Tema: Causa general

Informe Oficial

INFORMACIÓN INSTRUIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO
SEGUNDA EDICIÓN REVISADA

MINISTERIO DE JUSTICIA

– 1943 –

NOTA EXPLICATIVA


La Causa General, creada por Decreto de 26 de abril de 1940, ratificado por el de 19 de junio de 1943, atribuye al Ministerio Fiscal, subordinado al Ministerio de Justicia, la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz para conocimiento de los Poderes públicos y en interés de la Historia, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y providencialmente, por el Movimiento Liberador.
En el cumplimiento de su misión, la Causa General que reviste carácter exclusivamente informativo ejerce sus funciones investigadoras en aquella parte del territorio español que estuvo sometido a la dominación roja.
La presente relación, que refleja, con carácter demostrativo y circunscrito, algunos de los resultados obtenidos, permite anticipar conclusiones evidentes:
La contienda civil desarrollada en España desde el año 1936 hasta 1939, puso al descubierto toda la capacidad criminal de un Régimen político que afirmaba defender la libertad y proclamaba el respeto a los derechos inherentes a la personalidad humana.
El Frente Popular, desde que asumió el Poder, a raíz de las elecciones de febrero de 1936 —falseadas en su segunda vuelta por el propio Gobierno de Azaña, asaltante del mando político—, practicó una verdadera tiranía, tras la máscara de la legalidad, e hizo totalmente imposible, con su campaña de disolución nacional y con los desmanes que cometía o toleraba, la convivencia pacífica entre los españoles. El Alzamiento Nacional resultaba inevitable, y surgió como razón suprema de un pueblo en riesgo de aniquilamiento, anticipándose a la dictadura comunista que amenazaba de manera inminente. Al producirse, el 18 de julio de 1936, este legítimo movimiento de defensa, acaudillado por el general Franco, el Gobierno rojo llevó su crueldad a extremos difícilmente imaginables, valiéndose de sus propios agentes oficiales —improvisados por aquel Gobierno ante la pasividad y repulsa casi unánime de las instituciones de Orden Público existentes—, y dando rienda suelta a los bajos instintos de las turbas, armadas por el propio Gobierno, y de numerosos delincuentes comunes, dotados igualmente de armas y de autoridad, extiende el terror por toda España sometida al marxismo. Durante mucho tiempo se suceden los asesinatos en masa, acompañados frecuentemente de ensañamiento, y casi siempre de robo. La Religión es perseguida a muerte, y la propiedad es socializada o simplemente expoliada. Los militares —aunque no hayan participado en el Alzamiento— son asesinados, por el único motivo de su profesión. La vida de toda persona residente en la zona marxista se encuentra a merced del capricho de las checas o de cualquier miliciano, sin que la víctima pueda salvar su vida invocando unos antecedentes políticos liberales, siendo la clase media la que aporta mayor tributo de sangre. El Partido Comunista, inspirado desde el extranjero, es el verdadero árbitro de la política del Frente Popular.
Este cuadro expresivo del comportamiento del Régimen vencido constituye una verdad histórica indiscutible. Pero, por si no bastase la notoriedad de tales hechos, la investigación realizada por los Magistrados del Ministerio Público, instructores de la Causa General, demuestra la criminalidad del Frente Popular, ante el Mundo y ante la Historia, con las máximas garantías de seriedad y certeza.
No se insiste en el actual momento sobre casos ya expuestos y argumentos aducidos a su debido tiempo sobre la ilegitimidad, tanto en la obtención del Poder como en el abusivo ejercicio del mismo por el Frente Popular. La actual relación se dirige fundamentalmente a poner de relieve la criminalidad del referido conglomerado político durante la contienda civil española. Y representa un avance informativo, que se contrae únicamente a determinados aspectos y episodios representativos de especial interés, dedicando una preferente atención a Madrid, que, como capitalidad de un Gobierno que pretendía ser legítimo y como sede del movimiento socialdemócrata, que solía blasonar de sensatez y moderación, habría hecho presumir en sus Autoridades y elementos políticos responsables una conducta más conforme al derecho de gentes.
Los documentos y actuaciones que sirven de comprobación a las afirmaciones que la presente relación consigna, constituyen una mínima parte de la documentación y colecciones fotográficas obrantes en los Archivos ocupados por las Autoridades nacionales al ser liberada la que fue zona marxista, así como de aquellas declaraciones testificales de importancia prestadas ante los Organismos de orden judicial.

CAPÍTULO I
Asesinato de Calvo Sotelo


Después de unas elecciones, que se celebran en febrero de 1.936, bajo el Gobierno de Portela Valladares, político sin opinión, sin partido y sin Diputados, en las que, según unánimes y solventes testimonios reflejados en el Extracto Oficial del Diario de Sesiones del Parlamento, el constante atropello que las caracteriza constituye la más fragante violación del régimen democrático que se invoca, se forma el 19 de dicho mes y año un Gobierno del Frente Popular, creación de la III Internacional, presidido por D. Manuel Azaña, en la forma que al periódico Ahora, del jueves 19 de Febrero de 1936, no enemigo de aquella situación, comentó diciendo: «Precipitadamente se ha formado el nuevo Gobierno. El temor a que las masas, entusiasmadas con el triunfo electoral, se lanzasen a la calle a imponer su voluntad antes de que el nuevo estado de cosas tuviese un aparato gubernamental adecuado, ha hecho que, sin esperar más trámites, que acaso no hubieran sido ociosos, se entregue el Poder al señor Azaña. Desde anoche, a las nueve, gobierna en España el Frente Popular».
Este Gobierno preside, como juez y parte, empleando los resortes del Poder para ejercer toda clase de violencias, la segunda vuelta de las elecciones, haciéndose cargo con esta actuación de los resultados de la primera vuelta, los cuales falsea, quedando así la opinión contraria -derechas y masa neutra- a merced del enemigo ocupante del Poder, que logra de esta manera su triunfo.
DON JOSÉ CALVO SOTELO ha presentado por tercera vez, durante la República, su candidatura por Orense. Como las dos veces anteriores, ha triunfado plenamente, y en esta ocasión, enfrente de tres candidaturas. No obstante su triunfo clamoroso, con 250.000 votos indiscutidos, reconocidos como legales por sus enemigos, de ellos 186.000 en Madrid, se ve expuesto a no ser proclamado Diputado, porque el Frente Popular, dominando en la Comisión de Actas y Calidades, propone la anulación de su acta.
Tan patente es el atropello, que el Sr. Ansó –que después habría de ser, en 1937, Ministro de Justicia del Frente Popular–, en nombre de la Comisión de Actas, según consta en la página 42 del Extracto Oficial del Congreso de los Diputados, sesión celebrada el jueves 2 de abril de 1936, hizo uso de la palabra para hacer constar que la referida Comisión modificaba su criterio y proponía la proclamación del SR. CALVO SOTELO como Diputado a Cortes, reconociendo «los sacrificios» que habían tenido que hacer para llegar a este cambio de opinión, y que lo habían realizado «para que uno de los enemigos más encarnizados del régimen, de los Gobiernos republicanos y del Parlamento, no pueda salir con justicia a la calle a decir que nos hemos entregado a una persecución sañuda e injusta», y más adelante añade: «Y voy a repetir palabras que antes pronuncié, para que no pueda decir el enemigo más caracterizado del régimen que le hemos tratado con una medida de rigor y de injusticia.».
Ya queda señalado el SR. CALVO SOTELO, en forma harto gravísima, en un régimen en el que la vida del ciudadano no tiene garantía alguna. Debiéndose además tener en cuenta el antecedente de que en la sesión celebrada el 25 de enero de 1935, el Sr. CALVO SOTELO, según consta en el número 146, página 5.763 del tomo correspondiente del Diario de Sesiones, atacó a la masonería, diciendo estas palabras: "Y lo digo con toda claridad y sin ningúngénero de veladuras, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos planteado en España es éste de la infiltración tentacular de la masonería en todos los órganos del Estado, incluso en el de los militares...".
También JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA había atacado públicamente a la masonería en la sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.934, según aparece en la página 4.566 del número 116 correspondiente al tomo VII del Diario de Sesiones de Cortes, legislatura de 1.933 a 1.935. Ambos perecen a manos del Frente Popular, pagando con sus vidas el intento de rehacer su Patria contra los poderes ocultos e internacionales.
Toda la viril campaña de CALVO SOTELO, llena de fervor patriótico, queda reflejada en el Extracto Oficial de las Sesiones de Cortes del Frente Popular; y llega a un punto tal de acierto esta campaña, con tan hondas repercusiones en la opinión pública, que el entonces Jefe del Gobierno y Ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga, amenaza al tribuno en plena sesión de Cortes, el día 16 de junio de 1936, respondiéndole el Sr. CALVO SOTELO, después de aludir a los miles de milicianos marxistas que, al pasar ante los cuarteles, hacían el saludo comunista gritando « ¡Viva el Ejército rojo! : "Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza; le he oído tres o cuatro discursos en mi vida; los tres o cuatro desde ese Banco Azul, y en todos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga. Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido su señoría en sujeto, no sólo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos. Bien, señor Casares Quiroga. Le repito: mis espaldas son anchas; acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se Puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi Patria y para gloria de España, los acepto también. ¡Pues no faltaba más! Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: "Señor, la vida podréis quitarme, Pero más no podréis", y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. Pero, a mi vez, invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente, si no ante Dios, puesto que es laico, ante su conciencia, pues que es hombre de honor, estrechamente, día a día, hora a hora, por lo que hace, por lo que dice, por lo que calla; piense que en sus manos están los destinos de España, y yo pido a Dios que no sean trágicos. Mida su señoría sus responsabilidades; repase la historia de los veinticinco últimos años y verá el resplandor doloroso y sangriento que acompaña a dos figuras que han tenido participación primerísima en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría, que fueron Kerensky y Karoly. Kerensky fue la inconsciencia; Karoly, la traición a toda una civilización milenaria. Su señoría no será Kerensky porque no es inconsciente; tiene plena conciencia de lo que dice, de lo que calla y de lo que piensa. ¡Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse jamás a Karoly!" —(Diario de Sesiones, número 45, del 16 de junio de 1936, páginas 1.380 y siguientes).
Esta amenaza pública de Casares Quiroga se ve confirmada con las que en su intimidad profiere el Jefe del Gobierno y Ministro de la Guerra, citándose, entre otros testimonios, el del Comandante de Carabineros, al servicio del Frente Popular, José Muñoz Vizcaíno, que en su declaración, prestada ante la Causa General, dice: «Que oyó varias veces al entonces Comandante, y más tarde Coronel, Luis Barceló, comunista, hombre de confianza y Ayudante del Ministro de la Guerra y Presidente del Consejo, Casares Quiroga, que éste había dicho, con referencia al Sr. CALVO SOTELO, «que se lo cargaría –indicando que le daría muerte–», haciendo alusión a los debates parlamentarios en los que de manera tan eficaz y con una repercusión extraordinaria en la opinión pública intervenía el Jefe del Bloque Nacional.
El 29 de junio de 1936, el agente de Policía de la plantilla de Madrid, D. Rodolfo Serrano de la Parte, es llamado a la Dirección General de Seguridad, que desempeña José Alonso Mallol, para que, en unión del también agente José Garriga Pato, se encargue de la escolta del SR. CALVO SOTELO, sustituyendo a la anterior, compuesta por D. Antonio Álvarez Ramos y don Basilio Gamo –este último asesinado durante el dominio del Frente Popular por el solo motivo de haber sido escolta del Sr. CALVO SOTELO–. El nombramiento del Sr. Serrano de la parte fue debido a considerársele, además de paisano, amigo del Sr. Casares Quiroga, y el de Garriga Pato, por ser masón y plenamente afecto al Frente Popular –datos plenamente comprobados en la Causa General–. Una vez que los dos agentes están en la Dirección General de Seguridad, son citados para el día siguiente, 30 de junio, compareciendo dicho día ante el jefe del personal, Lorenzo Aguirre Sánchez –solicitante de ingreso en la masonería–, el cual les hace saber que su misión cerca del Sr. CALVO SOTELO no sería de protección, sino de espionaje, debiendo dar cuenta diaria y detallada de las personas con quienes se relacionara.
Dos días más tarde, Aguirre, después de tratar inútilmente de hacer pasar a los agentes a presencia del Director General de Seguridad, Alonso Mallol, les previene, en nombre de este último, que, caso de ocurrir un atentado contra el Sr. CALVO SOTELO, debían, si sucedía en sitio céntrico, simular una protección; pero, en realidad, abstenerse de ayudar en nada, y si era descampado, ayudar a darle muerte.
Don Rodolfo Serrano de la Parte, hombre que había recibido una educación cristiana, incapaz de cumplir la orden dada en nombre del Director General de Seguridad por su superior jerárquico, se lo comunica inmediatamente al Diputado a Cortes D. Joaquín Bau Nolla, íntimo amigo del Sr. CALVO SOTELO. Esta entrevista se inicia en los pasillos de la Cámara de los Diputados, en la que tiene entrada Serrano de la Parte desde el momento en que se encarga de la escolta del Sr. CALVO SOTELO, y se continúa al día siguiente en una cervecería de la calle de Alcalá.
El Sr. Bau da cuenta a CALVO SOTELO de lo que ocurre y, de acuerdo con este último, visita al Ministro de la Gobernación, Moles, en el despacho de Ministros del Congreso de los Diputados, ante quien relata el intento de asesinar al SR. CALVO SOTELO con la complicidad de uno de los agentes de la autoridad. sin decir el conducto por quien ha recibido la noticia, negando dicho Ministro su intervención en dicho asunto. Al día siguiente, es el mismo Sr. CALVO SOTELO quien visita al Ministro de la Gobernación, en compañía del Sr. Bau, para reiterarle con mayor firmeza la denuncia; Moles insinúa que podían ser criterios personales de algún agente, a lo que CALVO SOTELO, con vehemencia, pregunta, refiriéndose al Ministro, «si ellos eran una «pandilla» o un Gobierno» y que hacía recaer sobre este último las consecuencias que pudieran derivarse de las órdenes dadas por el Sr. Aguirre, el que no sólo continuó con la confianza del Gobierno, sino que más tarde es premiado por el mismo Gobierno con el cargo de Jefe Superior de Policía de Madrid. El Ministro, según el testigo presencial Sr. Bau, no reacciona ante todas las acusaciones, como lógica y naturalmente hubiese reaccionado una persona digna, sin relación alguna con el crimen, y que demás encarnaba el Poder Público.
Es de hacer notar que, con la suficiente antelación, se señala la figura del Sr. CALVO SOTELO a las masas marxistas por elementos afectos del Gobierno que, por boca de su jefe, se define como beligerante, y así, el día 23 de junio de 1936, el periódico madrileño El Socialista, en su número 8.169, publica en la primera página, en la quinta columna, un artículo titulado "Intimidades del adversario".—"CALVO SOTELO, cabeza rectora del Fascismo", habiendo sido inspirado este violento artículo, según declaración prestada en la Causa General, por Indalecio Prieto. El Sr. Serrano de la Parte es trasladado inmediatamente a Galicia.
En las primeras horas de la noche del 12 de julio de 1936, el Teniente de Asalto, afecto al Frente Popular, Castillo, es asesinado por unos desconocidos al cruzarse con él en la calle, no habiendo el Gobierno del Frente Popular logrado averiguar ni decir quiénes fueron los asesinos.
A partir de este suceso, los jefes y oficiales del Cuerpo de Asalto del cuartel de Pontejos, inmediato al Ministerio de la Gobernación, celebran conferencias con este Ministro, con el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Casares Quiroga, y con el Director General de Seguridad, Alonso Mallol.
Las principales figuras que conferencian con las altas autoridades del Gobierno de la República son el Comandante Ricardo Burillo Stolle, el Teniente Máximo Moreno y el Capitán Fernando Condés, de la Guardia Civil este último, todos ellos de la entera confianza del Frente Popular.
Después de estas conferencias, en las primeras horas de la madrugada del 13 de julio de 1936 sale del cuartel de Pontejos el autocar número 17, al servicio del Cuerpo de Asalto. Es conducido por el guardia Orencio Bayo Cambronero, y ocupan asientos al interior: Victoriano Cuenca, pistolero y persona de absoluta confianza de Indalecio Prieto; José del Rey Hernández, guardia del Cuerpo indicado, adscrito a la escolta personal de la diputada socialista Margarita Nelken, y los también guardias de Asalto Amalio Martínez Cano, Enrique Robles Rechina, Sergio García, Bienvenido Pérez Rojo, Ismael Bueso Vela, Ricardo Cruz Cousillos y Aniceto Castro Piñeira. El estudiante del último curso de Medicina, Federico Coello García, afiliado al partido socialista –persona de la intimidad de Indalecio Prieto–, que por aquel entonces prestaba asistencia médica a Victoriano Cuenca, aquejado de enfermedad específica; Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, de las juventudes socialistas, hombres de acción y de la confianza de Prieto. Al mando de todos, en el mismo vehículo, va, vestido de paisano, el Capitán de la Guardia Civil Fernando Condés.
Pocos minutos después parte detrás del autocar un coche de turismo, ocupado por los oficiales del Cuerpo de Asalto, Capitanes Antonio Moreno Navarro e Isidro Ávalos Cañada, y los Tenientes Andrés León Lupión, Alfonso Barbeta y Máximo Moreno.
Se dirigen directamente a la calle de Velázquez, llegando hasta la de Diego de León, para dar la vuelta y entrar por su mano derecha, parando el autocar frente a la casa número 89 de la calle de Velázquez, domicilio del Sr. CALVO SOTELO.
Descienden del autocar el Capitán Condés, José del Rey, Victoriano Cuenca y algunos otros números de Asalto; franqueado el portal por el sereno, suben al piso; llaman al timbre de la puerta y acude una criada que, sin abrir, pregunta quién es, contestándosele que abriese a la Autoridad, que iba a hacer un registro. La criada se retira sin abrir y da cuenta de lo que ocurre al SR. CALVO SOTELO, que se encontraba descansando; se levanta, sale al recibimiento y abre la puerta de entrada, preguntando qué deseaban. Replica el capitán Condés –que, como se ha dicho, iba vestido de paisano– exhibiendo su carné militar, «que tiene que hacer un registro». Se distribuyen por las habitaciones, fingiendo la práctica del mismo, inutilizan el teléfono y manifiesta el capitán al Sr. CALVO SOTELO que la Dirección General de Seguridad ha ordenado su detención. Hace patente el Sr. CALVO SOTELO su calidad de Diputado a Cortes, que prohíbe esa detención, salvo en casos de flagrante delito, que no existe; pretende hablar con la Dirección de Seguridad, notando entonces está inutilizado el teléfono; impiden a los familiares de CALVO SOTELO salir del domicilio en demanda de auxilio, siendo ineficaces las protestas del Jefe del Bloque Nacional, que no tolera, como Diputado, su detención, y cede ante la palabra de caballero que da el Capitán Condés de que dentro de cinco minutos se encontrará en la Dirección General de Seguridad, en la que podría alegar cuanto estimase oportuno. Penetra el Sr. CALVO SOTELO en el dormitorio para terminar de vestirse, y allí le siguen Condés y Del Rey. Mientras, la señora de DON José consigue preparar un maletín con los útiles más precisos de aseo, unas cuartillas y una pluma, y ruega angustiosamente a su marido que no se marche.
Penetra el Sr. CALVO SOTELO en el cuarto de sus hijos; da un beso a cada uno de ellos, que duermen. La mayor, Conchita, despierta y pregunta a su padre adónde va; la tranquiliza DON José, así como a su esposa, de la que se despide en el recibimiento prometiéndola que en cuanto llegue a la Dirección General de Seguridad hará por comunicar con ella, y mirando a los que le rodeaban, agregó: "si es que estos señores no me llevan a pegarme cuatro tiros". Baja rápido la escalera, y ya en el portal, encarga al portero que avise a sus hermanos, pero que nada digan a sus padres. Cuando sube al autocar número 17, se vuelve, buscando al Capitán Condés con la vista, preguntándole si subía, y al contestarle que sí, dijo: «Vamos a ver qué nos quieren», despidiéndose de los familiares, que estaban en los balcones, diciéndoles adiós con la mano.
El Sr. CALVO SOTELO se sienta en el tercer departamento del autocar, contando como primero el correspondiente al conductor, y ocupa el cuarto asiento del autocar en dicho departamento; a su derecha y a su izquierda se colocan un guardia de Asalto y un guardia del escuadrón de Caballería, también de Asalto, respectivamente.
Inmediatamente detrás del Sr. CALVO SOTELO se sienta Victoriano Cuenca; el Capitán Condés y José del Rey ocupan los asientos contiguos al del conductor, y distribuidas en los demás lugares, las personas que antes se mencionaron, cuidando Condés de que no ocuparan los asientos inmediatamente anteriores al Sr. CALVO SOTELO. El vehículo se pone en marcha, recorre unos cuantos metros, y al llegar a la altura del cruce de la calle de Ayala con la de Velázquez, Victoriano Cuenca empuña una pistola, que dirige hacia la nuca del Sr. CALVO SOTELO, y sin que éste pueda darse cuenta de la agresión –está dando su espalda al agresor–, hace dos disparos consecutivos, tan inmediatos, que dan la impresión a los que van en el automóvil de que ha sido un solo disparo. Cae de bruces la víctima entre los asientos. El pistolero dibujó los dos tiros en la nuca, según puede apreciarse en la fotografía que se acompaña, obtenida y conservada en la Escuela de Medicina Legal de Madrid al practicarse la autopsia en el cadáver del Sr. CALVO SOTELO.
El autocar, que no ha detenido su marcha, sigue por la calle de Velázquez hasta el cruce con la de Alcalá, en donde está parado un camión con guardias de Asalto, que, al comprobar que es el autocar número 17, le deja pasar, continuando calle de Alcalá arriba, en dirección al Cementerio del Este, ante cuyas puertas se detiene, descendiendo del mismo el capitán Condés y José del Rey, dándose a conocer como agentes de la Autoridad a los empleados de guardia en el Cementerio, obligándoles a que abran las puertas, penetrando en el recinto sagrado con el vehículo, del que sacan el cadáver del Sr. CALVO SOTELO, que dejan abandonado sobre el suelo, próximo al depósito, en el que es colocado después por los empleados del Cementerio. Parte el autocar con todos sus ocupantes, y a los pocos metros de marcha, exclama el conductor: «Supongo que no nos delatarán»; a lo que responde Condés: «No te preocupes, que nada pasará»; agregando José del Rey: «El que diga algo de esto se suicida, pues le mataremos como a ese perro».
Llegan al cuartel de Pontejos, descienden los ocupantes del autocar, y Victoriano Cuenca echa el brazo por encima de los hombros al Comandante Burillo, subiendo así los dos las escaleras, hablando en voz baja, hasta la Comandancia, en la que penetran igualmente el Capitán Condés, José del Rey, el Capitán Moreno Navarro y los Tenientes Máximo Moreno, Lupión y Merino. A los pocos momentos llega también el teniente coronel Sánchez Plaza.
El guardia Tomás Pérez limpia inmediatamente el autocar y hace desaparecer las manchas de sangre.
La señora de CALVO SOTELO, en cuanto éste montó en el autocar, procuró ponerse en relación con los familiares y amigos a fin de rescatar a su marido; unos y otros se encargan de hacer llegar a la Dirección General de Seguridad y al Ministerio de la Gobernación las noticias y detalles del secuestro. Ni por el Gobierno ni por sus subordinados, a quienes específicamente compete actuar, se toma medida alguna para averiguar en dónde se encuentra el Sr. CALVO SOTELO. «A la Dirección General de Seguridad no ha llegado», se limitan a contestar, y en ninguna Comisaría tampoco se encuentra.
La mayoría de los funcionarios y jefes de servicio de la Dirección General de Seguridad que estuvieron en la noche del 12 al 13 de julio de 1936 en dicho Centro, y el jefe del Negociado del Gabinete reservado de Orden Público del Ministerio de la Gobernación, de guardia aquella misma noche, han depuesto en la Causa General, coincidiendo y confirmando todos que ni por parte del Gobierno ni del Director de Seguridad se tomó medida alguna en averiguación del paradero del Sr. CALVO SOTELO, dándose el caso de que cuando algunos familiares de éste se encontraban en el Ministerio de la Gobernación, contiguo al cuartel de Pontejos, hablando con el Subsecretario, Ossorio y Tafall, en el salón grande de la Subsecretaría, penetró el Teniente Coronel de Asalto, Sánchez Plaza, comunicando que el autocar número 17 había llegado al cuartel de Pontejos con manchas de sangre y que, según los guardias ocupantes, se trataba de la hemorragia nasal de uno de ellos, y que todos habían sido de nuevo distribuidos para prestar diversos servicios. Al oír estas palabras los familiares del Sr. CALVO SOTELO, se hace vivísimo el diálogo entre ellos y el Subsecretario, por lo que Ossorio y Tafall se retira del salón donde se encontraba, no sin antes requerir al Teniente Coronel Sánchez Plaza para que le acompañase, volviendo a salir a los pocos segundos, reiterando a los familiares las manifestaciones que antes les hiciera de que existía una Compañía de guardias de Asalto en franca insubordinación.
Aproximadamente sobre la hora en que se registran estas escenas en el Ministerio de la Gobernación, en el despacho del Director General de Seguridad, Alonso Mallol –según declaración de un testigo presencial, entonces Comisario General de Investigación Social–, un Comandante del Cuerpo de Asalto, con visibles muestras de nerviosismo, dijo: «Que no había que hacer conjeturas sobre el paradero del Sr. CALVO SOTELO, pues, de haberle ocurrido algo, a aquellas horas ya había pasado», dando a entender –sigue diciendo dicho testigo presencial– claramente, por el sentido de sus frases y por su actitud, que conocía perfectamente lo ocurrido, y que era una forma de dar cuenta del asesinato al Director General, pues salió inmediatamente del despacho sin pronunciar más palabras. El aludido Comisario hizo entonces reflexiones a Alonso Mallol de que ya se podía comprender lo que había sido del Sr. CALVO SOTELO y que, por lo tanto, debía obligársele al Comandante que se acababa de marchar a que aclarase lo ocurrido.
Confirma este Comisario, coincidiendo con lo manifestado por los demás jefes de servicio, en que no se toma por el Director General de Seguridad medida alguna, ni se da orden de que se practiquen diligencias en averiguación del paradero del Sr. CALVO SOTELO, a pesar de que otro Comisario de Policía regresa a la Dirección, después de personado en el domicilio del Jefe del Bloque Nacional, y le entera de lo ocurrido allí. Coinciden todos también en que la única medida que se adopta a las ocho de la mañana del día 13 de julio de 1936, es la detención del chófer conductor del autocar número 17 y la de un oficial de Asalto, con la impresión de que no se pensaba profundizar en la investigación del hecho, sino procurar únicamente cubrir las apariencias.
Sobre el mediodía del 13 de julio de 1936 comunica la Dirección del Cementerio del Este con la Alcaldía de Madrid, para decir: que el cadáver del Sr. CALVO SOTELO se encontraba en el Depósito del cementerio, adonde había sido llevado por un autocar del Cuerpo de Asalto, hacia las tres de la madrugada, y que los ocupantes del autocar habían dejado allí el cadáver sin manifestar a los empleados del Cementerio de quién se trataba; pero que él –quien comunicaba con la Alcaldía– conocía personalmente al Sr. CALVO SOTELO, y en aquel momento le había reconocido.» Este funcionario ha depuesto en la Causa general, y es lo trascrito fiel reflejo de sus manifestaciones, confirmadas en esencia por el propio Ministro de la Gobernación de aquella fecha, Juan Moles Ormella, en la comunicación que el día 13 de julio dirigió al Presidente de las Cortes, D. Diego Martínez Barrios, que se publicó en toda la Prensa, y en la que se decía: "Que cerca del medio día recibió en el Ayuntamiento aviso de la Dirección del Cementerio de que habían dejado un cadáver sobre las cinco de la mañana, y que había resultado ser el del Sr. CALVO SOTELO."
La actuación judicial, con motivo del asesinato del Sr. CALVO SOTELO, se ve entorpecida por los elementos del mismo Gobierno. Cuando se trata de practicar una diligencia de reconocimiento en rueda, para que familiares y criados reconozcan a las personas que se habían presentado en el domicilio del Sr. CALVO SOTELO en la madrugada del día 13, no son los que allí estuvieron los que fueron a la rueda, sino otros guardias de Asalto y personas diferentes.
Cuando se logra fijar la actuación del Teniente Máximo Moreno; éste, que en el mismo día 13 de julio se refugió en la Dirección General de Seguridad, elude presentarse ante la Autoridad judicial, y, amparado por el Gobierno, continúa en aquel edificio para evitar el otro, interrogatorio judicial y las posibles represalias de elementos hostiles o simplemente indignados por el hecho ocurrido. Compareciendo, por fin, un día a las cuatro de la tarde, acompañado del Fiscal General de la República, y, según las declaraciones que constan en la Causa, se limito la declaración del referido oficial a un acto puramente formulario, ante la extrañeza de algunos de los funcionarios presentes, ya que esperaban manifestaciones de verdadero interés. Estos mismos funcionarios señalan que de la investigación judicial se deducía que José del Rey resultaba ser un pistolero protegido por el Poder público, a quien se le había facilitado el carné de guardia de Asalto, sujeto, además, que, al poco tiempo de iniciado el Movimiento Nacional, es elevado a la categoría de Comandante del Ejército rojo; igual categoría alcanza Ismael Bueso Vela, y casos análogos ocurren con otros dos números de Asalto que ocupaban el autocar. El Teniente Máximo Moreno sale del 1 donde está amparado, el 18 de julio de 1936, lucha en el Ejército rojo, y poco después muere en accidente de aviación, verificándose entierro con toda solemnidad, siendo presidido por el Director General de Seguridad y por la diputada socialista-comunista, Margarita Nelken. El Comandante Ricardo Burillo, de esa categoría pasa a la de Coronel. Ordóñez llega a ser jefe supremo de la Policía del D. E. D. I. D. E., y Garcés es elevado a la jefatura del S. I. M. central.
No obstante la defectuosa investigación judicial –defectuosa, por los motivos antes indicados–, el día 25 de julio de 1936, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos, en pleno día, por la puerta principal del Palacio de Justicia, sito en la plaza de la Villa de París, penetra un grupo de diez o doce hombres, milicianos, armados con fusiles y capitaneados por un individuo vestido de paisano, dirigiéndose a la Sala del Tribunal Supremo, en donde actuaba el juez que tramitaba el sumario seguido por la muerte del Sr. CALVO SOTELO; y en ocasión de que un oficial de la Secretaría se encontraba uniendo al proceso de-terminados documentos, se lo arrebatan por la fuerza, llevándoselo y haciéndolo desaparecer.
Avanzada la guerra, no ceja el Gobierno del Frente Popular en «agotar el caso CALVO SOTELO», y el Sr. Ansó que en la sesión de Cortes del día 2 de abril de 1936 había calificado al Sr. CALVO SOTELO de «el enemigo más caracterizado del régimen»—, ya Ministro de Justicia, inquiere del de Gobernación, Sr. Zugazagoitia, informe sobre los Abogados que al tiempo del asesinato de CALVO SOTELO protestaron contra el crimen.
Ha de señalarse la circunstancia de que el Presidente de la República, D. Manuel Azaña; el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga; el Ministro de la Gobernación, Juan Moles Ormella; el Director General de Seguridad, José Alonso Mallol; el Presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio; el Comandante del Cuerpo de Asalto, Ricardo Burillo Stolle, y algunos oficiales del mismo que intervinieron en el asesinato, todos pertenecían a la masonería.

CAPÍTULO II
José Antonio Primo de Rivera


JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA hace sus primeras armas en el Parlamento español con el propósito nobilísimo de defender, no tanto la Dictadura de Don Miguel Primo de Rivera, sino la memoria de su padre.
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA tiene ocasión, en el Parlamento, con motivo de la discusión de unos suplicatorios para conceder autorización de las Cortes para su procesamiento, de hacer su autobiografía y señalar el problema español, cuya solución era y había de ser la esencia de su doctrina. Es el día 3 de julio de 1.934. Se trata de las Cortes, en que triunfantes las derechas, su desunión hizo estéril el triunfo y la labor de las mismas, dando pretexto a una disolución que habría de traer, por procedimientos perfectamente conocidos, el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936.
En el Extracto Oficial del Diario de Sesiones, en el número III del día 3 citado, páginas 4.382 a 4.393 del tomo correspondiente a la Legislatura de 1933 a 1935, obran las frases de JOSÉ ANTONIO:
«... Detesto la autobiografía; pero si en alguna ocasión tiene un poco de disculpa la autobiografía, es en un trance como éste, en que me encuentro, más o menos, en la posición de acusado. Y en posición de acusado me vais a disculpar la declaración autobiográfica de que yo no soy absolutamente, como el Sr. Prieto imagina, ni un sentimental, ni un romántico, ni un combativo, ni siquiera un hombre valeroso; tengo estrictamente la dosis de valor que hace falta para evitar la indignidad; ni más ni menos. No tengo, ni poco ni mucho, la vocación combatiente, ni la tendencia al romanticismo; a romanticismo, menos que nada, Sr. Prieto. El romanticismo es una actitud endeble que precisamente viene a colocar todos los pilares fundamentales en terreno pantanoso; el romanticismo es una escuela sin líneas constantes, que encomienda en cada minuto, en cada trance, a la sensibilidad la resolución de aquellos problemas que no pueden encomendarse sino a la razón...» «Yo le aseguro al Sr. Prieto que si, por ejemplo, fuera lo que suponen incluso muchos correligionarios suyos de fuera del Parlamento; si fuera un defensor acérrimo, hasta por la violencia, de un orden social existente, me habría ahorrado la molestia de salir a la calle, porque me ha correspondido la suerte de estar inserto en uno de los mejores puestos de ese orden social –como es sabido, eramarqués de Estella y Grande de España–; con que yo hubiese confiado en la defensa de este orden social por numerosos partidos conservadores, los unos republicanos «in partibus infidelium», y por otros partidos conservadores que hay en todas partes, estos partidos conservadores, por mal que les fuese, me asegurarían los veinticinco o treinta años de tranquilidad que necesito para trasladarme al otro mundo disfrutando todas las ventajas de la organización social presente.»
«Yo le aseguro al Sr. Prieto que no es eso. Lo que pasa es que todos los que nos hemos asomado al mundo después de catástrofes como la de la Gran Guerra, y como la crisis, y después de acontecimientos como el de la Dictadura y el de la República española, sentimos que hay latente en España y reclama cada día más insistentemente que se la saque a la luz –y eso sostuve aquí la otra noche– una revolución que tiene dos venas: la vena de una justicia social profunda, que no hay más remedio que implantar, y la vena de un sentido tradicional profundo, de un tuétano tradicional español, que tal vez no reside donde piensan muchos y que es necesario a toda costa rejuvenecer... yo no pensé ni por un instante que estas cosas se tuvieran que mantener por la violencia, y la prueba es que mis primeras actuaciones fueron completamente pacíficas; empecé a editar un periódico y empecé a hablar en unos cuantos mítines. Y con la salida del periódico y con la celebración de los mítines se hicieron contra nosotros agresiones cada vez más cruentas, y por manos movidas seguramente con intención tan limpia como la de mis amigos, tal vez movidos después a represalias. Pero estas represalias vinieron mucho después; tanto después, que muchas personas que nos suponían a nosotros venidos al mundo para jugarnos la vida en defensa de su propia tranquilidad, incluso en periódicos conservadores, nos afeaban que no nos entregásemos al asesinato; imaginaban que nos estábamos jugando nuestra vida y las vidas de nuestros camaradas jóvenes para que a ellos no se les alterase su reposo.»
«Pero porque resulta que nosotros hemos venido a salir al mundo en ocasión en que en el mundo prevalece el Fascismo –y esto le aseguro al Sr. Prieto que más nos perjudica que nos favorece–; porque resulta que el Fascismo tiene una serie de accidentes externos, intercambiables, que no queremos para nada asumir. La gente, poco propicia a hacer distinciones delicadas, nos echa encima todos los atributos del Fascismo, sin ver que nosotros sólo hemos asumido del Fascismo aquellas esencias de valor permanente que también habéis asumido vosotros… porque lo que caracteriza el período de vuestro Gobierno es que, en vez de tomar la actitud liberal bobalicona de que al Estado le es todo lo mismo, de que el Estado puede estar con los brazos cruzados en todos los momentos, a ver cuál es el que trepa mejor a la cucaña y se lleva el premio, contra el Estado mismo, vosotros –alude al primer Gobierno Azaña– tenéis un sentido del Estado que imponéis enérgicamente. Ese sentido del Estado, ese sentido de creer que el Estado tiene algo que hacer y algo en que creer, es lo que tiene de contenido permanente el Fascismo, y eso puede muy bien desligarse de todos los alifafes, de todos los accidentes y de todas las galanuras del Fascismo, en el cual hay unos que me gustan, y otros que no me gustan nada."
«Esto es tan importante, Sr. Prieto, que, ya le digo, yo no me hubiese dedicado para nada, no a usar la violencia, sino ni siquiera disculpar la violencia, si la violencia no hubiera venido a buscarnos a nosotros. Yo le aseguro al Sr. Prieto que cuando la primera vez oí detrás de mi coche el estampido de un petardo; que cuando la segunda vez supe que habían tiroteado un coche porque tenía casi el mismo número que el mío, y cuando he empezado a tener todas esas amenazas que justifican el, a juicio de la Comisión, terrible delito de que tenga seis especies de artes ancestrales, de grandes armatostes, tal vez inservibles para defenderme; cuando oí la primera vez el petardo; cuando supe después lo de esos tiros y lo de las amenazas, sentí dos cosas: la primera, el que los tiros me pudieran dar (desde luego reconozco que no tengo el más mínimo gusto en apresurar la apertura de mi «ab intestato»; la segunda, "que el día que me encontrara en los cielos con el metalúrgico, el carpintero o el campesino que me hubieran pegado los tiros por la espalda, en cuanto tuviéramos diez minutos de conversación, el metalúrgico, el campesino o el carpintero se convencerían de que, se habían equivocado al dirigir esos tiros."
«Como esto es lo que yo quería decir aprovechando esta noche autobiográfica, con eso he sustituido a lo que pudiera ser el contenido de mi defensa...».
El día 6 de noviembre de 1934 JOSÉ ANTONIO –al igual que en otra ocasión memorable CALVO SOTELO–, con motivo del indulto del militar Pérez Farrás, que en Cataluña se había levantado contra la Patria, tiene ocasión de atacar violentamente a la masonería, constando así en el tomo VII del Diario de Sesiones de Cortes, legislatura de 1933 a 1935, en la página 4.566 del mismo número 116.
Cuando JOSÉ ANTONIO, con el impulso del predestinado al martirio, levanta bandera de la redención del humilde, dando un contenido nacional a las ansias de justicia social del oprimido, encuentra sus más ardientes enemigos –conforme queda reflejado en sus anteriores párrafos transcritos del Diario de Sesiones en los antiguos conductores de las masas, que ven con terror la figura, joven e inteligente del iluminado capaz de difundir en dichas masas un ideal nacional que los aparte de sus falsos apóstoles.
Al advenir, en febrero de 1936, al Poder el Frente Popular, contrariando los principios liberales que decía defender, no permite que la doctrina de JOSÉ ANTONIO se extienda y propague dentro de la legalidad. No obstante, la conducta es tan ejemplar, tan abnegada, la doctrina es tan sugestiva, que van aumentando los partidarios reclutados entre las clases más humildes del pueblo.
Es necesario frenar en lo posible esta actuación, que llevada al Parlamento, puede tener repercusión peligrosa para los intereses del Frente Popular en las masas populares; y, por otra parte, la inmunidad parlamentaria proporcionaría a JOSÉ ANTONIO la seguridad, aunque fuera relativa, de propagar su doctrina.
Triunfantes las derechas en las elecciones de febrero de 1936 en forma aplastante en la provincia de Cuenca, en la que obtuvieron el copo, y dueño el Gobierno del Frente Popular de los resortes del Poder, acuerda en la Comisión de actas la anulación de dichas elecciones, y aprobado por el Parlamento, se cumplimenta dicho acuerdo por el Gobierno, publicándose un Decreto en la Gaceta en el que se acuerda, al igual que en las elecciones de Granada, que también habían sido anuladas, por resultar triunfantes las derechas, la convocatoria de nuevas elecciones.
Con arreglo a los preceptos legales vigentes en la materia, se celebran dichas elecciones en Granada; pero en Cuenca, al presentarse candidato a Diputado a Cortes JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, se infringen dichos preceptos, en contra de lo dispuesto por la Cámara de Diputados y acordado por el Gobierno, y a pesar del triunfo rotundo de JOSÉ ANTONIO, se acude al ardid de considerar que es la segunda vuelta de las elecciones anuladas y celebradas el 16 de febrero de 1936 y no nuevas elecciones para no computar los votos a JOSÉ ANTONIO, –diciéndose el Gobierno del Frente Popular y la mayoría parlamentaria de su anterior criterio, privándole del acta de Diputado.
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA ya no es Diputado a Cortes; privado de una inmunidad parlamentaria, suspendidas las garantías constitucionales, puede quedar detenido gubernativamente con cualquier pretexto. La propaganda de su ideario se hace cada vez más difícil, a pesar de realizarse dentro de lo establecido en la Ley; pero el Gobierno del Frente Popular; ante el auge que va tomando la doctrina la que, como a todo lo que contradice su política, llama "Fascismo" proclama, por boca del Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga, desde la cabecera del Banco Azul en el Parlamento, según consta en el número 29, Extracto Oficial de las Sesiones de Cortes del martes 19 de Mayo de 1936, en su página VI, que ante el Fascismo el Poder público se convertirá en un combatiente más como cualquier otro partido, diciendo "...Y os manifiesto, señores del Frente Popular, que contra el Fascismo el Gobierno es beligerante…
Es de hacer notar que, como se ha indicado anteriormente, la idea y la propaganda de Falange están dentro de la Ley, habiéndose aprobado los Estatutos de «Falange Española de las J. O. N. S.» En la Dirección General de Seguridad, en donde fueron presentados en 22 de octubre de 1934.
El día 15 de marzo de 1936 JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA ya está en la cárcel. Es una de las medidas, más importantes, precautorias, que toma el Frente Popular para evitar la propagación de la Falange; pero hace falta dar aspecto legal a esta privación de libertad e inutilizar AL HOMBRE Y A LA DOCTRINA.
Para inutilizar a la doctrina, la Dirección General de Seguridad amaña una serie de pruebas que entrega al Juzgado de guardia a fin de que éste tenga que procesar a JOSÉ ANTONIO como sujeto activo de una propaganda, referente a una doctrina, que se estima ilegal, para que, llegando los Tribunales a la declaración de ilegitimidad de la Falange como tal partido político, poder de este modo impedir su propaganda oral y escrita, desterrándolo de la vida política española.
Pero los Tribunales de justicia –Audiencia de Madrid, en sentencia de 30 de abril de 1936, y Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de junio del mismo año, en acusado rasgo de gallardía e independencia– absuelven a JOSÉ ANTONIO y a los suyos declarando legítima, dentro del marco constitucional español – conforme a los artículos 34 y 39 de la Constitución y Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887–, la doctrina de Falange Española, quedando sin efecto el procesamiento acordado por el juez de Instrucción contra JOSÉ ANTONIO y los falangistas que le acompañan.
La labor de inutilizar al hombre se presenta más fácil. La Gaceta de la República, el día 10 de marzo de 1936, en su página 1957, publica un Decreto del Ministerio de la Gobernación en el que declara sometidas a revisión las licencias de uso de armas, quedando los titulares de las mismas obligados, en el término de quince días a partir de la publicación del Decreto, a depositar las armas en los cuarteles de la Guardia Civil.
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, al ingresar en la cárcel, el 15 de marzo de 1936, tiene licencia de uso de armas, expedida por la dirección General de Seguridad en 8 de enero de 1936, o sea que estaba en situación legal para tener armas cortas de fuego, ya que al dar el Gobierno un plazo para la entrega de las mismas reconocía el derecho e los ciudadanos de hacer dicha entrega aunque fuera el último día, siempre que estuviera dentro de dicho plazo de quince días.
Vuelve a actuar la Dirección General de Seguridad al servicio del Frente Popular, y el día 27 de abril de 1936 –JOSÉ ANTONIO continúa en la cárcel desde el repetido 15 de marzo anterior– el Jefe Superior de Policía de Madrid ordena se haga un registro en el domicilio de JOSÉ ANTONIO, calle de Serrano, número 86, piso primero, derecha. Desde que JOSÉ ANTONIO estaba en la cárcel, dicho piso había sido frecuentado por la Policía y por multitud de personas afiliadas a Falange y clientes de JOSÉ ANTONIO, que ejercía la carrera de Abogado en Madrid.
Además, según declaración del que entonces era Comisario General de Investigación Social, prestada ante esta Causa General, el jefe superior de Policía tenía en el domicilio de JOSÉ ANTONIO un confidente, el cual el día 27 de abril estaba en el domicilio de JOSÉ ANTONIO antes de ir la Policía al registro y durante éste, y permanece en dicho domicilio sin huir del mismo, como pudo hacerlo y lo hicieron los efectivos que allí se encontraban, por no haber puesto la vigilancia en la puerta de servicio del domicilio citado.
Personada la Policía en el domicilio de JOSÉ ANTONIO, se distribuyeron los agentes por las habitaciones, entrando en el despacho de JOSÉ ANTONIO el agente Cristóbal Pinazo, único de aquellos policías que sirve con plena identificación espiritual al Frente Popular, después del 18 de julio toma parte activa en la defensa del Gobierno rojo. El registro comienza a las doce de la mañana, terminando sobre las seis de la tarde; pero nada más comenzar el registro, el agente Cristóbal Pinazo, estando solo en el despacho de JOSÉ ANTONIO, en una librería abierta, situada en el ángulo de la habitación, y junto a la puerta, en un entrepaño de la misma, al notar, según declaración prestada por el mismo Cristóbal Pinazo ante el juez de Instrucción, el día 30 de abril de 1936, "... al tacto una pistola, le advirtió a doña María tía de JOSÉ ANTONIO –que estuviese atenta de lo que iba a sacar y, efectivamente, sacó dos pistolas..."
Se firma el acta, comparecen los policías ante el referido Comisario general de Investigación, y se envía todo al juzgado de Instrucción, en unión de algunos papeles encontrados en el despacho de JOSÉ ANTONIO. Y por auto de fecha 30 de abril de 1936, se le procesa como autor de un delito de tenencia de armas sin licencia que –aparte de lo expuesto anteriormente– de ningún modo ha podido cometer, puesto que, ausente de su domicilio, por estar en la cárcel, y frecuentada la casa por tantas personas durante esos cuarenta días que lleva
privado de libertad, en conciencia, no se le podía imputar tal delito.
Cuya fórmula legal, "tenencia", es tan expresiva, ya que JOSÉ ANTONIO no podía ejercer, por imposibilidad material, la relación de tenedor de una cosa más o menos a su alcance y disposición, ni actos de estancia, permanente o transitoria, como tal inquilino del piso. Además, no hay indicios de que estas armas hayan pertenecido alguna vez a JOSÉ ANTONIO, sino todo lo contrario, según consta en el folio 84 de la causa, en un oficio de la Dirección de Seguridad que, a instancia del Fiscal, no puede ocultar que una de las armas perteneció a persona distinta de JOSÉ ANTONIO, sin que de la otra pistola obrase dato alguno.
El Comisario de Policía que asiste al registro ha podido observar que las armas encontradas no tenían la menor partícula de polvo, dando impresión de haber sido allí colocadas recientemente.
La misma Sala de la Audiencia de Madrid que había estimado legal la doctrina de Falange, comienza a actuar en esta ocasión, y a petición del procesado JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, practica una diligencia de inspección ocular el 16 de mayo de 1936 en su domicilio, con asistencia del Comisario y del policía que encontró las pistolas, concurriendo JOSÉ ANTONIO como Abogado defensor de sí mismo.
El Gobierno del Frente Popular debe de presumir la impresión causada en la Sala que ha de juzgar a JOSÉ ANTONIO por esta diligencia de inspección ocular, y lo debe de presumir, porque muy poco después del día en que se practica, el Ministro de justicia del Frente Popular, Sr. Blasco Garzón, llama a su despacho al Excmo. señor Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid –según ha declarado este funcionario en la Causa General– y lo recibe acompañado del Subsecretario, Sr. Gomáriz, y tanto el Ministro como el Subsecretario se quejan "en términos duros, de la actuación de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid –uno de cuyos Magistrados, el señor Arizcun, ge asesinado después del 18 de julio de 1.936 por los rojos–. Esta queja hacía referencia a fallos dictados por dicha Sección en relación con la política, referentes a causas seguidas contra DON JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA".
"El ministro de Justicia, Blasco Garzón, ordenó terminantemente al dicente que en lo sucesivo la Sección referida dejara de actuar en dichas causas y que su conocimiento pasara a las demás Secciones."
Y efectivamente, según certificación que obra en esta Causa General, del libro de actas de la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Madrid, aparece en la de fecha de 22 de mayo de 1936, el cambio de Salas exigido por el Gobierno del Frente Popular, y la nombrada actúa en la forma a que se refiere la declaración antes citada con estas palabras : "No volvió a recibir por parte del Gobierno queja alguna sobre la actuación de los Magistrados que sucedieron a los ya indicados y que se encargaron de las causas pendientes del Tribunal de Urgencia y de las que posteriormente se incoaran".
Esta nueva Sala es la que aparece actuando en el juicio oral, celebrado el 28 de mayo de 1936, sin haber intervenido en ninguna de las pruebas ya practicadas, ni siquiera en la de inspección ocular antes referida, y sin que conste en el rollo de Sala correspondiente –número 46 del año 1936– explicación ni diligencia alguna que dé cuenta de la sustitución del Tribunal.
En el mismo día 28 de mayo de 1936 dicta sentencia condenatoria por el delito de tenencia ilegal de armas, dando origen a que la juventud hirviente y digna de JOSÉ ANTONIO responda, al oír su condena, apostrofando, en términos exaltados, a sus juzgadores.
Ya está decidido el destino de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA; ya hay un pretexto legal para atribuirle un nuevo delito y acumularle varios años de cárcel en esta línea ininterrumpida de procesos e impedirle que actúe en la calle, en el mitin, en la Academia, en defensa de su doctrina, que es en defensa de España.
Sin embargo, la Falange tiene un impulso y una mística; no es un partido político que, al faltar el Jefe que reparte prebendas, se deshaga; al contrario; el anhelo viril y apasionado de salvar a España se condensa en el grito valiente, que resuena en la calle, de ¡¡ARRIBA ESPAÑA!!, y tiene tal intensidad la actuación de la Falange que, según palabras textuales del Gobernador del Banco Exterior de España de aquel entonces, afecto a la política del Sr. Azaña, «Recordaba la actuación de los primeros cristianos en las catacumbas».
Por eso, el Gobierno de la República, ante el firme valor y abnegación de los falangistas, entiende que Madrid es sitio inseguro para guardar a JOSÉ ANTONIO, y en las sombras de la noche, el 5 de junio de 1936 lo lleva inesperadamente a la cárcel de Alicante, estimando aquel lugar como un reducto inexpugnable del Frente Popular; y allí, dentro de aquellos muros, le sorprende a JOSÉ ANTONIO el Alzamiento Nacional el día 18 de julio de 1936.
A poco de ingresar en la cárcel de Alicante JOSÉ ANTONIO el Director de la misma, D. Teodorico Serna, es removido del cargo y trasladado, debido a su conducta humana y correcta para con JOSÉ ANTONIO, siendo después encarcelado en Madrid y asesinado cuando posteriormente al 18 de julio debía declarar en el juicio seguido contra JOSÉ ANTONIO.
Son milicianos de la C. N. T. los que, una vez iniciado el Alzamiento, se encargan en la cárcel de la custodia de JOSÉ ANTONIO, y al mando de ellos figura Guillermo Toscano Rodríguez, que en Huelva había sido Secretario general de Sindicatos y además representante de la C. N. T. en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1936, siendo después este mismo individuo el que toma parte en el asesinato de JOSÉ ANTONIO.
JOSÉ ANTONIO en la cárcel sigue su conducta austera y da ejemplo en el cumplimiento del Reglamento de Prisiones, repartiendo con los demás presos la comida que del exterior recibía, y comiendo el rancho ordinario. No descuida su labor y trabaja con toda intensidad en proyectos que puedan ser útiles a su Patria.
El Gobierno del Frente Popular, ante el problema que, una vez iniciado el Alzamiento, plantea la permanencia de JOSÉ-ANTONIO en la cárcel, va a una solución tajante: dar muerte a JOSÉ-ANTONIO; pero temiendo la repercusión que en el mundo civilizado pueda tener este nuevo crimen, procura darle un tenue aparato de legalidad, y se le incoa un proceso por su supuesta participación en el Alzamiento Nacional, nombrándose Juez instructor a Federico Enjuto Ferrán que –según declaración prestada en la Causa General por el Secretario judicial que le asiste en la instrucción del proceso– era un incondicional de Indalecio Prieto.
El 11 de octubre de 1936 salen de Madrid con dirección a Alicante el Juez y el Secretario, volviendo a Madrid el 25 de dicho mes, marchando directamente al Ministerio de Marina, donde vivía Indalecio Prieto y Tuero, quedándose Enjuto en dicho Ministerio con el sumario y la documentación, a fin, según dijo el referido Secretario, de conferenciar con Prieto.
Regresan a Alicante en primeros de noviembre de 1936, procurando el Secretario aclarar cuáles fueran las instrucciones que el Juez recibió de Indalecio Prieto, sacando la impresión de que éste había ordenado a Enjuto llevara con calma la tramitación del sumario.
Pero el Gobierno del Frente Popular no comparte este interés político de Indalecio Prieto –cuyas razones en llevar con calma el sumario se desconocen–, y desde Valencia, donde reside dicho Gobierno, el ministro de Justicia, García Oliver, llama por teléfono pocos días después al juzgado, así como al Fiscal de la causa contra JOSÉ ANTONIO, Vidal Gil Tirado, que hasta entonces había figurado como Presidente del Tribunal Popular, para que vayan inmediatamente a conferenciar con él.
Cumpliendo la orden, acto seguido, desde Alicante se dirigen a Valencia, adonde llegan anochecido, reuniéndose con el Ministro de Justicia, García Oliver; el subsecretario, Sánchez Roca; el juez Enjuto, el Fiscal, Vidal Gil Tirado, y el Secretario judicial que actuó en el sumario.
El Ministro y el Subsecretario piden noticias del sumario y concretan sus intenciones, diciendo que a JOSÉ ANTONIO había que condenarlo a muerte y que el sumario tenía que terminarse inmediatamente, añadiendo García Oliver que, dada la resonancia mundial del proceso, había que darle la más sólida apariencia jurídica... "pero con prisa…”.
Aquella misma noche el Juzgado y el Fiscal salen de Valencia, llegando a Alicante de madrugada, y el día 9 de noviembre de 1.936, en cumplimiento de las instrucciones recibidas, se reanuda la instrucción rápida del sumario; dictándose auto de procesamiento con fecha 13 de noviembre, notificándosele a JOSÉ ANTONIO, en la celda que ocupaba en la cárcel, el día 14; encarándose JOSÉ ANTONIO con Enjuto, a quien le dice: «¿No le da a usted vergüenza llevar canas y vestir toga?».
Es de hacer constar que la C. N. T. entra en el Gobierno del Frente Popular en la noche del 4 de noviembre de 1936, cuando el Ejercito Nacional está a las puertas de Madrid y el Gobierno recién formado huía a Valencia; siendo uno de estos fugitivos el nuevo Ministro de Justicia, Juan García Oliver, acompañado del Subsecretario Sánchez Roca, ambos de la C. N. T.
El día 17 de noviembre de 1936 se celebra en la cárcel de Alicante la última sesión del juicio oral del proceso seguido contra JOSÉ ANTONIO.
JOSÉ ANTONIO sufre el interrogatorio del Fiscal, largo y laborioso, en un ambiente de hostilidad del público, que no podía reprimir el murmullo y hasta las protestas cada vez que aquél hablaba –según un funcionario de la Administración de justicia, testigo presencial de toda la vista–. Poco a poco, con una serenidad y un dominio forense magnífico, JOSÉ ANTONIO se va haciendo con el público y con la atención y simpatía de los jurados.
Un momento interesante lo marca el diálogo que sostiene JOSÉ ANTONIO con el jurado comunista Domenech, que, petulante, intentaba mostrarse como muy versado en doctrina política, queriendo contender con Primo de RIVERA, y dando ocasión a JOSÉ ANTONIO para hacer una brillante y soberbia exposición del programa de Falange, que causo honda sensación en el público, contribuyendo a desarmar la hostilidad del principio.
Otro momento de interés es cuando comparece como testigo un jefe de milicias de la C. N. T., Vázquez, que se expresa en términos de violencia extraordinaria contra JOSÉ ANTONIO. Y cuando éste, que como abogado se defiende a sí mismo, le hace una única pregunta: «¿Odia usted al procesado?», Vázquez contesta: «¡Con toda mi alma!».
El informe del Fiscal, sin fuerza moral ni jurídica alguna, basada en recortes de periódicos rojos –notas y recortes que obran autentificados en la causa General–, fue mediocre, disculpándose del resultado favorable que había tenido el juicio para JOSÉ ANTONIO en la opinión. Como premio a su actuación, dicho Fiscal fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo rojo.
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA y Sáenz de Heredia pronunció su informe.
Al terminar su defensa JOSÉ ANTONIO, la reacción en el público fue de unánime piedad para que no se cumpliera la petición de muerte hecha por el Fiscal... según afirma en la Causa General otro testigo, afecto entonces al Frente Popular, que presenció el acto.
La impresión que causó el discurso de JOSÉ ANTONIO –obra maestra de oratoria forense, según frase de sus propios enemigos, ante esta oración tan llena de cordialidad, de sinceridad tan rotunda– fue tan intensa, que ante la alteza de su doctrina, la emoción se adueñó de aquel auditorio popular, que cuando pudo oír la verdad, ésta entro en su corazón. El redactor, afecto al Frente Popular, del periódico republicano de Alicante, El Día, trasladó a unas cuartillas esa palpitante emoción de la multitud, que quedaron reflejadas como artículo de fondo en dicho diario el miércoles 18 de noviembre de 1936, año XXII, ejemplar número 6.316, cuya fotocopia se acompaña. Ningún otro comentario mejor podría hacerse (sentido y veraz) ante la actitud de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA que, sin temor a la muerte, tampoco desprecia la vida, expresando este sentir en la frase de su informe: "La vida no es una bengala que se quema al final de una fiesta." Esa impresión y esa emoción del público asistente al acto del juicio llega también al Jurado –formado por miembros de los Partidos integrantes del Frente Popular–, hasta el punto de que uno de los jurados llegó a estrechar la mano de JOSÉ ANTONIO y felicitarle. Y al quedar allá solos en la Sala de deliberación, su pasión contra JOSÉ ANTONIO y las consignas recibidas de eliminarle luchan, después de oírle, con la conciencia, que les está reprochando la monstruosa injusticia que van a cometer condenando a muerte a aquel muchacho que lleva en la cárcel siete meses –desde el 15 de marzo de 1936–, y cuatro de ellos con anterioridad al 18 de julio de aquel año, fecha inicial del Movimiento Nacional, y que además proclama y defiende una doctrina tan justa y tan humana que ellos, perplejos al oírla desarrollar, no saben si aceptarla o repudiarla: cambian impresiones, discuten, vacilan… Es tan fuerte la razón de la justicia mantenida rectilíneamente por JOSÉ ANTONIO en su discurso de defensa, que el Jurado, no decidiéndose por la condena de muerte, prolonga horas y horas la discusión, mientras en el exterior, esa tardanza en pronunciar el veredicto produce irritación y siembra la inquietud entre los dirigentes del Frente Popular ante el hecho de no acatar en su totalidad el Jurado las instrucciones del gobierno, por lo que tienen que intervenir elementos del Gobierno civil rojo para asegurar el cumplimiento de las consignas recibidas.
Hay que obedecer: las órdenes del Gobierno del Frente Popular son terminantes y JOSÉ ANTONIO es condenado a muerte; apagando así la fuerza del odio y de la perversidad la lucecita de justicia que empezaba a iluminar la conciencia del Jurado. En telegrama de 18 de noviembre de 1936, el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Largo Caballero comunica el enterado de la sentencia, que es el trámite para su ejecución –hechos también comprobados en la Causa General.
JOSÉ ANTONIO logra realizar su última confesión con un sacerdote, –D. José Planelles Marco– que comparte con él las amarguras de la prisión, y al que los rojos más tarde asesinaron.
En las primeras horas del día 20 de noviembre de 1936 JOSÉ ANTONIO sale de su celda para ir a la muerte; va a amanecer un nuevo día y va a morir una vida gloriosa.
JOSÉ ANTONIO es asesinado en compañía de otros cuatro mártires llamados Ezequiel Mira Miesta, Luis Segura Baus, Vicente Muñoz Navarro y Luis López López. Y según frases textuales de Guillermo Toscano Rodríguez, que fue el que le dio el tiro de gracia: “JOSÉ ANTONIO murió con gran entereza, y una vez colocado ante sus ejecutores dio los gritos habituales de la Falange, ¡Arriba España!, con voz fuerte y llena, siendo secundado por las otras víctimas, que también dijeron ¡Arriba España!, cayendo en seguida atravesado por las balas."

CAPÍTULO III
Terror anárquico


Desde que las turbas extremistas se adueñaron de las poblaciones donde el Alzamiento Nacional había fracasado o no se había producido, su actuación se caracterizó por su feroz brutalidad, dando rienda suelta al terror más desenfrenado. Imperan el asesinato y el robo. Quien no poseía un carnet sindical o de algún partido del Frente Popular, de fecha anterior al 18 de julio, carecía de personalidad jurídica y del derecho a la vida, y podía ser impunemente y a capricho muerto por cualquier miliciano.
Algunas categorías sociales son consideradas inexorablemente acreedoras a la pena de muerte o, mejor dicho, al asesinato, sin neutralidad judicial alguna Así sucede principalmente a los sacerdotes o militares. La misma suerte cabe a los afiliados a Falange Española, al partido Tradicionalista y a los partidos considerados de orden, e incluso a muchos afiliados a partidos republicanos de los no incorporados al Frente Popular.
Los funcionarios judiciales y del Ministerio Fiscal son perseguidos con encono y se encuentran a merced de las checas y milicias del Frente Popular, en las que tanto abundan los criminales comunes, deseosos de venganza.
En muchas familias son asesinados todos sus miembros varones, y en gran número de casos sufren también la misma suerte las mujeres, muchas de las cuales son antes ultrajadas, sí bien el explicable pudor de las familias interesadas hace que los casos de violación judicialmente acreditados resulten mucho menos numerosos que los ocurridos en la realidad.
La venganza personal y el ánimo de rapiña por parte de unas turbas de criminales y de delincuentes comunes, en cuyas manos había puesto el Gobierno del Frente Popular las armas y el poder, son también motivo muy frecuente de crímenes, cometidos unas veces por las «checas» y otras, directamente, por cualquier grupo de milicianos.
Durante los seis primeros meses en que culminó la táctica del terror anárquico, éste corrió, generalmente, en las capitales y grandes poblaciones, a cargo de las «checas». En los Municipios rurales se constituyen Comités revolucionarios, que arman sus propias milicias locales y juzgan, asesinan y despojan a sus convecinos, comenzando, generalmente, por el sacerdote.
El Frente Popular suele dar a sus elementos armados dedicados a imponer el terror en la retaguardia una organización rudimentaria, bajo diversos nombres, según la población de que se trate: Milicias de Vigilancia de Retaguardia, en Madrid; Patrullas de Control –al mando del anarquista Aurelio Fernández–, en Barcelona; Guardia Popular Antifascista, en Castellón; Milicias Armadas Obreras y Campesinas, en Almería, etc. Pero este encuadramiento, si bien confería autoridad a tales milicianos que la empleaban en beneficio propio o de las organizaciones políticas o «checas» de que dependían, no les sujetaba a la menor disciplina ni moderación en su conducta.
Los atentados contra la vida y la libertad de los españoles iban unidos a toda clase de desmanes contra los demás valores públicos y privados, tanto morales como materiales: La Religión, la Cultura, el Arte y el Patrimonio económico sufren el embate de la furia subversiva. Incautaciones arbitrarias de fincas, de explotaciones industriales e incluso de viviendas familiares y de modestos comercios o industrias, son fenómenos corrientes dentro de la vida marxista. Algunas organizaciones obreras –como ocurrió con la C.N.T. de Madrid, mediante su organización denominada «La Contraguerra»– se incautaron de gran parte de la propiedad urbana; pero no para condonar su renta a los inquilinos, sino para percibirla coactivamente en provecho propio. En los casos de mayor benignidad, la incautación de empresas era sustituida por Comités de Control Obrero, que mediatizaban por completo la personalidad rectora del director del negocio.
En algunas poblaciones en que el Movimiento Nacional triunfó inicialmente, si bien por el aislamiento respecto a las demás Fuerzas nacionales, tuvo que ceder ante la presión roja, se acusa el vivo contraste de procedimientos; tanto en Guadalajara como en Albacete, que durante unos días del mes de julio se encontraban bajo el Mando Nacional, hasta que sucumbieron al ataque marxista, no se produce un solo caso de muerte violenta decretada por las Autoridades nacionales; en tanto que, dominada luego la población por el marxismo, la represión ejercida por el Frente Popular es sangrienta, no sólo en los primeros momentos, sino durante mucho tiempo después, como ocurrió en Guadalajara, donde las milicias marxistas asaltaron en el mes de diciembre de 1936 la Prisión provincial, asesinado a las personas que allí se encontraban detenidas.
Son modalidades características del terror impuesto por el Frente Popular el ensañamiento y las mutilaciones: constantemente se repiten casos de víctimas enterradas o quemadas vivas, muertas a palos o sometidas a martirios semejantes.
En Madrid, el General republicano D. Eduardo López Ochoa es sacado por las milicias del Hospital Militar de Carabanchel, donde se encontraba enfermo, y es asesinado; su cadáver es decapitado por dichas milicias, secundadas por las turbas, que pasearon la cabeza del General por las calles céntricas de Madrid.
Don Luis Vales Álvarez, de cuarenta años de edad, empleado, fue detenido el 17 de agosto de 1936 al acudir al Cementerio del Este a hacerse cargo del cadáver del General Fanjul –fusilado por los rojos– para darle sepultura, siendo asesinado el referido Sr. Vales, cuyo cadáver fue hallado en las tapias del Cementerio de Vicálvaro.
El cadáver de D. Diego García Alonso, de veintinueve años de edad, empleado, apareció a mediados de agosto de 1936 en la Pradera de San Isidro, con la cabeza machacada.
Doña Inés Benítez Jaén, no obstante su avanzada edad, de sesenta y ocho años, fue detenida por el exclusivo motivo de su piedad religiosa, en su domicilio de la calle de Velásquez, III, en los primeros días de diciembre de 1936, sin que su cadáver pudiera ser encontrado por la familia.
La anciana de setenta y cuatro años, doña Asunción del Valle Pérez, con domicilio en la calle del Miño, núm. I, fue detenida el 26 de noviembre de 1936 por unos milicianos, habiendo aparecido su cadáver con numerosas heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Una familia compuesta por doña Dolores Crespo Iglesias, de cuarenta y dos años de edad, su hija María de los Dolores Jiménez Crespo, de diecisiete años, y su sobrino Vicente Arnau Crespo, de quince años, fueron detenidos el 30 de septiembre de 1936 a la puerta de la Cárcel Modelo, adonde habían acudido a visitar al marido de la primera, sin que volviese a tenerse más noticias de las víctimas ni hayan sido identificados sus cadáveres.
Según denuncia del Teniente Coronel D. Rafael Soto Reguera, un vecino de su casa, calle de Torrijos, 69, cuyo nombre desconoce por haber vivido dicho señor solo y sin familia alguna, fue detenido, en su domicilio, sobre el 20 de julio de 1936, por un grupo compuesto de seis o siete hombres y una mujer, que llegaron a agredirle con las culatas de los fusiles, sin respeto a la avanzada edad del señor en cuestión, que frisaría en los ochenta años; y aquella noche se supo que el cadáver del anciano detenido había aparecido, con varias heridas de arma de fuego, en el Campo del Pilar, detrás de la iglesia de la Guindalera. La Causa General ha identificado a esa víctima, que resulta ser D. Agustín Enríquez Fernández, de ochenta y cinco años, natural de Guardo (Palencia); este anciano, que se encontraba impedido, fue detenido por un grupo de milicianos, que lo acusaban de haber hostilizado a las milicias; conducido detrás de la iglesia del Pilar, en la Guindalera, al atardecer del día 20 de julio de 1936, fue asesinado por los milicianos, rematándole a tiros de pistola una miliciana joven, que también había tomado parte en la detención, existiendo testigos presenciales de este crimen, tal como doña Patrocinio Pastor Carpintero.
Según declaraciones testificales obrantes en la Causa General de Madrid, D. José Antonio Rodríguez de Celis, Marqués de Trebolar, de veintidós años, de profesión Abogado y con domicilio en la calle de Alcalá, 103, –que había logrado escapar de Paracuellos del Jarama, en donde estaban siendo asesinados en la mañana del 8 de noviembre de 1936 los presos evacuados de la Cárcel Modelo–, llegó herido al inmediato pueblo de Ajalvir (Madrid), solicitando asistencia facultativa, en cuyo momento, los componentes del Comité rojo de la localidad y varios vecinos más, en un número de 30 a 35, llevaron en tropel al fugitivo por la carretera de Ajalvir a Estremera, y en el kilómetro 1, aproximadamente, le dispararon por la espalda varios tiros, arrastrándole acto continuo hacia una fosa, no sin que antes un individuo llamado Teófilo Recio, aplastase la cabeza a la víctima con una piedra de gran tamaño, «proeza» que festejaron luego los asesinos en una taberna del pueblo.
Doña Valentina Fernández Urrisola, de cincuenta y ocho años de edad, casada, con domicilio en la calle de Núñez de Balboa, 78, fue detenida por unos milicianos rojos, que pretendieron obligarla a revelar el paradero de su hijo, y al negarse a manifestarlo la referida señora, fue sacada de su casa, desconociéndose desde entonces su paradero.
Cuatro religiosas del Convento de las Siervas de María del pueblo de Pozuelo de Alarcón (Madrid), fueron detenidas en casa de un vecino de la localidad donde se habían refugiado, y, conducidas al Comité de Aravaca, establecido en «Villa María Carmen», fueron maltratadas, oyéndose desde el exterior los lamentos de las detenidas, nulo después asesinadas, sin que hayan aparecido sus cadáveres. Las víctimas son Sor Aurora López González, de ochenta y seis años; Sor Aurelia Arambarri Fuente, de setenta años; Sor Daría Andiarena Sarasqueta, de cincuenta y siete, y Sor Agustina Pena Rodríguez, de treinta y cinco años. En los malos tratos inferidos a las religiosas intervino una miliciana armada de fusil.
Don Antonio Díaz del Moral, vecino de Ciempozuelos, fue detenido por el Comité de Investigación de la referida localidad, y el 1º de octubre de 1936 fue sacado de la cárcel y conducido al Comité del pueblo, donde sufrió toda clase de insultos y vejaciones y llevado luego al embarcadero de reses bravas de D. Joaquín López de Letona ; después de llenar de fango al detenido en una acequia de riego, lo ataron con una soga por debajo de los brazos, colgándolo de uno de los chiqueros de los toros, donde el Sr. Díaz del Moral fue corneado por la res allí encerrada, y cuando los criminales se cansaron de esta escena , le fueron cortadas las orejas a la víctima por un individuo llamado Primo García Hernández ; seguidamente el Sr. Díaz del Moral fue atado a la parte trasera de un automóvil, que lo condujo, arrastrándolo, hasta un olivar sito en la vega, donde los milicianos lo colgaron de un árbol y lo remataron a tiros ; el cadáver, que presentaba múltiples heridas por asta de toro, arma blanca y de fuego, fue hallado en el referido olivar, próximo a la carretera de San Martín de la Vega.
Al labrador, vecino de Arganda, D. Vicente Millán Sánchez, lo asesinaron las milicias de dicho pueblo después de hacerle cavar su fosa y de sacarle los ojos, según declaración prestada ante la Causa General de Madrid por los parientes de la víctima.
Una familia compuesta por D. Julio Fernández Carvajal y García, empleado; doña Gloria Bernabeu Pita, esposa del anterior, y por dos hijos del matrimonio, Jesús María Fernández Carvajal y Bernabeu, de dieciocho años, y María del Carmen Fernández Carvajal Bernabeu, de veintiún años, fueron conducidos por las milicias del pueblo de Pozuelo de Alarcón al término municipal de Boadilla del Monte, donde fueron asesinados el día lo de agosto de 1936, habiendo aparecido sus cadáveres abrazados por parejas, y recogidos en esta forma por una camioneta, que los condujo al Cementerio de Pozuelo ; este asesinato, denunciado por una hija, superviviente, ante las Autoridades nacionales, fue presenciado por un vecino de Boadilla del Monte, que después de la liberación de España prestó la oportuna declaración ante la Causa General de Madrid en 13 de mayo de 1942 y reconoció en rueda a los asesinos.
Otra familia, compuesta por D. Felipe Rovira Herráiz y sus hijos D. Ignacio, D. Hilario, D. Enrique y D. Felipe Rovira Astorga, fue asesinada también en Madrid por las milicias del Frente Popular.
El testigo D. Ángel Hurtado Navarro, sobrestante de Obras públicas, que fue obligado por los marxistas a prestar servicios en diciembre de 1936, en el lugar conocido por Somontes, próximo a la carretera de Madrid a El Pardo, presenció la ejecución de numerosos asesinatos en dicho lugar, según declaración prestada por dicho señor ante la Causa General de Madrid ; destacando entre los crímenes cometidos el perpetrado por unos milicianos, que llegaron en un automóvil, contra un grupo que llevaban detenido, y que se componía de un señor de unos cincuenta años, de dos muchachas de unos diecisiete a dieciocho años y de un joven de unos veinte, todos los cuales, por su mutuo parecido, debían pertenecer a la misma familia ; según el testigo, al descender del coche, las jóvenes se hincaron de rodillas ante los milicianos, pidiendo a gritos clemencia para su padre, no obstante lo cual, todos ellos fueron asesinados.
Otra familia, compuesta por D. Francisco Collado López y sus hijos Julián, Concepción y Luis Collado Oliver, de veinte, diecinueve y catorce años, respectivamente, fueron detenidos y asesinados luego en la carretera de El Pardo, el día 6 de noviembre de 1936, siendo también asesinada doña Juana González García, esposa de don Julián Collado, y detenida al mismo tiempo que sus demás familiares (se acompaña fotografía del cadáver de la joven Concepción Collado).
Los hermanos D. Casimiro, D. Tomás y D. Luis Peñalba Baíllo, fueron detenidos en 31 de agosto de 1936 por milicianos del Ateneo Libertario de Delicias, que los condujeron a la «checa» establecida en la iglesia de las Agustinas, de donde fueron sacados para ser asesinados en el kilómetro 7 de la carretera de Andalucía, habiendo sido reconocidos sus cadáveres en el Depósito Judicial; al mismo tiempo fueron detenidos tres servidores de la familia Penalva, llamados D. José María Rubio Escribano, D. Santiago Lucerón y Sánchez Pardos y don Francisco Muñoz Quirós, que también fueron asesinados juntamente con los tres primeros, habiendo aparecido los seis cadáveres en el lugar ya mencionado.
Un matrimonio compuesto por D. José Alaejos Mateos, chófer del Ayuntamiento, y doña Amelia Pereira Arribas, fueron detenidos enseptiembre de 1936 y conducidos a la checa oficial de Fomento, yendo acompañados de una hija del matrimonio, llamada Amelia, de dos años de edad; el cadáver de D. José Alaejos fué hallado el 20 de septiembre de 1936, pero no así el de su mujer y su hija, de dos años, paradero se desconoce.
El día 7 de Noviembre de 1936 fueron detenidas en su domicilio del Paseo de la Castellana, 51, duplicado, las cinco personas siguientes, de una misma familia: D. Luis Hermida Villelga, de sesenta y ocho años y abogado; su esposa doña Carmen Ayala Laguna, de cuarenta y cinco años, y los hijos del matrimonio, Luis Hermida Ayala de veintiún años, estudiante, y Berta Hermida Ayala, de veintitrés años; al propio tiempo fue detenido D. Enrique Ayala Laguna, de treinta y cinco años, de profesión mecánico. Los cinco detenidos fueron llevados a un puesto de Milicias de Vigilancia, establecido en el número 4 de la Carrera de San Francisco, y el 9 del mismo mes ingresaron sus cadáveres en el Depósito Judicial. El portero de la casa de la familia Hermida era agente de la «checa» de García Atadell y formaba parte del grupo de porteros adscrito a dicha «checa» y que tan gran número de delaciones aportó a la misma durante su funcionamiento.
El día 19 de noviembre del mismo año 1936 fueron detenidos por un grupo de milicianos catalanes de la F. A. I. cinco personas d una misma familia, que tenían su domicilio en la calle de Ruiz, numero 22, de esta capital. Los detenidos fueron conducidos a los altos del Hipódromo y asesinados, habiendo sido vistos los cadáveres, acribillados a balazos, en el Depósito del Hospital Clínico de San Carlos. Fueron las víctimas doña Amparo Serrano Martínez, de treinta y cinco ; casada ; D. Alfonso Camacho Shaw, agente comercial, de treinta y cinco años; D. Antonio Martín Crespo, propietario, de sesenta y cuatro años de edad; doña Enriqueta Shaw Natión, tía de D. Alfonso Camacho, y, finalmente, la anciana María del Carmen Cabello Izarra, pensionista, de setenta y cuatro años de edad, hermana política de doña Enriqueta Shaw, anteriormente mencionada.
Según denuncia de doña Luisa Rodríguez Ceballos, presentada en 7 de octubre de 1941, los padres de la denunciante, don Ambrosio Rodríguez Cuesta y doña Dolores Ceballos Coscolla, así como el niño de catorce años Antonio Rodríguez Ceballos y un sacerdote pariente de la familia, de nombre D. José Coscolla Cavero, fueron detenidos en su domicilio de Madrid el 4 de septiembre de 1936 por milicianos del Ateneo Libertario del Puente de Vallecas, y asesinados.
Solamente en la «checa» comunista de la Guindalera, a cargo de milicianos de vigilancia de retaguardia, fueron asesinados, entre multitud de personas de uno y otro sexo y de todas las edades y condiciones sociales, varias señoras de una misma familia, llamadas doña Dolores Cacho de Ochoa, doña Francisca Zazo Ochoa, doña Elisa Querol Masats de Agustí, doña Josefa Tomás Masat de Querol y las señoritas María Luisa y Pilar Valledor Querol, y una sirvienta de la familia, llamada María Leal.
En la calle de Serrano, número 100, de Madrid, fueron detenidas en noviembre de 1936 doña María de la Hoz y Bárcena, vizcondesa viuda de Ros de Olano, así como doña Isabel de Vega y de la Hoz, hija de la anterior, y un sacerdote llamado D. Antonio Cortés, siendo los tres asesinados; los milicianos autores del crimen, de acuerdo con las sirvientas de las víctimas, denunciantes de sus señoras, ocupa-ron y saquearon el piso de estas últimas.
Doña Basilisa Andrés fue conducida el 22 de agosto de 1936 a la «checa» de la calle de Antillón, número 4, siendo asesinada al día siguiente, y desconociéndose el paradero de su hijo de cinco años, Carmelo López Andrés, que iba en brazos de su madre, y del que únicamente se sabe que al ser maltratada por los milicianos dicha señora, fue arrancado de los brazos de ésta y golpeado contra la pared.
Como dato significativo sobre los móviles y procedimientos de las milicias marxistas erigidas en dueñas de la zona roja, y de la complicidad y aquiescencia de las autoridades del Frente Popular, puede citarse también el siguiente: Los Duques de la VEGA y VERAGUA –este último descendiente del descubridor de América, de edad avanzada y que ninguna actividad política había desarrollado durante su vida–, fueron detenidos, por móviles exclusivos de robo, por unas milicias socialistas dirigidas por un individuo de este partido, llamado Zacarías Ramírez, convertido en capitán. Fueron inútiles todos los requerimientos de las representaciones diplomáticas para que el Ministro de Asuntos Extranjeros, Alvarez del Vayo, garantizara la vida de los detenidos, que ningún peligro representaban para el régimen rojo. Finalmente los dos mencionados señores fueron asesinados después de un prolongado secuestro, no sin que antes el jefe socialista obligase al Duque de VERAGUA a transmitirle, bajo ciertas solemnidades jurídicas, propiedad de una finca que el Duque poseía en la provincia de Toledo. Suceso criminal al que ya se refirió autorizadamente el entonces Embajador de Chile, Excmo. Sr. D. Aurelio Núñez Morgado, quien en una carta, así como en una conferencia dada en 30 de enero de 1939 en París, en la «Academie Diplomatique Internationale», relató las estériles gestiones de las representaciones americanas en favor del último descendiente de Cristóbal Colón.
Las hermanas del agente consular del Uruguay en Madrid, doña Dolores y doña Consuelo Aguiar-Mella Díaz, fueron detenidas por milicias comunistas de la Pasionaria el 19 de septiembre de 1936, habiendo aparecido en la carretera de Andalucía, el día 20, los cadáveres de ambas víctimas, en el estado que muestran las adjuntas fotografías ; brutal crimen que determinó la ruptura de relaciones entre el Gobierno uruguayo y el Gobierno marxista español.
El 20 de julio de 1937 fue detenido en su domicilio, por unos individuos que se dieron a conocer como policías, el diplomático don Enrique Ordóñez Lecaros, no obstante encontrarse imposibilitado de un brazo, y a pesar de las protestas de su esposa doña Lea Bourdoiseau, de nacionalidad francesa, que trató de oponerse a la detención. Los agentes rojos de Policía se apoderaron en casa del Sr. Ordóñez de un maletín que éste tenía guardado y que contenía paquetes de alhajas por valor de unas 450.000 pesetas, propiedad de la expresada doña Lea Bourdoiseau. Después de permanecer secuestrados en una «checa», policíaca de la calle de Génova, sometida a la influencia del Comité Local de Defensa de la C. N. T., el señor Ordóñez, en unión de Don Juan Roca de Togores, Marqués de Alcedo, y de D. Miguel Treviño López, con él detenidos, fue trasladado a la Comisaría de Policía del Distrito de Buenavista, que, ante las reclamaciones de la esposa del secuestrado, había accedido a intervenir. Pero, en seguida, y bajo las exigencias de la C. N. T., los detenidos fueron entregados a dos agentes de Policía, anarquistas, llamados Antonio Ariño Ramis y Francisco Vargas Mejías, quienes restituyeron a la «checa» de procedencia a los mencionados señores, que fueron asesinados. En la eliminación de los señores Ordóñez, Roca y Treviño tuvo intervención decisiva la «checa» anarquista conocida por «Campo Libre» y el miliciano de la misma filiación, Angel Campos Torresano (a) «el Chino», habiendo pasado las alhajas y valores incautados a poder del Comité Local de Defensa de la C. N. T. que, además, asesinó al poco tiempo al Angel Campos Torresano, por no haber conducido este individuo con la discreción debida la misión de robo y asesinatos que el Comité de Defensa le había conferido.
Estos hechos, denunciados a raíz de la liberación de Madrid por las respectivas familias de las víctimas, se encuentran corroborados con todo detalle por una investigación practicada en el año 1937 por la propia Policía marxista, que esclareció este suceso, sin que tal información trascendiera ni diera lugar a la menor sanción contra los asesinos, por haber sido ocultados los resultados de la misma por el comisario general de la Policía roja en Madrid, David Vázquez Baldominos.
En agosto de 1936, el Ministerio de la Gobernación marxista, prevenido a tiempo por el jefe de la escolta, que pidió instrucciones, permite que las turbas del Puente de Vallecas (Madrid), exacerbadas por agitaciones extremistas, detengan un tren que transportaba dos centenares de presos procedentes de la prisión de Jaén y asesinasen en masa a dichos presos, previamente despojados de cuantos objetos de valor llevaban encima. Por figurar entre estos mártires el Sr. Obispo de Jaén y su hermana, se hace referencia más amplia a este hecho en el capítulo dedicado a relatar la persecución religiosa.
El 31 de julio de 1936 fue hallado en el término de Colmenar (Madrid), sitio de Valdeloshielos, el cadáver de la señorita vecina de Madrid P. Y. A., de treinta y un años, soltera, que presentaba entre otras heridas, perforación de pulmón y señales inconfundibles –según el dictamen de autopsia practicado en el sumario 310 de 1936, seguido infructuosamente, como todos, por la autoridad judicial roja– de haber sido violada antes de su muerte.
Son numerosísimos los niños de catorce y de quince años, v aun de menor edad, víctimas, tanto en Madrid como en el resto de España, de la barbarie roja. Tan sólo en la capital ascienden a un centenar las víctimas comprobadas que no rebasan la edad de diecisiete años. Entre otros, pueden citarse concretamente, además de los ya mencionados, los niños de quince años Jaime de Borbón Esteban, Luis Lorente (cuyos dos hermanos, Justo y José María, este último de diecisiete años, también fueron asesinados), Manuel Díaz del Cerro (cuyo cadáver apareció en la carretera de Andalucía, junto con el cadáver de su padre, D. Marcelo Díez García), Germán Ayala Cantón, José Luis Pérez Cremós y Francisco Rodríguez Álvarez. Y en la provincia de Oviedo son ciento cuarenta y ocho los menores de dieciocho años asesinados. En el pueblo de Torredelcampo (Jaén) fueron asesinados dos niños de trece años, hermanos gemelos, llamados Manuel y José Quesada Jiménez, de cuya familia fueron asesinadas cinco personas más, entre ellas la madre y una hermana de los niños.
En el pueblo de Colmenar de Oreja (Madrid), el cadáver de D. Pedro García Salazar fue desenterrado por las turbas marxistas en II de marzo de 1938, sacado al campo y descuartizado, siendo finalmente rociado con gasolina y prendido fuego.
El Teniente de la Guardia Civil D. Román de las Heras fue conducido desde Madrid a Vallecas el 12 de septiembre de 1936, por unos milicianos capitaneados por el tristemente célebre atracador y ex presidiario, Antonio Ariño (a) «el Catalán», los cuales, después de una breve permanencia en la plaza de Vallecas con el detenido, llevaron a éste al lugar denominado «San Antón» donde después de golpear bárbaramente al Teniente Las Heras, le rociaron con gasolina y le prendieron fuego, habiendo presenciado este asesinato numerosas personas.
El Teniente retirado de la Guardia Civil D. Juan Herranz y su esposa doña Isabel Blanco González, fueron detenidos por una cuadrilla de milicianos del Puente de Vallecas conocida por «Los Cinco Diablos Rojos», que acribillaron a balazos al matrimonio detenido; al tratar de dar sepultura a los cuerpos de ambas víctimas, el enterrador se dio cuenta de que la mujer aún estaba viva y la remató en aquel momento de un tiro de pistola.
El día 22 de julio de 1936, un tropel de mujeres del mismo Puente de Vallecas, sacaron violentamente de su domicilio a la señorita Gumersinda Toledo, y habiéndose unido a la manifestación formada por dichas mujeres las turbas marxistas de la localidad, la detenida fue paseada, con la ropa desgarrada, por el pueblo, llegando a ser mordida por una mujer llamada Isabel García; finalmente, al llegar al control de milicias establecido en el lugar denominado «Pajar del Roux», la detenida, así como dos hermanos de la misma, llamados Dionisio y Fernando Toledo Hortelano, que trataron de amparar a su hermana, fueron asesinados.
La «checa» de Alcalá de Henares asesinó a doña Leovigilda Surga, que había sido acusada por su propio marido –deseoso de disponer de ciertos bienes de su esposa– de ser hija de un Comandante de la Guardia Civil y de tener arraigadas ideas religiosas.
Las milicias de la «checa» establecida en la Iglesia de San Felipe, de Alcalá de Henares, entre otros muchos crímenes, cometió el relatado ante la Causa General por un superviviente llamado D. Antonio Moya Rodríguez, que en julio de 1936 residía en el pueblo de Camarma, próximo a Alcalá: Del referido pueblo de Camarma fueron sacados por las milicias rojas numerosos vecinos que en calidad de detenidos fueron trasladados a la «checa» de Alcalá y cruelmente maltratados a vergajazos por los milicianos de la «checa». A las dos de la mañana de uno de los primeros días de noviembre de 1936, fue extraído de la «checa» el declarante en unión de Enrique y Antonio Moya, Alberto Cubillo, Agustín Mendieta y Máximo Galindo, y llevados junto a las tapias del cementerio, donde los milicianos dispararon varios tiros sobre cada una de las víctimas, apuntándoles a la nuca. Don Antonio Moya, que cayó herido de suma gravedad, aunque no mortalmente, no llegó a perder el conocimiento y se fingió cadáver, dando lugar a que los asesinos se alejasen del sitio de la ejecución; el señor Moya pudo levantarse y, después de besar los cadáveres de su hijo y de su hermano, se alejó de aquel lugar, conteniéndose con un pañuelo la hemorragia y evitando las carreteras concurridas por milicianos rojos, que le hubieran rematado ; tras grandes penalidades logró llegar a lugar seguro, donde se ocultó. Al tiempo de abandonar los milicianos el lugar de los asesinatos, creyendo muertas a todas sus víctimas el señor Moya oyó decir a uno de ellos, refiriéndose al propio declarante: «Bien muerto está, y vamos deprisa a por los otros de Camarma». Efectivamente, aquella misma noche y en término de Villalvilla, fueron asesinados quince más de los que estuvieron detenidos con el declarante en la «checa» de San Felipe. Son estas víctimas: D. Eusebio Galíndez González, D. José María Galíndez González, D. Ramón Galíndez Díez, D. Máximo Galíndez Díez, D. Gregorio Díaz Lorenzo, D. Rafael Calvo Pérez, D. Maximiliano Calvo Pérez, D. Tadeo Pérez Almira, D. Tomás Mendieta García, D. Ángel Mendieta García, D. Jesús Mendieta García, D. Teodoro Mendieta García, D. Agustín Mendieta García, D. Florencio Mendieta López y D. Emilio Martín Pascual. Anteriormente habían sido asesinados por elementos de la misma «checa» de San Felipe, en la carretera de Daganzo, el que fue alcalde del pueblo de Camarma, D. Pedro Calvo Pérez, y D. Elías Merino López.
En el resto de las provincias, y por vía de ejemplo limitadísimo, pueden señalarse, entre una multitud de crímenes monstruosos, los siguientes :
En Almería, los pozos de La Lagarta (del término municipal de Tabernas) y el pozo de Cantavieja (del término municipal de Tahal), quedaron abarrotados, hasta la boca, de cadáveres de las víctimas de la actividad criminal marxista. Exhumados estos restos, después de la total liberación de España, han sido encontrados multitud de cadáveres destrozados, y entre ellos el de un armador de buques de pesca del pueblo de Adra, llamado D. José Moreno Fernández, que apareció con evidentes síntomas de muerte por asfixia, rodeado su cuello por la soga que sirvió para estrangularlo, conforme puede apreciarse en una de las fotografías dedicadas a las referidas inhumaciones y que se insertan a continuación.
En el pueblo de Villacañas (provincia de Toledo), fueron sacados de la Ermita del Santo Cristo, donde se encontraban detenidos, D. Julián García Zaragoza, D. Antonio, D. Ángel, D. Calixto, D. José y D. Moisés Marín López, D. Francisco y D. Jesús Granada Marín, D. Francisco Maquedo López, D. Francisco Martín Pérez, don León Montes Alcázar, D. Casto Montes Roldán, D. Julio Pérez García, D. Francisco Primedos García y D. Aureliano Romero Carretero, quienes después de haber sido maltratados bárbaramente hasta el punto de haberles sido arrancados los ojos, fueron conducidos en camiones y pasados a cuchillo por los milicianos que los custodiaban ; antes de la consumación del asesinato, como D. Ángel Marín, a causa de su ceguera, pisase a uno de los milicianos que iban en el coche, éste le mutiló de un hachazo el pie con que le había pisado.
El 27 de febrero de 1937 fueron juzgados en Alicante por el Tribunal Especial Popular, D. Javier González Avellán, de cuarenta y nueve años; D. Ramón Calpena, Cañizares, de setenta y dos años, y D. Luis Calpena Pastor, de treinta y tres años, siendo condenados D. Javier González y D. Luis Calpena a tres años de internamiento en un Campo de Trabajo, y D. Ramón Calpena a dos años de internamiento. Los motivos de la condena de dichos señores –ningún delito habían cometido– son los mismos que figuran en el informe de la Alcaldía roja de Aspe, que se unió al sumario y sirvió de base a la sentencia y cuya fotocopia se inserta en el correspondiente anexo documental. Encontrándose ya los mencionados señores en el Campo de Trabajo de Totana (Murcia), cumpliendo la pena que les había sido impuesta, el 28 de junio de 1937 –y precisamente a instancia de los mismos obreros de la fábrica «Ramón Calpena Cañizares», que estimaban indispensables los servicios técnicos de dichos señores para la buena marcha de la explotación– son indultados por el Tribunal Supremo que actuaba en Valencia; y puestos en libertad el 6 de julio del mismo año, se trasladaron a Novelda, a cuyo Juez expusieron el temor que sentían de presentarse en el pueblo de Aspe, siendo tranquilizados por aquella autoridad, ante cuyas seguridades se presentaron en el pueblo, cuyo alcalde también prometió que no les ocurriría nada. En la madrugada del día 7, las turbas, inducidas por los dirigentes de las organizaciones sindicales afectas al Gobierno del Frente Popular, violentaron las puertas de los domicilios de los tres liberados, sacándolos violentamente a la calle y martirizándolos a palos, hasta que en la plaza del Ayuntamiento cayeron al suelo, falleciendo en aquel mismo lugar don Ramón Calpena y su hijo, y quedando gravísimamente herido don Javier González. El relato de estos hechos, en términos de elogio para los asesinos, fue publicado en el periódico anarquista Frente Libertario, de Madrid, según fotocopia adjunta.
En Barcelona, el matrimonio integrado por D. Plácido Armengol Celanova y doña Emilia Serra Saura, de profesión panaderos y sin filiación política, así como tres hijos del matrimonio, en unión del obrero de la panadería D. Francisco Rivas, fueron detenidos por patrullas del Comité de la Bonanova, el 24 de septiembre de 1936, y conducidos a la carretera de la Rabasada, donde aparecieron los seis cadáveres con heridas de armas de fuego; el Comité Obrero de la panadería se incautó de la industria de las víctimas.
En los pueblos de la provincia de Ciudad Real la criminalidad revistió modalidades de terrible ensañamiento. Así, el sacerdote de Torrenueva, D. Felipe Campos Rodríguez, detenido el 11 de agosto de 1936, fue martirizado, destrozándole los dientes y sacándole los ojos. En el mismo pueblo, el vecino D. Maximino Vivar Barriga fue muerto a palos en la «checa» y traspasado su cadáver repetidas veces con un estoque. Al vecino del mismo pueblo D. Alicio León Descalzo le amputaron en vivo los órganos genitales, poniéndoselos en la boca, al también vecino de la misma localidad D. Venancio Moreno Pérez le sacó los ojos en vivo una mujer marxista llamada Inés Torres Marco.
Análogos martirios y mutilaciones fueron realizados en otros pueblos de la misma provincia de Ciudad Real: Al vecino de Alcázar de San Juan, D. Antonio Santos Montes, joven que se había distinguido por su piedad religiosa, se le arrancaron los ojos en vida. Y el diputado D. Luis Ruiz Valdepeñas fue uncido a una noria en unión de otros varios detenidos, apaleado brutalmente y, finalmente, asesinado.
En Carrión de Calatrava (pueblo de la referida provincia de Ciudad Real), fueron arrojados a un pozo de mina los cadáveres de unas ochocientas personas de diversos pueblos de la provincia, que eran llevados a aquel lugar para su ejecución.
En el pueblo de Caspe (Zaragoza) fue detenido, el 27 de julio de 1936, D. Antonio Giu Giral, por una turba de milicianos que lo condujeron en tumulto, obligándole a marchar descalzo y sin camisa por las calles de la población, y al llegar la comitiva a la calle de la Hilarza, la madre de la víctima, anciana de unos ochenta años de edad, fue obligada a asomarse al balcón para presenciar el martirio de su hijo, que fue arrastrado con cuerdas hasta las tapias del cementerio, donde las turbas le acribillaron a tiros, mientras gritaban : «¡Por la libertad y contra el fascismo !»
En el pueblo de Alcañiz (provincia de Teruel) fue enterrado, todavía en vida, D. Pascual Bardavio Sábado, echando los milicianos cal viva en la sepultura, según declaraciones testificales fehacientes. En Herrera de los Navarros fueron fusilados el alguacil del Ayuntamiento, D. Domingo Carod Iberni, su esposa doña Leoncia Lobera Guillén, y los hijos del matrimonio, Araceli Carod Lobera, de diecinueve años, modista, y Delfín Carod Lobera, niño de trece años, habiéndose cometido el crimen el 17 de septiembre de 1936.
En Málaga fue detenido y conducido al Comité rojo de Investigación y Vigilancia, sito en la Alameda, el 18 de octubre del año 1936, D. Salvador Alcalá del Olmo, que a presencia de las turbas fué arrojado por el balcón y rematado en el suelo.
En la misma ciudad fueron asesinados, el 23 de octubre de 1936, D. Roberto Aremberg Gil y su madre doña María Gil González de junquito, de setenta y seis años, no sin que la expresada anciana fuese cruelmente martirizada al mismo tiempo que su hijo, hasta el punto de serle clavada una caña en un ojo por una mujer llamada Teresa Núñez Ortiz (a) «La Teresona» (de infausta memoria en los anales de la época roja de Málaga) ; los cadáveres de las víctimas mencionadas fueron arrastrados y el de doña María resultó carbonizado.
La vecina de Alfarrás (Lérida), Antonia Pau Lloch, de sesenta años de edad, madre de dos religiosos de la Compañía de Jesús, fue llamada a declarar el 26 de febrero de 1937 al Ayuntamiento don-de funcionaba el Comité revolucionario, y al negarse a hacer las revelaciones que se le exigían, fue maltratada y golpeada en la boca con un crucifijo de su pertenencia y seguidamente conducida al lugar denominado «Plana de Magí» donde murió estrangulada, siendo enterrada en la cuneta de la carretera y cubierto la fosa con un montón de piedras.
Los hermanos D. José María, doña María de la Concepción, D. Ramón y doña Teresa Guevara Zarzuela (sacerdote D. José María y religiosa doña María de la Concepción), fueron asesinados juntos, también en Málaga, el 19 de noviembre de 1936, sin otro motivo que la significación religiosa de todos ellos. En la misma ciudad de Málaga fueron inmolados juntos, el día 30 de agosto de 1936, los seis hermanos Briales Franquelo, de los cuales, D. Narciso, había sido último Alcalde de la Monarquía en la expresada capital.
En la provincia de Oviedo, la Iglesia Parroquial de Bonielles fue prendida fuego en la noche del 26 de agosto de 1936, pereciendo carbonizados los detenidos que se encontraban en su interior. El vecino de Lugo de Llanera, de la misma provincia, D. José Rodríguez Ruiz, fue conducido al pueblo de Mieres, obligado a cavar su propia fosa y enterrado vivo. También en la provincia de Oviedo, don Isidro Fernández Cordero, D. Segundo Alonso González y D. Ricardo Martínez García, los dos primeros de profesión mineros y el tercero practicante, fueron conducidos a la Iglesia Parroquial del pueblo de Sembra y degollados sobre un banco de madera.
En la provincia de Badajoz, los asesinatos con ensañamiento se repiten constantemente durante la dominación roja:
En Fuente de Cantos, después de incendiar el Juzgado, la Notaría, el Registro de la Propiedad, un convento y otros edificios, las turbas condujeron ante un tribunal revolucionario a numerosos vecinos del pueblo, que fueron después encerrados en la Iglesia Parroquial, atacada a continuación desde el exterior a tiros por las masas marxistas, que acabaron prendiendo fuego al edificio, en el que se encontraban entre los detenidos bastantes mujeres y niños de corta edad ; perecieron quemados en el interior del templo: D. José Ma. Manzano Marín, industrial; D. Francisco Alvarez Rojas, jornalero; D. Manuel Macías Tomás, industrial ; D. Antonio Díaz Lancharro, comerciante ; don Francisco Bermejo Rubio, labrador ; D. Manuel Sánchez Bozas, empleado; D. Fernando Carrascal Salamanca, estudiante; D. Juan Esteban Pagador, propietario; D. Andrés García Gómez, viajante; D. Fernando Pagador Rosario, propietario; D. Manuel Iglesias González, y D. Luis Ibarra Pérez, labrador; de estas víctimas, nueve perecieron completamente carbonizadas, siendo identificadas por los objetos incombustibles que llevaban consigo ; otros, entre ellos el Juez, resultaron heridos, sufriendo síntomas de asfixia, y el resto de los detenidos logró sustraerse al incendio por haber alcanzado, pasando por una puerta reservada, una torre pequeña del edificio, a salvo de las llamas.
En Almendralejo, perteneciente a la misma provincia de Badajoz, fueron asesinadas numerosas personas, algunas de ellas en el patio de la cárcel y otras en un convento, empleándose preferentemente como medio de ejecución bombas de mano y botellas con líquidos inflamables, que abrasaban a las víctimas.
En Burguillos del Cerro, donde también fueron asesinados numerosos vecinos, fue arrojado vivo a un pozo y cubierto con gran cantidad de escombros, Ramón García Maraber, de setenta y seis años, labrador; en el mismo pueblo fueron quemados vivos en una hoguera Juan Fernández Salguero, de veintiún años, y Aurelio Díaz Gómez, de veinticinco; Rafael Requejo Santos, de treinta y siete años, casado, forjador, fue colgado en un árbol y muerto por los milicianos, que practicaron ejercicios de tiro sobre la víctima; los sacerdotes don José Castilla Herrera y D. José María Vázquez Díaz, fueron enterrados vivos hasta la cintura y maltratados hasta que murieron.
En el pueblo de Fregenal, de la misma provincia, fue también enterrado vivo hasta la cintura el Guardia Civil D. Fernando Rastrollo González, sobre el que hicieron numerosas descargas los milicianos, apareciendo destrozado el cadáver.
También en la provincia de Albacete fueron realizados hechos vandálicos. Puede citarse el caso ocurrido el 29 de septiembre de 1936, en el pueblo de Caudete: Unos milicianos rojos acordaron, antes de marchar al frente, llevar a cabo el asesinato de siete hombres y siete mujeres de aquella vecindad que, aun no habiendo realizado ningún ataque contra el régimen del Frente Popular, se encontraban detenidos por el Comité rojo del pueblo, como sospechosos de profesar ideas políticas de orden. Las víctimas fueron conducidas a las afueras del pueblo en unos camiones, seguidos por algún otro vehículo ocupado por gente del pueblo que acudía a presenciar el asesinato anunciado. En la cuneta de la carretera fueron muertos a tiros –en presencia de las mujeres y después de haber sido insultados y maltratados cruelmente– los siete hombres; a continuación, las señoras fueron víctimas de toda clase de abusos carnales realizados por el tropel de milicianos, que las asesinaron finalmente. Fueron las referidas víctimas, D. Salvador Sánchez Albertos, D. Aurelio Ruiz Alcázar D. Juan Martínez Martínez, D. José Martí Herrero, D. Antonio Puche Martínez, D. Rafael Berenguer Roj, D, Guillermo Juan Rey, Doña Teresa y Doña Dolores Albalat Golf, doña Dolores y doña Carmen Pedrós Ruiz, doña Emerenciana de Teresa y de Beltrán, doña Cecilia Serrano Días y doña Dolores Amorós Golf, doña Dolores y doña Carmen Pedrós Ruiz doña Emerenciana de Teresa y Beltrán, doña Cecilia Serrano Días y Doña Dolores Amorós Golf.
En San Vicente de Alcántara fue asesinado en su propio domicilio, ante su esposa e hijos, Ramón Camisón Serra, por un grupo de milicianos.
En el pueblo de Azuaga, del partido de Llerena, se cometieron noventa asesinatos, siendo bastantes de las víctimas mutiladas y sometidas a vejaciones, pudiendo ser mencionado, entre otros muchos, el caso de D. Fernando Murillo Gómez Alvarez, que después de ser apaleado en el patio de la cárcel, fue castrado con unas tenazas y rematado en el cementerio.
En otros pueblos de la misma provincia de Badajoz sometidos a la dominación roja, se cometieron también numerosos asesinatos y bastantes violaciones, destacándose los desmanes cometidos por las masas y milicias del Frente Popular en Granja de Torre Hermosa, Campillo de Llerena, Guardia, Villanueva de la Serena y Don Benito.
En la provincia de Guadalajara, el Cura Párroco del pueblo de Salmerón, D. Joaquín López Muñoz, que perseguido por los milicianos rojos del pueblo, había huido al campo, fue encontrado en la madrugada del 2 de setiembre de 1936 en un molino próximo a la localidad; sus perseguidores le hirieron de un tiro de escopeta, y después le ser objeto de prolongadas vejaciones y martirios, el mismo día 2 de septiembre, a las cuatro de la tarde, fue llevado en un coche de las milicias aragonesas al término de Peralveque, donde lo asesinaron, mutilando a continuación el cadáver.
También fue martirizado, antes de su asesinato, en el pueblo de Gajanejos, de la misma provincia de Guadalajara, el Cura Párroco del pueblo de Utande, que había huido de dicho pueblo desde el comienzo del Movimiento.
El 31 de mayo de 1937, en ocasión de encontrarse dedicado a las labores del campo, en el término de Huertahernando (también de la provincia de Guadalajara), el labrador D. Eleuterio Díaz Rebollo, se le acercaron tres milicianos rojos que, a pretexto de considerarle políticamente disconforme con el Frente Popular, le asesinaron a tiros y a bayonetazos.
Sería inacabable la relación de crímenes cometidos con terrible ensañamiento, en número de muchos millares, en la España que retuvo sometida al Frente Popular, constituyendo una muestra de ello rusos ya señalados.
Solamente en Madrid fueron 617 las mujeres cuyo asesinato ha sido acreditado hasta la fecha, siendo proporcionales las cifras en las demás provincias en que imperó el marxismo; así, en Valencia fueron asesinadas 508 mujeres.
El terror marxista hizo gran estrago entre los hombres dedicados a profesiones liberales: Sólo en Madrid fueron asesinados ciento setenta y cinco Abogados y Abogados-Procuradores colegiados, entre ellos el Excmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Madrid, D. Melquiades Álvarez y González Posada, Diputado a Cortes hasta el año 1936, y Jefe del Partido Republicano Liberal-Demócrata, y el Ilustrísimo señor Secretario D. Marcelino Valentín Gamazo ; figurando entre las víctimas numerosas personalidades liberales y republicanas. Si a este número de Letrados colegiados se agrega el también muy crecido de Abogados no inscritos en el Colegio de Madrid, por ejercer en esta capital otras actividades profesionales, jurídicas o administrativas distintas del ejercicio de la abogacía, se tendrá una idea aproximada de las víctimas sacrificadas por el Frente Popular en la clase de los juristas, que, como las demás profesiones universitarias o intelectuales y en general todos los sectores de la clase media, pagaron un extraordinario tributo de sangre; no obstante lo cual, el Colegio rojo de Abogados de Madrid –ocultando cuidadosamente esta relación de Letrados asesinados– se atrevió a dirigirse a la opinión pública internacional, solicitando de la misma simpatía y apoyo para el Gobierno del Frente Popular, al que presentaba como un régimen legítimo, fiel mantenedor del Derecho.
Puede afirmarse que el Gobierno del Frente Popular era puntualmente obedecido en cuantas iniciativas revestían un carácter criminal y persecutorio, pudiendo disponer incondicionalmente de las milicias y organizaciones del Frente Popular para el cumplimiento de estos designios en la multitud de ocasiones en que dicho Gobierno adoptó tales iniciativas en el territorio sometido a su poder. Únicamente solía ser desobedecido –y soportaban de buen grado esta desobediencia, no obstante disponer el Gobierno de sobrados medios para reducirla– en los contados casos en que, por razones particulares, trataron las autoridades marxistas de sustraer alguna víctima a las milicias o a las «checas»
Las sangrientas consecuencias del terror practicado por el régimen del Frente Popular en la zona sometida a su dominio halló un lenitivo en la generosa intervención de las representaciones diplomáticas que, habiendo tenido ocasión de apreciar de cerca el auténtico carácter criminal de dicho régimen, se esforzaron para salvar la vida de muchos perseguidos, interesándose por la suerte de los presos y evitan-do en algunos casos, por la oportuna presencia de los coches diplomáticos en las puertas de las cárceles, en el momento de ser puestos en libertad determinados reclusos, que éstos corriesen la suerte que se les reservaba, que era la de ser asesinados a su salida a la calle.
Casi sin excepción, las representaciones diplomáticas acreditadas en Madrid abrieron sus puertas a muchas personas que por su profesión, sus títulos, su posición social o la dignidad de su conducta, eran perseguidas a muerte por las milicias del Frente Popular; el Decanato del Cuerpo Diplomático –desempeñado, a falta del Nuncio de Su Santidad, por el Embajador de Chile, D. Aurelio Núñez Morgado– coordinó los humanitarios esfuerzos de las misiones extranjeras, destacando por su generosidad en la concesión del derecho de asilo las representaciones hispanoamericanas, que respondieron a los lazos de la sangre que unían a España con sus respectivos países y cumplieron su humanitaria misión sin que el diverso matiz político de cada uno de estos países se reflejase en tibieza para el cumplimiento de esta piadosa tarea.
El amplio ejercicio del derecho de asilo y del empeño –no siempre coronado por el éxito, debido a la obstinación roja– de lograr la evacuación de los asilados, fue una inmediata y obligada consecuencia de la barbarie roja, que atropellaba, ante la mirada de las representaciones extranjeras, las normas más elementales del derecho de gentes, sin que el Gobierno del Frente Popular hiciese el menor esfuerzo para asegurar un orden jurídico y responder de su mantenimiento.
La inviolabilidad de los recintos diplomáticos fue atropellada con frecuencia, y siempre por agentes del Gobierno, ya que ninguno de los asaltos llevados a cabo contra residencias diplomáticas lo fueron por las turbas, sino respondiendo a un plan deliberado de las autoridades marxistas, como en los casos de Finlandia y Perú. Los locales de la Embajada del Brasil, situados en el Paseo de la Castellana, números 55 y 57, fueron asaltados el 7 de mayo de 1938 –según manifestación de la misma Representación diplomática– por miembros de la policía roja, acompañados de guardias de Asalto, practicando los agentes invasores un minucioso registro y llevándose cuantos objetos de valor encontraron.
Permite formar una idea de la inseguridad reinante en Madrid y del ansia de sus vecinos por acogerse a un refugio diplomático el hecho –expuesto por la Representación belga– de que los Guardias Civiles veteranos que, por orden del Gobierno del Frente Popular, al que todavía servían, custodiaban la puerta de la Embajada belga, establecida en la calle de Almagro, número 42, obtuvieron del Cónsul general y Encargado de Negocios de Bélgica, M. Chabot, el favor de regresar como asilados en la Embajada, en unión de sus respectivas familias, pasando así de la situación de guardianes a la de refugiados.
Fueron numerosos los súbditos extranjeros que resultaron víctimas de la barbarie frentepopulista, pudiéndose citar los casos de Miss Brigid Boland, irlandesa, asesinada en Bilbao el 16 de junio de 1937; asesinato del ciudadano uruguayo D. Carlos Alberto Abascal del Calvo y su esposa; de varios ciudadanos argentinos, uno de ellos D. Felipe Jorge Linaje; una anciana, en la barriada de la Prosperidad, y un joven, en la «checa» de San Bernardo; un súbdito suizo fue asesinado en Madrid y otro en Alicante, siendo innumerables los atentados contra la propiedad de los extranjeros.
El Médico de la Cárcel Modelo, D. Gabriel Rebollo Dicenta, no obstante seguir desempeñando su humanitaria misión bajo el régimen del Frente Popular, fue detenido en 7 de noviembre de I936 cuando, después de pasar la visita médica en la Cárcel, iba en un automóvil de la Legación de Noruega, en unión del funcionario de dicha Legación, Sr. Werner; los milicianos anarquistas que detuvieron al señor Rebollo, entre los que figuraba el conocido atracador Felipe Emilio Sandoval, asesinaron al referido Sr. Rebollo, creyéndose que el crimen fue debido a resentimientos del mencionado atracador, que durante su reclusión en la Cárcel, por delito común, había conocido a la víctima, que ejercía el cargo de Médico de la Prisión.
Habiéndose interesado en 2 de noviembre de 1936 la Embajada Británica en Madrid por la libertad del preso D. Manuel Asensio Galainena, que ningún delito había cometido, no sólo fue desatendido este humanitario requerimiento por la Dirección de Seguridad, sino que a los pocos días, el preso fue asesinado por orden de las autoridades del Frente Popular.
La conducta del Gobierno del Frente Popular determinó tal repulsa por parte de las misiones extranjeras que aun continuaban en la España marxista, que influyó de un modo decisivo en el resultado de la elección pretendida por el Gobierno republicano de España para un puesto en el Consejo de la Sociedad de Naciones, en septiembre de 1937, sumándose a la actitud adversa de los países hispano-americanos el grupo de países nórdicos, por la consideración de que los pueblos hispanoamericanos, por razón de su raza y de su lengua, eran los más capacitados para juzgar de la situación española y de la posición moral del Gobierno de Barcelona.
El terror impuesto a España por el Frente Popular durante la lucha civil tiene su inmediata raíz en los gravísimos y constantes desmanes de la época precedente, expresamente reconocidos entonces por el propio Ossorio y Gallardo, colaborador del mismo Frente Popular, en un acerbo artículo publicado en el diario La Vanguardia, de Barcelona, de 19 de junio de 1936.

CAPÍTULO IV
Las Checas


La institución soviética de la «checa», empleada como instrumento de terror, fue conocida desde el primer momento revolucionario en todo el territorio español sometido al Frente Popular.
Los partidos políticos extremistas y las sindicales obreras, así como la Federación Anarquista Ibérica, tanto en Madrid como en las demás poblaciones, establecieron en los numerosos edificios incautados para la instalación de sus respectivos centros, comisiones represivas, con facultades ilimitadas para realizar detenciones, requisas y asesinatos. Estos locales, destinados a la represión, fueron conocidos con el nombre genérico de «checas», y su número fue extraordinario, dado el desenfreno típico de la zona marxista y el gran número de edificios que en cualquiera población de mediana importancia tenía requisados cada partido político u organización obrera para el establecimiento, tanto de su centro principal como de sus sucursales y cuarteles de milicias autónomas, más aficionadas a las ventajas de la retaguardia que a los riesgos del frente de combate.
Bajo el mando de un jefe o «responsable», en los centros de tipo marxista, o de un Comité de Defensa, en los de carácter anarquista, las «checas» se multiplican, adoptando las variadas denominaciones de Agrupaciones Socialistas o Republicanas, Radios del Partido Comunista o de las Juventudes Socialistas Unificadas, Ateneos Libertarios, Sindicatos de la C. N. T. o de la U. G. T., Cuarteles de Milicias, Comités de Investigación o de Control, Comités de Vecinos, etcétera. Incluso llegan a establecerse «checas» que pueden ser calificarlas de semiprivadas, a cargo de comunes malhechores, rivalizando todos estos centros en su actuación sanguinaria y en su avidez por el botín, que pasa a engrosar los fondos de cada entidad política o sindical, o el patrimonio privado de los chequistas, siendo entregado en ocasiones a los organismos de incautación creados por la Hacienda pública roja.
Puede afirmarse que sólo en Madrid funcionaron bastante más de doscientas veintiséis checas, plenamente comprobadas, inspiradas en el modelo soviético ; pero con la esencial diferencia de presentar cada una de ellas carácter autónomo, actuando según su capricho y gozando del apoyo de las Autoridades oficiales rojas, a cuyo efecto fueron dotados de carnets de agentes de la Autoridad numerosos chequistas, sin que las «checas» estuviesen por su parte jerárquicamente subordinadas a dichas Autoridades ni obligadas a dar cuenta a las mismas de su actuación ni de la suerte corrida por sus detenidos, sin perjuicio todo ello del mutuo auxilio que se prestaban estas «checas» entre sí, especialmente las pertenecientes a un mismo partido u organización sindical. De este extraordinario número de «checas» diseminadas por toda la capital madrileña puede inferirse la situación de ésta durante el Movimiento y la seguridad personal de sus vecinos.
La complacencia del Gobierno del Frente Popular respecto de la actividad criminal de las «checas» oficiales y no oficiales resulta indiscutible ante la realidad de los hechos, y se vio confirmada por el premio concedido a los chequistas profesionales, que a los pocos meses ingresaron en masa en la Policía del Estado. Las hipócritas advertencias prohibitivas dirigidas por el Gobierno a las «checas» no oficiales, y publicadas alguna vez en la Prensa a efectos de propaganda en el Extranjero, eran puramente platónicas, y su propia reiteración de fe de su ineficacia y de su absoluta falta de sinceridad.
Los marxistas y anarquistas sentían preferencia por los templos y conventos para establecer en ellos sus «checas», pudiéndose citar en Madrid como casos concretos que el Convento de Salesas Reales de la calle de San Bernardo, núm. 72, el Convento de la Plaza de las Comendadoras, la iglesia de Santa Cristina y otros muchos templos madrileños fueron convertidos en «checas» por el Partido Comunista, independientemente de los edificios religiosos dedicados a la misma finalidad por otras organizaciones del Frente Popular.
Entre la multitud de «checas» de todas clases que, principalmente durante los últimos meses del año 1936, se extendieron por todo Madrid, existe un núcleo de ellas directamente conectadas con las Autoridades oficiales rojas, por lo que merecen un especial examen. Son estas «checas», en primer lugar, el Comité Provincial de Investigación Pública («Checa» de Bellas Artes y Fomento), y las de la Escuadrilla del Amanecer, Brigada Ferret, «Checa» de Atadell, «Checa» de la calle del Marqués de Riscal, núm. 1, «Checa» del Palacio de Eleta, de la calle de Fuencarral, y Linces de la República, así como los llamados Servicios Especiales, dependientes del Ministerio de la Guerra.
También con carácter oficial fueron creadas en Madrid treinta y cinco «checas», llamadas Puestos Especiales de Vigilancia, bajo la dependencia de la Inspección General de Milicias Populares, que constituyen la base de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, formadas a fines de 1936 con los referidos elementos y con los miembros más destacados de las restantes «checas» -oficiales y no oficiales- de la capital.
Todas estas «checas», creadas u oficialmente reconocidas durante la primera etapa del terror por la Autoridad frentepopulista, no difieren en ningún aspecto fundamental, en cuanto a su actuación, de las «checas» incontroladas, ya que la misión que realizan unas y otras es el asesinato en gran escala y por motivos arbitrarios y el saqueo.
Ya en una segunda etapa de la guerra, en que, por el cansancio de los asesinos o por conveniencia política del régimen rojo, se debilita el terror anárquico y van cesando poco a poco en sus actividades las «checas» incontroladas, es cuando el Gobierno marxista, por medio del S. I M. y de otros organismos análogos de policía política, desarrolla reflexivamente su campaña represiva, con la menor publicidad posible, haciendo pródigo uso de la tortura, técnicamente organizada y con características diferentes de las que revistió la barbarie tumultuaria y colectiva del primitivo período.

***

Si bien durante la dominación roja funcionaron de hecho en Madrid centenares de «checas», sólo serán aquí objeto de cita expresa aquellas cuyo carácter de tales fue notoriamente reconocido durante el período revolucionario y debidamente acreditado mediante la investigación después de la liberación de la capital, sin que se incluyeran ni los simples cuarteles de las fuerzas de Orden Público, ni la Dirección General de Seguridad, ni las Comisarías de Policía de distrito, no obstante las frecuentes entregas de detenidos que dichos departamentos policíacos hacían a las «checas», en virtud de órdenes superiores. Asimismo se omiten, para no hacer interminable la lista, una larga serie de cuarteles y centros políticos cuya actuación criminal –también investigada judicialmente– resulta menos destacada, por el menor número o por la mayor intermitencia de los asesinatos y detenciones que realizaban ; tales centros, dedicados de una manera accidental a la represión, alcanzan una cifra aproximadamente igual a la de los locales públicamente catalogados como «checas», que son los únicos que a continuación se relacionan :

Alcalá, 40 (Edificio del Círculo de Bellas Artes). –Checa oficial del Comité Provincial de Investigación Pública.
Alcalá, 82.—Secretaría Técnica de la Dirección de Seguridad y Escuadrilla del Amanecer.
Alcalá, 11 (Edificio del Ministerio de Hacienda).—Checa de los Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra.
Alcalá, 53 (Ministerio de la Guerra).—Checa de los Servicios Especiales de este mismo Ministerio.
Alcalá, 138.—Círculo Socialista del Este.
Agustín Durán, 22.—Centro socialista.
Avila, 9.—Centro comunista.
Alburquerque, 18.—Casa Máximo Gorki del Radio Comunista de Chamberí,
Almagro, 27 Ateneo Libertario del Puente de Toledo, trasladado desde dicha barriada.
Almagro, 38.—Checa de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia.
Alfonso XII, 14.—Checa a cargo de guardias de Asalto.
Alonso Heredia, 9.—Checa comunista de ((El Castillo)).
Antillón, 4.—Checa comunista-socialista del Puente de Segovia.
Amor de Dios, 1 (Palacio de Somosancho)._Círculo socialista.
Antonio Vicent, 57.—Radio de las Juventudes Socialistas Unificadas.
Arenal, 8 (Palacio de Revilla).—Checa de la C. N. T.
Arturo Soria (Hotel Mi Huerto).—Ateneo Libertario de Ventas.
Carretera de Aragón, 40 (Capilla del Carmen).—Radio Comunista de Ventas.
Carretera de Aragón, 117.—Ateneo Libertario de Ventas.
Carretera de Aragón, 129.—Radio Comunista de Ventas.
Carretera de Aragón, 151 (Villa Topete).__Radio Comunista de Ventas.
Ronda de Atocha, 21 y 23 (Escuelas Salesianas).—Checa del Batallón Pasionaria, y después checa policíaca.
Estación de Atocha.—Salón Rojo y Pabellones. Checas de las Milicias Ferroviarias.
Atocha, 131 (Cine San Carlos).—Milicias de la F. A. I. Ayala, 47.—Checa autónoma.
Valencia, 5.—Círculo Socialista del Sur.
Blasco de Garay, 53 y 55.—Ateneo Libertario de Vallehermoso.
Bola, 2.—Dinamiteros de la C. N. T.
Velázquez, 50.—Círculo Socialista del Sur.
Bombilla (Restaurante Niza).—Ateneo Libertario.-87
Bravo Murillo, 150.—Ateneo Libertario de Cuatro Caminos y cuartel de milicias de la C. N. T. Checa anarquista del Cinema Europa.
Bravo Murillo, 234 (Salón Guerrero).—Cuartel de la Columna de Del Rosal y checa de la C. N. T.
Caballero de Gracia, 28.—Sindicato de Tramoyistas de la U. G. T.
Cáceres, 10 y 12.—Círculo socialista y después checa de la 36 brigada.
Cadarso, 6.—Centro de las Juventudes Socialistas Unificadas.
Calatrava, 9.—Ateneo Libertario de Barrios Bajos.
Camino Alto de San Isidro, 8.—Ateneo Libertario del Puente de Toledo
Caracas, 17.—Sucursal de la checa de la calle del Marqués del Riscal.
Concordia, 6 (Puente de Vallecas).—Casa del Pueblo, del partido socialista.
Carmen, 10 (Iglesia del Carmen).—Checa de un grupo de la C. N. T.
Plaza de doña Carlota (Iglesia parroquial del barrio).—Sucursal del Ateneo libertario del Puente de Vallecas.
Cartagena, 137.—Checa comunista de la Guindalera.
Casa de Campo.—Checa establecida por las milicias de Mangada en la casa del guarda.
Ayuntamiento de Carabanchel.
Casa del Pueblo, de Carabanchel.
Convento de las Clarisas de Carabanchel Bajo.
Checa del Hospital Militar de Carabanchel.
Checa de la Escuela de Santa Rita de Carabanchel.—Comité del Frente Popular.
Carabanchel Bajo.—Checa del Salón Rojas.
Carril del Conde (Hotel de D. J. Gutiérrez).—Checa socialista-comunista de Ventas.
Castelló, 50.—Checa de milicias.
Claudio Coello. 112 (Convento de Santo Domingo el Real).—Milicias andaluzas de la C. N. T.
Plaza de Colón, 1 (Palacio de Medinaceli).—Checa de la Brigada Motorizada Socialista.
Colegio de Huérfanos de Telégrafos.—Checa del Comité Regional de Defensa de la C. N. T.
Plaza de las Comendadoras, 1.—Radio 8 de las Juventudes Socialistas Unificadas.
Claudio Coello, 47 (Teatro Beatriz).—Prisión del Consejillo del Distrito de Buenavista.
Comité del Cuartel del Conde Duque.
Cuarenta Fanegas de Chamartín (Colegio Infanta María Teresa).—Checa del Comité rojo de la Guardia civil.
Checa del Cuartel de la Montaña.
Paseo de las Delicias (Iglesia de las Angustias).—Sucursal del Ateneo Libertario de Delicias.
Paseo de las Delicias, 156.—Ateneo Libertario de Legazpi.
Hermosilla, 24.—Consejillo del Distrito de Buenavista.
Don Pedro, 10.—Círculo socialista Latina-Inclusa y checa de milicias de retaguardia.
Don Ramón de la Cruz, 53.—Checa de milicias.
Doña Sabina, 5 (Barrio de Doña Carlota).---Centro comunista del Puente de Vallecas.
Embajadores, 116 (Cine Montecarlo).—Círculo Socialista del Sur.
Emilio Ortuño, 13.—Ateneo Libertario del Puente de Vallecas.
Hermanos Orozco, 3.—Radio comunista de Ventas.
Españoleto, 17 y 19.—Checa comunista.
Espronceda, 32.—Radio de las Juventudes Socialistas Unificadas.
Carretera del Este, 39.—Radio comunista de Ventas.
Paseo de Extremadura, 36 (Iglesia de Santa Cristina, de la Puerta del Angel).—Checa comunista de las milicias voluntarias de Mangada.
Paseo de Extremadura (Palacio de Bofarull).—Checa de la C. N. T.
Eugenio Salazar, 2.—Checa socialista.
Ezequiel Solana, 2 y 4.—Checa socialista.
Felipe IV, 7.—Checa del batallón extremeño «Nosotros».
Fernández de la Hoz, 7 (Palacio de Oquendo).—Sucursal de la checa de Marqués del Riscal, 1.
Fernández de la Hoz, 57—Checa de los Servicios Especiales de la C. N. T.
Fernando el Santo, 23.—Servicios Especiales de la C. N. T.
Fernanflor, 10.—Checa y brigadilla del capitán Ramírez.
Ferraz, 16.—Checa de la C. N. T.
Florida, 10.--Ateneo Libertario del barrio del Lucero.
Fomento, 9.—Checa oficial del Comité Provincial de Investigación Pública.
Francisco de Rojas,4 —Dependencia del Radio comunista número 9.
Fuencarral, 95.—Checa autónoma.
Fuencarral, 101 (Colegio del Servicio Doméstico).—Comité de la C. N. T.
Fuencarral, 103.—Comisión Electoral de la Agrupación Socialista Madrileña y grupo de Policía afecto a esta checa.
Ferrer del Río, 32.—Checa comunista.
Paseo de la Florida. (Ermita de San Antonio).—Checa autónoma socialista-comunista
Fuencarral, 126.—Checa de «Campo Libre», dependiente del Comité Regional de Defensa de la C. N. T.
Francos Rodríguez, 5.--Cuartel y checa del quinto regimiento de milicias popopulares, comunistas.
Fuenterrabía, 2.—Checa comunista del Pacífico.
García de Paredes, 37.—Ateneo Libertario de Chamberí.
General Martínez Campos, 8.—Círculo socialista del Norte.
General Martínez Campos, 23.—Checa de las milicias «Leones Rojos», de dependientes de comercio de la U. G. T.
General Ricardos, 15 (Iglesia de San Miguel).—Cuartel «Pasionaria» y Radio del Puente de Toledo.
Génova, 29.—Checa de la C. N. T., dirigida por Avelino Cabrejas.
Goya, 10.—Sindicato de Transportes de la U. G. T.
Granada, 4.—Checa de la J. S. U., dependiente de la de Zurbano, 68.
Goya, 80.—Radio Este del partido comunista.
Guillermo Rollán, 2.—Ateneo Libertario del Distrito del Centro.
Guttenberg, 8 y 18.—Checa de Izquierda Republicana.
Guzmán el Bueno, 31.—Milicias vascas del comandante Ortega.
Imagen, 1 (Hotel de D. Carlos, en el barrio de Picazo del Puente de Vallecas-Sucursal del Ateneo Libertario de la calle de Emilio Ortuño.
Actual Avenida de José Antonio, 37, (Chamartín).—Ateneo Libertario de Chamartín de la Rosa.
Actual Avenida de José Antonio, 37, provisional, en Chamartín.-Sucursal de Radio comunista de las Cuarenta Fanegas.
Convento de las Damas Apostólicas, de Chamartín._Radio comunista de las cuarenta Fanegas.
Convento de las Pastoras, de Chamartín.—Checa de las J. S. U.
Checa del Ayuntamiento de Chamartín.
Iglesia de la Pilarica, del barrio de Usera.—Checa de la barriada.
Isabelas (Plaza).—Partido comunista de Ventas y cuarto batallón.
Jordán, 5 y 16.—Radio Comunista de Chamberí.
Jorge Juan, 65.—Checa de milicias.
Jorge Juan, 68.—Ateneo Libertario del Retiro.
Julián Gayarre, 6 y 8.—Radio 2 del partido comunista de la barriada del Pacífico.
Final de la calle de Jorge Juan.—Ateneo Libertario de La Elipa.
José Picón, 6 y 8.—Checa de milicias comunistas.
Juan Bravo, 12 (Falsa Embajada de Siam).—Checa de los Servicios Especiales de la C. N. T.
Lavapiés, 46.—Radio comunista del Sur.
Cine Legazpi.—Ateneo Libertario de Legazpi.
Lista, 25 y 29.—Checa comunista de las milicias de Líster.
López de Hoyos, 96 (Convento de los PP. Camilos).—Ateneo Libertario Guindalera-Prosperidad .
Glorieta de Luca de Tena, 10.—Ateneo Libertario de Delicias.
Luna, 11.—Central de la C. N. T., al principio del Movimiento.
Yeserías.—Checa del batallón «Octubre»
María de Molina.—Checa. Comité Local de Defensa de la C. N. T.
Magallanes, 93.—Checa del P.O.U.M.
Mayor, 85.—Checa comunista.
Marqués de Cubas, 19.—Checa de Elviro Ferret, dependiente del Subdirector de Seguridad.
Marqués de Monistrol, 1 v 3.—Checa comunista del Puente de Segovia.
Marqués del Riscal, 1.—Checa del Círculo socialista del Sur y de la Compañía de enlace, dependiente del Ministro de la Gobernación, Angel Galarza.
Martínez de la Rosa, 1.--Checa socialista de García Atadell, de las Milicias Populares de Investigación.
Méjico, 6.—Checa de las milicias y Radio comunista de la barriada de Guindalera
Mendizábal 24- Radio 7 de la JSU
Mesón de Paredes, 37 (Convento de Santa Catalina de Sena).—Ateneo Libertario de Barrios Bajos
Mesón de Paredes, 76.—Círculo socialista del Sur.
Miguel Ángel 1-Checa del Sindicato de Dependientes Municipales de la UGT
Miguel Ángel, 29.—Checa del Sindicato de Actores de la C. N. T
Montalbán 2, Ministerio de Marina Checa militar y después Jefatura del SIM rojo .
Montesquinza 2, Checa de la CNT
Paseo de Moret. - Comité del Cuartel del Infante don Juan, de la Moncloa
Montera 22.-Checa de los Listeros de la UGT
Moreto 17. Checa de milicias
Narváez 18.- Ateneo Libertario de Retiro
Núñez de Balboa 62.- Juventudes Socialistas Unificadas.
O´Donnell 8 (Hotel de don Alejandro Lerroux).-Círculo Socialista del Este.
O´Donnell 22 y 24 .- Radio Comunista del Este.
O´Donnell 57.- Ateneo Libertario de la Elipa.
Avenida de Julián Marín (Fundación Caldeiro).- Checa de las milicia socialistas del Este.
Pacífico 37.- Radio 2 del partido comunista.
Navarra 20.- Checa comunista del barrio del Norte.
Nicasio Gallego 19.- Sindicato de la Piel de la UGT y checa de milicias.
Nuestra del Señora del Carmen 20 (Huerta del Obispo).- Checa autónoma.
Plaza de Oriente (Palacio Nacional).- Puesto de mando militar y checa de los Tenientes coroneles Mangada y Romero.
Palafox 21.- Checa de milicias.
Palermo 15.-Radio comunista de las Ventas.
Paloma 19 y 21.- Círculo Socialista Latina-Inclusa.
Pedro Heredia 5 (Convento de Santa Susana).- Radio Comunista de Ventas.
Peironceli 1 y 2 (Puente de Vallecas).- Checa del barrio de Entrevías.
Pez 5.- Ateneo Libertario del Centro.
Palacio de Esquilache, en la calle del Prado.- Checa autónoma.
Pizarro 14.- Checa del POUM.
Princesa 13 y 15.- Radio 7 de la J.S.U.
Princesa 29.-Radio Comunista del Oeste.
Puente de Toledo 1.-Ateneo Libertario del Puente de Toledo, al principio del Movimiento.
Puebla 1.- Hospital-prisión que actuó como checa.
Raimundo Lulio 8.- Radio 9 de las JSU.
Paseo de Recoletos 23.- Checa de la Federación Española de los Trabajadores de la Enseñanza.
Rollo 2.-Círculo socialista del Distrito Latina-Inclusa.
Sacramento 1.-Círculo socialista Latina- Inclusa.
Salas 1.- Checa de la CNT.
Seminario Conciliar.-Círculo socialista Latina-Inclusa.
San Leonardo 9.-Checa comunista.
San Isidro 5.-Checa socialista-comunista del Puente de Segovia.
Toledo 52 (Convento de la Latina).- Checa de la CNT.
San Jerónimo 32.- Checa de las milicias vascas.
Santa Engracia 18.- Checa «Spartacus» de la CNT.
Santa Engracia 46.-Dependencia del Radio 9 del Partido comunista.
Calle de Santa Engracia.-Checa del Batallón «Octubre»
Paseo de Ramón y Cajal.- Checa del Comité del Cuartel de María Cristina.
Cuesta de Santo Domingo 6.- Checa del Comité Depurador de la Guardia Civil.
Plaza de Santo Domingo 13.-Checa del POUM.
Santa Isabel 46 (Palacio de Cervellón, del Duque de Fernán Núñez).- Checa de las JSU.
Serrano 43.-Checa de milicias.
Serrano 108.- Checa de la Brigada Especial.
Serrano 111.- Comité Regional de Defensa de la CNT.
Carretera de Toledo 23.-Checa «Casablanca».
Plaza de Toros de Tetuán de las Victorias.-Checa de la barriada.
Toledo 98.-Círculo socialista Latina-Inclusa.
Torrijos.-Checa del batallón «Octubre».
Los Requenas 9.-Ateneo Libertario del Puente de Vallecas.
Ventura de la Vega 1.-Checa de los Servicios Especiales de la CNT.
Ayuntamiento del Puente de Vallecas.- Checa del Frente Popular.
Carretera 70 (Escuelas Cristianas).- Checa socialista.
Carretera de Valencia 68 (Colegio de las Hermanas del Ave María) .- Checa comunista.
Teresa Llorente 9 (Hotel Piqueras, también llamado del General Ampudia).- Juventudes Libertarias y Comité de Defensa de la barriada del Puente de Vallecas.

Checas especiales de vigilancia de la Inspección General de Milicias Populares, dependientes del Comandante Barceló y del Teniente de Asalto Barbeta (uno de los complicados en el asesinato del Sr. CALVO SOTELO)

Ríos Rosas, número 37.- Inspección General de Milicias.
Pasaje de Bellas Vistas número 7.
Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Ciudad Universitaria.
Instituto Geográfico de la calle de Blasco de Garay.
Raimundo Fernández Villaverde número 44.
Ricardo Fuentes, esquina a Gómez Ortega (Altos del Hipódromo).
Blasco de Garay, equina a Cea Bermúdez.
Alberto Aguilera, 70.
Trafalgar, 31.
Abascal, 20.
Príncipe de Vergara, 44.
Cartagena, 93.
Carretera del Este, número 25.
Paseo de la Canalización (talleres de Vicente Rico).
Plaza de España (edificio de la Dirección de Sanidad).
Plaza de San Martín, número 4.
San Lorenzo, número 15.
Duque de Medinaceli, número 2.
Alarcón, número 23.
Plaza de Colón, número 3.
Doctor Esquerdo, esquina a Jorge Juan.
Estación de Coya.
Paseo de los Pontones, número 31.
Carrera de San Francisco, número 4.
Paseo de Santa María de la Cabeza (Perfumería Floralia).
Méndez Álvaro, número 66.
Antonio López, número 68.
Paseo de de las Delicias, número 114.
Ramón y Cajal, número 6.


Tampoco se agregan a estas «checas» últimamente enunciadas los numerosos puestos de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, posteriormente creadas a base de las anteriores «checas» del Comandante Barceló y de las restantes «checas» políticas y sindicales, pero que, por no haber comenzado a funcionar con arreglo a la nueva organización hasta noviembre de 1936, presentan una actuación menos definida, salvo la intervención conjunta de sus elementos, utilizados durante todo dicho mes por las autoridades rojas, en los asesinatos en masa de los presos que con esta finalidad fueron excarcelados v conducidos al campo de Paracuellos y a otros lugares próximos a la capital. Ascienden, por consiguiente, las «checas» que, con carácter inequívoco y permanente, actuaron en Madrid durante el dominio rojo, a un número de doscientas veintiséis, sin incluir una cantidad igual aproximadamente de Centros y Comités que realizaron detenciones y asesinatos de un modo más eventual, por lo que no se les atribuye el concepto de «checas».
Las «checas» políticas y sindicales de todas las significaciones y matices comprendidas dentro del Frente Popular, realizan sus asesinatos y desmanes sin otra limitación que la representada por la distinta capacidad material y elementos represivos a disposición de cada una de ellas. Pero dentro de esta identidad criminal entre todas las «checas», se caracterizan las del Partido Comunista por su ferocidad y ensañamiento, ya que no conformes con asesinar a sus víctimas, les hacen antes objeto de los martirios más crueles, no habiendo una sola «checa» comunista de Madrid en que estos martirios no se aplicasen con carácter casi general.
Así, en la «checa» de la calle de San Bernardo, número 72, fueron cruelmente maltratados antes de su asesinato D. Fernando García Bastarrica, D. Miguel Blanco Rodríguez, la señorita Teresa Pérez Villaverde, D. Jesús Pedrero García Noblejas (que murió en la Cárcel Modelo, poco después de su salida de la «checa», a consecuencia de los martirios sufridos) y muchas víctimas más, hasta el punto de ser muy raro el caso de detenidos que hayan pasado por la «checa» comunista de San Bernardo y no hayan sufrido malos tratos.
De modo unánime manifiestan los testigos que han sobrevivido a su detención en la «checa» de San Bernardo, que en la misma se escuchaban constantemente desde las celdas los lamentos de los detenidos que estaban siendo interrogados y que regresaban a sus respectivos calabozos, después de los interrogatorios, con muestras inconfundibles de las torturas sufridas, figurando entre estos testigos la señorita Lourdes Bueno Méndez, D. Francisco Camacho López de la Manzanara, D. Emilio Mateo Galán y D. Clemente Paramio Redondo, quien manifiesta que uno de los encargados de golpear a los detenidos era un individuo boxeador, que los sometía a grandes palizas, dando lugar a que algunos de ellas perdieran la razón. El cadáver de D. Manuel González de Aledo, asesinado por la «checa», apareció en 3 de agosto de 1936 con señales evidentes, en la cara y en distintas partes del cuerpo, de haber sido cruelmente maltratado por sus asesinos.
En la «checa» comunista de la Guindalera, instalada en la calle de Alonso Heredia, número 9, en un chalet conocido por «El Castillo», se aplicaron también los más bárbaros y refinados tormentos a las víctimas, entre las que cuentan multitud de mujeres, consistiendo estos martirios tanto en palizas como en aplicación de hierros candentes y en arrancamiento de las uñas de manos y pies. La señorita Francisca Buisanz Callizo ha relatado ante las Autoridades judiciales de la España. Nacional, tanto las palizas de larga duración por ella sufridas como los tormentos aplicados a doña Delfina del Amo Portolés, de cincuenta y dos años, que por no acceder a revelar el paradero de su hijo y de su yerno, militares, a quienes los chequistas buscaban para asesinarlos, fue asesinada finalmente, sin que le fuese posible calzarse, para marchar con los milicianos al lugar donde había de ser muerta, por tener los pies terriblemente hinchados a consecuencia de los malos tratos. La testigo doña Rosa Rodríguez de Miguel manifiesta que durante los martirios los chequistas ponían en funcionamiento un potente aparato de radio, que apagaba las quejas de las víctimas; la misma testigo fue duramente maltratada a vergajazos por dos chequistas, y relata que los miembros de la «checa» comentaban los martirios con regocijo, diciendo cada vez que se aplicaban a un detenido tales malos tratos, «que había habido corrida de toros».
En la misma «checa» comunista fue objeto de toda clase le vejaciones, antes de su asesinato, el Suboficial retirado de la Guardia Civil, D. José Azcutía Camuñas, a quien le fue colocado un gorro le papel, obligándole a ponerse en posición militar de firme, como escarnio, y desfilando ante él los miembros de la «checa», que le golpearon ferozmente, hasta el extremo de saltarle un ojo. Se da la circunstancia de que de la «checa» comunista de la Guindalera formaban parte varios ex presidiarios por delitos comunes, entre ellos Jacinto Vallejo y Román de la Hoz Vesgas (a) «el Vasco», lo que explica el encono que sentían contra los agentes de la Autoridad que caían en sus manos, concurriendo a estos desmanes varias mujeres, amantes de los miembros de la «checa».
La testigo doña Rosa Pizarro Cava, propietaria de una farmacia instalada en las proximidades de la «checa» de la calle de Alonso Heredia, declara que constantemente, desde el principio de los sucesos revolucionarios, hasta bien entrado el año 1937, oía desde su domicilio los lamentos de los detenidos en la «checa», sonando con mucha frecuencia disparos dentro de la misma, a la que, según la declarante, eran llevados numerosos objetos procedentes de saqueos domiciliarios, y entre ellos del palacio de Larios.
Las «checas» anarquistas, si bien asesinaban y robaban gran escala, no solían aplicar a sus víctimas trato tan. cruel, siendo menos frecuentes que entre los comunistas los casos de esta índole. Destacan entre las «checas» anarquistas, por el extraordinario número de asesinatos realizados, la «checa» del Cinema Europa, de la calle de Bravo Murillo; el Ateneo Libertario de Vallehermoso, así como los de Ventas, Retiro, Barrios Bajos y Delicias, la «checa» de la calle de Fe número 16, y la de Campo Libre, establecida en el número 126 de la calle de Fuencarral; puede señalarse el caso representativo de la «checa» anarquista de Spartacus, que radicó en el número 18 de la calle Santa Engracia, que fue la encargada de «depurar» la Guardia Civil de Madrid, habiendo asesinado en este cometido la referida «checa», sólo en la noche del 19 de noviembre de 1936, a cincuenta y dos miembros del Benemérito Instituto, entre jefes, oficiales, suboficiales y clases de tropa de dicho Cuerpo.
Ángel Galarza Gago, cabecilla republicano y después socialista; ministro del Gobierno del Frente Popular; organizador de las checas de las M. V. R. y amparador y director de las checas de Atadell, Riscal y otras, de las que se servía para su protección personal y para sus crímenes.

CAPÍTULO V
Persecución religiosa


«ESPAÑA HA DEJADO DE SER CATÓLICA» (Manuel Azaña, 1931)

La Constitución de la República, instaurada en España el 14 de abril de 1931, establecía el principio de libertad de conciencia en su artículo 27, garantizando el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión; pero el Gobierno republicano, lejos de prestar aquella garantía, permite que las turbas, instigadas por poderes ocultos, celebren el cambio de régimen con agresiones a la religión católica, traducidas en asaltos a conventos, cuyos hechos comenzaron a realizarse el mes de mayo de 1931, siendo los primeros que sufren las consecuencias de estos ataques el Convento de las Maravillas, el de las Mercedes, el de los Padres Carmelitas de la Plaza de España, el de los Sagrados Corazones de la calle del Tutor, todos ellos de Madrid, y otros muchos de provincias.
El Gobierno de la República, en enero de 1932, acogiéndose a la Regla 1ª del artículo 26 de la Constitución, que autorizaba la disolución de las Ordenes Religiosas que por sus actividades constituyeran un peligro para la seguridad del Estado, disuelve la Compañía de Jesús y se incauta de sus bienes; la Casa Profesa de Isabel la Católica, la Iglesia de la calle de la Flor, el Colegio de Areneros y otros varios templos y edificios de la Compañía de Jesús habían sido con anterioridad arruinados por los incendios o asaltados por las turbas.
Celebradas las elecciones del 16 de febrero de 1936 y triunfante el Frente Popular, continúa la labor destructora, y en marzo siguiente es incendiada la Parroquia del Salvador (documento número 1); en mayo es colocada una bomba por elementos desconocidos en la Parroquia de San Miguel, y al estallar el artefacto ocasiona serios daños. El día 13 del mismo mes perecen bajo la acción de las llamas la Iglesia de San Luis (a poca distancia del despacho oficial del Ministro de la Gobernación), de la cual apenas pudieron salvarse algunos vasos sagrados (documentos números 2 y 3) y la Iglesia de San Ignacio ; y el 19 de junio del mismo año, después de saqueada la Parroquia de San Andrés, la rociaron con gasolina, prendiéndola fuego (documento número 4). Estos hechos se realizan en presencia de los Agentes de la Autoridad, que observan actitud de espectadores, sin hacer nada por impedir la realización de tales delitos; registrándose, al mismo tiempo que en Madrid, numerosos desmanes análogos en diversas provincias, donde fueron incendiadas más de trescientas iglesias, cuyos hechos fueron todos ellos denunciados por el Diputado Sr. CALVO SOTELO en el Parlamento, poco tiempo antes de ser asesinado (documento núm. 5).
A partir del 18 de julio de 1936 es cuando la "persecución religiosa" adquiere su máxima intensidad, pues los grupos marxistas, bien armados se lanzan contra los templos y monasterios dispuestos a exterminar a sacerdotes y religiosos, siendo los aspectos principales de aquella persecución los siguientes:

A) Asaltos a iglesias y conventos

En los primeros días que siguieron al 18 de julio de 1936, son invadidos por las turbas rojas todos los templos y conventos, tanto en Madrid como en su provincia y resto de la zona marxista, consistiendo por regla general el procedimiento de invasión en el acordonamiento de los edificios y calles adyacentes a los mismos, por nutridos grupos de forajidos que penetran en los recintos sagrados, haciendo fuego con sus armas, sacando detenidos a los sacerdotes, religiosos o religiosas que encuentran. En otros casos, como justificación de sus desmanes, las milicias simulan haber sido agredidas por los religiosos; tal ocurrió en el Convento de Padres Agustinos de la calle de Valverde, que fue atacado a tiros después de haber sido arrojadas desde la calle al interior del edificio cápsulas, disparadas, de fusil, siendo acusados los moradores de hacer fuego sobre las milicias, que penetraron violentamente en el convento, llevándose detenidos a todos los Padres Agustinos que allí había.

B) Detenciones y asesinatos

La consigna marxista de detener y asesinar a los Ministros de la religión católica fue cumplida con tal precisión, que en la primera semana siguiente al 18 de julio caen por Dios y por España multitud de religiosos y todos los sacerdotes que a la sazón regentaban parroquias o ejercían su ministerio y que no pudieron ocultarse; bastando la mera sospecha de tratarse de un sacerdote para llevar a efecto el crimen, como en el caso del seglar D. Anselmo Pascual López, que fue hallado muerto en la carretera de El Pardo, con varias heridas causadas por arma de fuego y un letrero sobre el cadáver que decía: "Muerto por ser cura", siendo así que se trataba de un señor de profesión comerciante, de estado casado con doña Isidora Morón Machín, quien denunció este hecho a las Autoridades Nacionales después de la libe-ración de Madrid, añadiendo que su citado esposo era portador de unas dos mil cien pesetas, que le fueron robadas. Sucumben desde las altas personalidades eclesiásticas hasta los más humildes sacerdotes:

1. Obispos

El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Jaén, D. Manuel Basulto Jiménez, fue traído de aquella ciudad para ser asesinado en el lugar conocido con el nombre de «Pozo del Tío Raimundo», próximo al Cerro de Santa Catalina, del término de Vallecas (Madrid), en unión de su hermana y del Deán y Vicario General de aquella Diócesis, D. Félix Pérez Portela. Las expresadas víctimas, juntamente con unos doscientos detenidos de aquella provincia, bajo pretexto de ser trasladados a la Prisión de Alcalá de Henares, fueron conducidas a un tren especial que sobre las once de la noche del día 11 de Agosto de 1936 salió de Jaén custodiado por fuerza armada, siendo en el trayecto constantemente vejados por las turbas que esperaban en las estaciones de paso y que los insultaban y apedreaban, llegando el convoy a Villaverde (Madrid), donde fue detenido por los marxistas, que con gran insistencia pedían les fueran entregados los presos para asesinarlos. El Jefe de la fuerza que venía custodiando a los detenidos habló entonces por teléfono con el Ministro de la Gobernación rojo, y el resultado de la conferencia fue retirar las fuerzas mencionadas, dejando en poder de la chusma a los ocupantes del tren, que fue desviado de su trayectoria a Madrid y llevado a una vía o ramal de circunvalación hasta las inmediaciones del lugar ya mencionado del «Pozo del Tío Raimundo». Rápidamente empezaron los criminales a hacer bajar del tren tandas de presos, que eran colocados junto a un terraplén y frente a tres ametralladoras, siendo asesinados el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo y el Vicario General D. Félix Pérez Portela. La hermana del Sr. Obispo, que era la única persona del sexo femenino de la expedición, llamada doña Teresa Basulto Jiménez, fue asesinada individualmente por una miliciana que se brindó a realizarlo, llamada Josefa Coso (a) «La Pecosa», que disparó su pistola sobre la mencionada señora, ocasionándola la muerte; continuando la matanza a mansalva del resto de los detenidos, siendo presenciado este espectáculo por unas dos mil personas, que hacían ostensible su alegría con enorme vocerío. Estos asesinatos, que comenzaron en las primeras horas de la mañana del 12 de agosto de 1936, fueron seguidos del despojo de los cadáveres de las víctimas, efectuado por la multitud y por las milicias, que se apoderaron de cuantos objetos tuvieran algún valor, cometiendo actos de profanación y escarnio y llevando parte del producto de la rapiña al local del Comité de Sangre de Vallecas, cuyos dirigentes fueron, con otros, los máximos responsables del crimen relatado.
El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Lérida, Reverendo Padre Silvio Huix Miralpeix, nació en Vellors (Gerona) en 1877, y en 1927 fue nombrado Obispo de Ibiza, donde fundó diversas obras piadosas y benéficas y creó un colegio para niñas, siendo nombrado Obispo de Lérida en 1935. A los pocos días de haber comenzado el Movimiento, el Prelado se presentó voluntariamente a un puesto de la Guardia Civil, con el fin de obtener el amparo de las fuerzas de este Instituto y ser conducido a la cárcel, como medio de evitar su seguro asesinato, dada su condición sacerdotal, y movido también por el deseo de evitar riesgos a las familias que hasta entonces le habían escondido. Trasladado a la cárcel, el día 5 de agosto de 1936, se presentó en la misma el Sargento de Asalto Venancio Crespo, a la cabeza de un grupo de milicianos y guardias, siendo portador de una orden de la Comisaría de Orden Público o del Comité de Salud Pública, para la conducción a Barcelona del Obispo de Lérida y de veintiún presos más; al llegar a las proximidades del cementerio paró el camión, siendo fusilados los detenidos por un piquete de milicianos que, al parecer, aguardaban en aquel lugar ; como los demás Palacios Episcopales de España, el de Lérida había sido asaltado y saqueado desde el primer momento por los milicianos y turbas de extremistas.
El Excmo. Sr. D. Miguel Serra Sucarrats, que contaba al morir sesenta y nueve años de edad, había nacido en Olot (Gerona), habiéndose posesionado de la Diócesis de Segorbe el día 25 de junio de 1936. El día 22 de julio del mismo año, triunfante en la ciudad la subversión roja, el prelado se vio obligado a abandonar el Palacio Episcopal con su hermano y mayordomo el Canónigo D. Carlos y sus dos hermanas doña María y doña Dolores, para refugiarse en una casa particular de una familia piadosa, donde por elementos desconocidos fueron detenidos el 27 del mismo mes el Obispo y su hermano y conducidos a la cárcel ; ese mismo día los milicianos y las turbas asaltaron el Palacio Episcopal y profanaron la Catedral y demás templos de Segorbe, así como algunas tumbas, robando objetos del culto e incendiando archivos. El Obispo y su hermano conservaron sus ropas talares en la cárcel, de cuya custodia se encargaron las milicias de la llamada «Guardia Roja», de Segorbe, a las órdenes del Comité revolucionario. A las tres de la madrugada del 9 de agosto de 1936, por la patrulla del partido de Izquierda Republicana, intitulada «La Desesperada», fueron sacados de la cárcel el Obispo y su hermano, así como el Ilmo. Sr. Vicario General D. Marcelino Blasco Palomar y los religiosos fray Vicente Sauch, de la Orden Carmelita, y fray José María Juan Balaguer y fray Domingo García Ferrando, franciscanos, y asesinados todos ellos en la carretera de Algar, a siete kilómetros del pueblo de Vall de Uxó; al ser identificado el cadáver del Obispo, conservaba sus hábitos talares y llevaba al pecho sus medallas y relicarios.
El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Teruel, fray Anselmo Polanco y Fontecha, permaneció en la capital asediada por los rojos, en la que no quiso interrumpir su sagrado ministerio, no obstante las advertencias del peligro que corría; fue hecho prisionero al caer la ciudad en poder de las milicias marxistas en enero de 1938, ingresando en el Penal de San Miguel de los Reyes, de Valencia, de donde fue trasladado a Barcelona el 17 de enero del mismo año 1938. El 16 de enero de 1939, ante el avance de las tropas nacionales, fue trasladado varias veces de prisión dentro de Cataluña, en marchas penosísimas a pie, hasta que en la mañana del 7 de febrero de 1939 fue sacado de la prisión de Pont de Molíns por treinta milicianos que, al mando de un teniente y un comisario político, se hicieron cargo de los prisioneros de Teruel y, entre ellos, del Prelado, y después de desvalijarles y maniatarles, los sacaron de la prisión atados de dos en dos. Al señor obispo lo sacaron atado con otro preso, y conducidos los detenidos al barranco llamado Can Tretze, a unos mil doscientos metros de Pont de Molíns, fueron todos ellos asesinados, rociando los milicianos los cadáveres con gasolina, a la que prendieron fuego, y abandonándolos insepultos hasta que, ocho días después, fueron descubiertos e inhumados por las victoriosas tropas nacionales. Fray Anselmo Polanco, que contaba al morir cincuenta y seis años, había realizado una campaña misional muy activa en Filipinas y había verificado varios viajes a América del Norte y a América del Sur, posesionándose de la Diócesis de Teruel y de la Administración apostólica de la de Albarracín el 8 de octubre de 1935.
El Ilmo. Sr. obispo titular de Urea en Epiro y administrador apostólico de la Diócesis de Barbastro, D. Florencio Asensio Barroso, fue detenido por los milicianos rojos de Barbastro el 19 de julio de 1936, y después de prestar declaración los días 4 y 8 de agosto en el Ayuntamiento y ante el Comité rojo, fue trasladado a la cárcel y extraído de la misma al día siguiente para ser fusilado en la carretera de Sariñena; trasladado su cuerpo al cementerio y arrojado sobre una fosa en unión de un montón de cadáveres, se descubrió que todavía vivía, por lo que fue rematado de un tiro; de rumor público, que aún no ha podido ser comprobado judicialmente, se sabe que fue sometido, antes de su muerte, a terribles mutilaciones. El Dr. D. Florencio Asenjo Barroso, que contaba al morir sesenta años de edad, había sido Confesor del Seminario de Valladolid y Director espiritual del Sindicato de Obreras Católicas, habiendo tomado posesión de la Diócesis de Barbastro en abril de 1936.
El Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Tarragona, ilustrísimo Sr. Dr. D. Manuel Borrás Ferrer, fue detenido en el Monasterio de Poblet, donde se ocultó para librarse de la furia roja, por el Comité de Guerra de Vimbodí, el 24 de julio de 1936, siendo trasladado a la Cárcel de Montblanch, de donde fue sacado por el mismo Comité en una camioneta y llevado al lugar conocido por «Cap Magre», donde fue asesinado el 12 de agosto de 1936. Una vecina del barrio de Lilla vio el cadáver del Sr. Obispo en el cementerio de dicho pueblo, desnudo, con señales de haber sido quemado y faltándole el antebrazo izquierdo, apareciendo el cadáver completamente magullado.
El Obispo de Barcelona, Dr. Manuel Irurita Almandoz, que había huido del Palacio Episcopal en el momento de ser éste asaltado por las turbas extremistas, halló refugio en el domicilio de D. Antonio Tort Rexach, que vivía en Call, núm. 17, principal. El día 1° de diciembre de 1936, doce milicianos de la patrulla de control de la Sección 11, que radicaba en la calle de Pedro IV, número 166, allanó violentamente la casa de D. Antonio Tort, deteniendo a sus ocupantes, entre los que se encontraba el Sr. Obispo, cuya personalidad no fue descubierta de momento, ya que el motivo inicial del registro y de las detenciones fue una lista que poseía la patrulla de control referida, en la que figuraba D. Antonio Tort entre los peregrinos que habían acudido en determinada ocasión al Monasterio de Montserrat. Una vez interrogados los detenidos, fueron llevados a la «checa» de San Elías, donde permanecieron hasta el día 3 de diciembre, en que fueron sacarlos por la noche y fusilados el obispo Dr. Irurita, D. Antonio Tort Rexach y un hermano del anterior, llamado D. Francisco Tort Rexach, así como el familiar del obispo, Rvdo. Dr. Marcos Goñi. La casa que había dado cobijo al obispo de Barcelona fue totalmente saqueada por la patrulla de control que la invadió.
El Excmo. Sr. D. Manuel Irurita Almandoz era natural de Larrainza (Navarra), y tenía sesenta años de edad en la fecha del asesinato; había sido consagrado Obispo de Lérida en 25 de marzo de 1927 y se posesionó de la sede de Barcelona el 8 de mayo de 1930; sus restos descansan en la actualidad en el cementerio del pueblo de Moncada (Barcelona).
El Excmo. Sr. obispo de Cuenca, D. Cruz Laplana Laguna, de sesenta años, fue asesinado el 8 de agosto de 1936 en el kilómetro 5 de la carretera de Cuenca a Alcázar de San Juan, por unos pistoleros al servicio del Frente Popular, siendo inhumado su cadáver en el cementerio municipal y trasladado después de la liberación a la Santa Iglesia Catedral de Cuenca. El obispo se encontraba preso en el Seminario Conciliar, y en su unión fue sacado, para ser asesinado también, su Capellán D. Fernando Español Berdíe, que se ofreció voluntariamente a la muerte para no abandonar a su Prelado, habiéndose confesado mutuamente ambos sacerdotes a presencia de sus asesinos, a los que otorgaron su perdón.
En la ciudad de Sigüenza (Guadalajara) fue igualmente asesinado el Excmo. e Ilmo. Sr. obispo de la Diócesis, D. Eustaquio Nieto Martín, a los sesenta y dos años de edad. El 25 de julio de 1936 se le formó una especie de juicio ante las turbas, en el sitio conocido por el nombre de «Puerta de Guadalajara», siendo llevado seguidamente a su Palacio, donde al día siguiente, y sobre las cuatro y media de la madrugada, fue sorprendido por los marxistas, que asaltaron el Seminario e irrumpieron en la alcoba del Dr. Nieto, que fue vejado e insultado. Los criminales incendiaron una de las habitaciones, culpando al señor obispo como autor del incendio, llegándose a obtener fotografías del siniestro, que fueron publicadas en la prensa comunista. El día 27 del mismo mes de julio las milicias rojas sacaron al Sr. Obispo, al que condujeron en un automóvil a un lugar situado entre los pueblos de Estriégana y Alcolea del Pinar, de la provincia de Guadalajara, donde fue asesinado por disparo de arma de fuego y después rociado su cadáver con gasolina, a la que prendieron fuego.
Los Excmos. e Ilmos. Sres. Obispos de Almería y Guadix, D. Diego Ventaja Milán y D. Manuel Medina Olmos, el 25 de agosto de 1936 son llevados, procedentes de la Cárcel de las Adoratrices, juntamente con cien presos más, al buque-prisión Astoy-Mendi, anclado en el puerto, siendo introducidos en la carbonera del barco, donde los dos días que permanecen en tal situación son objeto especialísimo de escarnio y burla por parte de los milicianos rojos de la guardia, que les obligaban a realizar los actos más serviles, como barrer la bodega, Idear la cubierta y acarrear cestas de comida, en medio de los mayores insultos. El día 28 se les comunica que van a ser trasladados al Convento de las Adoratrices nuevamente, en unión de los sacerdotes y religiosos que en el Astoy-Mendi se encuentran cautivos, a cuyo fin se hace una lista donde se apuntan los nombres de los presos de condición religiosa, ordenándoseles subir a cubierta con el fin de trasladarlos a un camión que se halla en el puerto y en el que, al no caber todos, obligan a subir a los dos Sres. obispos, varios sacerdotes y algún seglar, siendo en total dieciocho el número de presos que quedan instalados en el camión; éste emprende la marcha, escoltado por milicias rojas, por la carretera de Málaga y, después de recorrer catorce kilómetros, al llegar a la «Cañada del Chisme» se detiene la expedición, siendo conducidos los presos a un barranco próximo, donde son asesinados a tiros. Uno de los Sres. obispos perdona previamente a los criminales y les otorga su bendición. Los cuerpos permanecen insepultos y los rojos de las cortijadas próximas van en grandes grupos al barranco a profanar los cadáveres, que son rociados con gasolina, a la que se prende fuego.
De estos dos Prelados, el Dr. D. Diego Ventaja Milán había nacido en el pueblo de Ohades, de la provincia de Almería, en 1882, habiendo hecho en Granada sus estudios eclesiásticos, ampliados en el Colegio Español y en la Universidad Gregoriana de Roma, desempeñando después el cargo de Prefecto de dicho Colegio Español de Roma. A su regreso a España, desempeñó el cargo de Rector del Seminario de Granada y –como uno de los colaboradores más íntimos del insigne pedagogo Padre Andrés Manjón, durante veinte años– fue Vicedirector de las meritísimas Escuelas del Ave María de la ciudad de Granada; el 16 de julio de 1935 tomó posesión de la Diócesis de Almería, y durante el poco tiempo que permaneció al frente de la misma, se distinguió por sus dotes de ecuanimidad y prudencia, explicando el Evangelio todos los domingos en la Santa Iglesia Catedral, en la que también explicaba lecciones de Catecismo, distinguiéndose tanto en una como en otra predicación por su gran sencillez, sólida doctrina y Unción evangélica.
El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Medina Olmos nació en Lanteira, Diócesis de Guádix, el 9 de agosto de 1869. Era Doctor en Sagrada Teología y Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, estudios estos últimos que había cursado en la Universidad de Granada. Siendo Canónigo del Sacro-Monte y con ocasión del Congreso Internacional celebrado en Granada en torno a la figura del Padre Suárez, publicó un trabajo titulado «La obra jurídica de Suárez». Durante su pontificado escribió diversas cartas pastorales, en momentos muy difíciles de la vida social española, y en marzo de 1936 encabezó con una crecida cantidad una suscripción en favor de los obreros, en ocasión en que ni él ni su Clero percibían remuneración alguna, suprimida por el Gobierno republicano.
Tanto el Obispo de Almería como el de Guádix se negaron, no obstante las prudentes advertencias que les fueron hechas durante el período prerrevolucionario, a abandonar sus respectivas Diócesis, y después de su detención, durante la cual fueron obligados a soportar los más soeces escarnios, insultos y blasfemias, se negaron igualmente a abandonar sus vestiduras talares, habiendo sido despojados los Prelados del pectoral y del anillo pastoral, que se apropiaron los que les detuvieron. Por conducto del Gobierno civil rojo de Almería se había publicado una nota en la Prensa, en la que se decía que los Obispos de Guádix y Almería se encontraban en el Convento de las Adoratrices, no en calidad de presos, sino de huéspedes.
El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Ciudad Real, Prior de las Ordenes Militares, D. Narciso de Esténaga y Echevarría, había nacido en Logroño el 29 de Octubre de 1882, de familia de posición social modesta. Trabajador infatigable, había escrito una notabilísima monografía sobre el Cardenal Aragón y cuando le sorprendió la muerte estaba escribiendo la historia de la Catedral de Toledo, con un material de más de 12.000 fichas, siendo un modelo de erudición y de humanismo su oración fúnebre con motivo del tricentenario de la muerte de Lope de Vega. Tanto por su sabiduría, como por su cultura y su extraordinaria elocuencia, así como por su bondad y su espíritu caritativo y cristiano, fue un verdadero apóstol, destacando notablemente su figura dentro del Episcopado español, habiéndose hecho querer por todos sus diocesanos. Puede afirmarse, por tanto, que su asesinato se debió sólo a su condición de Obispo, pues contra él no podía haber nadie que sintiese agravio alguno. Iniciado el Movimiento, el Dr. Esténaga se trasladó al domicilio de uno de sus feligreses; en la mañana del 22 de agosto de 1936 pararon a la puerta de dicha casa dos automóviles ocupados por milicianos, que reclamaron al Obispo en forma violenta, y como tardara en ser abierta la puerta, arreciaron sus golpes y amenazas, diciendo la volarían con dinamita, ante cuya situación el Sr. Obispo decidió salir y entregarse, diciendo: «Sea lo que Dios quiera», y otorgando su bendición a cuantos allí se encontraban. Acompañaba al Prelado su Capellán, D. Julio Melgar Salgado, quien, a pesar de que los milicianos le dijeron que con él no iba nada, no quiso separarse del Obispo y subió también al coche, habiendo sido asesinados uno y otro en el lugar denominado «Peralvillo Bajo», a unos ocho kilómetros de Ciudad Real ; habiendo aparecido con dos tiros en la nuca el cadáver del Obispo que, después de la liberación de España, fue exhumado y trasladado a la Santa Iglesia Catedral de Ciudad Real.
En la misma provincia de Ciudad Real fueron asesinados, además del obispo y su capellán, ciento ochenta y ocho sacerdotes, seculares y regulares, novicios y colegiales, cuyos nombres constan, incumbiendo la responsabilidad por estos desmanes al Gobernador civil rojo de la provincia de Ciudad Real y al Comité de Defensa frentepopulista que se constituyó en la misma
A los nombres de los doce Prelados relacionados anteriormente, hay que agregar el del Dr. D. Juan de Dios Ponce, que ejercía funciones episcopales en la Diócesis de Orihuela, como Administrador apostólico de la misma.

2. Otros asesinatos

De la Comunidad de Padres Agustinos han sido asesinados por las milicias rojas, sólo en Madrid, noventa religiosos, de los cuales doce pertenecían a la Residencia de la calle de Valverde, número 25; cincuenta y tres, a la del histórico Real Monasterio de El Escorial; doce, 41 Colegio Seminario de Leganés; cinco, a la Residencia de la calle de la Princesa, número 23; tres, a la de Columela, número 12, y seis, a de la calle de Montalvo, número 28.
En un registro practicado el día 22 de julio de 1936 por las milicias marxistas en el Colegio de Padres Agustinos de la calle de Bola, número 6, de esta capital, donde destrozaron algunas imágenes, como no encontrasen armas, el que capitaneaba el grupo marxista habló por el teléfono del Colegio con Margarita Nelken, Diputado comunista, la que ordenó que fueran conducidos los seis religiosos Agustinos que a la sazón había a la cárcel; ya en la prisión de Ventas, el Padre Agustín Seco fue extraído de la misma algún tiempo después y asesinado.
Entre las víctimas anteriormente citadas, se encuentran el Padre Julián Zarco, Bibliotecario de El Escorial y Académico de la Historia; Padre Melchor M. Antúnez, Profesor de la Central, de Árabe y miembro de la Escuela Árabe de Madrid; Padre Pedro Martínez Vélez, del que en unas declaraciones hechas por el Cardenal Lauri y publicadas en el periódico A B C, se decía que consideraba al Padre Martínez Vélez como uno de los españoles más importantes que habían pasado por la América española; Padre Avelino Rodríguez, Provincial de la Orden, Abogado, Profesor de la Universidad libre de El Escorial, que momentos antes de ser asesinado perdonó a los criminales; absolviendo a cada uno de sus compañeros de martirio; Padre Sabino Rodríguez, Doctor en Ciencias Naturales. investigador muy docto en Biología; Padre Mariano Revilla Rico, Asistente General, autor de valiosas obras sobre SS. Escrituras.
Los cincuenta y tres Padres Agustinos, pertenecientes a la comunidad del Real Monasterio de El Escorial, fueron trasladados a la Cárcel de San Antón, de Madrid, y juzgados en dicho prisión por unos tribunales compuestos por chequistas, entre los que figuraban también mujeres; se preguntaba a los religiosos si estaban dispuestos a coger las armas para defender al Gobierno rojo y si condenaban la actitud de los Obispos y del Clero de la zona nacional, y al contestar negativamente a ambas preguntas los religiosos, se les hacía retirar, no sin antes pronunciar el que presidía el tribunal la palabra Libertad, que era, en definitiva la contraseña para indicar la pena de muerte. A los últimos religiosos que fueron juzgados, tan sólo se les pedía el nombre y apellido.
El Padre Dominico José Gafo Muñiz, ante el asalto del convento de la calle de Claudio Coello, que fue convertido en «checa», hubo de refugiarse en una casa particular de la calle del Príncipe de Vergara, donde fue detenido por los milicianos en la primera quincena del mes de agosto de 1936, siendo trasladado a la Cárcel Modelo, en la que permaneció hasta el día 3 de octubre del mismo año, en que fue decretada su "libertad"; cuando se disponía a salir de la celda, sus compañeros de cautiverio le recomendaron que no saliese, pues trataban de matarle, y, efectivamente, al salir en la mañana del día 4 de octubre, y encontrándose ya en la calle, fue muerto por una descarga cerrada que le hicieron los milicianos rojos apostados en las proximidades, siendo su cadáver recogido e identificado, practicándose su inhumación en el Cementerio del Este (Documento número 6). El Padre Gafo era conocidísimo por su relevante personalidad intelectual, como escritor y gran predicador.
Asimismo el Padre Luis Furones Arenas, durante el asalto al Convento de Dominicos de Atocha, al que pertenecía, fue agredido a tiros por las turbas rojas, cayendo en plena calle herido, donde permaneció unas seis horas, hasta que murió, sin que le fueran prestados los auxilios que reclamó insistentemente. El total de víctimas entre los Religiosos Dominicos de Madrid es de veinticinco, figurando entre ellos Profesores de Colegios y de Universidades y Misioneros como el Padre José María Carrillo, que hacía pocos meses había llegado de China.
Los Hermanos de San Juan de Dios son también víctimas de la persecución marxista, y así en el Hospital-Asilo de San José, de Carabanchel Alto (Madrid), regentado y servido por estos humildes Hermanos (dedicados a la meritoria obra de practicar la caridad cuidando enfermos y desvalidos), sobre los doce de la mañana del día 1° de setiembre de 1936, penetraron fuerzas de Asalto y milicias rojas que, interrumpiendo a los Hermanos en su tarea de servir la comida a los enfermos, procedieron a detener a doce de aquéllos, que fueron subidos en un camión, que rápidamente emprendió la marcha seguido de tres coches juntos camino de Boadilla del Monte, partido judicial de Navalcarnero (Madrid), llegando a la finca denominada «Monte de Boadilla» . donde tras un declive del terreno y junto a un arroyo, en el lugar conocido con el nombre de «Puente de Piedra», bajaron a los religiosos, que fueron alineados al borde de una gran fosa abierta al efecto y muertos a tiros de fusil. (Documento número 7.) Los cadáveres, que han sido exhumados y perfectamente identificados, corresponden a los que en vida se llamaron Cecilio López López, en el siglo Enrique; Eutimio Aramendia García, en el siglo Nicolás; Cesáreo Niño Pérez, en el siglo Mariano; Cristiniano Roca Huguet, en el siglo Miguel; Dositeo Rubio Alonso, en el siglo Guillermo; Rufino las Heras Aizborbe, en el siglo Crescencio; Benjamín Cobos Celada, en el siglo Alejandro; Carmelo Gil Arana, en el siglo Isidoro; Proceso Ruiz Cascales, en el siglo Joaquín; Canuto Franco Gómez, en el siglo José; Faustino Villanueva Igual, en el siglo Antonio, y Cosme Brun Arará, en el siglo Simón.
En el Asilo de San José mencionado, cuya incautación efectuaron los rojos, cometieron éstos un inaudito atropello contra los más elementales principios de humanidad, en contraste con la caridad practicada por los Hermanos de San Juan de Dios: En los primeros días de noviembre de 1936, ante el avance de las Fuerzas nacionales, próximas a entrar en Carabanchel, abandonaron las milicias rojas el edificio del Asilo; pero antes resolvieron asesinar a los enfermos epilépticos asilados, y cuando trataban éstos de esconderse en los refugios, los milicianos dispararon sobre ellos, resultando muertos trece de estos enfermos, cuyos cadáveres quedaron tendidos en las aceras y paseos del establecimiento, siendo los nombres de las víctimas los siguientes: Adolfo Matíes Valero, Gregorio López Hernández, Ángel Carretero Gutiérrez, Teófilo Torres de la Fuente, Luis Cabrero Fernández, Bernardino Rodríguez Rodríguez, Vicente Galdón Jiménez, Félix Castro Mayoral, Alejandro Moreno Alcobendas, Gaspar Martín Riquelme. Florentino Prieto Anievas, Manuel Pedraza García y Canuto Domínguez Alonso.
También en Valencia cayeron víctimas de la persecución frentepopulista los religiosos que desempeñaban su caritativa misión en el Asilo-Hospital de San Juan de Dios. Los nombres de los doce mártires –cuyas fotografías, obtenidas después de su muerte, obran en el correspondiente anexo, con los números 8 a 19–, son los siguientes: Hermanos José Miguel Peñarroya Dolz, Leandro Aloy Domenech, Feliciano Martínez Granero, empleado D. Julio Fernández Fuentes, (Documentos números 20 y 21.) En la misma Estación de Atocha, y también el capellán D. Luis Vilá Plá, Hermanos Publio Fernández González, Avelino Martínez Aranzada, Cristóbal Barrios, Juan José Orayen Aizcorta, Cruz Ibáñez López, Leopoldo de Francisco y empleado Cándido Garacochea.

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Sor Gertrudis Lamazares, religiosa de la Comunidad Terciarias Franciscanas de la Divina Pastora, del convento de la calle de Santa Engracia, número 132, de Madrid, fue apresada en la portería de la casa número 7 de la calle de Diego de León, donde estaba escondida, siendo conducida por los milicianos, en unión de una señora y de un sacerdote, ambos desconocidos, en un automóvil hasta un pinar de la carretera de Hortaleza, en cuyo lugar, después de ser bárbaramente maltratados, fueron atados los tres al vehículo, que, emprendiendo la marcha, los arrastró hasta el pueblo de Hortaleza, al que llegaron ya muertos y completamente destrozados, siendo pisoteados y profanados los cadáveres por el vecindario rojo. El Coadjutor de la parroquia de San Juan Bautista, de Canillas (Ciudad Lineal), D. Julio Calle Cuadrado, fue introducido en un saco y, una vez atado éste, le pincharon con horcas y cuchillos hasta producir la muerte al referido sacerdote, siendo los criminales elementos pertenecientes a las «checas» del barrio de Ventas. La Religiosa Sor Carmen Valera Halcón del Convento de Nuestra Señora del Amparo, de la calle de las Huertas, número 16, de Madrid, fue asesinada al no acceder a las sacrílegas proposiciones de vida marital hechas por uno de los milicianos que habían asaltado el convento.
Abandonados por los sacerdotes y religiosos de todo orden sus hábitos y vestiduras talares para disimular su personalidad, las milicias rojas extreman su celo, con el fin de descubrir a las personas de aspecto eclesiástico para detenerlas y asesinarlas; así, por ejemplo, las Religiosas Adoratrices Sor Felisa González y Sor Petronila Hornedo, que se vieron obligadas a abandonar su convento de Guadalajara y marchar disfrazadas a Madrid; a su llegada a la estación Atocha, el 13 de agosto de 1936, fueron detenidas en la «checa» de dicha Estación, en unión de D. José Luis Hornedo Huidobro, hermano de Sor Petronila, y asesinados seguidamente, habiendo aparecido los cadáveres en un descampado de la calle de Méndez Álvaro, próximo a la Estación, el día 31 de agosto, siendo fotografiados los cadáveres de ambas religiosas en el Depósito Judicial el mencionado día 31. (Documentos 20 y 21). En la misma Estación de Atocha, y también en el mes de Agosto del mencionado año, las milicias de aquella «checa» derribaron a tiros, en uno de los andenes, a dos hombres señalados como religiosos, que trataban de subir a un tren ; como una de las víctimas diese señales de vida, el médico de la Estación, D. Pedro de Retes, hizo conducir al herido al Servicio Sanitario, donde le prestó asistencia facultativa, teniendo que sobreponerse dicho médico, en unión de su compañero, el Dr. Eduardo Varela de Seijas, a la furia de los asesinos, que trataban de rematar al herido, el cual fue conducido por unos camilleros al Hospital General.
La barbarie roja no se recató en la comisión de sus crímenes al ejecutarlos en el mismo casco de la población de Madrid, siendo muerto a tiros en plena calle María de Molina un Hermano de la Compañía de Jesús, llamado José Montero, sobre cuyo cadáver se colocó un letrero que decía: “Soy Jesuita”, lo que motivó que grupos extremistas corrieran a verle y le escarnecieran, permaneciendo en la calle el cadáver durante varias horas.
Estos crímenes se repiten sin cesar en las distintas provincias sometidas al dominio rojo, y así, en Lérida –donde fueron condenados y ejecutados numerosos religiosos–, el Hermano Domingo María, llamado en el siglo Jesús Merino Albéniz, que llevaba cinco años enfermo del mal de Pott, que le retenía en la cama, cubierto de llagas, fue sacado del Hospital de la Cruz Roja de Balaguer, al que había sido trasladado, y conducido por los marxistas desde dicho Hospital, en el mismo colchón donde estaba acostado, al cementerio del pueblo, en cuyo lugar fue rociada la colchoneta con gasolina, a la que prendieron fuego, muriendo la víctima abrasada.
En Toledo, además de los numerosos sacerdotes y religiosos asesinados, fueron muertos también todos los canónigos de la Santa Iglesia Catedral que la milicias rojas pudieran hallar. Estos miembros del Cabildo de la Iglesia Catedral de Toledo, que en número de doce fueron víctimas de la persecución frentepopulista, son los siguientes


D. Inocente Arnaz Moreno, de cincuenta y cuatro años
D. Valentín Covisa Calleja, de sesenta y nueve años
D. Vidal Díaz Cordobés, de sesenta y cuatro años.
D. Arturo Fernández Vaquero, de cincuenta y cinco años.
D. Juan González Mateo, de cincuenta y dos años.
D. Ramiro Herrera Córdoba, de setenta y cuatro años.
D. Arturo Fernández Vaquero, de cincuenta y cinco años
D. Juan González Mateo de cincuenta y dos años
D. Ramiro Herrera Córdoba de setenta y cuatro años
D. Joaquín de Lamadrid Arespacochaga de setenta y seis años
D. Rafael Martínez Vega de cincuenta años
D. Idelfonso Montero Díaz de cincuenta y tres años
D. Calixto Paniagua Huecas
D. José Polo Benito de cincuenta y seis años; y
D. José Rodríguez García Moreno, de cincuenta años.

En el pueblo de Daimiel (Ciudad Real), el sacerdote don Bernardino Atochero López fue obligado a cavar la fosa donde se le había de enterrar y, herido por un disparo, fue arrojado con vida al fondo de la sepultura, volviendo los milicianos a disparar sobre él sin producirle tampoco la muerte, arrojándole entonces una esportilla de cal; enterrado con la cabeza fuera de tierra, fue rematado a puntapiés.
En el convento de religiosos de La Merced, de Jaén, el 20 de julio de 1936, fecha del asalto al mismo por las turbas rojas, es asesinada la mayor parte de la Comunidad dentro del recinto del convento, siendo arrojados los cadáveres de los Padres Santos Rodríguez, Laureano de Frutos, Jenaro Millán y del Hermano Eduardo Gómez, a un carro de basura que los paseó por las calles de Jaén.
No se limitó la persecución a los Ministros de la Religión, sino que con idéntico encono alcanzó a los seglares que por sus sentimientos católicos formaban parte de las Congregaciones o Agrupaciones piadosas de fieles, cuyos ficheros fueron a parar a las milicias y «checas», que los utilizaron para orientar la campaña de aniquilamiento emprendidas. Acción Católica de España, la Adoración Nocturna y otras entidades análogas, vieron asaltados y saqueados sus Centros y sus miembros fueron despiadadamente perseguidos. En Madrid, entre otros muchos casos, se encuentra el de la Asociación de la Virgen Milagrosa; cuyas listas de congregantes cayeron en poder del Círculo Socialista del Norte, que asesinó por ese solo motivo a cuántos de ellos pudo hallar, siendo las víctimas el tesorero de la Junta D. Agustín Fernández Vázquez, de profesión cartero; D. Felipe Basauri Altube, D. Martín Izquierdo Mayordomo, D. Eduardo Campos Vasallo, D. José Garví Calvente y otros.

c) Sacrilegios y profanaciones

A partir del asalto de las turbas rojas de los conventos e iglesias, fue corriente en las calles de Madrid y en las demás poblaciones sometidas al poder marxista, el espectáculo de facinerosos armados revestidos con ornamentos sagrados, haciendo remedo de los actos litúrgicos, celebrándose simulacros de bodas católicas, como el que apareció en una fotografía publicada en el periódico Ahora, en su página sexta del número 1809 de II de octubre de 1936. (Documento número 22.)
Se cometen los más atroces sacrilegios, debiéndose recordar, entre los realizados en Madrid, el de la Imagen del Niño Jesús, que fue vestido de miliciano, colocándole a la puerta de la Iglesia de San José, ostentando dos enormes pistolas. En el Convento de Religiosas del Culto Eucarístico, de la calle Blanca de Navarra, fueron pisoteadas las Formas por los asaltantes, y cuando ante el Comité de Sangre de El Pardo (Madrid) comparecía D. Cipriano Martínez Gil, Párroco de aquel pueblo, uno de los milicianos rojos empleaba un vaso sagrado para afeitarse, en el mismo local en que los dirigentes marxistas, en estado de embriaguez, juzgaban al sacerdote, que fue condenado a muerte y ejecutado.
En la iglesia del Carmen se celebraban parodias del Santo Sacrificio de la Misa y de funerales, desenterrando las momias del cementerio religioso que en dicha iglesia existía, profanándose en la forma que aparece en el anexo documental. (Documento número 23).
De la misma manera, en Barcelona, son expuestas al público las momias profanadas por los marxistas, que desenterraron las que existían en el Convento de las Salesas del Paseo de San Juan (Documento número 24.) Es digno de mención el sacrilegio llevado a efecto en la iglesia de los Dominicos de Valencia, incautada por el Frente Popular, y donde se efectuaron representaciones teatrales como la publicada en el periódico rojo Ahora del 22 de septiembre de 1936 (Documento número 25).
En Alcázar de San Juan (Ciudad Real), las turbas rojas se apoderaron de las Sagradas Formas, que se comieron, haciendo simulacro de la Sagrada Comunión, entre burlas y blasfemias. Con la patrona de la capital, la Santísima Virgen del Prado, se cometió el sacrilegio de fingir casarla con un hombre, y terminada que fue la profanación, la arrojaron desde el lugar donde estaba situada a gran altura del altar al suelo del templo, donde terminaron de destrozarla.
El conocido escritor pornográfico, públicamente calificado de homosexual, Álvaro Retana, dirigió al Jefe del S. I. M. rojo, Ángel Pedrero, una carta en la que decía textualmente: «Necesito una custodia grande, para incrustarla por un lado un reloj y por el otro un retrato de «La Chelito»; un cáliz para poner tres rosas con los tres colores de la bandera republicana; ...una imagen del Niño Jesús, para vestirlo de miliciano, con su fusil al hombro». Los objetos sagrados reclamados por Retana le fueron entregados por la Autoridad del Frente Popular y fueron hallados en el domicilio de dicho individuo, terminada ya la guerra civil, apareciendo las casullas, cálices y custodias, mezcladas, con propósito de escarnio, con pinturas y retratos inmorales.

D) Destrucciones y saqueos

Todas las iglesias de la Diócesis de Madrid y su provincia fueron interiormente desmanteladas por el Frente Popular, habiendo desaparecido de ellas altares, retablos e imágenes, que fueron sustituidas por retratos de Stalin y cabecillas rojos españoles; sin embargo, de estas destrucciones se exceptúan las iglesias de San Francisco el Grande, la Encarnación y las Descalzas Reales, por la razón de que las tres eran propiedad del Estado, y las iglesias de las Calatravas, San José y San Luis Gonzaga, de las calles de Alcalá y Zorrilla, respectivamente, las que, salvo algún sacrilegio aislado, fueron respetadas por su céntrico emplazamiento y con el fin de aparentar los dirigentes rojos una salvaguardia que nunca se practicó y, sobre todo, para ofrecer al extranjero, cuando hubiese necesidad de ello, una muestra de protección a la Iglesia católica.
El Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, lugar de peregrinaciones, después de ser asaltados los edificios religiosos que le circundaban, fue volado con dinamita el 7 de agosto de 1936, al cabo de varios días de trabajo en la confección de barrenos, con máquinas perforadoras, labor interrumpida a veces para que los piquetes de milicianos simularan el fusilamiento de la imagen. La tradicional denominación española del Cerro de los Ángeles fue sustituida por la de Cerro Rojo. (Documentos números 26 y 27.)
En Castellón de la Plana, en los primeros días de agosto de 1936, las turbas asaltaron la iglesia arciprestal de Santa María, Monumento nacional, quemando en una hoguera todas las imágenes y objetos sagrados, así como los documentos de los archivos de la iglesia y de la abadía, quedando destruidas también una colección de pinturas de los siglos XVII y XVIII. Después de alguna discusión entre ciertos organismos rojos, el Ayuntamiento acuerda, en sesión plenaria, la demolición del templo, y el Comité Local de la C. N. T., en un escrito de tonos soeces, de 25 de mayo de 1937, se solidariza con el Ayuntamiento en su propósito de destrucción de la iglesia, que se lleva a efecto. (Documentos números 28 a 30.)
Simultáneamente a la labor destructora tiene lugar la de saqueo, y así, en la Catedral de San Isidro, de Madrid, se apoderan las milicias marxistas de cuatro lienzos de Arellano, cuadro central de «La Inmaculada», de Alonso Cano ; «El Paso de la Caída», de Alfaro ; «Retablos de San Francisco de Borja», de Francisco Ricci; «Retablos», de Herrero el Mozo y Pedro de Mena, desapareciendo, como consecuencia del incendio provocado por las turbas rojas, los famosos frescos pintados por Goya, Claudio Coello, Jiménez Donoso, Sebastián Herrera, etc., quedando el interior de la Catedral totalmente destruido. (Documento número 31.) El Palacio del Obispo de Madrid fue también asaltado por las turbas, que se apropiaron de cuantos objetos de valor existían en el mismo. (Documento número 32.) Las milicias rojas no solamente sustrajeron las imágenes y objetos de culto existentes en los templos, sino también en domicilios particulares, como el Palacio del Marqués de Cortina, donde hallaron valiosísimas imágenes. (Documento número 33.)
Del Real Monasterio de El Escorial fueron robadas las siguientes obras pictóricas, entre otras muchas : El cuadro «El Descendimiento», de Van der Veyden; siete óleos del Greco, un Velázquez y varias obras de Tiziano, Tintoretto y Ribera ; dos mil quinientos manuscritos preciadísimos de su Biblioteca, entre ellos el famoso Códice Áureo» y el «Ovetense», del siglo XVII; los autógrafos de Santa Teresa ; la Custodia llamada de «Las Espigas»», y la de la Sagrada Forma, que regaló Isabel II, y gran cantidad de tapices de enorme valor; algunas de estas obras han sido recuperadas después de la total liberación de España, en Figueras (Gerona), donde habían sido trasladadas por el Gobierno marxista en su huída con dirección al Extranjero.
En Valencia, ciento cuarenta y ocho pueblos de su provincia sufrieron las consecuencias de destrucciones y saqueos de sus iglesias, donde se robaron cuadros de gran mérito artístico y de notable antigüedad, con una valoración de ciento seis millones de pesetas.
En Jaén, la magnífica iglesia tipo basilical quedó totalmente destrozada y destruidas sus imágenes y demás objetos de culto, ocurriendo lo mismo con la Catedral de Sigüenza. En Toledo, los rojos se apoderaron de la mayor parte del tesoro artístico de la Catedral, realizándose este saqueo el 4 de septiembre de 1936 por orden del entonces Presidente del Consejo de Ministros D. José Giral. (Documento número 34 y 35.)
La rápida liberación de Toledo impidió la pérdida de otras joyas valiosas, como la célebre Custodia de Enrique de Arfe, que ya estaba desmontada, estando también descolgados, para llevárselos, los cuadros que atesora la Catedral.
Al liberarse Toledo, habían desaparecido de la Catedral todos los objetos que figuran en el acta anexa, siendo los más notables: Las dos coronas de la Virgen del Sagrario, valorada una de ellas en medio millón de pesetas y otra en doscientas cincuenta mil; la bandeja de plata repujada del «Rapto de las Sabinas» (siglo XVII, tasada en un millón de pesetas; superhumeral de la Virgen, valorado en seiscientas mil pesetas; un manto de la Virgen del Sagrario, del siglo XVII, con perlas, valorado en millón y medio de pesetas; dos caídas del manto de la Virgen, tasadas en cuatrocientas mil pesetas; los tres tomos de la Biblia de San Luis, correspondientes al arte gótico, de un valor incalculable. La devastación alcanzó a los demás conventos de la ciudad y pueblos de la provincia, pudiendo señalarse por vía de ejemplo el caso del pueblo de Esquivias, de donde las milicias rojas se llevaron autógrafos de Santa Teresa y Sor María de Agreda y libros de partidas de los años 1578 a 16o7, que contenían el matrimonio de don Miguel de Cervantes con doña Catalina de Palacios.
También en Ciudad Real, como en las demás provincias por donde pasó el terror marxista, todo el patrimonio artístico-religioso fue destrozado por las turbas, y el de más extraordinario valor económico fue hecho desaparecer por los dirigentes marxistas. Aparte de joyas artístico-religiosas de incalculable valor, destrozadas unas y expoliadas otras, puede señalarse como caso relevante la expoliación del tesoro de la Virgen del Prado, de Ciudad Real, en el que figuraba un portapaz del artífice Becerril, valorado en un millón de pesetas, y que había sido exhibido en la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
En la Región catalana, las depredaciones del tesoro artístico-religioso, debidas a la barbarie de las turbas o a la rapiña de los dirigentes frentepopulistas, que las sustrajeron en su provecho, revisten los mismos caracteres que en el resto de España; así en la Diócesis de Vich, la Iglesia Catedral fue incendiada y saqueada a partir del día 21 de julio de 1936; toda la Catedral, menos la bóveda, estaba decorada con pinturas del renombrado artista D. José María Sert, importando tan sólo los materiales de estas pinturas, prescindiendo de su gran valor artístico, setecientas cincuenta mil pesetas. Entre otras muchas joyas, se apoderaron los asaltantes de una Custodia del siglo XV y de un Copón del siglo XIV, valorados ambos en un millón de pesetas, habiendo sido la Custodia fundida y convertida en chatarra. Fue parcialmente destruido el Palacio Episcopal; las turbas le invadieron el día 21 de julio de 1936, y lo incendiaron, comenzando por el archivo de la «Mensa Episcopal» y «Curia Eclesiástica», de incalculable valor, que poseía pergaminos y documentos que se remontaban al siglo 1x, y que se han perdido en su totalidad.
En la Diócesis de Cuenca, en que fue igualmente saqueada la Catedral y destruido el cuerpo del Patrono de la ciudad, Obispo San Julián, así como la caja que guardaba sus restos, fue saqueada también la magnífica biblioteca existente en el Seminario, siendo destruido por el fuego prendido en la plazuela del mismo edificio unos 10.000 volúmenes de los 32.000 de que constaba, habiéndose perdido el célebre «Catecismo de Indias».

E) Incautaciones

Todos los partidos políticos del Frente Popular se incautaron de los edificios pertenecientes a iglesias y conventos, que fueron destinados a muy diferentes fines, como «checas», cárceles, casas de vicio, cuadras, bodegas, garajes, almacenes, cinematógrafos; la iglesia de los Santos Justo y Pastor, en Madrid, fue destinada por los milicianos a almacén de vinos y taberna, figurando en el lugar que ocupaba el altar mayor un gran retrato de Manuel Azaña; no faltando casos de celebración de mítines en iglesias, como el organizado en uno de los templos de la Orden de Religiosos Capuchinos, también en Madrid, en el que dirigió la palabra a las masas rojas desde el púlpito la agitadora marxista Margarita Nelken.
La iglesia de las Salesas Reales, situada en la calle de Doña Bárbara de Braganza, en Madrid, por Decreto rojo, publicado en la Gaceta de 17 de octubre de 1936, queda adscrita al Palacio de Justicia, con cuyo edificio fauna un solo cuerpo, dejándola desafectada del servicio del culto católico. Dicha iglesia, desde los primeros momentos de la revolución marxista ya había quedado totalmente separada de su verdadero destino, pues las milicias rojas la habían saqueado y cometido sacrilegios, acompañándose en el anexo documental una fotocopia del mencionado Decreto rojo. (Documento número 36.)

* * *

Una orden circular del gobierno marxista, fechada en Barcelona en 5 de julio de 1938 y aparecida en la Gaceta de la República del siguiente día (Documento núm. 37), simula protección a los sentimientos religiosos, facultando a los ministros del culto y miembros de Congregaciones Religiosas para prestar su servicio militar en Sanidad, por la mayor compatibilidad de estos servicios con la condición eclesiástica de dichos reclutas. Y en otra Orden de 1° de marzo del mismo año se invoca, con falsedad patente, el caso de dos religiosos carmelitas que, según la disposición oficial referida, desertaron de la zona nacional para unirse al ejército republicano, que «supo tener con ellos el respeto debido a sus sentimientos». Precisamente los religiosos carmelitas sufrieron la más enconada persecución por parte del Frente Popular, habiendo sido asesinados solamente en Madrid los siguientes carmelitas calzados: fray Andrés Vecilla Bartolomé, fray Aurelio García Antón, fray Antón García, fray Francisco Pérez Pérez, fray Ángelo Regilón Lobato, fray Ángel Sánchez Rodríguez, fray Adalberto Vicente Vicente, fray Silvano Villanueva González y el Padre Alberto Marco Alemany. También en la capital fueron asesinados los siguientes carmelitas descalzos: P. Saturnino Díaz Díaz, P. Epifanio Echevarría Barrena, P. Victoriano Hernández Vicente, P. Juan García García, P. José Perote Yébenes, P. Juan Vázquez Mejorado, P. Pío Zataraín Iruretagoyena, fray Juan Cascajares Pérez, fray Gabriel Cuesta García, fray Juan San Juan Escudero, fray Valentín Sánchez, fray José Villanueva Sarasa, y el P. Mariano Martín García, que fue muerto en El Escorial, resultando destrozados los conventos e iglesias carmelitas. La misma orden circular marxista, de 25 de junio de 1938, dispone que los Jefes de las distintas Unidades militares faciliten a quienes lo demanden los auxilios espirituales, administrados por los Ministros de la religión que estén autorizados para ejercer libremente las prácticas de su culto. Para apreciar debidamente la sinceridad de esta disposición oficial puede mencionarse el caso, que consta concretamente, de que en la 112 Brigada Mixta, que guarnecía uno de los sectores de El Pardo (Madrid), fue condenado a muerte D. Luis Lucas Xarrié, de veintiún años de edad, empleado del Banco Hispano Americano, en unión de otros dos jóvenes, y al serles comunicada la sentencia, invitándoles a manifestar su última voluntad, respondieron los tres condenados que deseaban confesarse. En seguida se les presentó un falso sacerdote, que simuló recibir confesión a las víctimas.
El total de asesinatos cometidos en las personas de los Ministros de la religión católica o profesos religiosos por el Frente Popular, en lo que fue zona roja, asciende a siete mil novecientos treinta v siete, entre obispos (de los cuales fueron asesinados 13), sacerdotes (5.255) y religiosos (2.669), correspondiendo a Madrid mil ciento cincuenta y ocho (de los cuales ciento once son religiosas asesinadas en la capital), y a Barcelona un total de mil doscientas quince víctimas, también por el solo motivo de su carácter religioso o condición sacerdotal; en Valencia, setecientas cinco; en Lérida, trescientas sesenta y seis; en Tarragona, doscientas cincuenta y nueve, y en las demás provincias sometidas al terror marxista estos asesinatos se cometen también en cifras muy elevadas.

* * *

La enconada persecución desencadenada contra la religión católica y sus ministros fue ya públicamente denunciada (no obstante carecerse en aquella época de todos los datos, después adquiridos al ser liberado completamente el territorio español por el Ejército nacional) en la carta colectiva de los Prelados españoles de 1° de julio de 1937, que recuerda los asesinatos de los Obispos y de los millares de sacerdotes y religiosos sacrificados hasta entonces por el marxismo. Uno de los Prelados firmantes de esta carta, el Reverendo fray Anselmo Polanco Fontecha, obispo de Teruel, fue luego apresado por el ejército rojo –al apoderarse éste transitoriamente de la plaza de Teruel–. La Prensa marxista publicó en 9 de enero de 1938 una nota oficial del Ministerio de Defensa en la que se consignaba la gratitud, según el gobierno rojo, expresada por el referido prelado, en razón del trato recibido; no obstante lo cual, D. Anselmo Polanco Fontecha fue asesinado en febrero de 1939 por las milicias rojas en las circunstancias ya conocidas.
Únicamente como ejemplo –puesto que con referencia a cada provincia española dominada por el Frente Popular podrían consignarse extensísimas relaciones de sacerdotes y religiosos asesinados– se inserta al final del anexo relación nominal de los mil ciento diecinueve sacerdotes y religiosos que cayeron asesinados tan sólo en la provincia de Barcelona, víctimas de la persecución religiosa desencadenada por el Frente Popular.
El diario de Barcelona Solidaridad Obrera decía en 26 de julio de 1936 (a los siete días de iniciado el Movimiento) lo siguiente: «No queda ninguna iglesia ni convento en pie, pero apenas han sido suprimidos de la circulación un dos por ciento de los curas y monjas. La hidra religiosa no ha muerto. Conviene tener esto en cuenta y no perderlo de vista para ulteriores objetivos».
Como expresivo detalle de la actitud de la masa roja en materia religiosa, alentada por el complaciente criterio oficial, aparece documentalmente probado el siguiente caso: Un individuo llamado Gervasio Fernández de Dios, dirige desde Valencia, en 30 de noviembre de 1936, un irreverente escrito al «Camarada Ministro de Justicia», en el que solicita se cambie su segundo apellido –«Dios»– por el de «Bakunin» ya que, según expresa el solicitante en el referido escrito, "no quiere nada con Dios". El Ministro de Justicia del Frente Popular, y por su delegación el Subsecretario Mariano Sánchez Roca, acuerda acceder, por orden de 9 de diciembre de 1936, a lo reclamado, «teniendo en cuenta que las actuales circunstancias aconsejan prescindir de la complicada y larga tramitación del expediente de modificación de apellido en aquellos casos en que, como en el del solicitante, la necesidad del cambio aparece justificada por notoriedad».

CAPÍTULO VI
Asesinatos en la Cárcel Modelo de Madrid el 23 de agosto de 1936



Ante el terror abiertamente desencadenado por el Frente Popular, a partir del 18 de julio de 1936, la seguridad de la vida y de los derechos de los españoles residentes en zona marxista era nula, alcanzando este riesgo, no tan sólo a los enemigos declarados del Frente Popular y a las personas simplemente simpatizantes con la Causa Nacional, sino también a los neutrales e incluso a los republicanos no sometidos al extremismo, constituyendo también un grave peligro la posesión de bienes de fortuna que pudieran ser una tentación para la codicia de los milicianos, así como la enemistad personal de cualquiera de los forajidos que acababan de ser armados por aquel Gobierno y resultaban omnipotentes. Los hogares eran allanados y saqueados, y sus ocupantes detenidos arbitrariamente y asesinados –muchas veces eran exterminadas familias enteras–, dándose el caso de que en un mismo día fuese invadido violentamente un domicilio varias veces, siempre por diferentes milicias. Las horas de la noche eran preferidas por las milicias y por los agentes del Gobierno para sus registros domiciliarios, por lo que el sueño de los habitantes de las poblaciones sometidas al marxismo se veía constantemente turbado por el temor a la invasión de la morada y al asesinato, incluso en aquellas familias más apartadas de las actividades y de las preocupaciones políticas.
En medio de este terror de que se encontraba penetrada la vida ciudadana en la zona roja, y principalmente en Madrid, residencia del Gobierno del Frente Popular, el ingreso en una cárcel oficial era considerado como un privilegio por los habitantes de la capital de la nación, ya que durante el primer mes de la contienda civil aún se presumía que el Gobierno de la República aseguraría el respeto a los presos confiados a la custodia de las autoridades. Este optimismo respecto de la seguridad existente en las prisiones de Madrid no era compartido por todos; no obstante, tales temores eran acallados por los demás presos, que no podían suponer que en la misma sede oficial del Gobierno de la República, que se titulaba legítimo y que se encontraba investido de la fuerza necesaria para hacerse respetar, se realizara y permitiera una trasgresión monstruosa del derecho de gentes. Ya el día 8 de agosto de 1936, el diario de Madrid Política, órgano del Partido de Izquierda Republicana, publicaba en su página cuarta una información sobre la Cárcel Modelo, insultante y despectiva para los presos, hacia los cuales reclamaba por este medio la atención pública. Entre otros párrafos de la malintencionada información, pueden destacarse los siguientes, alusivos a los reclusos: «...varios curas, castrenses o civiles, y como cumple a su oficio, gordos y lustrosos, salvo rara excepción... Sin afeitar la mayoría, no se diferencian gran cosa de los presos vulgares. El aire distinguido se lo daba la ropa o el uniforme... Hablan poco, meditan mucho y sollozan bastante... En otras galerías... albergan más fascistas de los comprometidos en la rebelión y otros que fueron apresados antes de que aquélla estallase, como los directores falangistas Ruiz de Alda y Sánchez Mazas. Y existen, por fin, los presos políticos. Antiguos y recientes. Los más notorios, de los últimos, son el Dr. Albiñana, D. Melquíades Álvarez y Martínez de Velasco. El tercero sólo ha pasado –con la de hoy– tres noches en el «abanico». ¡Lástima que Lerroux y Gil Robles no les puedan hacer compañía!...».
Hasta mediados del mes de agosto de 1936, el régimen interno de la Cárcel Modelo de Madrid, aunque afectado por el excesivo número de reclusos que diariamente ingresaban en el establecimiento penitenciario y por el reflejo de los sucesos que se producían en la capital, era relativamente normal, sin intervención de milicias ni de organismos sindicales o políticos.
Los presos comunes –que, identificados naturalmente con aquel régimen, se sentían acreedores a la libertad–, no habían obtenido ésta con carácter general, sino sólo individualmente en algunos casos concretos, en virtud de reclamaciones especiales de entidades de las que integraban el Frente Popular.
La población penal de la Cárcel Modelo se hallaba distribuida en la siguiente forma: En la primera galería, militares; en la segunda y tercera, falangistas; en la cuarta, delincuentes comunes contra la propiedad, y en la quinta, expedientados, con arreglo a la Ley de Vagos y Maleantes, y presos comunes por delitos de sangre; estaban encerrados en el cuerpo central del edificio los llamados hasta entonces –presos políticos–, y en los sótanos, algunos otros de los sujetos a la Ley de Vagos y Maleantes.
El día 15 del referido mes de agosto, el Subdirector de la prisión anunció a los reclusos que, por orden del ministro de la Gobernación, iban a entrar milicianos para cachear a los presos de significación derechista, y, en efecto, agentes de la Dirección General de Seguridad, a cuyo frente figuraba Elviro Ferret Obrador (personaje principal de la «checa» que funcionó en las calles del Marqués de Cubas, número 19, y Montera, número 22), y milicianos de los partidos socialista y comunista, entraron en la prisión y procedieron a efectuar un registro general, insultando y amenazando de muerte a los reclusos y robándoles ropas y objetos de valor en gran cantidad. Con agentes y milicianos penetró en la prisión un grupo de milicianas, vestidas como los hombres y armadas de pistolas, que se dedicaron a improvisar mítines, haciendo labor de captación y propaganda entre los delincuentes comunes, a los que procuraron soliviantar con soflamas, fomentando al propio tiempo su odio contra los numerosos presos políticos. De esta forma consiguieron que cesara el ambiente de indiferencia que hasta entonces existía entre los delincuentes comunes respecto a los presos políticos, sustituyéndolo por una viva hostilidad de los primeros hacia los últimos, preparando así un clima propicio para los trágicos sucesos que pronto tuvieron lugar.
Pocos días después, en la «checa» oficial de la calle de Fomento se tomó el acuerdo de realizar un registro en la misma cárcel. Se encomendó esta misión al miembro de la «checa», conocido atracador, Felipe Emilio Sandoval (a) «Dr. Muñiz» (que poco antes había sido puesto en libertad en la Cárcel Modelo, en la que el 18 de julio de 1936 se encontraba por su intervención en el robo a mano armada de que fue víctima el Conde de Ruidoms, en los últimos días del mes de junio del propio año 1936). Para llevar a cabo su nuevo cometido policíaco, Sandoval buscó a unos cuarenta milicianos de los que prestaban servicio en la «checa» que la sindical Anarquista C. N. T. había instalado en el cine Europa, entre los que figuraba Santiago Aliques Bermúdez, conocido malhechor, de quien obran los antecedentes fehacientes y oficiales que siguen: Reclamado por la autoridad judicial desde el año 1920, nueve veces por hurto, tres por estafa, dos por atentado, dos por usurpación de funciones, uno por lesiones, uno por malos tratos, uno por abusos deshonestos y uno por robo a mano armada, habiendo sido condenado en el año 1925 a ocho años, cuatro meses y ocho días de presidio por hurto, atentado y usurpación de funciones. Estos milicianos comenzaron el registro el día 21 de agosto, y lo suspendieron para reanudarlo al día siguiente, preparando, en unión de los presos de que luego se hará mérito, la matanza que iba a tener lugar.
El día 22 de agosto, según declaración prestada por el funcionario de Prisiones, entonces destinado en la Cárcel Modelo, don Fidel Sánchez Losada, entraron a prestar servicio funcionarios de significación extremista identificados con la situación política dominante, llegando algunos a doblar el turno para que todos ellos fuesen de absoluta confianza de los dirigentes marxistas, y se reanudó el registro que los milicianos confederales habían comenzado el día anterior. Para esto dejaron encerrados en uno de los patios a los presos políticos que en aquel momento se encontraban en el mismo y encerraron en sus celdas a los otros detenidos de análoga significación, dejando en plena libertad dentro de la cárcel a los delincuentes comunes. Éstos solicitaron su libertad absoluta y amenazaron con prender fuego a la prisión si no les era concedida inmediatamente, y sobre las cuatro de la tarde, los presos comunes de la quinta galería y de los sótanos incendiaron la leñera de la tahona del establecimiento, alcanzando el incendio pronto alguna importancia, hundiéndose el piso de entrada a la segunda galería, sin causar víctimas. Los elementos de la C. N. T. aprovecharon aquella circunstancia para propalar la falsa noticia de que el incendio era obra de los presos fascistas, que querían escapar, y para evitarlo, llamaron a los milicianos, acudiendo a los alrededores de la Cárcel Modelo grupos de milicias de todas las significaciones frentepopulistas, que ocuparon las azoteas de las casas inmediatas y penetraron en el interior de la prisión, mientras las turbas extremistas pretendían asaltar el edificio para acabar con los presos desafectos al Frente Popular.
Al comenzar el incendio, los funcionarios de la prisión dieron aviso de lo que ocurría a las autoridades y al parque de bomberos, acudiendo el director general de Seguridad y el de Prisiones y, más tarde, el Ministro de la Gobernación, General Sebastián Pozas, observando todos ellos una actitud pasiva, sin adoptar medida alguna para evitar los sucesos que se avecinaban. Los bomberos sofocaron el incendio; pero los milicianos, que se adueñaron completamente del edificio, teniendo como cabeza visible al dirigente socialista Enrique Puente, pusieron en libertad a los presos comunes, que asaltaron el almacén de víveres, el economato y las oficinas; comenzaron a hacerse disparos con ametralladora desde los edificios contiguos contra el patio donde se encontraban numerosos presos, matando a algunos de ellos, como D. Manuel Chacel del Moral, e hiriendo a otros. Algunos elementos destacados de izquierdas, que habían acudido al lugar de los sucesos, instaron al Director General de Seguridad, Diputado de Izquierda Republicana, Manuel Muñoz, para que impusiera su autoridad y evitara el asesinato de los presos, pero Muñoz no mostró interés alguno en este sentido, y abandonó la prisión al anochecer, dejándola en manos de los que aquella misma noche comenzaron la matanza de presos.
Sobre las siete de aquella tarde, cesado casi por completo el tiroteo, el militante socialista Enrique Puente, dueño de la situación y contando con la tolerancia pasiva del Ministro de la Gobernación y de los Directores Generales de Seguridad y de Prisiones, obligó a los funcionarios a que se marcharan de la cárcel; ya sin funcionarios de Prisiones, los milicianos hicieron una selección de unos treinta y dos presos, a los que llevaron a un sótano con amenazas de fusilarles, y después a la primera galería, en donde se concentró a todos los presos políticos, indicándoseles que se iba a proceder a su fusilamiento en masa, sin que por entonces se llegase a este extremo, pero realizándose, en cambio, en la madrugada de dicho día una selección efectuada por policías y milicianos en los sótanos de la quinta galería de la cárcel, siendo asesinados, entre otros, los siguientes presos políticos de diversas significaciones, incluso algunos de ellos conocidos por una vida política al servicio de la democracia:

DON MELQUÍADES ÁLVAREZ GONZÁLEZ, decano del Colegio de Abogados de Madrid, insigne jurista y orador, Diputado durante muchas legislaturas, Jefe del Partido Republicano Liberal Demócrata y ex presidente del Parlamento.
DON JOSÉ MARTÍNEZ DE VELASCO, jefe del Partido Agrario, ex Ministro de la República.
DON JULIO RUIZ DE ALDA, aviador militar, tripulante del glorioso avión Plus-Ultra, fundador de la Falange Española, en la que acompañó desde un principio a José Antonio Primo de Rivera.
DON FERNANDO PRIMO DE RIVERA Y SÁENZ DE HEREDIA, oficial del Ejército y médico, hermano del Jefe de la Falange Española.
DON RAFAEL ESPARZA, Diputado que fue a Cortes.
DON MANUEL RICO AVELLO, ex ministro y ex Alto Comisario de España en Marruecos durante la República y Diputado a Cortes en 1936. Como Ministro de la Gobernación, en 1933, siendo entonces jefe del gobierno Martínez Barrio, garantizó personalmente la sinceridad de aquellas elecciones que dieron el triunfo a las derechas.
DON FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE LA PUENTE, Conde de Santa Engracia, que había actuado en política como liberal monárquico.
DON RAMÓN ÁLVAREZ VALDÉS Y CASTAÑÓN, ex ministro de Justicia de la República, miembro del Partido Republicano Liberal Demócrata y diputado a Cortes en 1936.
DON JOSÉ MARÍA ALBIÑANA, abogado, médico y diputado a Cortes en 1936.
DON OSWALDO FERNANDO CAPAZ, general del Ejército y colonizador de Ifni durante la República.
DON RAFAEL VILLEGAS MONTESINOS, general del Ejército.
DON SANTIAGO MARTÍN BÁGUENAS, comisario de Policía.
DON ENRIQUE MATORRAS PÁEZ, falangista, procedente de las filas del comunismo, cuyos errores había abjurado públicamente en un libro que publicó con el título de El comunismo en España. Contaba veintitrés años al ser asesinado.
DON IGNACIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ DE VELASCO.

Entre los que debían ser asesinados figuraba el falangista León Simón, que consiguió escapar cuando era conducido a los sótanos y esconderse en el tejado del edificio, en donde permaneció hasta el 27 de setiembre, en que, descubierto, fue asesinado, con intervención de Sandoval y Aliques.
Después de estos sucesos, se constituyó en la Cárcel Modelo un Comité de control con representantes de todos los partidos políticos y entidades sindicales del Frente Popular, y se encomendó la guardia interior de la cárcel a milicias, en la siguiente forma: La primera galería, a elementos de la C. N. T., que destinaron a este servicio miembros de la «checa» que funcionaba con el nombre de Ateneo Libertario de Vallehermoso, en un convento de la calle de Blasco de Garay, número 51; la segunda, a las milicias socialistas, desempeñando la misión elementos de la Inspección General de Milicias, que funcionaba en la calle de Ríos Rosas; la tercera, a las milicias republicanas; la cuarta, a los milicianos ferroviarios, y la quinta, a los elementos comunistas del llamado 5.° Regimiento de Milicias Populares. En la enfermería se estableció un turno de guardia, que prestaban milicianos de todos los grupos referidos. La guardia exterior del edificio quedó encomendada a fuerzas del Cuerpo de Asalto.
Hasta el día 25 de agosto se siguió esta organización sin intervención alguna de funcionarios del Cuerpo de Prisiones en el régimen interior del establecimiento; en esta fecha se autorizó la vuelta al servicio de los funcionarios, subordinándolos en un todo al criterio de los milicianos, y estos funcionarios pudieron observar todavía las manchas de sangre que en los sótanos del edificio habían dejado los asesinatos que en ellos se cometieron.
El régimen del Comité de control y milicianos para el servicio de vigilancia interior de la cárcel se mantuvo hasta la evacuación completa de la prisión en 16 de noviembre de 1936; este sistema facilitó las sacas de presos destinados a ser asesinados, que al principio de una manera individual y más tarde en expediciones numerosas, fueron realizadas hasta la clausura de esta cárcel.
El Gobierno rojo tuvo conocimiento exacto de los sucesos de la Cárcel Modelo por la presencia personal en dicho lugar del ministro de la Gobernación y del director general de Seguridad; pudo evitarlos, imponiendo su autoridad, y no lo hizo; sin embargo, en nota que publicó en la Prensa diaria, dedicó elogios a los milicianos asesinos y los felicitó «por su disciplina y valor probado». (Se acompaña la referencia aparecida en el periódico El Liberal, correspondiente al día 27 de agosto de 1936).

CAPÍTULO VII
Cárceles y asesinatos colectivos de presos



A partir del 18 de julio de 1935, en la parte de España que quedó dominada por el gobierno del Frente Popular, y como consecuencia del extraordinario aumento del número de presos, hubieron de ser habilitados como prisiones una serie de edificios diversos, dedicándose con preferencia a esta finalidad las iglesias o las casas de Comunidades religiosas.
Una de las características más acusadas del paso de los Gobiernos frentepopulistas por el Poder, en la esfera penitenciaria, fue la de anular por completo la autoridad de los funcionarios del Cuerpo de Prisiones, incluso de los afectos al régimen rojo, dejando a la vez de ser cumplidos los Reglamentos penitenciarios. Los funcionarios se vieron sustituidos en su misión por milicianos armados, que se adueñaron por completo de las prisiones, siendo sustituidos los Reglamentos por la voluntad y capricho de los milicianos, que, a su antojo, prohibían la comunicación de los detenidos con sus familiares, se adueñaban de los víveres que eran llevados a los presos, a los que se maltrataba constantemente de palabra y obra, amenazándoles con el fusilamiento, y se relataban ante ellos los asesinatos en que cada miliciano había intervenido.
En contraste con la dura vida de los reclusos, los milicia-nos celebraban en las prisiones frecuentes orgías que, al embriagarse los custodios, empeoraban la suerte de los detenidos.
Muchos funcionarios de Prisiones, encontrándose de servicio, fueron sacados de los mismos establecimientos para ser asesinados, como D. Gregorio José San Martín San Juan, D. Ramón Donallo Marín de Bernardo y D. Luis Santigosa Payo, que fueron entregados a milicianos, delincuentes comunes que habían sufrido condenas y deseaban vengar el odio acumulado durante su reclusión; los funcionarios que, por parecer afectos al régimen marxista, quedaron en sus puestos, perdieron toda fuerza y autoridad, pasando a ser meros instrumentos en manos de los Comités y milicianos.
En cada establecimiento penitenciario se constituyó un Comité con representantes de todos los partidos políticos y entidades sindicales del Frente Popular, y el orden en el interior de las prisiones quedó encomendado a los milicianos. La influencia política en el régimen de las prisiones fué tan acusada que –a pesar de que oficialmente seguían dependiendo del Gobierno y en cada una de ellas había un Di-rector y otros funcionarios designados por el Ministerio de Justicia– eran utilizadas para alojar detenidos que quedaban a disposición de organismos políticos que legalmente carecían de atribuciones para ello. En otros casos, tales entidades se atribuían facultades sobre detenidos por la Dirección General de Seguridad y a disposición de la misma, como se comprueba en los expedientes personales de los detenidos en la prisión de Porlier de Madrid, D. Rafael Alonso Villalba, D. Francisco González Miranda y D. Abelardo Gómez Valero, en los que se hace constar que quedan a disposición de la Dirección General de Seguridad y del Comité de Investigación y Vigilancia. (Estos tres reclusos figuran puestos en libertad el día 24 de noviembre de 1936; pero, en realidad, fueron sacados de la cárcel y asesinados dicho día.) En los expedientes de los reclusos en la misma prisión, D. Francisco Ariza Loño, D. Enrique Martínez López y D. Carlos Martínez López, figura la siguiente nota: Al ser puesto en libertad, avisar al puesto de Vigilancia número 15, teléfono 51998. Responsable, Del Moral.» (Este puesto de Vigilancia, dependiente de la Inspección General de Milicias Populares, es-taba instalado en la Carretera del Este, número 25, y era de carácter predominantemente comunista, como la mayoría de los de su clase ; el Responsable a que se alude es Antonio del Moral Labajo (a) «Perra chica», con actuación criminal muy destacada en la barriada de las Ventas y en los asesinatos de presos. Los tres referidos reclusos, que figuran como puestos en libertad el día 7 de noviembre de 1936, fueron sacados de la prisión y asesinados.)
En los primeros meses del Movimiento, durante el verano de 1936, se sucedieron sacas individuales de presos que, con pretexto de ser puestos en libertad, eran entregados a los agentes de la «checa» de Fomento o a otros milicianos, que los asesinaban a la salida. Por este procedimiento fue extraído, entre otros muchos, de la cárcel de San Antón, conducido a la «checa» de Fomento y asesinado, el ex Director General de Seguridad de la República, D. José Valdivia; y de la prisión de Ventas fueron sacados, también entre otros, diversos presos procedentes de Colmenar Viejo que, entregados a milicianos de dicho pueblo, fueron seguidamente asesinados. También en el interior de las prisiones se cometían asesinatos, incluso de personas significadas en el campo de la República, habiendo sido muertos violentamente en la cárcel de Porlier los Diputados republicanos D. Gerardo Abad Conde y D. Fernando Rey Mora, y con ellos el religioso D. Leandro Arce Urrutia. (Documentos 1 y 2.)
Lo mismo ocurría en el resto de la España dominada por el Frente Popular. Así, en la noche del 30 al 31 de julio de 1936, en el pueblo de Úbeda (Jaén), las milicias rojas sacaron a los presos políticos que, en número de 47 se encontraban en aquella cárcel, y los asesinaron, quedando únicamente dos supervivientes: D. Pedro Iglesias Martín (que quedó gravemente herido) y D. Cristóbal Herrador Herrera. En la noche del 28 al 29 de agosto de 1936, los milicianos de Castellón de la Plana, con representaciones de los diversos partidos marxistas y republicanos y de las sindicales obreras, penetraron en el buque Isla de Menorca, surto en el puerto del Grao, habilitado para prisión, y extrajeron de dicho barco a todos los presos que se encontraban en el mismo, los cuales, en número de 56, fueron maniatados por parejas, desembarcados y asesinados inmediatamente en diversos lugares cercanos al puerto.
La repetición de estos hechos transcendió, y de ellos se hicieron eco incluso destacadas personalidades de aquel régimen, que se dirigían a sus correligionarios que desempañaban cargos elevados en la esfera de la Policía reclamando seguridades para determinados detenidos de su particular amistad. Por la Policía militar fue ocupada –después de la liberación de España– una carta que el que fue Jefe superior de Policía, Diputado de Izquierda Republicana y Catedrático de Derecho Penal, Manuel López Rey, dirigió al Diputado de Unión Republicana, Fulgencio Díaz Pastor, contestando a otra en la que se le pedía el traslado de un preso desde la cárcel de Porlier a los calabozos de la Dirección General de Seguridad, para evitar su asesinato; el Jefe superior de Policía de Madrid dice en la mencionada carta, de 2 de septiembre de 1936: “Querido amigo: El traslado de la prisión de General presos políticos que encontraron en la cárcel, en número de 53, cuya personalidad consta, más otras seis víctimas que no han sido identificadas y comprenderás que la Inspección de Guardia de esta Dirección de Seguridad tiene tan sólo un carácter de permanencia transitoria; es decir, de prevención, y, por tanto, permanentemente no pueden hallarse en ella detenidos de ninguna clase. Todos los ingresados, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, son mandados a las respectivas prisiones, y en cualquiera de ellas existen las debidas garantías para los reclusos”. La garantía a que este documento alude es falsa, ya que las matanzas de presos se sucedían sin interrupción, y ello no era una actuación desbordada de las masas marxistas, sino una conducta premeditada de los elementos dirigentes, facilitada por el Gobierno, que, por medio de su Director General de Seguridad, proporcionaba a los milicianos las órdenes de libertad, en blanco, que precisaban para sacar a los presos de las cárceles y cometer los crímenes que previamente habían acordado:
En las noches del 13 y del 14 de septiembre de 1936 fueron extraídos de la prisión provincial de Castellón de la Plana, y asesinados, varios sacerdotes y religiosos, sin que estos asesinatos obedecieran a sentencia alguna de los llamados Tribunales Populares, sino exclusivamente al capricho de las milicias que los realizaron, con el concurso y asistencia de los dirigentes del Frente Popular. El 25 de septiembre de 1936, desde que las sirenas de la ciudad de Bilbao anunciaron la presencia de la aviación nacional, las turbas, entre las que figuraban gran número de mujeres, se dispusieron, de acuerdo con los guardianes de los presos, al asesinato en masa de estos últimos, y así, una vez terminado el bombardeo, se dirigieron hacia los muelles de la ría próximos a la factoría de Altos Hornos, en que se hallaban fondeados los barcos Altuna-Mendi y Cabo Quilates, convertidos en prisión; algunos grupos se trasladaron en gabarras a bordo de los buques, y en el Cabo Quilates comenzó la matanza en las primeras horas de la noche, siendo asesinados sobre cubierta la mayoría de los presos, y otros en la misma bodega, sobre la que se hizo fuego desde fuera, pereciendo de este modo 41 detenidos. En el Altuna-Mendi, después de obligar a los presos, bajo la amenaza de una ametralladora, a permanecer varias horas con los brazos en alto, se asesinó a tiro de fusil, pistola y pistola ametralladora a 29 detenidos. También en Bilbao, en la noche del 2 de octubre de 1936, un grupo de marineros, e individuos que se titulaban oficiales de Marina de la dotación del acorazado rojo Jaime 1, subieron a bordo del barco prisión Cabo Quilates, y, con la aquiescencia de los guardianes, asesinaron a 38 presos, a los que previamente despojaron de sus alhajas y objetos personales de algún valor. En la misma capital bilbaína fueron asesinados el 4 de enero de 1937, en las distintas cárceles, un total de 209 presos, realizando los asesinatos fuerzas del Ejército rojo, constando la participación activa de varias compañías de los batallones «Asturias» (7° de la U. G. T.), «Fulgencio Mateos» y «Malatesta», perfectamente uniformadas, con armamento completo, y a las órdenes de sus jefes, respondiendo desde una de las cárceles el Comandante del batallón «Malatesta» al Presidente del Gobierno vasco, que le pedía una explicación acerca de los sucesos que estaban ocurriendo, que “cuando el pueblo se convenciese de que no quedaba un fascista en la cárcel cesarían las matanzas”. Los milicianos y las turbas que los acompañaban, con las que iban bastantes mujeres, que se distinguían por su ferocidad, se dedicaron al pillaje y al saqueo de los cadáveres, dándose el caso de que hubo milicianos que salieron de la cárcel llevando cuatro abrigos.
Finalmente, el Presidente del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, que no había tomado ninguna medida para evitar estos crímenes, ni desplegado ninguna energía para cortarlos una vez iniciados, encargó al Secretario de Guerra que cesara la matanza, concluyendo ésta a los pocos minutos ; debiendo tenerse en cuenta que esta orden sólo se dio a las cuatro horas de comenzados los crímenes y ante las apremiantes instancias de los funcionarios de Prisiones, que suplicaban la intervención de la Autoridad.
El 2 de octubre del mismo año 1936, por la noche, las milicias anarquistas de la C. N. T. y de la F. A. T., que, bajo la denominación de «Columna de Hierro», mantenían el terror entre la población civil de la Región levantina, penetraron en la capital de Castellón y, con despliegue de fuerzas armadas de ametralladoras, asaltaron y quemaron los Archivos de la Audiencia, Juzgado y Registro de la Propiedad, cuya documentación fue quemada en la calle, así como los de la Delegación de Hacienda, cuyos papeles fueron entregados a las llamas en el patio del Gobierno Civil, con aquiescencia del propio Gobernador y de la Fuerza pública, que presenciaron estos hechos, sin oponer el menor inconveniente a su realización. Las mismas milicias, acompañadas por elementos de la Guardia Popular Antifascista de Castellón, se dirigieron a la Prisión provincial, donde libertaron a los diez presos que se hallaban recluidos por delitos comunes y asesinaron a todos los presos políticos que encontraron en la cárcel, cuyo número era de 53, cuya personalidad consta, más otras seis víctimas que no han sido identificadas; exterminados los presos, los asesinos se reunieron en el café Suizo, donde celebraron una comida para festejar su hazaña. El 3 de octubre, de la cárcel de Cebreros (Ávila) fueron sacados por los milicianos 71 presos políticos, que fueron asesinados, apareciendo sus cadáveres, calcinados, en el vecino pueblo de Pelayos de la Presa.
Los presos extraídos en la noche del 20 de octubre de 1936 de la Prisión de Ocaña, en número de ciento cincuenta y dos, fueron asesinados en las tapias del Cementerio, y como por la oscuridad de la noche no pudiesen hacer los milicianos buena puntería, al día siguiente fueron enterradas algunas de las víctimas todavía con vida.
La suerte de los presos de Madrid, después de la matanza del mes de agosto en la Cárcel Modelo, fue haciéndose cada vez más incierta, hasta llegar muy pronto a las matanzas colectivas, respondiendo a una organización perfecta, estudiada en la propia Dirección General de Seguridad, con los antecedentes que a continuación se consignan:
El aumento progresivo del número de asesinatos con la participación, en unos casos, y la pasividad, en otros, de las autoridades que tenían obligación de asegurar el orden público, hizo que se conmoviera la opinión internacional y que las representaciones diplomáticas acreditadas en Madrid hicieran llegar a sus Gobiernos su alarma. Hubo una nota inglesa a este respecto, y el Ministro de Estado español, Julio Álvarez del Vayo, en representación del Gobierno rojo, hizo pública una comunicación, dirigida al encargado de Negocios de la Gran Bretaña, lamentándose de aquella intervención humanitaria del Gobierno inglés, que afirmaba, carecía de fundamento, ya que "los presos se encontraban totalmente seguros y enespera de ser juzgados por los tribunales competentes". La comunicación apareció en la Prensa los días 25 y 26 de octubre de 1936, y poco después, dentro del mismo mes de octubre, aquel Gobierno, por medio de uno de sus órganos, como era la Dirección General de Seguridad, ordenó en Madrid el asesinato de presos de la Cárcel de Ventas, que no habían sido juzgados por ningún tribunal. Entre estos presos figuraban personas de destacado relieve intelectual, como D. Ramiro de Maeztu, y de destacada personalidad política, como el fundador de las J. O. N. S., don Ramiro Ledesma Ramos, hallándose entre ellos los dos hermanos Borbón León, emparentados con la Casa Real española. El Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, el día 31 de octubre de 1936 ordenó la entrega de estos presos a miembros del Comité Provincial de Investigación Pública («checa» de Fomento), con el pretexto de trasladarlos a Chinchilla; pero con la orden verbal de que fueran asesinados. Uno de los comprendidos de la relación original, D. Francisco Gallego Sáenz, resistió el cumplimiento de la orden de salida y fue asesinado en el interior de la prisión.
En los primeros días de noviembre del propio año 1936, representantes de la «checa» de Fomento, con miembros del ejército marxista, acudieron a las cárceles de Ventas, San Antón y Porlier para requerir a los militares profesionales que sufrían prisión para que se incorporasen al ejército rojo, amenazándoles de muerte si no atendían el requerimiento. Como consecuencia de su actitud digna, negándose a mandar fuerzas militares del Frente Popular, se decretó su asesinato, sin intervención de tribunal alguno, y se hicieron listas, que se entrega-ron en la Dirección General de Seguridad; este organismo autorizó las sacas de presos para su asesinato, pretextando en algunos casos la libertad de los mismos, y en otros, su traslado. Desde el día 1 hasta el 7 de noviembre de 1936 se sucedieron estas expediciones, ordenadas bajo la firma del Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, en unos casos, y de los altos funcionarios de la misma Dirección, en otros.
El 6 de noviembre de 1936 se presentaron en la Cárcel Modelo de Madrid policías, adscritos a la Dirección General de Seguridad, y milicianos de Vigilancia de Retaguardia, al mando del Inspector General, Federico Manzano Govantes, con una orden de libertad de presos, sin indicación de nombres ni de número; en autobuses de la Sociedad Madrileña de Tranvías se llevaron a los presos que tuvieron por conveniente, sacándolos atados, y los asesinaron en las inmediaciones de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Al día siguiente, 7 de noviembre, se repitieron los mismos hechos, siendo asesinada una nueva tanda de reclusos. La orden de extracción de la Cárcel de todos estos reclusos fué firmada por el Director General de Seguridad, que dispuso que el Director de la Cárcel Modelo entregase a los portadores de dicha orden los presos que verbalmente le indicasen. Según declaración prestada en la Causa General por el funcionario de la Dirección General de Seguridad, D. Ángel Jiménez Bella, el mandato referido se extendió y firmó después de una conversación que con dicho Director general sostuvo la Diputado socialista Margarita Nelken.
El avance victorioso de las fuerzas nacionales y su aproximación a Madrid produjo como inmediatas consecuencias la huida del Gobierno rojo de la capital de España y la constitución de una Junta de Defensa de Madrid, presidida por el General Miaja, en la que había una Consejería de Orden Público, de la que pasaron a depender los detenidos gubernativos que lo estaban por sus ideas sin haber cometido infracción alguna.
La Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa fue confiada a Santiago Carrillo, de las J. S. U., y se nombró Delegado de Orden Público, cargo equivalente, en su esfera de actuación, al de Director General de Seguridad al redactor del diario socialista Claridad, Segundo Serrano Poncela. Del Consejo creado en la Dirección General de Seguridad pasaron a formar parte, entre otros, Manuel Rascón Ramírez, Manuel Ramos Martínez, Ramón Torrecilla Guijarro, Santiago Álvarez Santiago, Félix Vega, Arturo García La Rosa y Juan Alcántara; todos ellos de actuación muy destacada en distintas «checas. de las que funcionaron en Madrid.
Este Consejo, en la reunión celebrada el día 10 de noviembre de 1936, presidida por Serrano Poncela, acordó las «normas» que había de seguir para seleccionar a los presos de Madrid que debían ser asesinados en masa. A propuesta de su Presidente, se estableció el siguiente turno: primero, militares con graduación superior a la de Capitán; segundo, falangistas, y tercero, todos los hombres que hubieran tenido actividades políticas contrarias al Frente Popular. Para este plan se designó a unos representantes del Consejo, que acudieron a distintas cárceles y, actuando en forma de tribunal, interrogaban a los detenidos y decidían la suerte de los mismos. También designó el Consejo un Delegado suyo para cada una de las cárceles, cuyo misión consistía en hacerse cargo de las relaciones de presos que debían ser asesinados, llevar a la cárcel la orden de libertad o traslado y dirigir la expedición, con instrucciones reservadas, distintas de las consignadas en la documentación oficial. Con este cometido fueron designados los militantes comunistas Andrés Urrésola Ochoa, para la Cárcel de Porlier; Álvaro Marasa Barasa, para la de Ventas, y Agapito Sainz de Pedro, para la de San Antón; todos estos dependían a su vez, de manera inmediata, del miembro del Consejo Santiago Álvarez Santiago, también comunista. El Delegado de Orden Público, Segundo Serrano Poncela, se encargó personalmente de dar las órdenes reservadas, para asesinar a los presos, al Parque Móvil de la Dirección General de Seguridad para disponer de los vehículos necesarios, y al Inspector General de Milicias de Vigilancia de Retaguardia, para tener dispuestos los elementos armados que acompañaban a las expediciones y componían los piquetes de ejecución.
El plan fue tan meditado, y preparado con tanta frialdad, que incluso se dispuso de antemano el lugar de ejecución y el de enterramiento de las víctimas; a este fin prestaron su colaboración los Comités rojos que venían actuando en los pueblos del San Fernando de Henares, Paracuellos de Jarama, y Torrejón de Ardoz, que ordenaron a individuos de estas localidades que cavasen las fosas, y acudieron los días previamente señalados para proceder al enterramiento de las víctimas.
Estos acuerdos del Consejo de la Dirección General de Seguridad, encargado por el fugitivo Gobierno del Frente Popular de la misión de velar por el orden público en la capital, comenzaron a ponerse en ejecución a mediados de noviembre de 1936 ; pero antes, la Junta de Defensa de Madrid, procediendo en la misma forma en que lo había hecho el Gobierno marxista, al que decía representar, publicó una nota, que apareció en la Prensa diaria el 14 de noviembre de 1936, en la que, bajo la rúbrica “Saliendo al paso de una infamia”, decía : “...Ni los presos son víctimas de malos tratos, ni menos deben temer por su vida. Todos serán juzgados dentro de la legalidad de cada caso. La Junta de Defensa no ha de tomar ninguna otra medida, y no sólo no permitirá que nadie lo haga, sino que, en este respecto, los que en ella intervienen y han intervenido lo ejecutarán dentro del orden y de las normas establecidas”. Y en efecto; después de esta comunicación, cuando debían creer que con ello acallaban la alarma internacional, comenzaron a ponerse en ejecución los planes de asesinatos colectivos, organizados y elaborados por los organismos del Orden público, dependientes de la propia Junta de Defensa, que no hacía, en este caso, más que seguir el ejemplo que con su actuación anterior le marcó el Gobierno del Frente Popular. Las diversas Comisiones se trasladaron a las cárceles respectivas para interrogar a los que en ellas se encontraban detenidos. Estos interrogadores utilizaban los datos extraídos de los ficheros de la Dirección General de Seguridad y los de los partidos políticos; pero principalmente procedían a capricho, guiados en muchas ocasiones única y exclusivamente por lo ilustre de los apellidos de los detenidos, y se dejaban influenciar fácilmente por sugerencias interesadas, habiéndose salvado por presentación de aval, o intervención de otras personas, algunos detenidos que, con arreglo a los acuerdos adoptados por el Consejo, debían ser fusilados ; en este aspecto, los menos asequibles eran los representantes del Partido Comunista. Los acuerdos los tomaba el Consejo en pleno, y las órdenes para los asesinatos eran firmadas por el Delegado de Orden público y entregadas al Responsable de la cárcel respectiva.
En ocasiones los presos eran sacados de la cárcel sin documento oficial alguno, y días después, para que el expediente carcelario quedase completo, se llevaba la orden de traslado o de libertad, que daba una apariencia de legalidad a la salida del recluso.
En las horas de la madrugada los milicianos que prestaban servicio de guardia en el interior de la cárcel, provistos de linternas, entraban a las galerías y, entre blasfemias, insultos y amenazas, obligaban a los presos a levantarse, y los conducían al lugar en que se concentraba para entregarlos a los miembros de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, encargados de su traslado y ejecución ; se les registraba, robándoles lo que llevaban encima se les ataban las manos a la espalda con bramante fino, y con fuerza tal, que les hacía saltar sangre de las muñecas, y se les obligaba a subir a los camiones, preparados al efecto, propinándoles fuertes golpes y haciéndoles objeto de otros malos tratos. El conocido autor teatral D. Pedro Muñoz Seca fué sacado de la cárcel de San Antón el día 28 de noviembre de 1936, y –según declaración prestada en esta Causa General por el testigo presencial D. Buenaventura González de Lara– entre otros malos tratos de que fue objeto por parte de los milicianos, uno de ellos, llamado Gonzalo Montes Esteban-Sierra (a) «Dinamita», le dio fuertes tirones del bigote, hasta arrancárselo en parte.
La conducción de los presos y su asesinato estaba encomendada a los diversos destacamentos de milicias de Vigilancia de Retaguardia, que turnaban en este cometido de acuerdo con las instrucciones dadas por su Inspector general, Federico Manzano Govantes, acompañando a cada expedición un representante del Consejo de la Dirección General de Seguridad y algunos policías; a los miembros de las M. V. R. se unían milicianos de guardia en las cárceles, que al regresar comunicaban a los que todavía permanecían en la prisión los detalles de las matanzas ejecutadas, y les amenazaban con depararles la misma suerte. A los asesinos se agregaban también individuos de los Ateneos Libertarios y Radios Comunistas de las barriadas de Guindalera, Elipa, Ventas y de los pueblos próximos al lugar de la ejecución, al que acudían por el simple placer de cometer nuevos asesinatos y para lucrarse con la ropa y algún objeto que pudieran hallar sobre las víctimas.
De esta forma, respondiendo a un plan acordado por los organismos oficiales, fueron inmolados, sin formación de proceso ni imputación delictiva, millares de presos sacados de las cárceles de Madrid en la última decena del mes de noviembre del año 1936 y primeros días de diciembre del mismo año.
A partir de esta época, la energía con que el nuevo Delegado de las prisiones de Madrid –un anarquista que, en pugna con las demás autoridades rojas, y sobre todo con el Partido Comunista, actuó desde el primer momento–, por su personal y exclusiva iniciativa, acabó con las matanzas de presos, demostró la facilidad con que hubiera podido obtener este mismo resultado el Gobierno del Frente Popular, si alguna vez se lo hubiese propuesto.
En Torrejón de Ardoz (donde, después de la liberación de España, durante el mes de diciembre de 1939, fueron exhumados 414 cadáveres), en Ribas de Vaciamadrid y sobre todo en Paracuellos del Jarama, donde en enormes zanjas yacen millares de cadáveres fueron enterrados en montón los presos de Madrid asesinados en noviembre de 1936 por las autoridades del Frente Popular.
En Guadalajara, el 6 de diciembre del año 1936, a título de represalia por un bombardeo de aviación, elementos armados de dicha capital, después de una conversación telefónica con el Gobernador civil accidental, apellidado Cañadas, y con el consentimiento de dicha autoridad, extrajeron de la cárcel a 290 presos y los asesinaron en los alrededores de la población; en el Cementerio, por falta de trámites reglamentarios en la entrega de los cadáveres, se negaron a hacerse cargo de éstos, que fueron entonces abandonados en el campo. Días después fuerzas militares rojas del batallón Rosemberg los encontraron, y si bien, en un principio, pensaron quemarlos, acabaron desistiendo de este propósito y procedieron a darles sepultura en el mismo lugar donde se hallaban.
Ya entrado el año 1937, en Jaén, una Comisión del Frente Popular, de acuerdo con el Gobernador, hizo una selección de 173 presos y ordenó su asesinato, que fue ejecutado inmediatamente.
También durante el mismo año 1937, en Madrid, terminados los asesinatos en masa, el Consejero de Orden Público comunista, de la Junta de Defensa, presidida por el General Miaja, José Cazorla Maure, encomienda a sus agentes de confianza la tarea de hacerse cargo de aquellos presos que, por no haber delinquido contra el régimen rojo, eran puestos en libertad, pero que, no obstante, y a juicio de Cazorla, debían ser asesinados. Los excarcelados eran conducidos a prestar su servicio militar con carácter obligatorio a unidades militares comunistas, previamente advertidas, en las que, en vista del informe que acompañaba a los referidos reclutas, eran éstos asesinados. Estos crímenes, públicamente conocidos, provocaron una ruidosa polémica entre el Partido Comunista, que apoyaba a Cazorla, y los anarquistas, que le combatían violentamente, de la que se hizo eco la prensa madrileña.

CAPÍTULO VIII
Terror policíaco



En un principio el Gobierno prescinde prácticamente de las fuerzas de Orden Público, de las que desconfía, dándose cuenta de la incompatibilidad entre dichas instituciones –en general informadas por unos principios tradicionales de honor y de disciplina– y los pistoleros y turbas armadas que defienden al régimen. Son numerosísimos los miembros de estos organismos de Orden Público que caen asesinados y muy escasos los que, como rara excepción, aparecen identificados con el Gobierno rojo y gozan de su confianza.
El Cuerpo de Policía y el de Seguridad, así como la Guardia Civil, son diezmados, y el nombre de este benemérito Instituto es substituido por el de Guardia Nacional Republicana, siendo llamados a sus filas, para reforzarlas y llenar los claros producidos por los asesinatos y cesantías, multitud de facinerosos.
La Policía queda mediatizada y el personal profesional restante –que por haberse librado de la expulsión o del asesinato y no haber encontrado facilidades para la huida continúa en su puesto– se encuentra sometido a una rigurosa vigilancia ejercida por los nuevos elementos policíacos reclutados entre los afiliados a partidos y organizaciones extremistas, y cuya misión en la Policía oficial no era servir al Estado ni al orden público, sino a sus partidos de procedencia.
En declaración prestada ante la Causa General de Madrid por el ex Comisario general de Policía rojo, Teodoro Illera Martín, se hacen, a este respecto, las siguientes manifestaciones: «...Por último, los agentes nombrados por la Dirección roja procedían a detener a aquellas personas que consideraban desafectas y las entregaban en la Comisaría con una nota en la que explicaban los fundamentos de la detención. Desde luego, estas detenciones eran casi siempre arbitrarias, dada la falta de preparación técnica de tales agentes improvisados y su acusado matiz político. Tiene que significar que las detenciones practicadas por estos agentes carecían de toda regularidad, de tal forma, que unas veces entregaban los detenidos en la Comisaría y otras veces los detenían obrando por orden de los Radios Comunistas u otras organizaciones, y no eran llevados a ningún centro oficial de Policía... En la organización de la Policía de Madrid puede decirse que se conservó la mecánica tradicional en ella, en lo que al formulismo se refiere ; pero al lado de esta organización oficial existían, de una parte, los llamados «incontrolados», que eran elementos manejados por las organizaciones políticas con anuencia del Poder, y de otra, la C. N. T., Radios Comunistas y otros elementos que ejercían funciones policíacas con entera autonomía y libertad. En estas organizaciones era donde realmente radicaba la fuerza. Durante esta época era frecuentísimo que los familiares de las personas detenidas por estas organizaciones, fiando en la organización más seria y responsable de la Policía, llamaban angustiosamente a los Comisarios para pedirles protección. Los Comisarios siempre mandaron agentes adonde eran solicitados, pero aquí tiene que hacer notar que entre los agentes los había de dos clases : de una parte estaban aquellos que siempre pertenecieron a la Policía, los cuales eran mal vistos de los rojos, precisamente por su seriedad e independencia política, y de otra aquellos qué los mismos rojos habían nombrado para servir sus intereses políticos. Los agentes incluidos en la primera de dichas clases vivían atemorizados, y por ello siempre rehuían el practicar estos servicios, en los que el choque con las milicias podía serles fatal, y en cambio los otros, cuando llegaban a casa de los detenidos, lejos de defenderlos contra los desafueros de los Radios y Comités, como ellos mismos formaban en sus organizaciones, llegaban a ayudarles... La Policía nunca tuvo relación con las «checas» en el ejercicio de sus funciones, sino que antes bien siempre una especie de pugna. No quiere decir esto que muchos de los detenidos por la Policía no fueran a las «checas»; pero esto se efectuaba por la Dirección General, que era quien, una vez recibidos los detenidos que las Comisarías les enviaban, los entregaban a las «checas» o cárceles, según los casos... Lo que sí se daba en algunos casos era que los elementos de las «checas» se colocaran las placas de los agentes a los que ellos mismos daban muerte, y no había posibilidad de pedirles la documentación para comprobar si eran tales, pues la contestación era el clásico «paseo»... En una ocasión tuvo noticias el declarante de que en los Ministerios nuevos se efectuaban asesinatos y llegó a tener conocimiento del siguiente hecho, que le pareció monstruoso : Dos milicianos violaron a dos señoritas, matándolas después, pero con tal ensañamiento, que uno de ellos disparó sobre la joven a quien había violado cuando aún la estaba poseyendo, saltando la masa encefálica de la desgraciada muchacha en la propia cara del asesino. Inmediatamente el dicente ordenó colocar un servicio muy estrecho en aquellos alrededores, y le consta que desde entonces no volvieron a cometer ningún atropello allí. El Ministerio de la Gobernación mantenía unas Milicias de Retaguardia, que eran fuerzas a las órdenes del Ministro, con absoluta independencia de la Policía... A juicio del declarante, toda la responsabilidad por los hechos acaecidos durante esta época cabe a la falta de energía y dignidad en su cargo del Director General Manuel Muñoz, pues le sobraban medios materiales y apoyos morales para haber evitado esta acción de los Radios, «checas» y Milicias. Esto lo prueba suficientemente el hecho de que los comisarios en sus distritos, esfera de acción mucho más reducida, cuando supieron imponerse y hacerse respetar de estos elementos, lograron evitar numerosos atropellos, como ya tiene reseñado en su declaración. Este Muñoz toleró la existencia y acción de las Brigadas del Amanecer. La Técnica. (que funcionaba en la Dirección General) y la de Terry y una que controlaba el Subdirector Carlos de Juan. Estas Brigadas cometieron toda clase de tropelías hasta fines de noviembre... El 7 de noviembre de 1936, con motivo de la proximidad de las Fuerzas nacionales, el Gobierno huye a Valencia, y en Madrid se constituye la Junta de Defensa bajo la presidencia de Miaja. Con esto surge una nueva organización de los servicios de Policía. Se crea el Consejo de Gobernación, cargo que ocupa Santiago Carrillo, estableciéndose este organismo en Serrano, 37. Este Consejero de Gobernación es como un Ministro de la Gobernación, cuyas funciones se circunscriben a Madrid. El Jefe Director de la Policía es el Delegado General de Orden Público, cargo que ocupa Serrano Poncela, y también se establece en Serrano, 37... Se crea también un Consejo de Seguridad, que depende directamente del Consejero de Gobernación, aunque en la práctica es autónomo y no conoce limitación en su poder. Entran a formar parte en este Consejo elementos del disuelto Comité de Investigación Pública («checa» de Fomento).. Los demás componentes de la disuelta «checa» de Fomento fueron distribuidos por las Comisarías de dos en dos. Se les destinó a las Comisarías por un oficio del Director General, en el que se decía que iban en calidad de ayudantes de los Comisarios; pero en realidad su papel era el de controles políticos... El 6 de enero de 1937 el dicente recibe un telegrama del entonces Director General de Seguridad, Wenceslao Carrillo, ordenándole que se incorpore a Valencia... La anarquía reinante en Valencia era aún mucho mayor que la de Madrid. Se daba el caso de que llegara a la puerta del Palacio de Benicarló, donde se celebraban los Consejos de Ministros, algún agente de estas milicias antifascistas, y sin autorización alguna y por propia iniciativa se llevaba los coches de los Ministros... Recuerda que dos agentes de Policía se encontraban en un café y aproximándose un grupo de milicias, les preguntaron los nombres, y seguidamente los asesinaron allí mismo... Poco a poco el Gobierno ha conseguido, cuando llega el mes de abril, una organización de tipo normal; pero, no obstante, por aquella época el Ministro Galarza crea el D. E. D. I. D. E. (Departamento Especial de Información del Estado). Este Departamento es como algo de transición entre las milicias y la Policía. En resumen, una modificación o atenuación de las Milicias de Retaguardia. Parece obedecer esto a un criterio constante en Galarza de tener siempre bajo sus órdenes alguna organización que sirviese para protegerle en su miedo. Estas nuevas milicias tienen sus agentes y cárceles propias. Entre éstas, las tristemente célebres «checas» de Santa Úrsula de Valencia. En este D. E. D. I. D. E. pueden hallarse un antecedente del S. I. M., y una vez creado éste, se refunden los dos organismos... Las funciones de la Policía en esta época se limitan a protección de edificios y personajes oficiales y represión de alzamientos de la C. N. T. en Levante. Todas las demás funciones las ejerce el D. E. D. I. D. E... La Policía de Barcelona, aparte de todas sus otras inmoralidades, tenía establecido un fantástico negocio que giraba alrededor de la evasión de personas y capitales. Muchos de los agentes decían estar agregados a los Consulados del Mediodía francés, cosa que no era cierta, y que aprovechaban para dedicarse al contrabando de alhajas y capitales en provecho propio. Se calculaban en 2.000 millones de pesetas los valores sacados a Francia por este procedimiento. Alrededor de los pasaportes se estableció también un enorme negocio. Y el salir de Cataluña era cuestión de abonar una cantidad más o menos crecida... No siempre se lograron estas evasiones, sino que frecuentemente cogían el dinero y luego asesinaban a las personas a las que habían desvalijado por este procedimiento... Fue nombrado Presidente de un Tribunal de exámenes en Madrid para el ingreso en la Policía de los agentes interinos y elementos de las Milicias de Retaguardia. Coincidió este nombramiento con el de Comisario General de Madrid, de cuyo cargo toma posesión el 11 de septiembre de 1937. Ya a partir de esta época no existen las «checas», que son sustituidas por el S. I. M., con el que no guarda la menor relación la Policía... Existía también una «Brigada Especial» creada por el anterior Comisario General David Vázquez Baldominos, de filiación socialista. La mandaba Fernando Valentí, procedente del grupo de agentes provisionales, ya con categoría de Comisario. Esta Brigada, aunque de organización policial, estaba controlada por los socialistas, y como en ella se dieran malos tratos a los detenidos, el dicente la disolvió. Cuando fue disuelta, sus componentes fueron reclamados por el S. I. M., de matiz socialista, pues sin ser de este partido no se podía pertenecer al S. I. M. El S. I. M. procedió siempre, además de con gran crueldad, con procedimientos ladinos y capciosos. Una de sus actividades era lanzar a sus agentes sobre personas de gran indiferencia política y las asustaban diciéndoles que los nacionales estaban para entrar y que era conveniente que se alistaran en Falange para encontrarse garantizados a la llegada del Ejército. Cuando por este procedimiento reunían ciento cuarenta o ciento cincuenta personas, entregaban las listas y decían que habían detenido a una Bandera completa de Falange...
La precedente declaración refleja de modo bastante aproximado el carácter de la Policía del Frente Popular y de aquellos organismos represivos creados por el Gobierno marxista para servirse de ellos directamente en medio del terror desordenado del periodo revolucionario.
Los departamentos y servicios policíacos de especial interés son confiados a los elementos de nuevo ingreso, procedentes de los organismos del Frente Popular, que despliegan todo su celo en fomentar artificiosamente, mediante la infiltración de agentes provocadores, complots contra el régimen marxista, que motivan la detención de numerosas personas que, brutalmente maltratadas en las prisiones de la Policía, son obligadas a reconocer imputaciones que, incorporadas al correspondiente proceso, acarrean la condena capital de los inculpados, como ocurrió en numerosos casos, entre ellos el de D. Antonio del Rosal y López de Vinuesa, que con otros doce, detenidos al mismo tiempo en Madrid, fue fusilado en el Campo de Paterna, de Valencia, en 29 de octubre de 1937, así como el de D. Javier Fernández Golfín y D. Ignacio Corujo, que en unión de varios compañeros suyos fueron ejecuta-dos en los fosos de Montjuich, en Barcelona, en el año 1938, después de haber sido unos y otros inhumanamente maltratados en Madrid durante largo tiempo.
Acerca del trato recibido por los detenidos en la prisión policíaca de la Ronda de Atocha, número 21 (antiguo Convento Salesiano de Madrid), el ex Diputado de Izquierda Republicana y Tesorero de la Cruz Roja Española de Madrid durante la lucha civil, don Ramón Rubio Vicente, manifiesta lo que sigue ante la Causa General : «Que a mediados de junio de 1937 llegaron al declarante noticias del régimen insufrible y de los malos tratos aplicados a los detenidos en la prisión preventiva dependiente de la Dirección General de Seguridad roja y establecida en el antiguo Convento de Salesianos de la Ronda de Atocha, número 21 (María Auxiliadora). En unión del Delegado de la Cruz Roja Internacional, Sr. Vizcaya, obtuvo del Comisario General de Policía, David Vázquez Baldominos, que le facilitase la visita a dicha prisión, y en esta primera visita, y en alguna otra que realizó, pudo comprobar que los presos eran objeto de malos tratos, que a las mujeres se las hacía declarar en cueros, y que en la enfermería los enfermos estaban tirados en el suelo. Todo esto aparte del régimen de escasez y privaciones, debido a desidia, como, por ejemplo, la falta absoluta de agua durante varios días, en medio del calor de aquel verano, por una avería en las cañerías, que nadie se ocupaba de reparar. Recuerda los nombres de los Agentes entonces de servicio, que eran Tomás Altozano y Manuel Linares Alcolea, ambos de Izquierda Republicana, y Cipriano Blas Roldán, del Partido Socialista, y como Sargento de la guardia, Antonio Parrondo. Merced a gestión del declarante se logra que la Comisaría General de Policía de Madrid admita en dicha prisión los servicios del Médico D. Aurelio Molero Berrio, nombrado por la Cruz Roja, y dicho señor, en unión del declarante, acudió a la prisión el 4 de julio, aprovechando la ocasión para enterarse del régimen e interioridades de aquel departamento; al abrir la puerta del calabozo número 5, donde había de prestarse asistencia a un enfermo, les hizo retroceder un paso el nauseabundo olor que allí se respiraba; en dicho calabozo encontraron encerrado a un hombre como de unos cuarenta años, que al ser examinado por el médico se quejaba de sufrir grandes dolores; su aspecto era horrible, como el de una persona secuestrada después de un largo cautiverio de penalidades y sufrimientos. Parecía un verdadero espectro, y se encontraba desnudo de medio cuerpo para arriba, con un pantalón hasta la rodilla, sin calcetines ni zapatos y tirado en el suelo, con una hoja de periódico. Preguntados los guardianes si aquel preso no tenía petate o colchoneta, contestaron que se la habían retirado porque el preso era de cuidado. El detenido manifestó al declarante que de madrugada pasaba mucho frío, y que entonces se tapaba con la hoja de periódico, que era lo único que tenía en el calabozo. Dicho calabozo tendría medio metro de ancho por dos o tres de largo, y hasta para reducir más sus dimensiones, estaba debajo de la escalera, por lo que resultaba abohardillado. El médico, por indicación del declarante, aconsejó el traslado del enfermo a otro lugar mejor. Preocupado el declarante por estas atrocidades, gestionó de las autoridades rojas de Prisiones que dicha prisión policíaca fuese encargada al personal del Cuerpo de Prisiones, esperando que así mejorase la insufrible situación de los detenidos. Con posterioridad a la liberación se enteró el declarante de que el preso del calabozo número 5 era D. Enrique Urreta, Capitán del Ejército, y que, según referencias, está actualmente de guarnición en Burgos... Los calabozos de los pisos altos, que el declarante no visitó, eran conocidos entre los presos con el nombre de calabozos de la muerte, y, desde luego, las prolongadas incomunicaciones que en la Ronda de Atocha se prodigaban eran verdaderos medios de tortura, sabiendo todo el mundo lo que ocurría, sin que nadie se creyese en el caso de impedirlo, hasta que el declarante se preocupó de esta cuestión. Nuevamente, y después de la mejora observada en el trato de la prisión de Atocha, se recibieron noticias en el Comité Central de la Cruz Roja, por manifestaciones del Sr. Jiménez Balgañón, de que en dicho preventorio del Convento de los Salesianos volvían a aplicarse malos tratos, y preguntado sobre este hecho el Médico señor Molero, lo confirmó, en 18 de noviembre de 1937, diciendo que se trataba de un detenido que había ido a la Ronda de Atocha procedente de la Brigada Especial de Serrano, io8 (¿108?), y quedó dar el nombre al declarante. El 3 de diciembre de 1937, el Sr. Morata manifestó en una reunión del Comité Central de la Cruz Roja que se había enterado de que en la prisión de la Ronda de Atocha había unos cuarenta detenidos y que llevaban allí varios meses. Extrañado el declarante, que creía ya virtualmente desalojada aquella prisión, fue a hablar con Illera, por entonces Comisario General de Policía, a quien insistió sobre la necesidad de acabar con los malos tratos en dicha prisión y con las incomunicaciones prolongadas, ofreciéndole atenderle. En nueva visita realizada por el declarante a la prisión, en enero de 1938, encontró en cama en la enfermería a un detenido, todavía convaleciente de los malos tratos de que había sido víctima en la Brigada Especial de Serrano, 108, y dicho detenido agradeció los ofrecimientos del declarante estrechándole fuertemente la mano...»
Declaración que viene a confirmar insistentes manifestaciones en el mismo sentido hechas ante las Autoridades judiciales nacionales acerca de los martirios aplicados por la Policía del Frente Popular en la prisión de los Salesianos de Madrid y en sus demás dependencias, contándose entre estos testimonios el del Doctor Gerardo Sanz Ruber, quien dice, que a Javier Fernández Golfín le dieron dieciocho o veinte palizas; que a Miguel Ángel García Loma le fracturaron dos costillas, y que el propio declarante sufrió tales malos tratos, aplicados a un mismo tiempo por cuatro o cinco policías rojos, que estuvo orinando sangre por espacio de nueve días.
Al no resultar discreto ya, en la primavera del año 1937, la prosecución en masa de los asesinatos característicos de la anterior época, y cancelada o muy disminuida la actividad de las «checas», la Policía roja suele evitar por su parte la comisión de crímenes demasiado alarmantes, y se dedica a torturar a sus detenidos del modo que queda expuesto, sin que por ello cese en sus asesinatos.
Sin incluir las entregas de detenidos a las «checas», hechas por los diversos centros policíacos de Madrid durante los primeros meses de la contienda civil, han podido concretamente determinarse, por denuncias de familiares de las víctimas, diversos asesinatos a cargo de la Brigada Especial de Policía, establecida desde el año 1937 en la calle de Serrano, 108, así como del preventorio policíaco de la Ronda de Atocha, números 21 y 23, directamente dependiente de dicha Brigada Especial; y entre ellos, D. Faustino Ruiz Pérez, D. José Gracia Mairal, D. Antonio Fernández de las Heras, D. Juan Tortosa Franco, D. Cipriano Lozano Crespo, D. Martín Apesteguía Pisón, don Vicente San Juan Salamanca, D. Enrique Castillo López, D. Jesús García y García y D. Ángel Rodríguez Tejada.
Los desmanes realizados por la Policía roja, no sólo reconocían en todos sus casos como víctimas a personas más o menos adversas al régimen político frentepopulista, sino que recaían muchas veces sobre personas completamente ajenas a la política, siendo la codicia o los intereses particulares de los miembros de la Policía roja, procedentes de las «checas», el único y exclusivo motivo de estos crímenes, acompañados con extraordinaria frecuencia de ultrajes al pudor y expoliaciones de la propiedad: Así, en los primeros días de octubre de 1937, unos Agentes de la Brigada de Información y Control de Frentes de la Policía roja, entre los que figuraban Fidel Losa Petite y Bibiano Bere Revolé –muy conocidos por su destacada actuación criminal– registraron el domicilio de doña María Irribarren Martínez, que fue detenida y despojada de mil pesetas halladas en su poder; fue víctima de diversos ultrajes, y después de pasar por el centro policíaco de la Brigada de Información y Control, establecido a la sazón en el paseo de la Castellana, fue conducida al sector militar de El Pardo y asesinada. El mismo agente rojo Fidel Losa Petite, secundado también por Bibiano Bere y otros individuos de la Policía del Frente Popular, condujeron en un automóvil, en setiembre del mismo año 1937, a la señorita Carmen Pérez Mansilla, de veinticuatro años, domiciliada en la calle del General Martínez Campos, número 9, haciéndola creer que la trasladaban a Alicante, desde donde le sería fácil salir de España en algún buque; en la carretera la asesinaron, enterrándola en el propio lugar del crimen.
Otros muchos crímenes semejantes fueron llevados a cabo por la Policía roja y demás organismos oficiales represivos del Gobierno frentepopulista, incluso en época ya bien avanzada de la guerra, tanto en Madrid como en los demás territorios sometidos al dominio rojo, existiendo constancia judicial de estos hechos.
Con independencia de la Policía, el Gobierno marxista va creando otros diversos organismos represivos de carácter oficial, como el D. E. D. I. D. E. (Departamento Especial de Información del Estado) y el S. I. M. (Servicio de Información Militar).
Nace el D. E. D. I. D. E. en Valencia, siendo su núcleo fundador la Compañía de Milicias de Vigilancia de Retaguardia de Madrid, que servía de escolta personal al Ministro de la Gobernación Ángel Galarza, a quien habían acompañado en su huída desde la Capital, donde los mencionados elementos afectos a Galarza habían cometido durante varios meses toda clase de crímenes sangrientos y de depreciaciones en la célebre «checa» de la calle del Marqués del Riscal, número 1. Al abandonar Galarza la Capital madrileña, ante el avance nacional en noviembre de 1936, encargó a varios de estos chequistas del transporte de las maletas cargadas con dinero y alhajas que el referido Ministro rojo se había reservado para sí y que no pudo aprovechar en definitiva por haberse apoderado violentamente de dicho tesoro las milicias anarquistas de Barcelona, que se enteraron oportunamente del paso por dicha ciudad de los milicianos de la escolta de Galarza encargados por éste de conducir a lugar seguro las maletas confiadas a su custodia por el Ministro.
Este primitivo núcleo del D. E. D. I. D. E. –organismo represivo extendido más adelante a toda la España roja– instaló en Valencia las famosas «checas» de Baylia y Santa Úrsula, consistiendo las torturas empleadas en las mismas no sólo en brutales apaleamientos, sino en el uso de torniquetes para descoyuntar los miembros, quemaduras de las extremidades, introducción de estaquillas entre las uñas, retorcimiento de los órganos genitales, suspensión de la víctima (que quedaba colgada del techo con la cabeza hacia abajo), introducción de los detenidos en celdas cuyo piso, rebajado, se hallaba inundado por dos palmos de agua, etc. Otro de los castigos consistía en introducir a os detenidos, privados de alimentación, en unos cajones de un metro madrado de base y escasa altura, donde se les obligaba a permanecer encogidos durante varios días, hasta que se desmayaban. Entre multitud de personas sufrieron estos martirios en las «checas» policíacas del E. D. I. D. E., en Valencia, D. José Selles Ogino y D. Emilio Calonarde Granell, cuyas declaraciones, así como otras muchas en igual sentido, obran en la Causa General de dicha provincia. Tanto al señor últimamente mencionado como a D. Jesús Domingo Vargués les fueron quemadas las plantas de los pies.
Dirigían las «checas» de Baylia y Santa Úrsula –directamente dependientes del Ministro Galarza–además del Comisario Juan Lobo, el Comandante rojo Justiniano García, jefe de la escolta del Ministro marxista; el Capitán de milicias Alberto Vázquez y sus dos hermanos y, en resumen, cuantos habían ejercido mando en la «checa», madrileña de la calle del Marqués del Riscal, de donde procedían. Como técnico con amplia autoridad figuraba, entre otros extranjeros, un individuo ruso que usaba el nombre de Peter Sonín, así como su mujer, Berta, cuya actuación alcanzó notoriedad en Valencia.
Las «checas» de Baylia y Santa Úrsula, como las demás del D. E. D. I. D. E. en toda España roja, pasaron a depender en mayo de 1938 del S. I. M., cuando este nuevo instrumento de terror, creado en 1937 por el Ministro de Defensa Indalecio Prieto, acabó por absorber al D. E. D. I. D. E.
El D. E. D. I. D. E. dependía del Ministerio de la Gobernación y su mando supremo fue confiado, al poco tiempo de su creación, a Francisco Ordóñez, amigo de Indalecio Prieto pistolero de su escolta con anterioridad a la guerra, uno de los asesinos comprobados del Diputado D. JOSÉ CALVO SOTELO.
Siendo Indalecio Prieto Ministro de Defensa, también en el año 1937, constituye el S. I. M., con amplísimas atribuciones que acaba por absorber al D. E. D. I. D. E., cuya misión informativa se consideró fracasada.
El S. I. M. no se limita a su específica esfera de investigación militar, sino que se convierte en la Policía política más siniestra y temible, imponiendo el terror tanto en los frentes como en la retaguardia y cometiendo numerosos asesinatos. El S. I. M. del Ejército del Centro (Madrid), quedó a cargo de Ángel Pedrero García maestro socialista, delincuente contra la propiedad y amigo de Indalecio Prieto y de Ángel Galarza, de quien era paisano Pedrero ; nombrado Jefe de Demarcación del S. I. M. con la graduación de Teniente Coronel, distribuye los mandos superiores de su Servicio entre sus antiguos compañeros de la «checa» de Atadell –a la que él mismo había pertenecido como segundo jefe– y completa el personal con una serie de agentes de policía socialistas, procedentes casi todos ellos de las «checas» .
El S. I. M. de Madrid aplicó a sus detenidos terribles malos tratos en su prisión de San Lorenzo (perteneciente con anterioridad al D. E. D. I. D. E.) y comete asesinatos en la capital, aparte de los que los agentes del S. I. M. podían impunemente cometer en los frentes de guerra. Se refieren a algunos de estos asesinatos las siguientes declaraciones obrantes en la Causa General de Madrid :
Don Miguel Minuesa Pueyo denuncia que el 25 de abril de 1938 fue detenido su hermano D. José Minuesa Pueyo por dos sujetos vestidos de tenientes del ejército rojo, que lo condujeron al Ministerio de Marina (S. I. M.), donde perdieron noticias del detenido el día 28 del mismo mes.
Don Fernando Martín Salgado, con domicilio en Núñez de Balboa, núm. 5, denuncia que su hermana política doña Sofía Follente Morlin, vecina de Pozuelo de Alarcón, cuyo hijo Gregorio se había pasado a zona nacional, fue detenido en Miraflores de la Sierra el 11 de julio de 1938 por agentes del S. I. M. y conducida al Ministerio de Marina, habiéndose enterado posteriormente el declarante de que la detenida había sido asesinada el día 24 del mismo mes y año.
Don Alfonso Mazariego Lavín, con domicilio en O'Donell, 20, hace constar que su tío D. Alfredo Chelvo Bosch, de sesenta y un años, con domicilio también en O'Donell, 20, fue detenido en el Sindicato de Técnicos de la C. N. T. el 13 de mayo de 1938, y conducido al S. I. M. del Ministerio de Marina, de donde desapareció sin que se volviera a tener noticia alguna de su paradero.
Don Rafael Castro de la Jara, médico, con domicilio en esta capital, calle de Alcalá, 117, expresa que su hijo D. Joaquín Castro Moreno fue detenido el 25 de febrero de 1939 por dos agentes del S. I. M., uno de los cuales decía ser el Teniente Iglesias, quienes le llevaron a las oficinas de dicho centro (Ministerio de Marina), siguiéndole el declarante, que llegó hasta la puerta del Ministerio de Marina, oyendo al poco rato lamentos de su hijo a quien vio bajar corriendo las escaleras, quejándose de malos tratos, en cuyo momento los vigilantes le acribillaron a balazos; que practicada la autopsia por dos Médicos forenses, entre ellos el Dr. D. Arturo Santamaría, se apreciaron en el cuerpo de la víctima señales de magullamiento recientes; y que al asesinado le fueron robadas 800 pesetas que llevaba.
Según denuncia de D. Alfonso Cordón de Roa, con domicilio en Pozas, 18, su hermano D. Enrique Cordón de Roa, abogado, fue detenido por agentes de la Brigada de Pedrero al salir del Palacio de Justicia de Madrid el 30 de setiembre de 1937, y conducido al Ministerio de la Guerra, desde donde se cree fue trasladado a Valencia, sin que hayan vuelto a tenerse noticias de su paradero.
Doña Agustina Povedano López, con domicilio en Jorge Juan, 94, denuncia que su marido D. Salvio Rivagorda Gómez, fue detenido por agentes del S. I. M. en la calle de Goya el día 29 de abril le 1938, siendo conducido a la «checa» del Ministerio de Marina, de donde desapareció el día 1 de mayo.
Doña Flora Baelo Navarro, domiciliada en Jorge Juan, (¿))4, manifiesta que su hermano D. Pedro Baelo Navarro fue detenido por agentes del S. I. M. el día 29 de abril de 1938, siendo conducido a las dependencias del referido S. I. M., donde dieron razón de él durante dos días, al preguntar sus familiares, sin que a partir de dicha fecha volviera a tenerse ninguna noticia del desaparecido.
En denuncia presentada por doña Vicenta Arce González, domiciliada en Doctor Esquerdo, 41, se consigna que su esposo D. Paulino Angel Sáinz fue detenido por agentes del S. I. M. el día 25 de agosto de 1938, siendo conducido al Ministerio de Marina, de donde desapareció, habiéndose hallado su cadáver el día 2 de setiembre en el Depósito Judicial e inhumado por la familia en el Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena.
Doña María González Parra, con domicilio en esta Capital, calle de Sagunto, núm. 10, denuncia que su hermana doña Elisa González Parra, telefonista, fue detenida por agentes del Servicio de Investigación Militar el 2 de julio de 1938 y conducida a la «checa» de San Lorenzo, de donde desapareció; habiendo tenido referencias la declarante, obtenidas en la Cruz Roja Internacional, de que en las oficinas del S. I. M., de Cuenca, la detenida fue maltratada, habiéndose abusado de ella al parecer y siendo a continuación arrojada por una ventana al río Júcar, habiendo expresado el certificado facultativo que la víctima había fallecido por la fractura de la base del cráneo.
Al derrumbarse el régimen marxista, los miembros del S. I. M. de Madrid huyen a los puertos de Levante, donde tratan de embarcar para el extranjero y –siguiendo el ejemplo del reparto de fondos hecho en 1936 por los chequistas del Comité Provincial de Investigación Pública–, Ángel Pedrero distribuye, en una casa de la calle de la F. A. I., de Valencia, entre varios de sus subordinados, dinero y alhajas procedentes de los saqueos llevados a cabo por el Servicio de Investigación Militar, así como una importante partida de azafrán, producto que alcanzaba una elevada cotización.
Llegaron a ser tristemente célebres las «checas» del S. I. M. de Valencia, establecidas en Villa Rosa, Escuelas Pías y calle de Sorni, núm. 7, por la constante aplicación de tormentos refinados, habiéndose perpetrado en ellas violaciones y abusos deshonestos de que resultaron víctimas varias detenidas, algunas de las cuales han denunciado ante la Justicia nacional tales atropellos.
Se pegaba con instrumentos contundentes hasta dejar a los detenidos sin sentido, aplicándoles duchas para reanimarlos, llegándose a eliminar a muchas personas. Si los declarantes no lo hacían a gusto de sus interrogadores, se simulaba su fusilamiento, a fin de atemorizarlos, teniendo lugar estos simulacros por la noche, en los alrededores de la ciudad; fueron empleados calabozos de emparedamiento, impregnados de humedad y privados en absoluto de luz, en los cuales los detenidos se veían obligados a evacuar sus necesidades en el mismo calabozo, del que solían ser sacados por la noche y conducidos al despacho del responsable, donde eran interrogados entre blasfemias e insultos soeces, siendo varios los detenidos que enloquecieron. Otro de los martirios consistía en colocar en las muñecas de las víctimas esposas con pinchos interiores, siendo táctica de los chequistas aplicar estas torturas en presencia de los detenidos recientemente ingresados en la «checa», a fin de que se impresionaran y resultasen de este modo más explícitas sus declaraciones. Las detenciones iban acompañadas del saqueo del domicilio de las víctimas, muchas de las cuales eran personas de buena posición económica.
El médico D. Juan Rubirac Ballester certificó repetidos casos de lesiones graves, producidas en centros del S. I. M. de Valencia.
Don Federico Espinosa de los Monteros fue maltratado durante tres meses, desde agosto a noviembre de 1936, en las «checas» del S. I. M. de las calles de Sorní y Carniceros, de Valencia, bajo la dependencia de Loreto Apellániz, por los siguientes procedimientos: atado al respaldo de una silla le fueron retorcidos los órganos genitales, martirio que le produjo una fortísima orquitis, de la que todavía –en junio de 1941– se resentía; en la mencionada «checa» de la calle de Carniceros permaneció encerrado en una habitación de techos bajísimos que le hacía permanecer en flexión casi continua durante los treinta y seis días que duró su encierro en dicha habitación, cuyo piso se encontraba cubierto por un palmo de agua, que le impedía sentarse. Como consecuencia de estos sufrimientos, le quedaron dolores en la columna vertebral y en los riñones y una úlcera que, en la época en que el Sr. Espinosa de los Monteros prestó su declaración ante las Autoridades, se encontraba todavía en estado de supuración.
El más cruel de todos los cabecillas del S. I. M. de la capital valenciana fue el aludido Loreto Apellániz García, responsable de las «checas» de este organismo durante el último periodo de la lucha civil, y a quien, en vista de la publicidad alcanzada por sus monstruosos crímenes, hubieron de encarcelar y formar proceso los propios frentepopulistas de significación más moderada que se hicieron cargo del Poder en marzo de 1939, varios días antes del derrumbamiento de la resistencia marxista; sumario que sirvió de sólida base, al ser liberada la capital levantina por el Ejército nacional, para la sentencia del Consejo de guerra que, en abril de 1939, condenó a la última pena a Loreto Apellániz y a sus principales secuaces.
El S. I. M. de Barcelona –donde, por hallarse el Gobierno rojo, radicaba la Jefatura central, desempeñada por Garcés, que también fue pistolero al servicio de Prieto y asesino de CALVO SOTELO–, supera a las demás demarcaciones por su crueldad refinada. Las «checas» barcelonesas del S. I. M. disponen de toda clase de elementos técnicos de tortura que, al ser conquistada la capital catalana por el Ejército liberador, aún se encontraban instalados, y fueron capturados intactos y examinados libremente por el público.
El terror policíaco había culminado en Barcelona, residencia del Gobierno republicano durante los dos últimos años de la contienda civil. En las «checas» oficiales se montaron por el S. I. M. complicadas instalaciones de tortura, bajo la dirección técnica de un aventurero degenerado, de ascendencia austriaca, apellidado Laurenzic.
Fueron utilizadas celdas reducidísimas en las que el piso se encontraba cubierto de ladrillos puestos de canto, de modo que no resultase posible al detenido asentar de plano la planta del pie, y menos aún acostarse sobre el suelo, sin resultar cruelmente lastimado; la misma celda tenía por todo asiento un poyo en declive, que no permitía, a quien en él se reclinase, conciliar el sueño, puesto que en ese mismo momento rodaba forzosamente al suelo, en el que le aguardaba el filo de los ladrillos colocados precisamente con esa finalidad. Un timbre unas veces y otras un metrotono, mantenían en constante tensión los nervios de la víctima.
Otras celdas, semejantes a armarios, tenían escasamente capacidad para albergar el cuerpo del detenido, que era introducido de espaldas y de cara a la puerta, que, al ser cerrada, le impedía todo movimiento, en cuyo instante era encendido un foco potentísimo que producía a la víctima vivo deslumbramiento y graves lesiones a la vista, obligándole a permanecer con los ojos cerrados y fuertemente apretados.
Otra de las celdas de tortura consistía en una especie de campana, cuya temperatura podía ser elevada a voluntad desde el exterior, hasta hacerse insoportable, por medio de dispositivos eléctricos, produciéndose al propio tiempo, por medio de unos martillos o rodillos, un ruido ensordecedor, que enloquecía a las víctimas.
La «checa» de la calle de Zaragoza, establecida en un convento de religiosas sanjuanistas, adquirió triste fama por los variados procedimientos de tortura con que fueron martirizados los detenidos, destacando, entre los más crueles, el martirio de la silla eléctrica, instalada en la sala donde actuaba un titulado tribunal rojo, que ordenaba y contemplaba el suplicio de los recluidos en esta «checa».
La «checa» de la Tamarita, emplazada en un chalet enclavado entre el Paseo de San Gervasio, Avenida del Tibidabo y calle de Nueva Belén, entre cuyos dirigentes figuraban jefes del S. I. M. rojo, alguno de elevada graduación militar, y sujetos de nacionalidad rusa; la de la calle de Ganduxer, la del Seminario y otras varias, fueron regentadas en Barcelona por el S. I. M. siempre con los mismos métodos.
En los sótanos de la «checa» del S. I. M. establecida en la calle de Muntaner, 321, fue empleada por primera vez en Barcelona el tormento de la silla eléctrica.
Acaso la más famosa «checa» del S. I. M. en Barcelona haya sido la de Vallmajor, también conocida con el nombre de «Preventorio D». En ella se emplearon los más refinados martirios para obtener de los detenidos declaraciones a gusto de sus interrogadores.
En los campos de concentración del S. I. M., principalmente en los de la Región catalana, murieron a consecuencia de las penalidades y malos tratos padecidos un número muy elevado de detenidos que sufrían, en general, un trato inhumano.
Desde que el S. I. M. actúa en la zona marxista se dedica a mantener, tanto en el frente como en la retaguardia, el más violento terror como medio para contener la creciente desmoralización del Ejército rojo y de la población civil; la red de agentes reclutados entre los antiguos chequistas, y de confidentes –denominados «Agentes invisibles»– tenía a su cargo las detenciones y asesinatos, siendo una de sus misiones la de detener a los familiares de aquellos soldados del ejército rojo que se pasaban a las líneas nacionales, siendo conducidos estos rehenes, sin consideración a su edad (a veces se detenía al padre del evadido), a la misma unidad militar donde el fugado prestaba sus servicios, en la que muy frecuentemente eran asesinados al poco tiempo de su llegada.
El sistema de secuestros y torturas es aplicado en todos los lugares en que existe un destacamento o representación del S. I. M. En Almería, una mujer fue cruelmente maltratada en presencia de su marido, también detenido, y éste brutalmente apaleado a su vez al intentar defender a su mujer, golpeada sin descanso por seis individuos, que la habían desnudado previamente murió poco después en la prisión de Baza. El mismo S. I. M. de Almería solía emplear el tormento de atar a sus detenidos de pies y manos y sumergirlos en una balsa llena de agua, donde los tenían cierto tiempo, no extrayéndolos hasta que los veían casi ahogados.
En el Campo de trabajo número 3, establecido por el S. I. M. en el término municipal de Ornelles de Nogaya (Lérida), fueron asesinados unos doscientos detenidos. Un testigo presencial, llamado D. Dionisio Samper Samper, que también estuvo internado en dicho Campo, relata el asesinato del seminarista D. Francisco Arias Antequera, natural de Madrid : El 24 de junio de 1938, Antequera fue apaleado ferozmente por el hecho de haberse descubierto su condición de seminarista; empezó el suplicio a las dos de la tarde y estuvo siendo golpeado, con ciertos intervalos, hasta la madrugada, en que expiró; en las primeras horas de la madrugada pidió un poco de agua y le dieron a beber orines con sal. Este asesinato fue también presenciado por don Juan Argemí Fontanet, que declaró igualmente lo sucedido ante las Autoridades judiciales del Estado Nacional; este mismo testigo recuerda, entre los numerosas asesinatos de detenidos, el del Dr. D. Casimiro Torréns, médico de Omelles de Nogaya, que fue muerto a tiros.
En términos generales, y con modalidades que difieren en algún detalle, según las diversas demarcaciones, lo apuntado constituye el carácter general de la actuación de la Policía política roja cuya última y más acabada manifestación se encuentra representada por el S. I. M., creado por Indalecio Prieto.
La dirección de las instalaciones de tortura de las «checas» del S. I. M. de Barcelona, corrió a cargo del jefe supremo del S. I. M., Santiago Garcés, de Francisco Ordóñez –que fue jefe del D. E. D. I. D. E.–, del Gobernador del Banco de España rojo, Pedro Garrigós, y de los miembros del referido servicio policíaco, Comandante Alonso, Urdueña, Sargento Mendoza y otros varios, ejerciendo el cargo de jefe de interrogadores un individuo apellidado Walter.
A los tormentos que los instaladores de las «checas» oficiales del S. I. M. denominaban «psicotécnicos», se unían las más duras y brutales violencias materiales, siendo usual la aplicación de hierros candentes que producían profundas quemaduras y arrancaban las confesiones de responsabilidades ciertas o imaginarias pretendidas por los interrogadores; también era frecuente, como en las «checas» oficiales de Valencia, el retorcimiento de los órganos genitales de los detenidos v la suspensión de éstos –hombres o mujeres– cabeza abajo por tiempo prolongado. Constan fehacientemente acreditados numerosos casos de esta índole, relatados ante las autoridades judiciales por los supervivientes.
En la «checa» de la calle de Valimajor, de Barcelona, un detenido se ahorcó, enloquecido, después de haber sido cruelmente maltratado; lo acredita como testigo el entonces detenido, médico de Barcelona, D. Juan Juncosa. La esposa de D. Jaime Scoda, se volvió loca, a consecuencia de las penalidades sufridas en la misma «checa» de Vallmajor, en la que estuvo detenida, en unión de su marido.

CAPÍTULO IX
Manifestaciones de la influencia soviética



El Frente Popular español –creado por la Internacional de Moscú, por cuyo encargo se ocupó al agitador Bela Kun, en abril de 1936, de explorar el ambiente político de España y, sobre todo, de Barcelona–, no dejó de estar al servicio de aquélla en ningún momento, sin que el influjo soviético fuera debilitándose durante el curso de la lucha civil. Por el contrario, esta influencia fue cada vez más fuerte y, ya al final de la guerra, el Gobierno del Dr. Negrín es sólo un eco de la voluntad de la Central Comunista, hasta el punto de suscitar en el propio seno del Ejército de la República el golpe de mano del Comandante Segismundo Casado, que en marzo de 1939 liquidó a la dictadura comunista de Negrín, que persistía en imponer a la zona todavía sometida a su dominio el sacrificio de una resistencia desesperada y estéril.
Todos los aspectos de la vida pública en el territorio marxista acusan esta preponderancia soviética: No se trata solamente de la política, general, de la Prensa, subvencionada o sumisa, ni del llamado Ejército popular, sujeto primero a los Comités rojos, y después a un instrumento de opresión tan implacable como el Comisariado Político y vigilado por la Misión Militar Soviética –cuya Delegación en Madrid, instalada personalmente por Indalecio Prieto en el Hotel Gaylord durante el año 1937, recibe el nombre de «Estado Mayor Amigo»–. Es también la Hacienda pública, que envía a la U. R. S. S. gran parte de las reservas oro del Banco de España, que son descargadas en el puerto de Odesa.
La intrusión del comunismo soviético en la España republicana se advierte de un modo muy especial en la organización del terror y en las actividades de la Policía :
Unos delegados de la G. P. U., que se hacen llamar camaradas Coto, Pancho y Leo, secundados por un individuo que usaba el nombre de José Ocampo y varias mujeres intérpretes, instalados todos ellos en el Hotel Gaylord, de la calle de Alfonso XI, requisado por el «Estado Mayor Amigo», orientan durante el año 1937 las actividades de la Policía marxista madrileña, cuyos Centros visita asiduamente, prescribiéndoles una técnica determinada de investigación y haciéndoles poner en juego la peculiar táctica bolchevique de infiltración y provocación entre los elementos sospechosos, para hallar de este modo pretexto para la aplicación de medidas represivas de la máxima dureza. Además de la Policía común, dependiente de la Dirección General de Seguridad, se encuentra también sometida a la G. P. U. la Policía política creada por el Ministerio de la Gobernación con la denominación de D. E. D. I. D. E. (Departamento Especial de Información del Estado), incorporada más adelante, en 1938, al S. I. M. (Servicio de Información Militar). El D. E. D. I. D. E. de Madrid comienza a funcionar en 1937, bajo la tutela de los agentes soviéticos que acudían a la Prisión de San Lorenzo, por entonces asignada a dicho D. E. D. I. D. E., para dirigir los interrogatorios de los detenidos, cuyas revelaciones trataban de arrancar por medio de toda clase de violencias.
Una extranjera que se hacía apellidar Gilbert, era conocida en Barcelona como enlace del Cónsul general soviético, Owscenkco, para la transmisión de órdenes, durante los primeros meses de los sucesos revolucionarios, a un determinado grupo de «checas».
D. Antonio Gutiérrez Mantecón, que estuvo detenido en la mencionada Prisión de San Lorenzo, en diciembre de 1937, manifiesta en declaración obrante al folio 201 del Ramo número 37 de la Pieza número 4 («Checas») de la Causa General de Madrid, lo siguiente: «...fue ingresado en la Prisión de San Lorenzo, perteneciente entonces al Departamento Especial del Estado (D. E. D. I. D. E.)... Fue víctima de toda clase de malos tratos y de obra y de amenazas, siendo golpeado con vergajos por los agentes interrogadores... Dirigía los interrogatorios un ruso alto, fuerte, de cara ancha, con pelo rubio, ondulado y peinado hacia atrás, que iba vestido con gabardina y una boina. Este sujeto, que ejercía autoridad plena en la prisión, siendo considerado como jefe de la Brigada, apenas hablaba castellano y se servía de una intérprete española de unos veinticinco años, que vestía camisa roja con corbata roja, y que se distinguía en los, malos tratos, siendo la que concretamente indicó que al declarante había que atarlo, desnudarlo y meterle en la «cámara», que era una celda muy fría en los sótanos, empleada para castigo ; también ordenaba que se golpease al declarante, como única manera de obligarle a confesar... Entre otros malos tratos sufridos en la checa de San Lorenzo, el declarante fue martirizado con duchas de agua helada, por la noche, en la misma celda del sótano y en pleno invierno; se trataba de cortarle la lengua con unos alicates por negarse a declarar y se le sometía constantemente a palizas, de las que todavía conserva huellas...».
También en Valencia, las crueles «checas» del D. E. D. I. D. E. son dirigidas de acuerdo con agentes rusos masculinos y femeninos.
La Delegación de la G. P. U. en Madrid, de acuerdo con el Partido Comunista español, al servicio de Moscú, y con las autoridades del Frente Popular, logró cumplir la consigna de asestar el golpe decisivo al P. O. U. M. (Partido Obrero de Unificación Marxista), fracción disidente del comunismo oficial y afecto a la política de Trotski. Desde el principio de la lucha civil española, el P. O. U. M. intervino en la misma al lado del Frente Popular, rivalizando en sus crímenes con los demás grupos subversivos. De nada sirvió al P. O. U. M. esta cooperación prestada a la causa roja: La Policía del Frente Popular, al dictado de la G. P. U, se aprestó a estampar en un simple plano de Madrid, encontrado en poder del Arquitecto D. Javier Fernández Golfín (fusilado luego con otras víctimas en Barcelona), un texto apócrifo de escritura en tinta simpática, que fue revelado por la propia Policía y presentado como prueba de un pretendido acuerdo entre el P. O. U. M. y el Mando nacional. El P. O. U. M. quedó disuelto; sus miembros más destacados fueron encarcelados y sometidos a proceso por alta traición y el jefe de ese partido trotskista, Andrés Nin, fue detenido en Barcelona, con intervención de la G. P. U., y trasladado a Alcalá de Henares (Madrid), de donde desapareció, ignorándose si fue asesinado inmediatamente o conducido a Rusia.
El Agente de la Policía roja, Javier Jiménez Martín, que por orden de sus jefes formó parte del grupo enviado desde Madrid a Barcelona para hacerse cargo de Andrés Nin y trasladarlo a la capital, hace las siguientes manifestaciones, obrantes al folio 252 de los mismos Ramo y Pieza de la Causa General de Madrid: «...Que ingresó en la Policía a fines de agosto de 1936... y que a fines del verano del mismo año fue destinado a la Sección de Policía que prestaba servicio en la Embajada rusa, para vigilancia de la misma, instalada a la sazón en el Hotel Alfonso, si bien a los pocos días de incorporarse el declarante a este destino, la Embajada se trasladó al Hotel Palace... Ocupaba la Embajada un ala de la primera planta del Hotel Palace... Oyó decir que el coche del Embajador..., que cree recordar era un «Studebaker», le había sido proporcionado a Rosemberg por el Partido Socialista, y según impresión del declarante, tanto este coche como todos los demás al servicio del personal soviético, era procedente de la requisa que hasta entonces habían llevado a cabo las milicias... Rosemberg desapareció de Madrid al aproximarse las Fuerzas nacionales. En cuanto al servicio llevado a cabo por la Policía roja contra la organización trotskista llamada P. O. U. M., tiene que manifestar: Que en los primeros días de julio, después del 4... y antes del (¿)ro, el declarante, al llegar un día a la Brigada, instalada en Castellana, número 19, recibió orden de estar preparado para salir inmediatamente a realizar un servicio fuera de Madrid, con destino desconocido. En un coche subieron José, Valentí y Rosell, y en el otro los Agentes rojos De Buen, Aguirre, Ramallo y el declarante. Antes de salir de Madrid se dirigieron primero a la Comisaría General, donde entraron los tres jefes, saliendo poco tiempo y marchando seguidamente todos al Hotel Gaylord, residencia del grupo ruso, y allí volvieron a entrar los jefes, y al rato, hicieron entrar a los agentes y les dieron un bocadillo. Salieron para Valencia, donde fueron directamente a la Embajada rusa, instalada en el Hotel Metropol, y al día siguiente, después de pasar por la Dirección General de Seguridad, salieron para Barcelona... A su llegada a Barcelona fueron también directamente a la residencia diplomática rusa, instalada cerca de la Plaza de Cataluña, cree que en el Paseo de Gracia. Al siguiente día de llegar a Barcelona, según cree, se enteraron de que el motivo del viaje era una redada que pensaba hacerse contra la gente del P. O. U. M., a lo que el declarante no dio gran importancia, puesto que entendía que las dos ramas comunistas se llevaban poco y que lo único que ocurría era que la más fuerte aplastaba a la más débil, sin que nunca llegara a creer como cierta la versión de que la gente del P. O. U. M. se dedicaba al espionaje y estaba en contacto con los nacionales. Valenti instaló un despacho en la Jefatura Superior de Policía y allí fueron llevándose los detenidos, siendo el declarante uno de los encargados del asalto a la Redacción de «La Batalla», donde fueron encañonados y detenidos los elementos trotskistas, que no pudieron escapar... El Jefe del P. O. U. M, Andrés Nin, fue trasladado a Madrid, haciéndose cargo de esta misión José, Rosell, Urrésola (Andrés) y no sabe si también Ramallo. Ignora lo que ocurriera después, si bien al volver a Madrid oyó versiones según las cuales Nin había sido llevado a Alcalá de Henares, habiendo desaparecido después. Desde este momento de la salida de José de Barcelona, el declarante no ha vuelto a verle ni a saber nada de este individuo, que desapareció de la «escena».
Y el abogado Gregorio Peces Barba del Brío, nombrado por el Gobierno rojo Fiscal, por razón de cuyo cargo intervino en las actuaciones que, como pura fórmula, se instruyeron con motivo de la desaparición de Andrés Nin, después de relatar, en declaración prestada ante la Causa General de Madrid, las incidencias del sumario y las coacciones que, como Fiscal, sufrió para que no se descubriese la verdad de lo ocurrido, consigna las siguientes conclusiones deducidas de las diligencias instruidas:
1ª. El procedimiento se instruyó por el deseo del Ministro de Justicia, Irujo, de salir al paso de la campaña de Prensa, que tenía unos caracteres alarmantes; pero con el propósito no confesado de los elementos comunistas del Consejo de Ministros y otros del mismo afines a ellos, de suspender la tramitación del mismo, cuando el Juzgado, por haber tenido éxito en sus diligencias, pudiera esclarecer la verdad de los hechos.
2ª. El momento de suspender la tramitación del sumario llegó cuando estos elementos comprendieron que detenidos David Vázquez Baldominos, Fernando Valentí, Rosell, Uceda y otros, que habían servido de instrumentos para la ejecución del hecho, pudieran hablar con toda claridad.
3ª. Los elementos comunistas y afines del Consejo de Ministros, en esta cuestión de la desaparición de Andrés Nin, estaban mediatizados por las indicaciones del Partido Comunista de España, pues ellos, personalmente, no deberían tener interés alguno en lo relativo a la averiguación de las causas de la desaparición de Andrés Nin, y que este interés era exclusivamente interés de Partido. Por otra parte, es preciso hacer observar que el Partido Comunista Español es simplemente una Sección de la III Internacional, que sabe el declarante que estableció en Madrid durante la guerra, su representación diplomática y oficiosa, establecida en el Hotel Gaylord, y de la cual, como tal Sección, recibía órdenes e instrucciones.
4ª. Como manifiesta anteriormente, cree que Andrés Nin no fue ejecutado en España.
La maniobra soviética contra el P. O. U. M. provocó serios revuelos en el seno del Frente Popular y, entre otras protestas, el Comité Regional del Centro de las juventudes Libertarias, en un manifiesto que alcanzó gran difusión –cuyo ejemplar obra en la Causa General de Madrid–, expresa, entre otras acusaciones contra el Delegado de Orden Público de Madrid, José Cazorla, afecto al comunismo : «... cuando hace algunos meses daba la nota de que se había incautado de la emisora y del periódico del P. O. U. M. por considerarles desafectos al régimen, no hacía otra cosa que cumplir las órdenes del Partido Comunista. Con los camaradas del P. O. U. M. llegó hasta a practicar el crimen, envolviéndole en la impunidad de su cargo... Cientos de trabajadores honrados han sido apaleados y maltratados en las cárceles clandestinas. Cárceles que las controla el Partido Comunista para que el señorito Cazorla pueda satisfacer sus instintos dantescos. Todo esto lo conoce el pueblo de Madrid, quien viene soportando esta ola de terror conjunta con el heroísmo de los frentes. Sin embargo, ha soportado el crimen en silencio, para no perjudicar la marcha de las operaciones. Cosa que sabía el Delegado de Orden Público y abusaba de la situación... Es necesario que todo el pueblo de Madrid conozca que Cazorla es el asesino de los trabajadores y el que ha organizado la «checa» para impedir que los trabajadores honrados sean revolucionarios».
En el correspondiente anexo se inserta fotocopia de un documento que acredita la injerencia soviética en la Administración de justicia en Barcelona.

CAPÍTULO X
Ejército rojo



Por haber licenciado el Gobierno del Frente Popular, al producirse el Alzamiento, a todos los soldados que se encontraban en filas –si bien pronto se rectificó esta medida–, el Ejército rojo se constituye en un primer momento a base de las milicias marxistas unificadas (socialdemócratas y comunistas), que al advenimiento del Frente Popular como Gobierno se habían formado por iniciativa de éste, como fuerza coactiva al servicio de la política de dicho Frente Popular. Estas milicias marxistas –que a partir del 16 de Febrero de 1936 detenían a los automóviles, obligándoles a entregar cantidades de dinero en favor del Socorro Rojo Internacional, por todas las carreteras, y cacheaban a los ciudadanos en todas las poblaciones, atribuyéndose funciones de policía– hacen su primera presentación oficial, perfectamente uniformados y disciplinados militarmente, durante el referido período prerrevolucionario, en la manifestación de primero de mayo del año 1936, prácticamente exceptuadas de la medida prohibitiva dictada por el Gobierno que había afirmado «que no se permitiría ninguna clase de milicias de carácter político uniformadas, y mucho menos su exhibición por la vía pública». (Documento número 1.)
En segundo lugar se forman unidades de milicianos con individuos de las sindicales obreras y partidos políticos frentepopulistas, tituladas con diversos nombres más o menos expresivos: «Leones rojos», «Columna de Hierro», «Temple y Rebeldía», «Amor y Libertad», «Spartacus», etc. Y, por último, se integran en el Ejército rojo los presos por delitos comunes, recién libertados: asesinos, ladrones y reos de delitos análogos de derecho común. (V. documento número 2,A).
Un caso que comprueba la afirmación del origen de las más destacadas unidades del Ejército rojo, cuya recluta fue realizada en los medios criminales, es el de la tristemente célebre «Columna de Hierro», de filiación anarquista, que sembró el terror desde el principio de los sucesos revolucionarios en toda la zona de Levante: Del 25 al 26 de agosto de 1936, por orden expresa del Frente Popular, fueron abiertas en Valencia la cárcel Modelo y el presidio de San Miguel de los Reyes, en que cumplían su condena, por delitos graves, centenar de delincuentes comunes. Sólo se exigía para la libertad que los excarcelados se afiliasen –dentro de la misma prisión– a cualquier partido político del Frente Popular. Los ex presidiarios, libertados en masa, pasaron a engrosar las milicias dependientes del grupo de defensa de la C. N. T. y a partir de entonces, organizada ya a base de estos elementos la «Columna de Hierro)), esta unidad roja lleva a cabo toda clase de crímenes en las provincias de Levante, siendo varias las prisiones asaltadas por estos ex presidiarios, que dieron muerte en ellas a multitud de presos políticos cuya detención era debida a sospechárseles desafectos al Frente Popular. En Valencia, el 14 de septiembre de 1936, es asaltada la cárcel Modelo por dos centurias de la «Columna de Hierro», mandadas por José Pellicer Gandía y Pascual Rodilla. Y en la misma fecha asaltaron el Archivo de la Audiencia y el del Gobierno Civil, sin que las autoridades rojas se opusieran ni aun formulariamente a estas actividades. De dicha «Columna de Hierro» se disgregaron varios grupos intitulados «Nosotros», «Los Indeseables» –formado por catalanes–, «Los Iconoclastas» y «Star», que tuvieron sometida a su capricho la región valenciana.
Se acompaña con el número 2, B y C., fotocopia de la Gaceta de Madrid, de 25 de enero de 1937, publicación oficial del Estado rojo, en la que aparece el Decreto-Ley de 22 de enero de 1937, en virtud del cual se amnistía –no se indulta, sino que se amnistía, medida aplicada hasta entonces en España y en el mundo entero civilizado, únicamente a los delitos puramente políticos– a los asesinos y ladrones y a toda clase de maleantes que en «considerable número», como expresa la aludida disposición, forman parte del «Ejército del pueblo».
Todo este conjunto vino a formar el llamado Ejército popular, y a tales milicias se acuerda entregar las armas en la fecha histórica del 18 de julio de 1936, como resultado de la reunión que con el Presidente de la República, Manuel Azaña, tienen en el Palacio Nacional Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, ambos dirigentes del Partido Socialista, y los prohombres republicanos Diego Martínez Barrio (Presidente de las Cortes), Lara, Barcia y Sánchez Román. Largo Caballero mantuvo la decisión de armar al pueblo, criterio que, en definitiva, prevaleció por la decisión, de enorme trascendencia y responsabilidad histórica, del Presidente de la República, Manuel Azaña, quien alegó –según la declaración prestada por D. Ramón Feced Gresa, ex Ministro de la República y miembro del Partido Nacional Republicano, dirigido por el Sr. Sánchez Román– que «las teorías sin masas, no tenían valor.»
El Sr. Sánchez Román refirió al Sr. Feced la expresión de satisfacción y de triunfo que se reflejó en el rostro de Largo Caballero al escuchar la decisión del Presidente de la República, que llevaba en sí la imposición de dictadura marxista. Sánchez Román, ante una resolución tan grave, no se atrevió a prestar la adhesión de su partido al Gobierno que se formase.
Y al poco tiempo, y cuando la turba, encabezada por asesinos y malhechores de todas clases cometía, con las armas proporcionadas por orden del Presidente de la República, los desmanes ya conocidos, D. Manuel Azaña manifestó –también según declaraciones del Sr. Feced– «que cada día se sentía más satisfecho de no haber escuchado el consejo de quienes proponían no se debía armar al pueblo».
Constituido el Ejército rojo, figuran, por excepción, en él algunos militares de carrera, entre los cuales descuellan el General Miaja y el entonces comandante Vicente Rojo (que más adelante alcanza el grado de General por sus servicios al Gobierno marxista). Para apreciar la falta de sinceridad en la actitud de estos dos jefes, a quienes el Movimiento sorprende en zona dominada por el Gobierno rojo, bastará tener en cuenta el hecho de que ambos militares figuraban inscritos en la organización «Unión Militar Española (U. M. E.), que había sido formada frente al empuje demagógico de la República con el fin patriótico de oponer en el momento oportuno un dique capaz de salvar a España del embate comunista. Llegado este momento y fracasado el Alzamiento Nacional en Madrid, el General Miaja y el Comandante Rojo, que ven la suerte corrida por tantos jefes y oficiales del Ejército –muchísimos de los cuales son asesinados por el solo hecho de pertenecer a dicha U. M. E.–, lejos de solidarizarse con sus compañeros, se apresuran a brindar sus servicios al Frente Popular. Pero como su conciencia no está tranquila, y creen que con hacer desaparecer la ficha de pertenencia a la mencionada organización, desaparecerá el rastro de su actuación anterior, el día 18 de julio de 1937, el General Miaja, acompañado del que era Comisario General de Policía de Madrid, David Vázquez Baldominos, y del Comisario-Jefe del fichero político a cargo de la policía roja, se presentó en dicho departamento y ordenó se le mostrara su ficha y la del entonces coronel Vicente Rojo, y, una vez en su posesión ambas fichas, se las guardó en el bolsillo. Los funcionarios de dicho negociado, auténticos frentepopulistas, vieron con desagrado semejante conducta, por lo que decidieron levantar un acta, a fin de atestiguar lo ocurrido, acta que reviste interés histórico. (Documento número 3.)
Francisco Largo Caballero, en ocasión de un informe que rinde ante el Comité Ejecutivo de la U. G. T., con motivo de su salida del Gobierno en mayo de 1937, como Presidente del Consejo de Ministros –debido a una intriga comunista, que proporciona el Poder al Dr. Negrín–, da una lista de militares afiliados a la U. M. E., en la que figuran «el General José Miaja y el Coronel Vicente Rojo)).
El Ejército del Frente Popular queda muy pronto sujeto a la vigilancia del Comisariado Político, copia bastante aproximada del Comisariado Político Soviético. El primer Comisario General fue el socialista comunistoide Álvarez del Vayo; la influencia soviética fue decisiva, adaptándose como insignia del Comisariado la estrella roja de cinco puntas, extendida a todo el Ejército del Frente Popular, que adoptó como saludo militar el ademán del puño cerrado en alto. (Documento número 4.)
La labor del Comisariado Político no fue solamente de proselitismo, sino muy principalmente terrorista. La mayoría de los asesinatos cometidos en las unidades militares rojas contra sus propios soldados, sospechosos de desafección o tibieza, se deben a la intervención personal de los Comisarios Políticos, secundados en su tarea por gran número de agentes provocadores que, de acuerdo con la terminología soviética, recibían el nombre de «activistas».
A la vigilancia política del Comisariado se agrega en el año 1937 la vigilancia policíaca del S. I. M., que también asesina impunemente, teniendo a su disposición cada delegado del S. I. M., en las unidades militares rojas, una red de confidentes y agentes provocadores denominados «agentes invisibles».
La rivalidad entre ambos instrumentos de terror, Comisariado Político y S. I. M. –ambos igualmente criminales– es bastante viva, por responder uno y otro a diferentes matices dentro del marxismo, lo que no impedía la cooperación del Comisario Político y del agente del S. I. M. dentro de la misma unidad militar, cuando de cometer algún asesinato se trataba; siendo esta cooperación aún más estrecha cuando el Comisario Político, en vez de ser comunista, era socialista, filiación política que, sobre todo en el Ejército del Centro, caracterizaba a los jefes y componentes del S. I. M.
El Ejército llamado popular –en el que tantos ladrones y asesinos formaban, según confesión del propio régimen en su Decreto ya mencionado de 22 de enero de 1937– habría de comportarse de acuerdo con su origen, y su conducta en la guerra respondería a este mismo carácter. En refuerzo de este Ejército, según declaraciones de comunistas destacados, la Internacional Comunista ordenó a los afiliados de todo el mundo la prestación de la máxima ayuda, encuadrándose muchos de ellos, así como muchos aventureros sin patria, en las Brigadas Internacionales, y de este modo el hampa internacional acampa en la España roja, llegando sus primeras formaciones a Madrid, con toda clase de elementos de guerra, en los primeros días de noviembre de 1936. (Documentos números 5 y 6.)
Formaciones que entonces y, en lo sucesivo, sufren la depuración del Diputado francés comunista Andrés Marty, depuración consistente, según varios testimonios, en «eliminar físicamente» a los sospechosos de desafección al comunismo, lo que le valió a Marty el sobrenombre de «Carnicero de Albacete», ciudad en donde se concentraban dichas fuerzas antes de su definitivo destino.
El resultado es que en todas las Brigadas Mixtas del Ejército rojo se asesina por los más diversos procedimientos a cuantas personas resultan sospechosas de desafección. Las primitivas milicias voluntarias del Frente Popular resultaron bien pronto insuficientes para luchar frente al Ejército y al auténtico pueblo de España, y el régimen marxista hubo de recurrir a levas forzosas (Documento número 7); por lo que el Ejército frentepopulista quedó integrado en gran parte por multitud de ciudadanos que, residiendo por azar del destino en la llamada zona roja, no tuvieron más remedio que incorporarse al Ejército referido, so pena de ser asesinados ellos, o incluso sus familiares. Y de toda esta masa de reclutas es criminalmente eliminado todo aquel que por los informes que le acompañan, o simplemente por su aspecto, resulta sospechoso a los jefes del Ejército marxista.
En todas las Brigadas del Ejército rojo se asesina, sin que quepa señalar excepciones. Únicamente pueden establecerse diferencias de grado por razón del número de asesinatos y del refinamiento en su realización, pudiendo ser mencionadas, en el Ejército del Centro (Madrid), entre otras, las siguientes unidades, de cuya multitud de crímenes, judicialmente acreditados, se señalan aquí algunos por vía de ejemplo :

–Primera Brigada Mixta: Asesinato de D. Miguel Millas Caballero, de cuarenta y dos años, tipógrafo.
–Cuarta Brigada Mixta: Asesinato de D. Francisco Romero del Valle, de veintisiete años.
–17 Brigada Mixta: Asesinatos de D. Enrique Sanz Carrasco, de veintiséis años, ebanista, y de D. Juan Francisco Salazar Rozadilla, de veintiún años, estudiante de la Escuela de Artes e Industrias.
–18 Brigada Mixta: Asesinato de D. José Gárgoles Barrientos, de veinticuatro años, realizado en el verano de 1938.
–19 Brigada Mixta: Asesinato de D. Silvestre Campillo Pellicer, de veintiséis años. Según declaraciones de su viuda, doña Ignacia Carrera Alonso, fue asesinado por unos oficiales, un sargento, un soldado y un Comisario Político, siendo después profanado el cadáver por la mujer del Comisario, que se encontraba presente.
–21 Brigada Mixta, de la que formaban parte elementos del Batallón «Leones Rojos», integrado por dependientes de comercio pertenecientes a la U. G. T. Asesinatos de D. Santos Alonso Fernández, comerciante; de D. Feliciano Villoslada Sobrino, de veintidós años, comerciante; de D. Lisardo Ponchero Pérez de León, empleado, y de D. Vicente Pérez. Los cuatro mencionados, detenidos en el frente de Teruel, en unión de Juan Jarrote Naredo y José Pintado Calvo, fueron conducidos al pinar de Bézar, donde fueron amarrados a los árboles, siendo martirizados y privados de comida y agua durante algunos días, al cabo de los cuales y después de varios simulacros de fusilamiento, fueron asesinados los cuatro primeros el 10 de agosto de 1937, obrando declaraciones en este sentido de D. José Villoslada Sobrino y D. José Pintado Calvo, prestadas respectivamente el 18 y 19 de noviembre de 1941.
–24 Brigada Mixta: Asesinato, en el año 1937, de D. Francisco Hilario López Castellanos, de veintiséis años, industrial.
–26 Brigada Mixta: Asesinato de D. Máximo Burgos Arribas, dependiente de comercio de veintiún años. Seguido por el Tribunal Militar Permanente del Primer Cuerpo de Ejército rojo, con motivo de este crimen, procedimiento número 1.792, del año 1938, correspondiente a la 1.a División, fue sobreseído sin responsabilidad. Por declaraciones prestadas ante la Causa General de Madrid, en 26 de febrero de 1943, por el que fue sargento rojo Anastasio Prudencio García, resulta que la víctima fue asesinada en la madrugada del 3o de marzo de 1938 por orden del Capitán de su Compañía. Asesinatos de D. José Morcillo Sánchez, de dieciocho años, estudiante, y de D. Juan Carballar Pujol, de veintiocho años, cometidos el 20 de diciembre de 1937; seguido igualmente por la Jurisdicción militar roja, por este motivo, un procedimiento de pura fórmula, resultó sobreseído sin responsabilidad. Después de la liberación de España, declaró sobre estos hechos, ante la Causa General, en 12 de enero de 1943, el sargento rojo Antonio Sánchez Román, quien manifestó que el Capitán de la Compañía a que pertenecían las víctimas, ordenó al declarante fueran éstas asesinadas, mandato que fue cursado a dos cabos de la unidad, que lo cumplimentaron, realizándose el crimen en presencia de un Teniente, del declarante y de un sargento. Fueron también asesinados D. Manuel Izquierdo Ros, natural de Alcalá de la Serva, de profesión campesino, muerto en 12 de diciembre de 1938; D. Jesús Rodríguez Serrano, de treinta y un años, dependiente de vinos, asesinado en 17 de junio de 1937 por la patrulla de Comisarios Políticos; D. Severino González Pelayo, D. Manuel Ciudad Real González, D. Fortunato García Monteagudo, D. Gregorio Sánchez Camaraz, D. Alfredo González Gonzáles y otros muchos.
–27 Brigada Mixta, formada a base del Batallón de la U. G. T. «Ángel San Juan», cuyo Comandante fue el tranviario Sebastián Pérez: asesinato de D. Rafael Fernández del Pino y Almenar, que en la noche del 22 al 23 de septiembre de 1937 fue detenido en su chabola y muerto por la espalda por un teniente, un sargento, un cabo y un soldado de la Unidad, habiendo sido denunciado este asesinato en 24 de junio de 1941 por D. Manuel Fernández del Pino y Almenar.
–28 Brigada Mixta: El 16 de noviembre de 1937 fueron detenidos Carlos Río Miranda Ameijeira, Victoriano Paje Martín, Jerónimo Hijón, Baldomero Fernández, Pablo Carpeño Fuentes, José Antón Antón, Manuel Martín García, Eduardo Gálvez Galera y otros muchos, la mayor parte de los cuales fueron asesinados. En diversas ocasiones fueron realizados otros asesinatos, en grupos de tres, cuatro y hasta seis detenidos, constando sobre tales hechos declaraciones testificales, como la que el superviviente D. Eduardo Gálvez Galera prestó ante la Causa General en 26 de junio de 1941. Fueron asesinados también D. Aquilino Cuadrado (detenido en su casa, estando enfermo, y llevado directamente al frente), D, Lucas de Agustín Valdeolivas, don Agustín Flórez Martín, D. Fernando Carreras Miral y D. Victoriano Bastante Díaz, siendo archivados sin responsabilidad los procedimientos judiciales instruidos por las autoridades militares rojas con motivo de estos hechos. En la misma Unidad fueron arrancadas las orejas a un sargento de la Legión, prisionero, que fue a continuación asesinado, habiéndose publicado el hecho en la Orden correspondiente: «para que sirviera de estímulo y de ejemplo».
–29 Brigada Mixta, formada a base del Batallón comunista ((Leal», que tuvo su origen en una «checa)) de la barriada de la Guindalera; también integraban esta Unidad elementos del Batallón «Tomás Meabe»: Asesinatos de D. Diego Gutiérrez Fernández, de veinticinco años; D. Rafael Fernández Viscón, de veinte años; D. José María Correcher Benedito, de veintisiete años, sastre; D. Secundino Rodríguez Gómez, de veinticinco años, dependiente de comercio, y don Romualdo Ortiz Santiago.
–34 Brigada Mixta: Asesinato, en la madrugada del 15 de noviembre de 1937, del soldado D. Modesto Pérez López, con intervención del Comisariado Político de la Unidad.
–36 Brigada Mixta: Guarneció el sector de la barriada de Usera: Entre la multitud de asesinatos cometidos por esta Brigada, de significación marxista, figuran los de D. Antonio Gordón Maillo, don Hipólito Laya Baeza, D. Gregorio Lavalle de Miguel, D. Carlos Aguado Ros, D. Francisco Pérez Martín, D. Miguel Torres, D. Julián Berenguer Villaescusa y D. Ángel Martínez Zuazúa. Los mandos de esta misma Unidad roja, de acuerdo con organismos comunistas de la capital, cometieron en el sector que guarnecía la 36 Brigada los asesinatos y expoliaciones conocidos por «Crímenes del Túnel de la Muerte», que se relatan por separado.
–39 Brigada Mixta: Esta Unidad, de filiación anarquista, tenía como Comandante a un ex presidiario por delito común de sangre. Guarneció el sector de El Pardo, y a su demarcación eran conducidas numerosas personas residentes en la capital, cuyo asesinato, ordenado por el Comité Regional de Defensa de la C. N. T., se realizaba con mayor sigilo en el frente que en la retaguardia; servía de enlace para estos crímenes entre el referido Comité y la 39 Brigada un oficial de la misma apellidado Adrados Almazán. Otros asesinatos cometidos contra soldados de la Brigada, tuvieron por víctimas a D. Luís Pardo Rodríguez, de veintitrés años, empleado; D. Joaquín Caballero Salamanca, D. Pedro Cachaza y D. Felipe Beaumont León, de veintitrés años, estudiante.
–40 Brigada Mixta: Constan, entre otras muchas víctimas, las siguientes: D. Emilio de la Pinta Marcilla, D. José López Elche, D. Emilio Mao Carballada, D. José Vilches, D. Mauricio Rochel Lucas y D. Germán Morales (que fue asesinado mientras dormía de un machetazo en el costado izquierdo, siendo obligado el Médico por el Comisario de la compañía a certificar que la muerte de la víctima había sido producida por herida de bala disparada a distancia, para atribuir la muerte a disparo de las Fuerzas nacionales; existe prueba testifical de la versión exacta de estos hechos).
–41 Brigada Mixta: Entre otros asesinatos, puede mencionarse el de D. Manuel Hernández Castañedo, de veinte años, que se incorporó a esta Brigada en cumplimiento de obligación impuesta por la Dirección General de Seguridad roja, donde la víctima había estado detenido.
–43 Brigada Mixta: Asesinato de D. José González Ramos, de veintidós años, empleado; de D. Miguel Cortés González, de veinte años (asesinado en unión de otros 12), y de otro soldado apellidado Ancós Hernández, de treinta y un años, comerciante (que fue asesinado en el sector de la Casa de Campo en unión de 22 soldados más.)
–44 Brigada Mixta: Consta, entre otros crímenes, el relativo a D. Francisco Lebrero Ortega, de veintiséis años, comerciante, asesinado, cuando se encontraba herido y acostado sobre una camilla, por el Comisario político; después de la total liberación de España, por el triunfo de las armas nacionales, la familia de la víctima realizó la exhumación del cadáver, apareciendo éste con manos y pies atados. También fue asesinado D. Florentino Pinés del Castillo, de treinta años de edad, carnicero.
–46 División: Esta Unidad, tristemente célebre, se encontraba mandada por Valentín González (a) ,El Campesino)). La capacidad de mando de este cabecilla rojo era escasísima, pero en cambio gozaba de gran influencia política, y su carácter era tan duro, según declaraciones de sus propios subordinados, que tan pronto como era desobedecido, o se sentía descontento de algún oficial o soldado, ordenaba su fusilamiento, siendo esta División considerada como una Unidad de castigo a causa de los malos tratos que en ella sufrían los soldados. Era frecuente que los mandos de la 46 División organizasen, sobre todo en Alcalá de Henares, alegres reuniones, que se prolongaban algunas veces por espacio de varios días, embriagándose los jefes rojos de tal manera que en algunas ocasiones arrojaban en este estado bombas de mano, habiendo resultado muertos con este motivo algunos soldados de la Unidad. Fueron asesinados en esta División, entre otros muchos, D. Eduardo Álvaro de Benito y Costa, D. Juan Verín Garrido, D. Jesús Ros Emperador, D. Agustín Ramírez Callar, D. José Riaza González, D. Manuel San Bartolomé Rodríguez y D. José Antonio Cascales Sánchez. Como muestra de los instintos criminales de «El Campesino», puede citarse el caso ocurrido en la posición denominada «Pico y Pala», del frente de Quijorna: Habiéndole sido regalado un día al cabecilla comunista una pistola, para probarla hizo varios disparos a corta distancia sobre unos prisioneros, que quedaron muertos en el acto.
En declaraciones hechas por «El Campesino» en el Mundo Gráfico, de zona roja, del 16 de junio de 1937, número 1.337, Valentín González «El Campesino» manifiesta que a los quince años intervino con otros muchachos en el asesinato de tres guardias civiles, volando con dinamita la garita en la que estaban encerrados; después de estar unos años en la cárcel y de una vida azarosa, se alista en el Tercio Español en Marruecos, en la 5ª. Bandera, bajo el nombre de Antonio Pérez, desertando y pasándose al enemigo de España, Abd-el-Krim, y continúa diciendo textualmente «El Campesino» : «Al principio, apenas empecé a inspirarles alguna confianza, me dieron el mando de una «jarca», de 300 moritos, de Infantería, y en seguida, otra de Caballería. Después me incorpora el cabecilla a su Estado Mayor, en el que me distinguía particularmente. La acción conjunta de España y Francia acabó con las ambiciones de Abd-el-Krim. Y cuando, ya prisionero de Francia, el movimiento que él acaudillaba fracasó, los miembros de su cuadro militar extranjero teníamos que optar entre permanecer en las kabilas, compartiendo con los indígenas la vida montaraz, o escaparnos. Yo decidí pasar otra vez a la zona española.»
–53 Brigada Mixta: Entre los numerosos asesinatos cometidos por esta Brigada, puede mencionarse el caso referido por los testigos D. Rafael Mora Rodríguez y D. Agustín Paredes Pastor, según los cuales, en marzo de 1939, el Comisario político de la Brigada, apellidado Humanes, asesinó a un cabo del Ejército Nacional que había sido hecho prisionero.
–67 Brigada Mixta: En declaración prestada en 28 de mayo de 1941 por doña Romana Hernández Alcina, manifiesta dicha señora que su hijo fue asesinado de un balazo en la nuca por un sargento de la referida Brigada, siendo incierta la versión –que con arreglo a la fórmula corriente dieron los rojos– de que la víctima había sido muerta al intentar pasarse a las filas nacionales.
–75 Brigada Mixta: Fueron asesinados en el sector de la Casa de Campo dos Tenientes del Estado Mayor del segundo Cuerpo del Ejército rojo, siendo el ejecutor material de los asesinatos referidos un soldado, apodado «Carapalo»; en la misma Unidad se cometieron varios crímenes más, entre ellos el realizado contra cuatro soldados, que fueron asesinados juntos, también en la Casa de Campo. La 75 Brigada tenía su origen en varias Unidades organizadas por el partido de Izquierda Republicana.
–77 Brigada Mixta: Esta Unidad, de carácter anarquista, fue formada sobre la base del batallón «Spartacus» y diversas milicias andaluzas y extremeñas, cuyos oficiales eran en su inmensa mayoría reos de delitos comunes, habiendo cumplido condena algunos de ellos en el presidio de Puerto de Santa María. Las milicias que dieron origen a esta Brigada habían ya cometido toda clase de tropelías, en su huída ante el avance nacional, por todas las localidades por donde fueron pasando hasta llegar a Madrid. Los asesinatos cometidos en esta Brigada pasan de mil, habiéndose dado el caso de que, al incorporarse un reemplazo llamado por el Gobierno rojo, y de cuyo reemplazo fueron destinados a dicha Brigada muchos catalanes, fueron asesinados en dos meses unos doscientos; por lo cual tuvo que ser reorganizada la Brigada sin haber entrado en combate, alarmándose los propios mandos militares rojos, que amenazaron con disolver la Brigada. Entre la multitud de asesinatos llevados a cabo en la Brigada 77, pueden mencionarse los de D. José y D. Fernando García Navarro, D. Enrique Díaz Penen, D. Manuel Díaz Ruiz, D. Alberto Jiménez de los Galanes, D. Victoria-no Bayo Marín, D. Francisco Torres Muñoz, D. Antonio Marín Castro, D. Luís Rodríguez Alonso, D. Carlos Marín Ibáñez, D. Guillermo Collar Collar, D. Baltasar Parra Martínez, D. Evaristo García Alises, D. Manuel Rodrigo Sánchez, D. Estanislao Iturbia García, D. Otilio Guijarro, D. Manuel Benzala Alvín y un soldado, apellidado Monterroso Hernández; pudiendo asegurarse que los asesinatos cometidos en el frente no fueron más que la continuación de una larga serie de crímenes que habían comenzado en Madrid, en la «checa» de la calle de Santa Engracia, número 18, donde fueron asesinadas muchas personas, entre ellas un número muy crecido de Guardias civiles, contándose, entre otras muchas víctimas, la artista Victoria del Mar, asesinada por negarse a entregar sus joyas a los jefes del batallón «Spartacus». Todos estos hechos se encuentran plenamente acreditados por muy numerosas declaraciones de testigos presenciales, que refieren que las víctimas eran previamente martirizadas en el puesto de mando de la Brigada, siendo después obligadas a cavar sus propias fosas.
–5° Regimiento de Milicias Populares y División de Enrique Líster: Organizado el 5.° Regimiento de Milicias Populares desde el principio del Movimiento, en Madrid, con elementos comunistas, estableció «checas» en todos sus cuarteles, realizando así, tanto en la retaguardia como en el frente, numerosísimos asesinatos, que siguieron perpetrándose cuando, definitivamente organizado el llamado Ejército Popular, el 5.° Regimiento inicial se convirtió en Brigada, y más tarde, en 11 División (Documento núm. 8 A y B), siempre bajo el mando del antiguo cantero y ex presidiario Enrique Líster. Entre otros muchos, pueden mencionarse los siguientes asesinatos cometidos en la «checa» de la calle de Lista, número 29, Cuartel General de Líster: D. Manuel Salvatierra Las Peñas, señora viuda De Villate, D. Luis García García, D. Manuel González de Canales y Romero, D. Rafael Rueda González, D. José Ureta Aransay, D. Ángel Núñez Canalda, D. Ramón Huertas López, D. José Fernández Arcos, D. Francisco Martínez García, D. Gaspar Martínez García, D. Pedro Martínez Raso, D. Juan de Silva López, D. Luís Casal García, D. Fernando Bouza Lama, y así hasta más de 70 asesinatos, investigados por la Causa General, siendo también muy numerosos los que la referida Unidad comunista realizó en su cuartel de la calle de Francos Rodríguez, en sus cuarteles secundarios y en los frentes de guerra. Enrique Líster llegó a ser encargado por el Gobierno del Frente Popular del mando del 5.° Cuerpo de Ejército.
En declaraciones a la Prensa roja, Mundo Gráfico, número 1333, del miércoles 19 de mayo de 1937, Enrique Líster Luján, jefe de la División de su nombre, reconoce haber sufrido una condena de un año y ocho meses de prisión por su «actuación social», primero en la cárcel, y luego, en el Castillo del Príncipe, en La Habana (Isla de Cuba), y que en 1932, siendo Presidente del Sindicato de Canteros, de Santiago (España), intervino en el asesinato de un patrono, teniendo que huir al Extranjero, volviendo nuevamente a España con nombre supuesto.
Tanto Líster como «El Campesino» son hombres sin cultura y sin ninguna clase de conocimientos militares. El Partido Comunista les rodea a ambos de Estados Mayores lo más competentes posible para que los individuos que los forman sean los que realmente, en sentido técnico, manden las Unidades, quedando «El Campesino» y Líster como figuras decorativas, a efectos de propaganda, para impresionar a las muchedumbres: son una creación más de la Internacional Comunista. (Documentos núms. 9 y 10.)
-Batallones Alpinos. Con este título fueron creadas dos Unidades rojas, que cubrieron línea en el sector de la Sierra de Guadarrama. En el Batallón Alpino, mandado sucesivamente por Raimundo Calvo Moreno y por Ángel Tresaco, fueron asesinados unos 200 soldados, y entre ellos, D. Pascual Vallespín Vicente, de veintiún años, estudiante; D. Luis Rodríguez Manteola, don Gonzalo Blanco Cal, don Francisco Collado Soler, D. Emiliano Agudo Salvador, D. José María Muñagorri Acorta, D. Manuel Bouz Bouz, D. Antonio Molinero, don Ramón Campa, D. Antonio Muñoz de Vacas (que fué asesinado en unión de otros dos soldados en el sector de la Fuenfría), D. Miguel Cervantes y dos soldados apellidados Larraz y Arconada.
–9.° Grupo de Asalto. Entre otros, fueron asesinados don Carlos Escudero, un Guardia llamado Patón y otro apellidado Mille.

Como en pura democracia resultaba conveniente dar a estos crímenes una apariencia de legalidad, se encargaban de esta misión de encubrimiento los Tribunales Militares rojos, en los que se seguía por cada caso –y no siempre– un procedimiento brevísimo, recibiéndose unas cuantas declaraciones, de las que, invariablemente, aparecía que la víctima «al intentar saltar las alambradas e ir corriendo en dirección a la zona facciosa» era sorprendido por las guardias, y «al darle el alto y no atender la llamada», dichas guardias tenían que disparar, «matándole en el acto»; en vista de lo cual, el acuerdo de dichos Tribunales rojos era siempre el sobreseimiento y archivo de las diligencias, sin imposición de sanción alguna, en vista de que los asesinos habían cumplido con su deber; siendo dictadas tales resoluciones con perfecto conocimiento por parte de los Tribunales de los crímenes cometidos, según resulta, entre otras muchas pruebas, de las declaraciones del Presidente de uno de estos Tribunales dependientes del Ejército del Centro. Por millares de declaraciones prestadas por familiares y amigos de soldados del Ejército rojo que perecieron en esta forma, así como por individuos que pertenecieron a dicho Ejército, y hasta por los mismos asesinos en muchos casos, han quedado perfectamente esclarecidos estos asesinatos, que se encubrían con la fórmula «al intentar pasarse al enemigo». Y esto ocurre durante todo el dominio marxista, hasta la liberación de la zona roja por el Ejército nacional.
En el correspondiente anexo documental se inserta fotocopia de varios folios de un procedimiento militar rojo, que constituye un ejemplo de estos millares de casos de encubrimiento judicial de los crímenes realizados, en cuyo suceso aparece el tiro en la nuca, que desde el asesinato de D. JOSÉ CALVO SOTELO se convierte en típico sistema de acción marxista. (Documento núm. 11, letras A a la E.) Investigado este caso concreto a raíz de la liberación total de España, queda perfectamente acreditado, por declaraciones de testigos presenciales, que la víctima, llamada D. Vicente Espallargues Sospedro, fué asesinada el día 30 de noviembre de 1937 por orden del Comandante, siendo ejecutores materiales un Teniente llamado Esteban Cerezo y dos enlaces. Consta también que en esta misma Brigada fueron asesinados don Pablo Borrella García, de veinticinco años; D. Mariano Serna Mora, de veintiún años, campesino; D. Manuel García Prados, de veintiséis, camarero; D. Alberto Diosdado, y otros muchos soldados de la Unidad, siendo explicados todos estos casos como deserción al campo enemigo. Es significativo el hecho de que el jefe del 117 Batallón de esta Brigada fuese Ismael Bueso Vela, antiguo Guardia de Asalto, complicado en el asesinato de D. JOSÉ CALVO SOTELO.
A fines del mes de octubre de 1937 los Mandos militares y el Comisariado Político de la 36 Brigada roja, que guarnecía el sector del barrio de Usera, en las afueras de la capital, puestos de acuerdo con la organización comunista madrileña, urdieron una maniobra consistente en atraer a dicho sector a cuantas personas, preferentemente adineradas, pudieron reunir, haciéndoles creer que iba a serles facilitada la evasión a la zona nacional; con el designio por parte de los comunistas de asesinar a dichas personas y apoderarse de cuanto dinero y objetos de valor llevasen consigo, a cuyo efecto se les instaba para que, aprovechando las condiciones de seguridad y comodidad que había de ofrecer su evasión, llevasen encima cuanto dinero y alhajas poseyesen.
Dirigió estas actividades, de acuerdo con los mandos de la 36 Brigada, un comunista, titulado Comandante del Ejército rojo, apellidado Durán, y sirvió de agente provocador un Capitán del mismo Ejército, apellidado Cabrera, que, fingiéndose afecto a la causa nacional y recurriendo a varios engaños, atrajo al sector de Usera, en varias expediciones, a numerosas personas, la mayoría de las cuales habían sido extraídas de las Embajadas y Legaciones extranjeras, donde se hallaban refugiadas, temerosas de la anarquía imperante en Madrid. Todas estas personas son asesinadas y despojadas, quedando sepultados sus cadáveres en un lugar próximo a la línea de fuego, donde fueron hallados e identificados al ser liberada la capital de España por el Ejército nacional. Al llegar las expediciones, conducidas en automóvil por los agentes provocadores y sus enlaces, al sector de Usera y apearse de los coches las víctimas, eran conducidas a un chalet que servía de oficina al jefe de Información de la Brigada, que era el propio Cabrera, que personalmente había llevado la provocación, convenciendo en Madrid a las víctimas y preparando las expediciones. Ya dentro de dicho chalet, las víctimas eran interrogadas y maltratadas en presencia del Comandante del 142 Batallón, Juan Ruiz Llamas, y de varios oficiales y milicianos incondicionales del mando rojo; a continuación, los detenidos eran despojados de todo su dinero y alhajas, y asesinados junto a las tapias del edificio, siendo enterrados, amontonados, en unas fosas, preparadas al efecto en aquel mismo lugar. El dinero y objetos de valor eran recogidos y trasladados a Madrid por los agentes comunistas. Se tienen noticias de ocho expediciones realizadas en esta forma, cuyos componentes fueron todos asesinados.
En dictamen emitido en 28 de octubre de 1939 por los doctores Piga y Aznar, en representación de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad de Madrid, se consigna que de los 67 cadáveres exhumados después de la liberación de Madrid, en las fosas de Usera, la mayoría habían muerto a consecuencia de disparos de arma de fuego, si bien algunos de ellos presentaban síntomas de asfixia o de estrangulación, apareciendo uno de los cadáveres con el cuello rodeado con una cuerda en forma de lazo; casi todas las víctimas presentaban las manos fuertemente atadas. De estos cadáveres, 36 han podido ser identificados por los respectivos familiares. Se acompaña fotografía de dos de las víctimas exhumadas. (Documento número 12.)
Han podido ser determinados por diversos medios los nombres de las siguientes víctimas de la provocación comunista relatada, cuyo asesinato, precedido de robo, realizó, durante los últimos días de octubre y mes de noviembre de 1937, la 36 Brigada Mixta del Ejército del Frente Popular:
D. Carlos de Garnica y Sandoval, D. José Garnica y Zapatero, D. Ángel Méndez y González Valdés y sus cuatro hermanos, D. Ignacio, D. Félix, D. Jesús y D. José ; D. Rafael Lucio Villegas Escudero, D. Ambrosio Espinosa Rodríguez, D. Enrique Covián y Frera, D. José Ramón García Conde y Menéndez, D. José María Navarrete del Salar, D. Serafín Sánchez Pindado y D. Ismael Rodríguez Orduña (ambos sacerdotes), D. Manuel González Quevedo, D. Alfonso Dalmau Alecha, D. José Antonio Ateiza Areños, D. Pablo Vázquez Lázaro, D. Joaquín Gil Ruano, D. Nicolasa Sánchez Pindado, D. Dionisio Celestino Martín Sánchez, D. Laureano Miró Barbany, D. Luis Miró Barbany, D. Joaquín Lopetedi Miró, D. Manuel de la Dehesa Fuentecilla, D. Alfonso Solance Beunza, D. Emilio Campos Burón, D. Domingo Delgado Sánchez, D. Eusebio Orgaz Berzocana, D. Manuel Toll Mesía, D. Estanislao Urquijo Landecho, D. Santiago Urquijo Landecho, don Fernando González Prieto y su hijo D. Fernando González Ledesma, D. Valero Ribera Ridaura, D. Francisco de Cubas y Erice (Marqués de Fontalba) y su nieto D. José de Hoces y Cubas, D. Isidoro Uceda Cano, D. Fernando Díaz de Mendoza y Serrano (Marqués de Fontanar), D. Luis Sangil Coronal (Marqués de Peramán), D. Antonio Sánchez Hermida, D. Ramón Ibarra Uriarte, D. Manuel Landecho y Ve-lasco, D. Antonio Robles Rodríguez, D. Antonio Arroque Ibarra, don Luis Vegas Pérez, D. José Duque de Estrada y Moreno, D. Antonio Bonilla San Martín, D. Santiago Prieto y Prieto, D. Fernando Rodríguez Orduña, D. José Rodríguez Orduña, D. Francisco Rubio Janini, D. Gerardo Aparicio Gordo, D. Jorge Manteola, D. Francisco Tejero del Barrio, D. Francisco Martín Gil, D. Manuel Navas Aguirre, D. Juan Antonio Sanz Pinilla, D.' Natividad Delgado Sánchez, D. Rodrigo Delgado Sánchez, D. José González Quevedo, D. Antonio Quiles Sanz y un señor apellidado Souceda.
Antes de su asesinato, las víctimas de cada expedición solían permanecer detenidas, durante cuatro o cinco días, en un sótano del referido chalet del barrio de Usera, siendo sometidas durante su secuestro a constantes interrogatorios, acompañados de martirios. Un reloj de oro perteneciente a una de las víctimas fue hallado por las Autoridades nacionales en poder de uno de los asesinos, llamado Gregorio Caballero.

El edificio del Palacio Nacional (antiguo Palacio Real), que sirvió de puesto de mando a una de las Unidades militares rojas que guarneció el frente de Madrid, funcionó como «checa» desde noviembre de 1936 hasta muy avanzada la guerra, constando numerosos asesinatos cometidos en la «checa» militar referida, directamente dependiente del jefe militar rojo que desempeñaba dicho mando, siendo el primero de estos jefes el Teniente Coronel Julio Mangada, y otro de ellos, el Teniente Coronel rojo Carlos Romero.
Las mismas características criminales que mostró el Ejército rojo del Centro, de cuya actuación en este sentido se han señalado sólo como limitadísimo ejemplo algunos casos concretos, acompañan a los demás Ejércitos marxistas repartidos por la zona dominada por el Frente Popular (Andalucía, Extremadura, Levante, etc.), cuyas tropelías y delitos de Derecho común han sido también judicialmente investigadas por la Autoridad nacional.
Los mandos de este mismo Ejército del Frente Popular llegan a intimar telefónicamente en Toledo, en la tarde del 23 de julio de 1936, al entonces coronel D. JOSÉ MOSCARDÓ, defensor del Alcázar, para que rindiese la fortaleza a las milicias rojas, bajo amenaza de asesinar a D. Luis Moscardó Guzmán, hijo del Coronel, que había sido detenido en una casa de la ciudad por las referidas milicias; amenaza que fue enérgicamente rechazada, tanto por el Coronel como por su hijo, en una conversación que mantuvieron, también por teléfono, y que ha alcanzado dimensión histórica. D. Luis Moscardó fue asesinado, y el Alcázar se defendió hasta que, casi destruido, fue liberado, juntamente con la ciudad de Toledo, el 27 de septiembre de 1936 por el Ejército de Franco. (Documento núm. 13. Declaración del Excmo. Sr. D. José Moscardó e Ituarte.)
Las Unidades disciplinarias y Campos de Concentración, cuyo régimen y custodia se había confiado al Ejército rojo, son verdaderos lugares de suplicio, en los que no se observa en el trato a los presos y corrigendos las mínimas reglas de caballerosidad, ni siquiera de humanidad, habituales, en cualquier Ejército civilizado.
Entre multitud de casos análogos, puede referirse el de Turón (Granada): En 3 de mayo de 1938 fueron sacados de la cárcel «El Ingenio», en varios camiones guardados por soldados rojos armados con fusil y bombas de mano, trescientos presos, siendo presenciada su salida por el Gobernador civil de Almería, Eustaquio Cañas, socialista asturiano, que en un mitin celebrado con ocasión de la fiesta roja de 1.° de mayo anunció a Galán, jefe del 23 Cuerpo de Ejército marxista, la salida de la expedición en estos términos: «Ahí te mando trescientos fascistas; cuando se te acaben pide más.» Llegados a Turón los presos, se les dice que van a ser ocupados en la construcción de una carretera. De madrugada se les entrega pico o pala, y vigilados por milicianos, son conducidos por un camino quebrado hasta el lugar del trabajo, distante ocho kilómetros; a los que se agotan o se retrasan se les acribilla a balazos, dando el Teniente la orden de que no se gastasen municiones y se empleara contra ellos la bayoneta. Son también asesinados cuantos presos desfallecen en el trabajo. En ocasiones, se les ordena transportar una pesada cuba cargada de agua sin que se derrame una gota, y al menor traspiés que haga derramarse el agua, el forzado es muerto de un disparo, encomendándose la tarea a otro, y así sucesivamente, habiendo cuba de agua que costó la vida a seis presos. Otro es lanzado con una carretilla por una cuesta abajo, y cuando, herido, intenta subir arrastrándose, es recibido con un disparo que le produce la muerte. Un enfermo que, debido a su estado, no puede levantarse para acudir al trabajo, es asesinado en unión de un hermano suyo, también preso, que se había abrazado a la víctima. La alimentación es escasísima, y los malos tratos y las vejaciones, constantes. Un sacerdote que se atrevió a rezar durante la noche, fue pisoteado y apaleado por un miliciano hasta arrojar sangre por la boca. Una treintena de presos comunes que figuraban en la expedición fueron elevados por los milicianos a la categoría de capataces; provistos de varas, secundaban a los milicianos en los malos tratos; un gitano, preso común, que vio herido a uno de los presos políticos, y a fin de congraciarse con el miliciano de guardia, descargó con violencia el pico de trabajo contra el pecho del herido, asomando la punta por la espalda. El 10 de junio de 1938, al mes y siete días de haber salido de Almería los presos, van asesinados sesenta y siete de los trescientos que salieron de «El Ingenio». A setenta y cinco asciende el número de víctimas de la primera expedición, y a quince el de una segunda expedición que salió con el mismo destino. Todos estos hechos han sido concretamente investigados y acreditados plenamente por la Causa General de Almería.
El 27 de octubre de 1936, en un ataque realizado por las fuerzas marxistas contra una posición nacional en el puerto de Somiedo (Asturias), fueron hechas prisioneras tres enfermeras del Ejército nacional, cuya personalidad consta; el Comandante rojo Jenaro Arias Herrero (a) «el Patas», jefe del sector, las condenó a muerte, sin formación de procedimiento alguno, diciendo a sus milicianos que aquella noche podían quedarse con las enfermeras y hacer con ellas lo que mejor les pareciera; en la misma noche fueron violadas por los milicianos en una casa del pueblo, e hicieron producir en el exterior del edificio diversos ruidos para ahogar los gritos de las víctimas. Al día siguiente, de madrugada, fueron asesinadas a tiros por unas mujeres voluntarias que, una vez cometido el crimen, las despojaron de sus vestidos, repartiéndoselos entre ellas.
El día 14 de octubre de 1936 fue hecho prisionero por los marxistas el defensor de la ciudad de Oviedo, D. Manuel de Rey Cueto, de veintinueve años de edad, y vecino de la misma; formaba parte como sargento voluntario del Regimiento de Infantería Milán núm. 32; fue crucificado y colocado de esta manera frente a las avanzadillas nacionales, en cuya forma fue encontrado el cadáver el día 21 de octubre del mismo año 1936 por las Columnas gallegas que establecieron contacto con la ciudad sitiada.
En la Marina de Guerra, la marinería que, excitada durante el período prerrevolucionario por la propaganda subversiva, había perdido toda noción de disciplina, al producirse el Movimiento Nacional se amotina contra sus oficiales (Documento número 14, letras A a la C), no para mantener la legalidad republicana, sino para imponer en los barcos la total anarquía. La oficialidad de la mayor parte de la Escuadra fue apresada por los marineros y subalternos que hicieron sufrir a los jefes y oficiales las más duras vejaciones, siendo asesinados un extraordinario número de ellos en increíbles circunstancias de ensañamiento.
Como episodio representativo de la barbarie de la marinería roja, servilmente alentada por el Gobierno del Frente Popular, pueden destacarse los crímenes cometidos en Cartagena, judicialmente acreditados todos ellos, tanto testifical como documentalmente:
El 21 de julio de 1936, la marinería afecta al Frente Popular habilita como buque prisión el transporte España núm. 3, y a él son conducidos los jefes y oficiales detenidos. El 14 de agosto del mismo año llegó a Cartagena el acorazado Jaime 1 con averías y bajas a bordo como resultado de un bombardeo de la Aviación nacional; en este buque se había constituido ya un Comité y funcionaba una Guardia roja. Los miembros de ambos organismos, secundados por los tripulantes del navío, decidieron vengar el ataque de que había sido objeto el buque en los detenidos a bordo del España núm. 3 y Río Sil, habilitado también como prisión, y en el que se encontraban, en su mayoría, los Guardias Civiles detenidos en Albacete y trasladados a Cartagena. Previa orden de la autoridad roja de Marina, fechada en 14 de agosto de 1936, a las once y media de la misma noche, fue trasladada la primera expedición, de diez detenidos, desde el buque Río Sil hasta las proximidades del Cuartel de Marinería, donde fueron desembarcados, apoderándose de ellos los grupos, que los condujeron entre golpes e insultos hasta el callejón que conduce desde el Arsenal a la Prisión Militar de Marina y a la Constructora Naval, en cuyo lugar se habían instalado unas ametralladoras que dispararon sobre los presos, que fueron rematados a tiros de pistola y desvalijados. Como este hecho alcanzase demasiada publicidad, se suspendieron las ejecuciones y se acordó que el Sil se hiciera a la mar con el España núm. 3. La marinería roja, en unión de grupos civiles extremistas, embarcó en remolcadores, dirigiéndose hacia los mencionados buques, formando el núcleo principal de estas turbas el Comité y Guardia roja del Jaime 1, la Junta de Gobierno del Arsenal con los mandos del mismo y numerosos milicianos. Cuando el buque Sil se hallaba a unas treinta millas del puerto, y con el pretexto de limpiar las bodegas donde se hallaban los detenidos, se les obligó a salir a cubierta, donde eran atados de dos en dos, con las manos a la espalda, colocándoseles unas parrillas a los pies y siendo arrojados vivos al mar, dándose el caso de que a dos de ellos se les soltaron las parrillas y quedaron en el mar reclamando auxilio angustiosamente, sin que se les hiciera el menor caso. Cuando ya habían sido sacrificados cincuenta y dos presos, los restantes se negaron a salir, amenazando con prender fuego al depósito de gasolina que había en la bodega, ante cuya amenaza, los asesinos depusieron su actitud e hicieron regresar el barco al puerto.
Mientras tanto, en el España núm. 3, cuando el buque se hallaba a unas veinte millas al Sur de Cartagena, la marinería e individuos embarcados comenzaron el asesinato de los Oficiales, a cuyo efecto formaron dos piquetes, uno a proa y otro a popa, sacándose el primer grupo de unos ocho o diez presos que fueron colocados, amarrados, en la banda de estribor; entre los caídos en este grupo figuran el Teniente Coronel de Intendencia D. Julián Pellón y el Teniente de Navío don José María Martín. Los asesinatos continuaron, siendo las víctimas obligadas a salir de una en una, en cuyo momento se les disparaba primero un tiro en la nuca y acto seguido otro en la frente, siendo arrojados los cadáveres, seguidamente, al agua. Hechos que constan tanto por notoriedad como por abundante prueba testifical e incluso documental, consistente en los partes de servicio dados por los jefes rojos.
Existen acreditados los siguientes asesinatos de marinos, perpetrados en Cartagena, sin contar los numerosísimos casos de marinos trasladados a otros puertos del Mediterráneo y asesinados durante su prisión:

§ D. Ramón de Navia Osorio y Castropol.—Contralmirante.
§ D. José Fernández Pery.—Capitán de Corbeta.
§ D. Rafael Guitián y Carlos-Roca.—Capitán de Corbeta.
§ D. Juan García de la Mata.—Capitán de Corbeta.
§ D. Tomás Bustillo Delgado.—Alférez de Navío.
§ D. Antonio Amusátegui Rodríguez.—Capitán de Corbeta.
§ D. Eduardo García Ramírez.—Capitán de Fragata.
§ D. Francisco Moreno de Guerra.—Capitán de Fragata.
§ D. José Tapia Manzanares.—Teniente de Navío.
§ D. Pedro Gutiérrez Ozores.—Teniente de Navío.
§ D. Javier de Salas y Pintó.—Capitán de Corbeta.
§ D. Remigio Jiménez Cervantes.—Teniente de Navío.
§ D. Emilio Briones Saselli.—Teniente de Navío.
§ D. José Vagué Pérez.—Alférez de Navío.
§ D. Miguel Guitart de Virto.—Alférez de Navío.
§ D. Guillermo Schalfhausenh Kebbon.—Teniente de Navío.
§ D. Juan de la Piñera y Galindo.—Capitán de Fragata.
§ D. José Arroyo Martínez.—Comandante de Artillería.
§ D. Pedro García Quesada.—Alférez de Navío.
§ D. Gonzalo Bruquetas Llopis.—Capitán de Corbeta.
§ D. Manuel Bruquetas Gal.—Coronel de Artillería.
§ D. José Nieto Antúnez.—Teniente de Navío.
§ D. Enrique de Guzmán Hernández.—Capitán de Corbeta.
§ D. Javier Carlos-Roca—Alférez de Navío.
§ D, Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca.—Comandante de Ingenieros.
§ D. José Rodríguez Guerra.—Teniente de Navío.
§ D. Ramón María Gámez Fossi.—Capitán de Navío.
§ D. Rafael González y Alvargonzález.—Coronel Auditor.
§ D. José de Pedro.—Teniente de Navío.
§ D. Francisco Rosado.—Teniente de Navío.
§ D. Alfredo Oliva Llamusí.—Teniente de Navío.
§ D. José Martín García Vega.—Teniente de Navío.
§ D. José Luis Rebellón.—Capitán de Intendencia.
§ D. Andrés Sánchez Ocaña.—Coronel de Infantería de Marina.
§ D. Julián Pellón López.—Coronel de Intendencia, retirado.
§ D. Francisco Ariza.—Teniente Coronel de Infantería de Marina.
§ D. Fernando Ruiz de Valdivia.—Teniente de Infantería de Marina.
§ D. Agustín Posada Orbeta.—Teniente de Navío.
§ D. Juan Sarmiento de Sotomayor y Rubalcábar.—Teniente de Navío.
§ D. Cayetano Rivera.—Capitán de Corbeta.
§ D. José León de la Rocha.—Capitán de Corbeta.
§ D. Eladio Ceano Vivas.—Capitán de Corbeta.
§ D. José Otero Lorenzo.—Jefe Auxiliar de Aeronáutica.
§ D. Antonio Fernández Salgueiro.—Teniente de Navío.
§ D. Severiano de Madariaga.—Teniente de Navío.
§ D. José García Saralegui.—Teniente de Navío.
§ D. Jerónimo Martell.—Teniente de Navío.
§ D. Manuel de Castro Gil.—Teniente de Navío.
§ D. Cirilo Moreno Jiménez.—Teniente de Navío.
§ D. Bernardo Blanco Pérez.—Teniente de Navío.
§ D. Alfonso Alfaro y del Cueto.—Teniente de Navío.
§ D. Ramón Ojeda López.—Teniente de Navío.
§ D. Joaquín Farias Marqués.—Teniente de Navío.
§ D. Edmundo Balbontín de Osla.—Teniente de Navío.
§ D. Diego Hernández de Henestrosa.—Teniente de Navío.
§ D. Ignacio Alfaro Foumier.—Alférez de Navío.
§ D. Julio Marra López.—Alférez de Navío.
§ D. Julián Martí y García de la Vega.—Alférez de Navío.
§ D. Joaquín Rivero Picardo.—Alférez de Navío.
§ D. Julio García Sánchez.—Alférez de Navío.
§ D. Lorenzo de Acosta Gallardo.—Alférez de Navío.
§ D. Joaquín del Hoyo Algar.—Alférez de Navío.
§ D. Ricardo Bona Orbeta.—Alférez de Navío.
§ D. Eusebio Franco Garmindo.—Alférez de Navío.
§ D. Antonio Falquina y García de Pruneda.—Alférez de Navío.
§ D. Alfonso Vare Mora Figueroa.—Alférez de Navío.
§ D. Germán Portillo Alhambra.—Alférez de Navío.
§ D. Juan José Rabina Poggio.—Alférez de Navío.
§ D. José María Borreda Calatayud.—Alférez de Navío.
§ D. Enrique Brazis Llompart.—Alférez de Navío.
§ D. Jaime Janer Vázquez.—Alférez de Navío.
§ D. Pablo Sánchez Gómez.—Alférez de Navío.
§ D. Alvaro G. de Ubieta.—Jefe de Intendencia Civil.
§ D. José María Rodríguez y Patudo de la Rosa.—Comandante de Infantería de Marina.
§ D. José Virgili.—Teniente de Navío.
§ D. Manuel Cebreiro Blanco.—Teniente de Navío.
§ D. Ramón Dorda.—Teniente de Infantería de Marina.
§ D. Carlos García Bermúdez.—Capitán de Infantería de Marina.
§ D. Esteban Dodero Pérez.—Comandante de Infantería de Marina.
§ D. Gerardo Fraile Massa.—Teniente de Infantería de Marina.
§ D. Servando Arbolí.—Teniente de Navío.
§ D. Carlos Laulhé.—Teniente de Navío.
§ D. Carlos de Miguel Roncero.—Capitán de Infantería de Marina.
§ D. Manuel Valdés Suardíaz.—Alférez de Navío.
§ D. Ramón García Bermúdez.—Alférez de Navío.
§ D. Antonio Alonso Riverón.—Capitán de Fragata.
§ D. José María Calvar.—Teniente de Navío.
§ D. Aquilino Aparicio.—Teniente de Navío.
§ D. Juan J. Vázquez.—Teniente de Navío.
§ D. José Cervía Cabrera.—Alférez de Navío.
§ D. Ramón Rodríguez Lizón.—Capitán de Corbeta.
§ D. José Barreda Aragonés.—Teniente de Navío.
§ D. José Kith Canseco.—Teniente de Navío.
§ D. Miguel Núñez del Prado.—Teniente de Navío.
§ D. Heriberto de Goytía.—Alférez de Navío.
§ D. Joaquín Ugidos.—Alférez de Navío.
§ D. Manuel Esteban Ciriquián.—Alférez de Navío.
§ D. Valentín Ariza.—Teniente de Infantería de Marina.
§ D. Manuel Sierra Carmona.—Capitán de Corbeta.
§ D. Miguel de Guzmán Hernández.—Capitán de Intendencia.
§ D. José María Aznar y Bárcena.—Capitán de Fragata.
§ D. Emilio Cunchillos Cunchillos.—Guardiamarina de tercer año.
§ D. Marcelino Galán y Arrabal.—Capitán de Fragata.
§ D. Vicente Gironella Ronquillo.—Capitán de Corbeta.
§ D. Rafael Martos Giménez.—Teniente de Navío.
§ D. José Verdaguer Puigmartín.—Teniente de Navío.
§ D. Ángel González López.—Teniente de Navío.
§ D. Raimundo Torres López.—Teniente de Navío, retirado.
§ D. Casimiro Jaudenes Junco.—Capitán de Artillería.
§ D. Vicente Vidal Sales.—Capitán de Infantería de Marina.
§ D. José María Mateo Vivancos.—Alférez de Navío.
§ D. Luis de Abarca y Toca.—Alférez de Navío.
§ D. Luis de Pando y Blanca.—Capitán de Intendencia.
§ D. Francisco Gómez.—Oficial de Intervención.
§ D. Abelardo de Labra.—Maquinista mayor, retirado.
§ D. Francisco García Balanza.—Auxiliar de Oficinas.
§ D. Isidoro Fernández.—Cabo de Artillería.
§ D. Miguel Calvo Criado.—Particular (carpintero).
§ D. José Sotelo Noguera.—Auxiliar segundo de Artillería.
§ D. José Sierra Biennert.—Marinero de segunda.
§ D. Antonio González Santa Olalla.—Marinero de segunda.
§ D. Joaquín Gutiérrez Sierra.—Mozo de Intendencia.
§ D. Guillermo López Biernet.—Escribiente de Servicios Técnicos.
§ D. Teófilo Álvarez Collado.—Auxiliar de electricidad.
§ D. Pascual Morales Moncho.—Mozo de farmacia.
§ D. Germán Montero Lueces.—Operario.
§ D. Luis Martínez Laredo.—Auxiliar de Infantería de Marina.
§ D. Antonio Navarro Sánchez.—Auxiliar segundo de Torpedos.
§ D. Antonio Marínez Monche.—Soldado de Infantería de Marina.
§ D. Miguel Montes González.—Cabo primero de Artillería.

Fue consigna general de las fuerzas armadas rojas, a fin de prevenir, por medio del terror, las evasiones a zona nacional –cuya frecuencia, incluso entre campesinos, obreros y otros reclutas de posición social modesta demuestran el deseo de sustraerse a la tiranía marxista por parte de los que la conocían y sufrían de cerca–, reemplazar al evadido por alguno de sus hermanos, o incluso, otras veces, por su padre, sin reparar en la edad de éste; el rehén ingresaba en la Unidad militar roja con muchas probabilidades de ser asesinado por orden de los mandos militares o del Comisariado Político.

CAPÍTULO XI
Justicia roja

El terror del Frente Popular se ejerció casi exclusivamente de manera directa, bien a cargo de las turbas armadas por el Gobierno y alentadas por las Autoridades oficiales y dirigentes políticos del Frente Popular, bien por los milicianos y chequistas, mediante el asesinato por ellos decidido y ejecutado; o en otras ocasiones, por mandato expreso de las Autoridades frentepopulistas que como ocurrió en las evacuaciones de las cárceles de Madrid y de otras poblaciones de la zona roja ordenan a la fuerza armada de su confianza la realización de asesinatos en masa.
No obstante, aún queda margen para que la Administración de justicia improvisada por el Frente Popular –ante la digna abstención de la mayor parte de la Magistratura y del Ministerio Fiscal, muchos de cuyos miembros fueron asesinados–ejercite su saña juzgando con aparentes formalidades procesales y al dictado de las milicias y masas extremistas a las personas que eran consideradas enemigas de la implantación de la dictadura roja.
Las normas que regían el funcionamiento de estos seudo-tribunales no eran únicas en toda la zona marxista, sino que en cada provincia o región el régimen orgánico de los tribunales rojos era diferente, según el criterio y exigencias de las fuerzas subversivas locales; pero sin que en ningún caso se ajustase el enjuiciamiento a la legalidad republicana existente en 18 de julio de 1936, que el Gobierno del Frente Popular había afirmado reiteradamente representar y defender.
Las organizaciones políticas y sindicales frentepopulistas concurren, por medio de sus delegados, que actúan como miembros de los Jurados y Tribunales Populares, a este simulacro de Justicia, poniendo de relieve tanto su crueldad como su sectarismo e incultura, siendo muchos de estos juzgadores vulgares maleantes.
El Fiscal General de la República que acababa de designar el gobierno rojo refleja el criterio jurídico del Frente Popular, de incondicional sumisión a los dictados de las turbas extremistas, en la Circular que dirige a los Fiscales, y que es reproducida en la Prensa roja de 3 de septiembre de 1936 (entre otros, diario El Liberal, de dicha fecha, página 3). En la referida circular, que trata de infundir en el ánimo de los Tribunales y de los funcionarios Fiscales un espíritu de máxima dureza, se expresa, entre otras cosas: «...la República es un régimen de justicia, y la justicia emana del pueblo. En este principio fundamental debe inspirarse la Administración de justicia, y si hoy el pueblo lo defiende con su sangre generosa, si ese pueblo noble y grande está dando su vida por un régimen de Libertad y de Justicia, démosle la justicia que él quiere le sea dada con d ritmo y el tono que nos marque...".
En Madrid, por ser la acción directa el medio típico de represión, la actuación de los Tribunales populares cobra poco relieve. No obstante, se produce algún caso bochornoso para la Justicia del Frente Popular, organizada por el Gobierno marxista de acuerdo con disposiciones legales de urgencia dictadas por el mismo, que llama para ejercer la función judicial a las fuerzas políticas y sindicales. Así, esta justicia popular –que había llegado a ser pública y calurosamente elogiada en la Prensa madrileña por el abogado Ángel Ossorio y Gallardo, antiguo político conservador– condenó a muerte al ex Ministro republicano D. Rafael Salazar Alonso, –que se había atrevido a romper con la disciplina masónica, a cuya secta había pertenecido en tiempos– no obstante, constar plenamente tanto a los juzgadores como al Gobierno marxista, que dicho político, periodista y abogado, no había tenido la menor participación en la preparación del Alzamiento Nacional, entre otras razones, porque los jefes del mismo no habían contado ni tenían por qué contar con el Sr. Salazar Alonso que, sin embargo, fue sentenciado, sin prueba alguna, y ejecutado por el Frente Popular (Documentos números 1 a 4.) El ex Embajador de Chile y Decano del Cuerpo Diplomático en Madrid durante la contienda civil, D. Aurelio Núñez Morgado, en un libro publicado recientemente en Buenos Aires, bajo el título «Los sucesos de España vistos por un Diplomático», se refiere a este asesinato judicial de que fue víctima D. Rafael Salazar Alonso.
Tres reos sentenciados a muerte en Madrid, y aparentemente indultados por el Gobierno del Frente Popular, son extraídos inmediatamente de la Cárcel Modelo y asesinados. (Documentos números 5 Y 6).
En Cataluña a pesar de que el Estatuto de autonomía, francamente separatista, otorgado por la República a esta Región, no llegaba a autorizar a los Poderes regionales para dictar disposiciones de carácter penal, el Gobierno de la Generalidad dicta por sí y ante sí, contra la propia legalidad republicana, severas normas penales; como, por ejemplo, el Decreto de 13 de octubre de 1936, que definía nuevos delitos políticos. Por lo que respecta a la organización judicial y normas procesales, los Tribunales encargados de la represión se constituyen caprichosamente, sin que ni siquiera dentro de la propia Región catalana exista una práctica uniforme en la composición y actuación de tales organismos. (Documento núm. 7.)
El Tribunal Popular núm. 2 de Barcelona, en 18 de noviembre de 1936, condena a pena de muerte —que es ejecutada— al Padre Fernando Lloverá Puigsech, Superior de la Comunidad de Carmelitas de Olot, bajo la sola acusación de que había tratado de embarcarse, con nombre supuesto, para el Extranjero, a fin de huir; que conocía el lugar donde se hallaban ocultos los tesoros de la Comunidad, y que durante su permanencia en Barcelona «desarrolló actividades fascistas tendentes a sustraer a la justicia revolucionaria a religiosos». El Padre Lloverá fue ejecutado en 22 de noviembre de 1936, en los fosos de Montjuich.
El Tribunal Popular Especial de Barcelona juzgó en rebeldía, en 5 de enero de 1937, en el barco-prisión Uruguay, a varios militares y, entre ellos, a D. Francisco Jiménez Arenas, D. Manuel Moxó Marcaida y D. Adalberto San Félix Muñoz; se da el caso de que estos tres señores habían sido ya sacados ilegalmente de dicho barco-prisión y asesinados por agentes del Comité Central de Milicias, el día 1.° de septiembre de 1936 (Documento número 8). Los tres militares –siendo conocido su anterior asesinato– fueron condenados a muerte por el Tribunal Popular, que no pudo dudar ni un momento de que celebraba un simulacro de juicio. Y el organismo creado por Decreto de 24 de octubre de 1936, para examinar las sentencias de muerte, reconoció este simulacro, al estampar a continuación de su propuesta favorable a la confirmación de las sentencias dictadas contra los tres mencionados militares, la siguiente nota: «Referente a los tres primeros condenados, Jiménez Arenas, Moxó y San Feliú, prácticamente la sentencia no se ejecutará, puesto que tiempo ha que, por causas ignoradas, desaparecieron del Uruguay sacados por una patrulla incontrolada, según parece ejecutados en Moncada. El proceso y la sentencia son seguramente una ficción para salvar las apariencias legales.» (El periódico La Vanguardia, de Barcelona, de 6 de enero de 1937, publica la referencia de la sesión del Tribunal en que se condenó a muerte a los tres militares aludidos que, según el mismo diario, como no comparecieron, estimó al Tribunal que debía seguirse el procedimiento en rebeldía).
Como dato expresivo de la subversión moral roja, merece consignarse que el responsable de milicias que se hizo cargo de estos presos, para asesinarlos, era un conocido chequista de Barcelona llamado Ángel Ruiz, quien, al comenzar el Movimiento, cambió su nombre –Ángel– para adoptar el de "Luzbel", firmando así el recibo con que se hace cargo de las víctimas, conforme puede apreciarse con toda claridad en el referido documento número 8.
En Lérida, el 18 de agosto de 1936, el Comité Antifascista crea, arbitrariamente, un «Tribunal de Justicia Popular de Lérida».
Este organismo estaba integrado por un representante de cada uno de los Partidos políticos y Sindicales obreras extremistas, y presidido por un ferroviario, enganchador de vagones de la Estación del Ferrocarril de Lérida, llamado José Larroca, conocido por «el Manco». Ordinariamente funcionaba el Tribunal con cinco o seis individuos, si bien a veces se integraba con doce o catorce, y en él actuaba corrientemente una mujer de unos treinta y cinco años, al parecer forastera. Actuaba como fiscal otro ferroviario llamado Francisco Pelegrín, a quien sustituía eventualmente el también ferroviario Valentín Martín.
El procedimiento era rapidísimo y no existía defensor, si bien después de la acusación el presidente invitaba al acusado a que se defendiera. Frecuentemente concurrían testigos de cargo y se leían informes acusatorios de las Sindicales y de los Partidos políticos, relativos a los inculpados, pero a éstos no les era permitida la aportación de prueba alguna de defensa. Hubo casos en que la deliberación duró menos de cinco minutos. Según declaración prestada ante la Autoridad Judicial nacional por el vecino de Lérida D. José Antonio Abadía Pedrol, que compareció ante el Tribunal rojo en unión de trece detenidos más, el 25 de agosto de 1936, no hubo deliberación en aquel caso, a pesar de que fueron sentenciados a muerte y ejecutados doce de los acusados.
El también vecino de Lérida, D. Andrés Martínez Cánovas, ha reproducido literalmente, en declaración prestada ante la Autoridad Judicial nacional, el informe que en un «juicio» celebrado a últimos de septiembre del mismo año 1936, pronunció el Fiscal suplente de aquel Tribunal Popular, ferroviario Valentín Martín: «Ya lo sabéis, yo creo que éste es un mal bicho, nocivo a la sociedad que vamos a crear, y que debe condenársele a muerte.»
Según se dice en un informe del Inspector de los propios Tribunales rojos de Cataluña –obrante en la actualidad en el archivo de la Causa General de Barcelona– y referente al Tribunal Popular de Lérida, «El Tribunal tenía un cariz completamente revolucionario, se observa la falta absoluta de las prescripciones de la Ley procesal, toda vez que existen expedientes en los que, como única actuación, se encuentra una especie de cédula impresa con la cabecera de «Sentencia, en la cual tan sólo consta el nombre del penado y la pena impuesta».
Las reuniones solía celebrarlas el repetido Tribunal en las últimas horas de la tarde, e inmediatamente eran ejecutados los numerosos condenados a muerte de cada sesión. El Tribunal de Justicia Popular de Lérida actuó con carácter autónomo desde el 22 de agosto hasta el 28 de septiembre de 1936, comenzando a actuar el 3 de noviembre del mismo año otro Tribunal, ajustado al Decreto de 15 de octubre de 1936, de la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
Como es natural, al profesar el Régimen frentepopulista tan peculiar criterio acerca de la justicia y al poner triunfalmente en libertad a los delincuentes comunes, su incompatibilidad con una Magistratura digna era absoluta, y fue resuelta por el marxismo por medio del asesinato de gran número de funcionarios judiciales, mártires del cumplimiento de su deber y de su concepto del honor.
Fueron asesinados por el Frente Popular los siguientes funcionarios de la Administración de Justicia:
Don Marcelino Valentín Gamazo, ex Fiscal General de la República, que había mantenido algún tiempo antes, como tal Fiscal, la acusación contra el cabecilla marxista Francisco Largo Caballero, en el incruento proceso que se le siguió por su participación en la subversión de octubre de 1.934.
Don Salvador Alarcón Horcas, Magistrado del Tribunal Supremo, Juez especial en el sumario seguido contra Manuel Azaña Díaz, por su participación en el mencionado movimiento subversivo de 1934 contra las Instituciones republicanas. El periódico marxista de Madrid Claridad, había instigado públicamente al asesinato del señor Alarcón en la primera época de los sucesos revolucionarios.
El Magistrado Don Ángel Aldecoa Jiménez. Entregado por la Dirección de Seguridad a la «checa» de Fomento, ésta decretó su asesinato, por no haber satisfecho al Frente Popular la actuación de este Magistrado en el juicio seguido poco tiempo antes, con motivo de un atentado sufrido por Largo Caballero.
Además, consta el asesinato en la zona dominada en España por el Gobierno rojo, de los siguientes funcionarios de la Administración de Justicia:


MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
Además del ya mencionado D. Salvador Alarcón Horcas, D. Jesús Arias de Velasco, Presidente de Sala.

MAGISTRADOS DE AUDIENCIA
Al ya relacionado D. Ángel Aldecoa Jiménez, pueden agregarse los siguientes:
· Don José María Olalde Sastrustegui.
· Don Eugenio de Arizcún Carreras.
· Don Pedro Fernández Cavada y López de la Calle.
· Don Leandro Martínez López.
· Don Ángel Martínez de Mendivil y Ondarra.
· Don Ángel de Torres Cobo.
· Don Mariano Avilés Zapater.
· Don José Ogando Stolle.
· Don Rogelio Ruiz Cuevas.
· Don José Paniagua Porras.
· Don Antonio Bruyel Martínez.
·
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA
· Don Juan González Royano.
· Don Felipe Ballesteros Pérez.
· Don Filiberto Carrillo de Albornoz.
· Don Mariano Antonio Yébenes García.
· Don Francisco González Conejero.
· Don Vicente Lafuente Polo.
· Don Manuel Cabezudo Astrain.
· Don Juan Antonio Cabezas Romero.
· Don Mariano Iscla Rovira.
· Don Julián de Cámara Cailhau.
· Don Tomás Bordera Martínez.
· Don Baldomero Abia Arthaud.
· Don José Tomás Angós Granen.
· Don Mario Jiménez Laá.
· Don Benigno Rueda Blanco.
· Don Ignacio de Larra Córdoba.
· Don Pascual Farled Bandín.
· Don Bonifacio Strada Arnal.
· Don Fernando Garralda Valcárcel.
· Don Luis Mosquera Caramelo.
· Don José Jamer Llamazares.
· Don Luis Fuentes Jiménez.
· Don Rufino Caruana Navarrete.
· Don Joaquín Serrano Rodríguez.
· Don Francisco del Prado y García del Prado.
· Don Rafael del Río Luna.
· Don Alejandro Royo Fernández Cavada.
· Don Juan Martínez de la Cueva.
·
ASPIRANTES A LA JUDICATURA
· Don José Cabas Corrales.
· Don José Abadía Valduque.
· Don Rafael María Núñez Sánchez.
· Don Enrique Arroyo Pardo.
· Eduardo de Isasa y de Adaro.
·
CARRERA FISCAL
· Don Gabriel de la Escosura Ballarín.
· Don Francisco Delgado Iribarren.
· Don Fernando González Prieto.
· Don Juan José Barrenechea Laverón.
· Don Pablo Callejo de la Cuesta.
· Don Francisco Checa Guerrero.
· Don Ezequiel Cuevas Pinto.
· Don José Luis de Prat y de Lezcano.
· Don Dionisio Martínez Martínez.
· Don Juan María López de Carvajal y de Angulo.
· Don Diego José Gómez del Campillo.
· Don Vicente Henche Yagüe.
· Don Fernando Cortés Gálvez.
· Don Graciano Guijarro García de la Rosa.
· Don Julio Fernández Divar.
· Don José Palma Campos.
· Don Luis Porras Salazar.
· Don Enrique Barber Grondona.
· Don José de Castro Fernández.
·
SECRETARIOS DE AUDIENCIA
· Don Ramón Álvarez Valdés y Castañón.
· Don José Luis González Checa.
· Don José de la Plata Vilches.
· Don Álvaro Enríquez de Salamanca.
·
SECRETARIO HABILITADO
· Don Rafael García de Victoria.
·
SECRETARIOS JUDICIALES
· Don Antonio Aguilar Mora.
· Don Manuel López Cañas.
· Don Rafael López Pando.
· Don Esteban Villa Moreno.
· Don Antonio Cardona López.
· Don Pablo Gómez Francés.
· Don Juan López Zafra.
· Don Enrique Fagoaga Gil.
· Don Alfredo Bárcena Llorente.
· Don Andrés Conde Gómez.
· Don Jeremías Pastor Pérez.
· Don Juan Alcón García.
· Don Rafael Siles Benavides.
· Don Salvador de la Cámara García.
· Don Julio Nieto de la Fuente.
· Don Enrique Cuber Martínez.
· Don Cándido Pesquera Seriola.
· Don Arturo Aznar Calixto.
· Don José Benavides Vargas.
· Don Felipe Ibáñez Cabanna.
· Don José Antonio Aparicio Domínguez.
· Don Plácido Lumbreras Cancho.
· Don Eduardo de la Loma Marín.
· Don Miguel Polaino Gil.
· Don Manuel Pumpido Esperante.
·
OFICIAL DE SALA
· Don Wenceslao Lucas Aledón.
·
MÉDICOS FORENSES
· Don Bernardino Beotas y Díaz Prado.
· Don Anastasio Hermoso Rodríguez.
· Don Fernando Aparicio Sánchez.
· Don José Martínez Cañete.
· Don José López Trasmoyeres.
· Don Pedro José Rullán Robot
· Don Carmelo Serrano García.
· Don Manuel Aparicio Fernández del Olmo.
· Don Faustino García Arévalo.
· Don José Fábregat Martín.
· Don José Antonio Mejías Molina.
· Don Ponciano Maestre Pérez.
· Don José María Vives Salas.
· Don Luis Carreta Zanny.
· Don Juan Torralba López.
· Don Fernando Méndez Rodríguez.
· Don José Sánchez Tirado Martínez.
· Don Diego Flores Flores.
· Don Cándido Campos García.
·
FUNCIONARIOS SUBALTERNOS
· Don Modesto Feced Millán.
· Don Eulogio Rubio Córdoba.
· Don Modesto Hernández García Asenjo.
· Don Dámaso Sánchez Gutiérrez.
· Don Alberto Silva Acuña.
· Don Paulino Jambrina Avedillo.
· Don Federico Vieca Cañas.
· Don Ismael Martín Barberá.
· Don Francisco Manzano Jiménez.
· Don Juan Muñoz Abad.
· Don José Palomares Clemente.
·
Debe tenerse en cuenta que sólo la mitad de España, aproximadamente, quedó en un principio bajo el dominio del Frente Popular, lo que eleva considerablemente el porcentaje de funcionarios judiciales asesinados, en relación con el total de los que integraban la Corporación.
Son las víctimas 128, con arreglo a las siguientes cifras parciales:

· Tribunal Supremo, 2.
· Magistrados de Audiencia, 12.
· Juez de Primera Instancia, 28.
· Aspirantes a Judicatura, 5.
· Carrera Fiscal, 20.
· Secretarios de Audiencia, 4.
· Secretarios Habilitados, 1.
· Secretarios Judiciales, 25.
· Oficial de Sala, 1.
· Médicos Forenses, 19.
· Funcionarios subalternos, 11.

El ex presidiario Juan García Oliver, elevado por el Frente Popular al rango de Ministro de Justicia –no ostentaba el título de Abogado ni ningún otro título académico–, ordenó la destrucción de los Archivos del Registro Central de Penados y Rebeldes, privando así a la sociedad española –cualquiera que pudiera ser su régimen político– de un indispensable medio de defensa y de previsión frente a los delincuentes comunes, reincidentes y habituales del crimen.
En el correspondiente anexo documental se trascribe la declaración de un testigo presencial de la visita que realizó a dicho Registro el entonces Ministro de Justicia, Juan García Oliver, por cuya orden fue destruida toda la documentación del mencionado Registro Central de Penados y Rebeldes. (Documento núm. 9).
Desentendiéndose de esta evidencia el propio Ministro García Oliver, recaba al poco tiempo del Presidente de la República, D. Manuel Azaña, la firma de un Decreto que -bajo el pretexto absoluto y notoriamente falso de haber sido destruido el Registro de Penados por un bombardeo de la aviación nacional- ordena la reconstrucción del mencionado Archivo, eliminando todos los antecedentes, incluso por delincuencia común, anteriores al 15 de julio de 1936. (Documento número 8.)
En la Circular de la Fiscalía General de la República de 13 de diciembre de 1937, encaminada a exigir de los Tribunales una mayor dureza en la represión, en términos que muestran el verdadero carácter de la justicia roja, sometida al dictado de las masas marxistas, se dice textualmente: «Compartimos con orgullo la tarea de emprender una prueba que debemos ser capaces para resistir: estabilizar con actuaciones estrictamente legales, como única garantía, la justicia que el pueblo desea y el régimen necesita; impedir, siendo ella ejemplar y rápida, las desviaciones del instinto primitivo de las masas, si se sienten defraudadas". Y en la misma Circular el propio Fiscal General rojo se lamenta del escaso rigor que, a su juicio, reviste la actuación de los Tribunales de excepción, y –refiriéndose seguramente a las sangrientas pugnas desarrolladas en Barcelona, en la primavera de 1937, entre las distintas fracciones del Frente Popular– expresa: «Al amparo de esta generosidad, no siempre bien valorada, se han producido perturbaciones incalificables que engendraron conflictos de trascendencia política, obligando en alguna ocasión a Organismos de carácter no jurisdiccional a actuar en términos que sólo la razón de Estado puede, en estas horas críticas, justificar".
En el anexo se inserta copia fotográfica del escrito elevado al Ministro de Justicia del Frente Popular, en agosto de 1937, por un fiscal de los Tribunales Populares, que –no obstante haber sido designado por el propio Gobierno marxista, en cuyo nombre solicitó y obtuvo condenas de muerte, que fueron ejecutadas– constituye la más viva descripción y el más fiel reflejo, no sólo de la justicia roja, sino de toda la vida social en la zona de España sometida al dominio frentepopulista. (Documento núm. 11.). Igualmente se acompaña fotografía de un Comité rojo constituido en una de las Salas de Justicia del Tribunal Supremo de Madrid. (Documento núm. 12.)

CAPÍTULO XII
El gobierno marxista y el patrimonio nacional

El Gobierno marxista atentó gravemente contra los intereses económicos de España, expoliando –por medio de apariencia legal unas veces y de franca violencia otras– una incalculable riqueza, cuya desaparición representó para la vida económica y el bienestar material de la Nación, durante mucho tiempo, un rudísimo quebranto, del que se ha repuesto gracias al constante esfuerzo del Caudillo y de su Gobierno.

I. LAS EXISTENCIAS METÁLICAS DEL BANCO DE ESPAÑA

A los pocos días de iniciarse el Movimiento Nacional, el Gobierno rojo, a pretexto de intervención en los cambios, consiguió que el Banco de España hiciera una serie de remesas en libras esterlinas al Banco de Francia, ascendiendo lo remitido por este concepto, desde el mes de julio de 1936 al mes de enero inclusive de 1937, a la suma de 21.964.444 libras esterlinas.
Para apoderarse de las existencias metálicas existentes, el 13 de septiembre de 1936, siendo ministro de Hacienda Negrín, dictó el Gobierno rojo un Decreto reservado, por el que, bajo pretextos relativos a la seguridad del oro, obligaba al Banco de España a que entregase el oro que poseía, para llevarlo –según decía el Decreto– a un lugar más seguro. (Documento anexo.)
El oro y la plata que radicaban en el Establecimiento central del Banco de España, en Madrid, estaban seguros en sus cajas y cámaras subterráneas; pero, aunque esto se advirtió al Gobierno y se formuló oposición, frente a la iniciativa del mismo, por dos Consejeros representantes de los accionistas del Banco, que presentaron la dimisión, el día 14 de septiembre de 1936 irrumpen en el Banco fuerzas de Carabineros y Milicias, enviadas por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con los Comités, y especialmente con el que funcionaba en el mismo Banco de España. Dirigió la operación de incautación el entonces Director General del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, en unión de empleados del Banco, elementos destacados del Comité. Ordenada la entrega de las llaves de las cajas y cámaras donde se custodiaba el oro, fueron abiertas las mismas, y durante varios días los agentes del Gobierno estuvieron extrayendo todo el oro existente, que ascendía a la suma de 2.184.145.184,51 pesetas oro, equivalente a 5.199.576.026,24 pesetas efectivas, restándose el importe de las 3.432.000 libras esterlinas, representadas por las veinticinco remesas de oro anteriormente enviadas al Banco de Francia, en París, entre el 18 de julio y el 14 de septiembre de 1936, fecha en que comenzó el apoderamiento material del oro en el Banco de España.
Colocado el oro en cajas de madera, fue transportado en camiones a la Estación del Mediodía, y desde allí a Cartagena, donde fue depositado en los polvorines de La Algameca, cuya custodia fue confiada a elementos de confianza del Comité y a algunos claveros del Banco, indicándoles Méndez Aspe la necesidad de guardar absoluta reserva acerca de las extracciones que se hicieran en dichos polvorines, apercibiéndoles con severas penas si se divulgaban.
A los pocos días y bajo la dirección del mismo Méndez Aspe, de acuerdo con Negrín, fueron transportando parte del oro a Francia y a otros lugares del extranjero. Así, el 26 de septiembre de 1936 enviaron a Marsella 250 cajas en el Tramontana; en 2 de octubre del indicado año, otras 250 por el mismo medio de transporte; en 29 de octubre, 748 cajas; en 9 de diciembre, 375, también en el Tramontana, y el 10 de enero de 1937, otras 315 cajas, que suman en total mil novecientas treinta y ocho cajas remitidas a Marsella. El 5 de enero de 1937, en aeroplano, se transportan a Toulouse 6o cajas, y el 21 de enero y 14 de febrero de 1037, 202 cajas al Ministerio de Hacienda, en Valencia.
El día 25 de octubre de 1936 se personó Francisco Méndez Aspe en Cartagena, y, de acuerdo con Negrín, ordena que por la noche se extraigan sigilosamente de los polvorines siete mil ochocientas cajas de oro, de un peso aproximado de setenta y cinco kilos cada una, que son transportadas en camiones y cargadas en los buques Kine, Neve y Volgoles, que zarparon en dirección a Odessa, acompañando a esta expedición, como personas de confianza, los claveros José Velasco y Arturo Candela; operación realizada clandestinamente y sin que, al parecer, se hubieran enterado de momento otras personas significadas de los partidos y del Gobierno del Frente Popular.
En síntesis, fueron exportadas diez mil cajas con oro, del peso aproximado ya indicado, entre los meses de septiembre de 1936 y febrero de 1937.
A los pocos días de la extracción del oro del Banco de España, por las mismas personas, y utilizando los mismos procedimientos empleados para la incautación del oro, se apoderaron de la plata, trasladando a Cartagena cajas con este metal por una total cuantía de 344.275.000 pesetas.

2. DESPOJO DEL DINERO, VALORES, DIVISAS Y ALHAJAS DE PROPIEDAD PRIVADA QUE SE CUSTODIABAN EN LOS BANCOS

Saqueadas las reservas metálicas del Banco de España, se procedió de modo sistemático a la confiscación del dinero, divisas, valores y efectos de propiedad de particulares que existían en depósito y en paquetes lacrados en la Banca privada. Para ello se dictan disposiciones conminatorias, como los Decretos de 3, 10 y 16 de octubre de 1936. Obligada por estos Decretos, la Banca privada tuvo que entregar en oro amonedado o en pasta la cantidad de 5.026.613,32 pesetas oro, aparte de gran cantidad de libras, francos y otras monedas extranjeras. En divisas fue puesta a disposición del Gobierno, en el Banco de España, una suma que, representada en pesetas oro, ascendió a una considerable cantidad. En valores extranjeros, la Banca privada hubo de entregar la cantidad de 32.248.976,71 pesetas oro, incautándose también el Gobierno rojo de bastantes valores españoles de cotización internacional.
Complemento de los anteriores decretos fueron las órdenes de 20 y 29 de octubre de 1936 sobre nombramientos de numerosos Jueces especiales de Contrabando para la apertura de cajas de alquiler en los Bancos, campaña que produjo al Gobierno rojo un incalculable botín.
Ante el curso de la guerra, desfavorable para los marxistas, el Gobierno rojo decide trasladarse, en noviembre de 1936, a Valencia, dejando todo dispuesto en su fuga, y en la noche del 6 de noviembre se presenta en el Banco de España, con el entonces Director General del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, un individuo titulado Capitán de Carabineros, apellidado Masegosa, que era persona de la confianza de Negrín y agregado, como Ayudante del mismo, a la Secretaría del Ministerio de Hacienda; avisado el Jefe de las cajas de seguridad de alquiler y depósitos en dicho Banco, le manifestaron que el Ministro de Hacienda había ordenado la apertura de las cajas, que debía llevarse a cabo con toda urgencia, para tener terminada la tarea antes de las diez de la mañana del siguiente día. Sin atender los reparos opuestos por el empleado, que alegó, además, no tener las llaves, los asaltantes –que a prevención, y para actuar con toda rapidez, habían llevado consigo un equipo de metalúrgicos y cerrajeros, compuesto de 50 ó 60 operarios– violentaron 3.959 cajas, llevando el contenido de las mismas, que era oro, valores, alhajas, etc., así como el de dos cajas más que contenían oro, valores, monedas y divisas. Violentaron, además los depósitos de alhajas, que eran 2.236, por un valor declarado de 15.832.472,10 pesetas; pero el Banco de España estima que el valor era diez veces mayor que el declarado, puesto que los depositantes so lían declarar un importe mínimo de 2.500 pesetas, a fin de pagar la tasa mínima de derechos de custodia, por lo que no es posible determinar el exacto valor de lo sustraído.
Entre otras muchas cosas de inestimable valor, los asaltantes se apoderaron de dos depósitos de «radium», de la Facultad de Medicina, valorados en 400.000 pesetas; dos depósitos de lingotes de oro, de la Sociedad de Metales Preciosos, de un valor de 713.356,32 pesetas; el tesoro de la Catedral de Toledo; el de El Escorial; las joyas de Su Alteza la Infanta doña Eulalia de Borbón, heredadas de la Reina doña Isabel II, consistentes en collares de perlas y brillantes, aderezos, pulseras y otras alhajas, mantillas, encajes y una colección de abanicos, todo de un valor incalculable. Se llevaron también el contenido de la caja número 106, a nombre del Marqués de Zahara, que guardaba gran cantidad de joyas, entre ellas una corona procedente del Imperio de los Zares. Merecen también especial mención la caja señalada con el número 1.348, de la Duquesa de Santa Elena, con valiosísimas alhajas; la del Sr. Calderón, con numerosas joyas y un saco con 70 kilos de oro; la del Vizconde de Eza, que, entre otras alhajas, guardaba un collar de 18o brillantes, tasado en 1.114.776 pesetas; la del Marqués de Chiloeches, que conservaba alhajas y un millón de pesetas.
Igual suerte corrieron las cajas de alquiler y depósitos de la Banca privada. También en noviembre de 1936, Méndez Aspe, de acuerdo con el Gobierno rojo, autorizó al titulado Comandante de Carabineros Federico Angulo para trasladar el contenido de las cajas de seguridad y depósitos a Valencia. A las objeciones tímidas de algunos elementos técnicos de la Banca, que alegaban que era preciso contar con los clientes, respondió el agente marxista, en forma amenazadora, que no estaba dispuesto a aceptar dilaciones. Fuerzas de Carabineros penetran en los locales de la Banca privada, violentando cajas y depósitos e incautándose del contenido.

3. OTRAS DEPREDACIONES

Las amenazas conminadas por los Decretos de 6 y 18 de agosto de 1937 obligaron a muchos españoles a depositar en los Bancos las joyas y piedras preciosas que hasta entonces habían logrado conservar en sus domicilios, a salvo de la rapiña de las milicias rojas. En abril de 1938, el titulado Comandante de Carabineros Ciriaco López, con policías y soldados armados, se presentó en la Banca privada de Madrid, exhibiendo orden del Ministro de Hacienda –ya lo era Francisco Méndez Aspe– para apoderarse del contenido de todas las cajas y depósitos existentes en aquella fecha. La orden, fechada en 23 de marzo de 1938, estaba concebida en los siguientes términos: "Con el fin de salvaguardar los intereses de los titulares de cajas y depósitos de toda la Banca acreditada en territorio leal al Gobierno de la República, procede que unos y otros PASEN INMEDIATAMENTE AL ESTADO para que el Ministerio de Economía adopte las PRECAUCIONES INDISPENSABLES QUE GARANTICEN EN TODO MOMENTO LA INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DE DICHAS CAJAS Y DEPÓSITOS, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas se proceda a entregar al Ministerio de Hacienda y Economía, a través de los Delegados especiales que se designarán, las cajas y depósitos de la pertenencia de ciudadanos españoles."
En la referida ocasión fueron abiertas y violentadas en la Banca privada –excluyendo las del Banco de España, saqueado anteriormente cuatro mil ochocientas ochenta y siete cajas de alquiler, mil trescientos catorce depósitos y treinta paquetes, llevándose enorme cantidad de alhajas, perlas y piedras preciosas de imposible valoración, ni siquiera en términos aproximados. Solamente del Monte de Piedad, de Madrid, se llevaron 21 depósitos abiertos, que contenían alfileres, pendientes, sortijas, pulseras, cadenas, relojes, etcétera; además de estos depósitos, se apoderaron de la mayoría de las alhajas, propiedad de empeñantes, que se custodiaban en la Central y sucursales de Madrid y que fueron transportadas a Valencia y Barcelona. Representaban estas alhajas treinta mil trescientas veinte operaciones de préstamo con garantía pignoraticia, estando evaluados estos empeños en la suma de pesetas 11.642.249,00; afirmando la Dirección del Monte de Piedad que esta valoración representaba meramente el concepto de préstamo, pero que el valor efectivo de las joyas llevadas del Monte de Piedad de Madrid era muy superior, pudiendo cifrarse en sesenta millones de pesetas. Debe tenerse en cuenta, para apreciar el sentido moral y social de este despojo, que los dueños de las prendas sustraídas eran gentes muy modestas que, a fin de remediar perentorias necesidades, acudían al Monte de Piedad, recibiendo de esta Entidad benéfica dinero a préstamo garantizado por los objetos empeñados.
A los desmanes oficiales se suman las requisas y saqueos domiciliarios, llevados a cabo en las viviendas de familias detenidas, perseguidas o ausentes, por las milicias, checas y Policía roja –integrada en gran parte por malhechores comunes– cuyos incalculables rendimientos en dinero y objetos de valor aprovechan unas veces a los propios saqueadores o a los Partidos de que aquéllos dependen, y son entregados en todo o en parte, en otras ocasiones, a la Dirección de Seguridad o a los organismos de incautación creados por el Gobierno rojo. Conforme se indica en el lugar de la presente publicación, dedicados a las «checas», y más concretamente, al Comité de Investigación Pública (checa de Fomento).
Ciertamente que ante el rápido avance de las Fuerzas nacionales en el período final de la guerra, y por no quedar tiempo material a los marxistas para transportar al Extranjero todo lo ilegítimamente incautado, se consiguió rescatar, principalmente en Figueras, bastantes paquetes de alhajas; pero con gran diferencia entre el valor de lo sustraído y el de lo recuperado.

4. EL MARXISMO Y EL RÉGIMEN BANCARIO ESPAÑOL

El Gobierno marxista comenzó a destituir a los Consejos de Administración de los Bancos, y el 30 de octubre de 1936 dictó un Decreto que facultaba para nombrar un Comité Directivo en esta rama. en el que tuviese representación la Federación de la Banca; resultando que tal Comité Directivo estaba integrado por elementos obreros pertenecientes a la U. G. T. que, con los Comités de Empresa, eran de hecho la verdadera y suprema autoridad de los Bancos, que facilitaba, desde el interior de los mismos, todos los excesos emprendidos desde fuera contra el patrimonio confiado a los establecimientos bancarios.
Se retiraron de las cuentas corrientes particulares grandes cantidades de dinero, sin la firma del titular, bajo el corriente pretexto de pago de jornales por trabajos arbitrarios; otras veces, la Dirección de Seguridad y otros organismos rojos obligaban a satisfacer cantidades por multas o conceptos análogos. Así fueron extraídas de las cuentas corrientes, sin la firma del titular, enormes cantidades, ascendiendo lo cobrado por este concepto en la Banca privada a la suma de setenta millones doscientas sesenta y un mil doscientas sesenta y ocho pesetas; y en el Banco de España, también sin la firma del titular de la cuenta, obligaron a pagar la cantidad de seis millones novecientas diecisiete mil sesenta y ocho pesetas con ochenta y cinco céntimos. Gran número de talones fueron pagados mediante autorización del Delegado del Consejo Superior Bancario, en virtud del Decreto de 30 de agosto de 1936; pero otras órdenes procedían de diferentes organismos: Agencia Ejecutiva, Ministerio de Instrucción Pública, Tribunales Populares, Juzgados, Caja de Reparaciones, Comités de control, etcétera.

5. RESUMEN DE LO APROPIADO

Por ser elevadísima la cantidad de joyas, metales preciosos y otros efectos sustraídos en los Bancos a la clientela privada, resulta imposible su valoración, por la circunstancia ya advertida, de no estar hecha su declaración en tiempo debido por los interesados; puede afirmarse que se trata de casi toda la riqueza nacional de esta especie que se encontraba en zona roja.
El oro arrebatado al Banco de España importa –según quedó ya indicado– un equivalente de cinco mil ciento noventa y nueve millones quinientas setenta y seis mil veintiséis pesetas con veinticuatro céntimos. A cuya cantidad debe añadirse la representada por los ingresos en cuentas corrientes y compras particulares de oro por el Banco de España en los meses de octubre y noviembre de 196, en armonía con el Decreto de 3 de octubre del indicado año, que arroja la cifra de pesetas oro 6.868.801,83, de cuya suma se hizo cargo un Comité, integrado por funcionarios del Banco, que actuó desde el 11 de octubre al 2 de noviembre de 1936.
Plata, 344.275.000,00 pesetas.
También deben ser adicionadas a estas cantidades las extraídas por otros procedimientos irregulares de las cajas de las sucursales del Banco sometidas al dominio rojo, que fueron las siguientes :

PESETAS
Por donativos, contribuciones extraordinarias y aperturas de créditos
326.447.017,90
En oro
1.837.012,00
En plata
1.743.406,00
En billetes y moneda fraccionaria
85.451.807,00
Por remesas a otras sucursales ordenadas por autoridades rojas, sin intervención de la Central Plata
69.629.903,00

6. AUTORES DE ESTA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

Todo lo expuesto patentiza, y así resulta claramente acreditado por informes del Banco de España y de la Banca privada y de afirmaciones de testigos fidedignos, que fue el propio Gobierno del Frente Popular el autor responsable de este despojo. El entonces Ministro de Hacienda, Negrín, y su cooperador –y luego Ministro– Francisco Méndez Aspe, fueron los que ordenaron el expolio de toda la riqueza existente en el Banco de España y en los demás establecimientos bancarios.
El Decreto de 13 de septiembre de 1936, firmado por Azaña y Negrín, que acuerda el traslado del oro a lugar seguro, fue una evidente superchería, ya que a los pocos días lo diseminaron por el extranjero, llevando una considerable cantidad (7.800 cajas, de 75 kilos cada una) a Rusia. También los dirigentes marxistas, acabada ya la guerra civil, lograron adueñarse en Francia de bastantes millones, de ilícita procedencia, y situarlo en Méjico, siendo de dominio público el viaje a dicho país del yate Vita, de cuyo cargamento resultó, en definitiva, beneficiario el grupo afecto a Indalecio Prieto.
Puede rotundamente afirmarse que el Gobierno del Frente Popular y los políticos destacados del mismo se apoderaron del oro, plata, divisas, valores y alhajas y, en una palabra, de casi todo el patrimonio nacional que se encontraba en la que fue zona roja y que, por hallarse enclavadas en dicho territorio las más importantes capitales (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc.), así como la Central del Banco de España y los principales establecimientos bancarios, representa la parte principal de la riqueza española.
El reparto de lo sustraído alcanzó a bastantes personalidades rojas y enlaces del Gobierno que durante la guerra se encontraban en el extranjero, a salvo de las contingencias de la lucha y encargados de reservadas misiones comerciales. Según informes dimanantes de la documentación y libros del Banco de España, del producto de la venta de libras esterlinas a los Bancos de Francia, en cantidad de veintiún millones novecientas ochenta y cuatro mil cuatrocientas cuarenta y cuatro libras, aparecen fuertes cantidades de millones de francos situados en Bancos extranjeros a favor de personas identificadas con el Gobierno del Frente Popular durante el año 1936 y en enero de 1937, figurando, entre otros muchos, los siguientes :
A disposición de Oloná, en el Banesparco Eurobank, Paribas y Dreyfus, se situó la suma de ¢75.439.721,60 francos.
Álvaro de Albornoz, en el Chase Bank, se situó a su favor la suma de 125.000.000 de francos.
L. Araquistain y A. Otero, indistintamente, en el Chase Bank, en el Credit Lyonnais, en el B. de L'Europe, Banque Comerciale, Eurobank y Dreyfus y Compañía, se situaron 851.000.000 de francos.
Félix Gordón Ordás y R. Méndez, indistintamente, en el Banco de Londres titulado Midland, en el Eurobank de Méjico, se situaron la suma de 823.638.265,84 francos, además de 129.000.000 en el Banco de Méjico en unión de Luis Prieto.
Pedro Prá, P. Brea y R. Méndez, en distintos Bancos extranjeros, como el Eurobank, Unión Parisién, Credit Lyonnais y Banco d' Europe du Nord se situó la suma de 254.105.000 francos.
Rafael Méndez Martínez, en el Credit Lyonnais de París y una partida en unión de Luis Prieto en el New-York, la cantidad de 144.730.006 francos.
Daniel Fernández Shaw, en el Banco Midland, Londres, y en el Eurobak, la suma de 13.249.070 francos.
Gonzalo Zavala y E. Rodrigo, conjuntamente, en el Eurobank, la suma de 20.000.000 de francos.
Fernando de 1os Ríos y R. Méndez, en el Banco Comercial de Wáshington, 225.645.000 francos.
Juan Negrín, en el Eurobank, 370.000.000 de francos.

Lo que a las claras demuestra el sentido y alcance de la distribución de los fondos, debiendo tenerse en cuenta que el Gobierno republicano, antes de finalizar el Movimiento Nacional, vendió a una Sociedad belga un cargamento de plata de 150.000 kilogramos, así como varias remesas del mismo metal a los Estados Unidos enajenadas por el Gobierno rojo en la suma de 24.5.000.000 de pesetas.

7. APLICACIÓN DE LA RIQUEZA EXPOLIADA

Aparece evidente la falta de paridad entre la inmensa riqueza pública y privada arrebatada a España por el Frente Popular y los gastos –confesables– que por razón de la guerra tuvo que realizar dicho régimen en el exterior, ya que las exigencias internas podían ser atendidas mediante la inflación monetaria, también puesta en práctica, en gran escala, por el Gobierno rojo, que dispuso de miles de millones en papel, aprovechando el billetaje existente en el Banco de emisión. Por otra parte, muchos de los pagos no tenían que ser hechos necesariamente en numerario, puesto que dueño el Gobierno de la República, desde un principio, de ricas comarcas productoras (minería, azogue, naranjas y otros productos agrícolas, etc.), podía compensar parte de sus deudas con sus exportaciones. Por lo que a Rusia se refiere, si bien de dicho país se importaron elementos de guerra, especialmente aviones, por testimonio de personas destacadas que combatieron junto a los rojos se sostiene que el oro enviado a Rusia no se invirtió en la compra de armas y municiones, puesto que a la URSS mandaba el Gobierno rojo de España barcos con cargamento de plomo, mercurio, plata en barras, azafrán, pimentón, pulpa de albaricoque, almendra, ropas y otras mercancías.

8. LOS DESMANES CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO EN PROVINCIAS

De lo investigado hasta ahora en diversas provincias puede afirmarse que las que estuvieron bajo la dominación marxista tuvieron que sufrir –como la capital– desmanes contra la Banca pública y privada y contra la propiedad, siguiéndose el sistema anteriormente indicado para efectuar los saqueos e incautaciones.
Los datos que a continuación se indican, aparte de ser incompletos, consignan cantidades muy inferiores a las reales, por la imposibilidad de hacer una evaluación debida de lo robado.
El valor del oro sustraído en las provincias a que la investigación alcanza asciende a 27.269.521,76; el de joyas, otros metales preciosos, etc., a 74.884.766,03 pesetas, habiendo sido sustraídas millares de joyas y piezas de valor, muchas de ellas pertenecientes a los tesoros artísticos de los diferentes templos que radican en las provincias referidas.
El importe de las divisas, así como de los valores españoles y extranjeros expoliados, asciende a 327.191.053,97 pesetas; contándose también gran cantidad de dólares, libras esterlinas y otros signos extranjeros.
Fueron abiertas y saqueadas 14.393 cajas, conteniendo diferentes efectos de gran valor, así como unos 297 depósitos, con títulos, acciones y numerario en gran cantidad.

CONCLUSIÓN

Resalta aún más la magnitud del desastre económico del Régimen rojo, que arruinó al país y perdió la guerra, no obstante disponer de inagotables recursos, entre ellos todo el oro de España –con cuyo poder amenazaba Indalecio Prieto al comienzo del Alzamiento– ante el contraste que, en este aspecto, presenta el Régimen nacional que –careciendo en un principio de todo– supo ganar la guerra, merced a la inteligente dirección y al heroico esfuerzo del Ejército y a la capacidad organizadora y austeridad administrativa de sus gobernantes, sin que en ningún momento acudiera a medidas abusivas contra el patrimonio privado ni permitiera cegar las fuentes de riqueza.
Esta conducta del Frente Popular gobernante, carente de escrúpulos morales y patrióticos y de sentido de responsabilidad, parece concebida bajo un doble designio: Deliberado propósito de hundir en la ruina a España, para que el Gobierno llamado a regir el país después de la victoria se hallase ante dificultades insuperables ; y una previsora visión de su porvenir privado por parte de los jefes políticos; a fin de que su exilio estuviera exento de penalidades, aunque esta exención fuera a costa de la miseria y sufrimientos de millones de españoles de todas las tendencias. –Reflexiónese, con tales antecedentes, cuál ha sido la magnitud de la obra realizada por el Caudillo y su Gobierno para salvar a España de su ruina económica, para reconstruirla y colocarla en la próspera situación presente.