares de toda clase, asesinados aún hoy (19 de marzo de 1937) en masa, por el mero hecho de ser buenos cristianos o al menos contrarios al ateísmo comunista. Y esta destrucción tan espantosa es realizada con un odio, una barbarie y una ferocidad que jamás se hubieran creído posibles en nuestro siglo”.
La Iglesia no podía, naturalmente, permanecer neutral. Así lo declaraban los obispos en la Carta Colectiva:
“La Iglesia no podía ser indiferente en la lucha: se lo impedían su doctrina y su espíritu, el sentido de conservación y la experiencia de Rusia. De una parte se suprimía a Dios, cuya obra ha de realizar la Iglesia en el mundo y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y derechos...; y de la otra, cualesquiera que fueren los humanos defectos, estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu, español y cristiano”.
El mismo Pontífice Pío XI, en una alocución dirigida a los primeros prófugos españoles llegados a Italia decía: “Enviamos nuestra bendición a cuantos se han propuesto la difícil tarea de defender y restaurar los derechos de Dios y de la Religión”.
¡Cuán insensata y atrevida era la actitud que estuvo a punto de tomar la Asamblea Conjunta presidida por el cardenal Enrique y Tarancón (34 años después, en 1971)! El profesor Vicente Palacio Atard dice: "Al historiador no le es lícito sustituir los esquemas mentales de 1936 por los de 1973, y lo cierto es que en aquella fecha millones de españoles se levantaron contra la república, no por ser antirrepublicanos, sino sencillamente por católicos. Por eso la guerra fue una auténtica cruzada, por eso y por los desmanes increíbles relatados en la conocida obra de monseñor Montero, que se llevaron a efecto en el lado republicano” (Vicente Palacio Atard, “Cinco Historias de la República y de la Guerra”).
Una pretendida objeción contra la Carta Colectiva
No faltan quienes, para mermar el valor de la Carta Colectiva, especulan con la ausencia, en dicho documento, de las firmas de don Mateo Múgica, obispo de Vitoria, y del cardenal Francisco Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, ambos a la sazón, fuera de España. No todos los obispos de España pensaban lo mismo.
Si fuéramos a mirar con esta lupa la autoridad de los documentos de nuestra Conferencia Episcopal, ¿qué valor tendrían, por ejemplo, el Documento de la Reconciliación (1975), con 11 obispos que dijeron que no, y la Declaración sobre la Iglesia y la Comunidad política (1973), con 24 obispos que votaron en contra o no votaron?
La ausencia de las firmas de estos dos prelados en nada merma el valor y la autoridad interna y externa de la Carta.
Ignoramos las razones por las que la firma de don Mateo Múgica no figura en la Carta Colectiva, pero su pensamiento aparece totalmente convergente con la futura Carta en la Instrucción Pastoral, leída por la radio el 6 de agosto de 1936 y publicada en septiembre juntamente con la firma de Monseñor Olaechea, obispo de Pamplona. En esa Instrucción Pastoral habla del problema pavoroso surgido en las provincias vascas, donde grupos de católicos se habían unido en la lucha a los enemigos de Dios y de la Religión. A esa Instrucción siguió una Declaración, publicada el 8 del mismo mes, que terminaba auspiciando el triunfo del ejército salvador de España.
EL CARDENAL VIDAL Y BARRAQUER. El caso del cardenal Vidal y Barraquer es más complejo. Hoy se pretende levantar la figura del cardenal Vidal y Barraquer como la bandera blanca de la pacificación en aquel conflicto, el cardenal de la paz. Con este empeño escribió Ramón Muntanyola una biografía del cardenal, biografía, por otra parte, fuertemente criticada y objetada. Creemos con sinceridad que los acontecimientos, y el mismo comportamiento del cardenal, no permiten sostener tales pretensiones.
La mejor manera de probar de una forma inequívoca la posibilidad de convivencia con aquel régimen (republicano) y con aquella zona (roja) hubiera sido haberse podido quedar en Tarragona, su sede arzobispal, después del 18 de julio. Nadie en mejor situación que él para hacerlo. Abierto al régimen republicano desde su implantación; pedida la retirada del cardenal Segura por el gobierno de la República, dedica todos sus esfuerzos para conseguirla: bien visto por la Generalidad de Cataluña, que le ofrece hospedaje en la Consejería de Gobernación.
Pero no se queda. Manda quedarse al obispo auxiliar, doctor Borrás, para que salve lo posible. Es detenido en Poblet con el obispo auxiliar. Avisada la Generalidad, da orden tajante de que el cardenal sea trasladado inmediatamente a Barcelona, lo que se cumple con toda perfección. En Barcelona es hospedado en la misma Consejería de Gobernación, alternando con los altos mandos de la Generalidad, con toda clase de consideraciones, desde el día 25 al 30 de julio, en que le entregan el pasaporte, debidamente arreglado, para poder marcharse a Italia.
Sobre la vida del cardenal Vidal y Barraquer se alza la sombra de su obispo auxiliar. Es incomprensible que durante los días que convivió con las autoridades de la Generalidad no hiciera nada por el doctor Borrás, cuando para entonces las cárceles estaban repletas de sacerdotes y de seglares católicos, y comenzaba el sacrificio de los obispos. El doctor Borrás, dejado por el cardenal para salvar lo que pudiera, caía fusilado el 12 de agosto. No es que no quisiera, creemos; más bien, que no pudo.
Durante toda la guerra no vino a la zona nacional, como lo hicieron otros obispos que lograron salir de la zona roja. Ello hubiera sido un gesto poco elegante ante la Generalidad de Cataluña, que le facilitó la salida. Sí parece que se ofreció a volver a la zona roja como rehén por el rescate de los sacerdotes encarcelados y garantía de la libertad de cultos. Esto, más que una reivindicación de la zona roja, es su máxima condena. El cardenal no volvió, los fusilamientos de obispos y sacerdotes continuaron, y la libertad de cultos nunca fue restablecida, como lo declara el ex ministro Irujo en la sesión de Cortes de septiembre de 1938: “Todavía tenemos que ir a capillas privadas aquellos católicos que queremos cumplir con los preceptos de nuestra religión” (Palacio Atard, “Cinco Historias de la República y de la Guerra”).
Liberada Tarragona (1939), intentó reintegrarse a su diócesis, y entonces es vetado por el Gobierno Nacional, viéndose en la misma situación que el cardenal Segura ante el Gobierno provisional de la República (1931). En aquel entonces el cardenal Vidal y Barraquer cedía ante los poderes civiles, e instaba a Roma para que hiciera efectiva la remoción del cardenal Segura. Ahora considera su renuncia como un ultraje a la dignidad de un cardenal, y, como dice Muntanyola, porque no era decoroso ceder ante las pretensiones de los poderes civiles. La historia, a veces, reserva ironías para sus protagonistas.
En cuanto a su negativa a firmar la carta Colectiva, el doctor Anastasio Granados, hoy (1975) obispo de Palencia, en su obra “El cardenal Gomá, primado de España” dice, y ante las cámaras de TVE lo confirmó de palabra en la presentación de dicha obra que el cardenal Vidal y Barraquer, al requerimiento del cardenal Gomá para que firmara, contestó con estas palabras: “La encuentro (la Carta Colectiva) acertada en el fondo y en la forma, pero, estando fuera de mi diócesis, creo oportuno no firmar”.
Lo cual es, al menos, una aprobación personal.
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Antonio M. Núñez
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