¿Qué nos cuesta un inmigrante-productor entre rejas?

Los extranjeros prefieren las cárceles españolas

Sólo 322 de los 20.253 reclusos foráneos de los centros penitenciarios secundan una campaña de Prisiones para que cumplan condena en sus países de origen ? Aumenta el hacinamiento y el nuevo Código Penal no es la solución, dicen los funcionarios

R. L. Vargas


Madrid- No es ningún secreto que el sistema penitenciario español lleva al borde del colapso muchos años y que cada día se acerca más al precipicio. Pero algo bueno debe de tener cuando casi ningún recluso extranjero quiere abandonarlo para regresar a su patria.

El pasado mes de septiembre, Instituciones Penitenciarias puso en marcha una campaña de información entre los convictos no españoles para informarles de los distintos acuerdos internacionales que les permiten cumplir sus condenas en sus países de origen. Al más importante, el de Estrasburgo, están acogidos una gran cantidad de países. Otros, sin embargo, tienen regulada esta posibilidad mediante compromisos bilaterales.

En el mes de octubre, había encerrados en las prisiones españolas 16.993 internos extranjeros. Al 61 por ciento les asiste el derecho de poder cumplir sus condenas en su país de origen por tener condenas en firme, pues los preventivos no pueden acogerse a la medida. Pero la campaña ha tenido un resultado muy discreto, rayano con el fracaso. A principios de diciembre, sólo 322 de estos presos habían solicitado acogerse a la medida, siete menos de los que lo hicieron en 2005, cuando sólo fueron autorizados 87 traslados. «Mal andarán las cosas aquí, pero no hay más que ver los informativos para entender por qué muchos prefieren quedarse. Los motines en algunas cárceles suramericanas son espectaculares y las condiciones son también «espectacularmente malas. Y tampoco hay que irse tan lejos para encontrar condiciones más que cuestionables», explican fuentes sindicales.

Sistema saturado
Lo cierto es que, además de ser un derecho que asiste a estos convictos, la campaña es otra más de las muchas iniciativas que desde Prisiones se están lanzando para intentar aliviar el hacinamiento que registran las prisiones españolas. Según datos del pasado mes de diciembre facilitados por Instituciones Penitenciarias, las cárceles españolas dependientes del Ministerio del Interior -todas, menos las de Cataluña- albergaban tras sus barrotes a 55.084 presos, mientras que el sistema penitenciario apenas si dispone de 33.000 plazas teóricas que son estiradas hasta casi lo imposible para no dejar a nadie fuera.

En un solo año, la cantidad de presos ha aumentado en 2.218, suficientes para llenar dos centros tipo de 1.008 plazas cada uno. Pero, como reconocen desde Prisiones, «es imposible que el Estado, gobierne quien gobierne, pueda asumir el constante incremento de internos que se produce cada año. Por mucho que se construyan prisiones, es imposible sostener el sistema a este ritmo», advierten. En el mejor de los casos, un centro tipo tiene un plazo de ejecución mínimo de unos tres años, siempre y cuando, admiten fuentes del sector, «no surjan los típicos problemas de licitación de las obras o de construcción, pues una prisión es un proyecto muy complejo de ejecutar». Por no hablar, añaden otras fuentes, de su coste, que ronda los 60 millones de euros. Conseguir ese dinero no es fácil.

Lo más preocupante para los consultados es que las últimas medidas legislativas aprobadas tienden a complicar aún más este ya de por sí complejo y saturado panorama. «Todas las modificaciones penales que se están haciendo implican penas de prisión incluso para los delitos que no son graves.

Por eso, Mercedes Gallizo [directora de Instituciones Penitenciarias] está haciendo énfasis en la necesidad de sustituir éstas por otras alternativas como los trabajos en favor de la comunidad», explican desde Prisiones. En opinión de las fuentes consultadas, «meter en la cárcel a una persona porque no ha pagado una multa de tráfico o ha cometido un pequeño delito fiscal no es de recibo. El mes que un sospechoso de violencia de género vaya a estar en prisión no va a servir más que para retirarlo ese tiempo de la circulación y saturar con ello un poco más el sistema, además de sobrecargar los costes». Según este criterio, un trabajo en favor de la comunidad cumpliría mucho mejor con la doble finalidad de resarcir a la sociedad por el delito cometido, a través del trabajo hecho; y verse, de algún modo, privado de cierta libertad cuando tenga que realizarlo.

Índice de presos
De la extrema saturación que padece el sistema da cuenta un dato tan paradójico como demoledor. Pese a que la tasa de criminalidad española está veinte puntos por debajo de la de la UE -40,5 delitos por cada mil habitantes, frente a 70 de la media europea- , la tasa de reclusos por cada mil habitantes es de 140, la más alta de toda la Unión. «Es increíble que ya hayamos superado en este indicador a un país como Gran Bretaña, cuya tasa de criminalidad es de 105,4», se lamentan los consultados.

En Prisiones tampoco ocultan que la marcha de extranjeros contribuiría a aliviar las arcas del Estado. Cada convicto le cuesta a Hacienda la nada despreciable cantidad de unos 17.300 euros anuales. Los 87 presos que el año pasado regresaron a sus países le ahorraron al erario público 1,5 millones de euros, es decir, 240 millones de las antiguas pesetas.



http://www.larazon.es/noticias/noti_nac7568.htm