Libertad para la Historia

Extraído del periódico “ ABC “ del Miércoles 28 de Junio del 2006

TRIBUNA ABIERTA

Por Rafael Sánchez Mantero

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla

( * Yo fui alumno de él en 2º de Carrera )

“….Lo que ya no es de ninguna manera aceptable es la utilización de aquellos horrores desencadenados por la contienda de 1936 para resucitar un enfrentamiento entre españoles que parece ya, afortunadamente, superado….”

También en Francia, como ahora en España, se entabló hace unos meses una polémica en torno a la memoria histórica. El pasado mes de Enero, un grupo de historiadores de considerable prestigio en el ámbito científico y académico, entre los que se encuentran Pierre Nora, Paul Veyne y Mona Ozouf, lanzó un manifiesto en defensa de la “ Libertad para la Historia “. Se defendían en un documento, que ha publicado la prensa de aquel país, contra la ingerencia de las instituciones oficiales en la labor del historiador y rechazaban la aprobación de una serie de leyes que trataban de señalar lo que es correcto y lo que no lo es a la hora de analizar determinados acontecimientos del pasado. La primera de estas leyes fue la llamada “ Ley Gayssot “ de 1990, que se aprobó para proteger a los supervivientes del holocausto contra los que negaban el horror de su existencia. Después se han aprobado otras leyes en Francia que, con una intención similar, han puesto restricciones a la libre labor de los historiadores. Una de ellas establece que hay que condenar la esclavitud como un crimen contra la humanidad; otra, que hay que desacreditar la expansión colonizadora de Francia y así enseñarlo en las escuelas. Se quejan, con razón, los historiadores franceses de la intromisión del Parlamento en el establecimiento de verdades oficiales sobre determinados episodios o personajes del pasado. La queja no trata de discutir cuestiones como la condena del holocausto, ni de la esclavitud, sino de denunciar el peligro que supone interferir la tarea del historiador. Porque no es tarea del historiador decir lo que está bien o está mal en cada momento; no es misión suya condenar o salvar a los agentes de la Historia. El historiador no juzga: Explica, dice Pierre Nora. El historiador no puede erigirse en juez del pasado, decía el gran maestro de la historiografía gala Lucien Fèbvre. Lo que tiene que hacer el historiador es comprender y hacer comprender a los demás ese pasado.

En España también se ha hablado y se ha escrito mucho últimamente sobre la “ recuperación de la memoria histórica “. Finalmente, el Gobierno ha hecho aprobar en las Cortes una Ley para llevar a cabo esa recuperación en lo que respecta a un periodo muy concreto de nuestra historia reciente. En realidad, el propósito de quienes impulsan esta propuesta es de sacar del olvido a las víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil y durante los años de la postguerra.

No es difícil entender el lógico deseo de quienes sufrieron las trágicas consecuencias de aquel conflicto de reivindicar su sufrimiento y la injusticia del olvido a lo largo de tanto tiempo. Justo será recompensar de alguna forma este silencio de tantos años. Silencio que, en todo caso, no se ha producido nunca en el terreno de la historiografía. Basta repasar la impresionante relación bibliográfica sobre la Guerra Civil y sus consecuencias---uno de los temas más transitados por la historiografía universal---, con miles y miles de estudios realizados desde todas las perspectivas y desde todos los ángulos posibles, para darse cuenta de que nada se ha obviado en los libros. Lo que ocurre es que se lee más bien poco y se desconoce mucho de lo que a veces se habla.

Lo que ya no es de ninguna manera aceptable es la utilización de aquellos horrores desencadenados por la contienda de 1936 para resucitar un enfrentamiento entre españoles que parece ya, afortunadamente, superado. Los grupos que alientan la recuperación de esa “ memoria histórica “ suelen mostrarse agresivos. Violencia, represión y muertes hubo en todos lados y nadie en su sano juicio y con un mínimo conocimiento de los hechos puede ignorar las consecuencias de aquella tragedia para todos los españoles. Pero, sobre todo, lo que de ninguna forma es admisible es que el Gobierno haga aprobar una ley sobre “ La memoria histórica “ para determinar de una manera oficial quienes fueron las verdaderas víctimas de la guerra y quienes fueron los culpables, y establezca una versión de la verdad histórica. Como tampoco es de recibo utilizar el pasado como arma arrojadiza para reclamar venganza y condena contra no se sabe qué enemigo. Al menos, no es ese el papel que le corresponde al historiador. Lo que ocurre es que la Historia es un campo sin vallar por el que muchos aficionados quieren deambular y por eso sufre tantas agresiones. Esa situación de indefensión de la Historia frente a las múltiples intromisiones que sufre continuamente, nos ha habituado, de tal manera a su utilización con fines interesados que ya no nos extraña nada. El comentarista radiofónico, el médico, el militar jubilado, y sobre todo, el político, se consideran con mucha frecuencia capacitados para ofrecer su particular visión de determinados episodios del pasado. Hay demasiados historiadores espontáneos, y algunos de ellos encuentran hueco en el permisivo mercado editorial en el que al lector de buena fe no siempre le es posible distinguir el rigor de la versión interesada o del simple diletantismo. En este contexto, el que el gobierno pretenda reglar también la Historia y pontificar sobre el pasado no debiera sorprender demasiado.

Aquí no ha habido todavía ninguna postura colectiva de los historiadores ante esta invasión de su territorio. El historiador profesional tiene, por la propia naturaleza de su trabajo, poco sentido corporativo. Pero quizás llegue el momento, como también en Francia, de levantar la voz para defender su tarea sin intromisiones ni consignas.