Contratos de integración para inmigrantes en Europa

Aquí os adjunto éste artículo que muestra como se trata en Europa el fenómeno o problema de la inmigración. En mi opinión los modelos inglés y holandés resultan los más acertados en la forma (que no en las chorradas anticristianas que deben enseñar), ya que directamente obligan a los inmigrantes a asumir unos costes si quieren recibir los beneficios de vivir en nuestra sociedad, lo de aportar a un fondo de integración en UK parece una genial idea.

Aunque estas políticas pueden ser muy perjudiciales para España, ya que mientras el gobierno se dedica a predicar el buenísmo, y la integración, los demás países endurecen sus normativas de entrada e ingregración, consequentemente el coste (especialmente para los inmigrantes que rechazan integrarse y los valores de los países de acogida) de ir a un país donde se te exije, (Holanda, UK, Austria) es mucho más alto que no el de emigrar a uno que solo te da beneficios y poco te exige, caso de España. El corolario de todo esto es fácil de adivinar, al igual que quien pagará los platos rotos por la ineptitud del gobierno español actual...

He omitido las conclusiones de la señora Virginie Guiraudon, ya que me parecen muy poco realistas y poco acordes con el sentir general del foro.


http://www.realinstitutoelcano.org/w..._es/ARI43-2008


Contratos de integración para inmigrantes: tendencias comunes y diferencias en la experiencia europea (ARI) Virginie Guiraudon
ARI Nº 43/2008 (traducido del inglés) - 10/06/2008
Tema: Los “contratos de integración” para inmigrantes se han generalizado en Europa en los últimos 10 años pero sus resultados siguen sin estar claros.
Resumen: Durantela campaña electoral previa a las elecciones del 9 de marzo en España, el líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, anunció que si su partido ganaba los comicios cambiaría la ley de extranjería de forma que los inmigrantes que entrasen en España tendrían que firmar un contrato vinculante por el que se comprometerían a respetar las leyes y costumbres españolas, aprender español, pagar impuestos y hacer lo posible para integrarse en la sociedad española. Agregó que serían devueltos a sus países de origen en caso de pasar un año sin trabajo.[1] Si bien el líder español apuntó a Francia y a Sarkozy como el país y el político que habían inspirado su propuesta electoral, los “contratos de integración” se han generalizado en Europa; el último país en adoptar este instrumento político ha sido Reino Unido. De hecho, la idea se remonta a un informe holandés fechado en 1989 realizado por el Consejo Científico para la Política Gubernamental (WRR) que buscaba soluciones políticas al desempleo de larga duración entre algunos grupos de inmigrantes y que consideraba que la adquisición del idioma del país era esencial a este respecto. En los Países Bajos una ley de 1998 hizo obligatoria la asistencia a cursos de integración para los recién llegados y vinculó esta asistencia a la obtención de prestaciones sociales.[2] En total, 11 países han puesto en marcha cursos y contratos de integración y han establecido exámenes de civismo y ciudadanía: Suecia, Dinamarca y Finlandia fueron los primeros en establecerlos, seguidos por los Países Bajos, Austria, Bélgica, Francia, el Reino Unido y Estonia (aunque en este último caso están dirigidos principalmente a la minoría rusa, no a los nuevos inmigrantes). En Alemania existen ahora cursos de integración obligatorios. Suiza aprobó en 2006 una ordenanza que contempla un “convenio de integración” optativo, que forma parte de una Ley Federal de Extranjería desde el 1 de enero de 2008. Hungría está considerando su establecimiento y, como veremos, el debate permanece abierto en España.
Análisis: Lo que tienen en común todos los “contratos”, “cursos de integración” y “trayectorias hacia la ciudadanía” es que enfocan la integración como un proceso individual en el cual el nuevo inmigrante es responsable de su éxito en la sociedad de acogida y no debe ser una carga para el Estado de bienestar. La noción de “contrato” hace hincapié en la integración como “proceso de doble sentido”. Esto significa que los inmigrantes tienen derechos pero que también tienen deberes y, hasta cierto punto, la obligación de integrarse. Difiere por tanto del enfoque multicultural, que se centra en los grupos o comunidades más que en los individuos, y que busca reconocer las diferencias culturales. Algunos especialistas, como Rogers Brubaker y Christian Joppke, ven en esta evolución la desaparición del multiculturalismo y el “regreso de la asimilación”. De hecho, el multiculturalismo ha sido más la excepción que la norma en Europa. En los países que han desarrollado estos contratos –como los Países Bajos, Francia y Austria– el contexto político de los años noventa incluía la existencia de partidos xenófobos de extrema derecha o populistas que consiguieron mantener la inmigración en la agenda política. Esto ocurría en un momento en el que los partidos mayoritarios evolucionaban desde el consenso del Estado de bienestar posterior a la segunda guerra mundial, adoptando políticas de activación (programas welfare to work) y denunciaban la dependencia de las prestaciones sociales. En el norte de Europa se ha denominado “patriotería del bienestar” a los ataques simultáneos contra los inmigrantes y contra el Estado de bienestar realizados por políticos que acusaban a los inmigrantes de poner en peligro los generosos sistemas de protección social de estos países.
Los cursos holandeses de integración civil y su evolución
Mientras que las “políticas de las minorías” llevadas a cabo en los Países Bajos durante los años ochenta se centraban en el tratamiento igualitario, la integración legal y política de los inmigrantes y el multiculturalismo, los asesores políticos de finales de esa década concluyeron que poner demasiado énfasis en las diferencias culturales tenía efectos negativos en la integración en el mercado laboral de los inmigrantes que no hablaban holandés o que no conocían suficientemente las costumbres holandesas. Un instrumento político acorde con la nueva “política de integración” adoptada en 1994 fueron los cursos de integración cívica (Inburgeringscursussen) destinados a facilitar la integración inicial de los recién llegados y desarrollados a nivel local en varias ciudades holandesas a principios de los años noventa. Los recién llegados recibían material para aprender el idioma e información sobre la sociedad holandesa. En 1998, la ley WIN (Wet Inburgering Nederland) transformó el curso de integración cívica en política de recepción a nivel nacional. Cuando los cursos para recién llegados que las autoridades locales habían considerado útiles se convirtieron en medidas políticas nacionales, comenzó la politización del tema de la inmigración que pronto ocuparía el centro del debate político. En primer lugar, en el año 2000, el intelectual Paul Sheffer escribió un artículo en el que calificó al multiculturalismo de tragedia y a la integración de fracaso,[3] después ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre y, por último, con el ascenso y la muerte del político populista de izquierdas Pim Fortyun, cuyo partido, el LPF, ganó las elecciones en 2002. Más tarde la atención se dirigió hacia sucesos como el asesinato de Theo van Gogh, asociado al fracaso de la política de integración por políticos y medios de comunicación, entre ellos Rita Verdonk, ministra de Extranjería e Integración desde 2002, cuando el control de la inmigración y la integración quedaron vinculados intrínsecamente. El Ministerio de Justicia, que se ocupaba del control de la inmigración, asumió también entre sus responsabilidades la integración, que hasta entonces era competencia del Ministerio de Interior. La nueva política fue rebautizada en 2002 como “política de integración de nuevo estilo” y su atención se centró en reformar los cursos de integración cívica. En primer lugar, los emigrantes potenciales en sus países de origen debían pasar un examen que demostrase sus conocimientos del idioma holandés y de la cultura y sociedad holandesa antes de obtener un visado para entrar en los Países Bajos (el Wet Inburgering in het buitenland está en vigor desde marzo de 2006). El material del curso cuesta 64 dólares y muestra matrimonios homosexuales y mujeres en topless; el examen, que se realiza en la embajada, cuesta 350 dólares a los que debe sumarse el precio del permiso de residencia (430 dólares por un permiso temporal y 850 dólares por uno permanente).[4]
Una vez en Holanda, los recién llegados deben asistir a cursos de instrucción cívica para renovar sus permisos de residencia. Por último, desde 2007, los propios inmigrantes deben costear su asistencia a los cursos y deben buscarlos ellos mismos. El reembolso es posible (hasta el 70%) si los inmigrantes aprueban el examen civil. La propuesta de Rita Verdonk de que todas las personas de 16 a 65 años –incluidos los nacionalizados o procedentes de las Antillas Holandesas y los nacidos en Holanda pero residentes en el extranjero– deberían hacer el curso y el examen de integración cívica fue considerada inconstitucional y rechazada por el Parlamento. Desde su implementación no todas las nacionalidades tienen que asistir a los cursos de instrucción cívica: los ciudadanos estadounidenses y australianos están exentos de hacer el examen.
El contrato francés de acogida e integración
Francia fue uno de los primeros países en llamar a la política de inmigración “política de integración”. De hecho, cuando en los años ochenta la política de inmigración cobró relevancia política, se produjo una reinvención del “modelo francés de integración” por parte de los partidos mayoritarios y con la creación del Alto Consejo para la Integración, un organismo consultivo que definió la integración, en un informe de 1991, como una forma de “alentar la participación activa en la sociedad de todos los hombres y las mujeres que van a permanecer de forma duradera en territorio francés aceptando que algunas diferencias, incluidas las culturales, subsistirán pero subrayando la semejanza y la convergencia en el área de la igualdad de derechos y obligaciones para asegurar la cohesión de nuestro tejido social”.[5] La idea de un contrato de integración, tomada prestada del contrato holandés, surgió tras las elecciones generales de 2002. Al principio fue un experimento en 12 departamentos franceses en el segundo semestre de 2003, y se extendió poco a poco hasta convertirse en política de alcance nacional a finales de 2006. Una nueva ley de 2007 otorgó carácter de obligatoriedad al Contrat d’accueil et d’intégration hasta entonces opcional. En caso de incumplimiento de los términos del contrato, el permiso de residencia podría no ser renovado por la prefectura (representación del gobierno central en cada departamento). El contrato se presenta durante una sesión de media jornada que incluye el visionado de una película llamada Vivir en Francia y después se realiza una entrevista individual en la que se comprueba el dominio del idioma francés por parte del inmigrante, sus necesidades laborales, se discute la posibilidad de obtener la seguridad social y ayuda para el alquiler de una vivienda y se realiza un chequeo médico. Durante la entrevista, se explica el contrato. En el se estipula que el inmigrante debe respetar los valores franceses, como la separación de la Iglesia y el Estado o la igualdad entre hombres y mujeres, y se asiste a una sesión de formación sobre las instituciones francesas que está traducida a varios idiomas. Si el conocimiento del francés por parte del inmigrante no se considera adecuado se le ofrecen hasta 400 horas (gratuitas) de clases de idioma al final de las cuales realizará un examen para obtener el diploma de “principiante de francés”. La organización de estos cursos formativos está ahora en manos de una nueva agencia encargada de la política de admisiones, la Anaem (Agencia Nacional para la Acogida de Extranjeros e Inmigración) que se estableció al mismo tiempo que el contrato. Debe subrayarse que otra agencia se encarga de la integración de los inmigrantes, la Acsé (ex-Fas y ex-Fasild), por lo que el contrato forma parte de la política de admisiones francesa (control de la inmigración) y no de la política de integración. El contrato es importante actualmente para la obtención del permiso de residencia permanente (la “tarjeta de 10 años”) y pronto será necesario para la nacionalización. Lo que diferencia este contrato del holandés es que el francés es gratuito y se pone en marcha tras la llegada de los inmigrantes: concierne a las personas mayores de 18 años que están emparentadas con inmigrantes y a ciudadanos franceses, refugiados y emigrantes laborales que permanecen en Francia durante al menos un año. Los ciudadanos de la UE no firman un contrato. De los primeros 20.000 contratos firmados en 2003-2006, más de dos tercios hablaban francés bastante bien. Esto puede explicarse porque muchos firmantes llevaban ya varios años viviendo en Francia. El sistema podría evolucionar como lo ha hecho el holandés pero sigue estando basado en gran medida en incentivos. Todavía no está vinculado a la ciudadanía como lo está el británico que examinaremos a continuación.
El “camino hacia la ciudadanía” británico
El 28 de febrero de 2008, se lanzó en Reino Unido un nuevo programa para la inmigración basado en un sistema de puntos. Aquel día, la ministra del Interior Jacqui Smith declaró: “Las propuestas de hoy forman parte del mayor cambio en la política de inmigración británica en una generación e incluyen un nuevo acuerdo para aquellos inmigrantes que desean la ciudadanía británica, una nueva agencia que fortalezca los controles en la frontera de Reino Unido y la introducción de documentos de identidad para extranjeros”.[6] El control de la inmigración, la integración y el acceso a la ciudadanía están claramente relacionados y se afrontan de manera conjunta. Es un ejemplo del nuevo “Nexo entre inmigración, integración y ciudadanía”, por utilizar los términos empleados por Sergio Carrera.[7] En febrero de 2008, el Ministerio de Interior publicó un informe (The Path to Citizenship) cuyos elementos principales eran los siguientes: la creación de una trayectoria de tres fases hacia la ciudadanía, que incluiría un nuevo “período de prueba”, durante el cual se exigiría a los inmigrantes de que demuestren su contribución al Reino Unido, o en caso contrario que abandonen el país; se negarían las prestaciones sociales a los inmigrantes que no hayan recibido la plena ciudadanía; se obligaría a los inmigrantes a demostrar que pueden hablar inglés; se alargaría el período de prueba a los condenados por delitos menores; se exigiría a los inmigrantes que contribuyan a un fondo destinado a gestionar el impacto de la inmigración; por último, se agilizaría el proceso de obtención de la ciudadanía para los inmigrantes que se involucren en sus comunidades locales a través del voluntariado. El plan está en sintonía con el discurso pronunciado por el primer ministro sobre migración gestionada, centrado en la noción de contrato: “la ciudadanía (…) debe consistir en aceptar activamente un contrato por el cual, en virtud de las responsabilidades asumidas, se gana el derecho de ciudadanía”.[8] En aquel discurso, Gordon Brown anunció además “exámenes de ciudadanía más duros”. Hay que señalar que los exámenes de ciudadanía son relativamente recientes en Reino Unido: la Ley de nacionalidad, inmigración y asilo de 2002, cuya entrada en vigor se realizó el 1 de noviembre de 2005, exige a los que solicitan la nacionalización que aprueben el examen “La vida en Reino Unido” y que sepan hablar inglés, galés o gaélico escocés.
La idea de que los inmigrantes merecen obtener la nacionalidad en caso de que supongan un beneficio claro para la nación se encuentra también en otros países. Por ejemplo, en Francia, los procedimientos de nacionalización a menudo evalúan la autosuficiencia económica del solicitante y discriminan a los solicitantes sin recursos. Estudios cuantitativos sobre la forma en que los burócratas franceses evalúan la “asimilación” del solicitante han mostrado que favorecen a quienes son productivos económicamente.[9] El programa británico se asemeja a algunos de los sistemas más estrictos de Europa, como el austriaco. En Austria, el sistema se basa en una serie de sanciones cuando no se cumple el contrato: si no se completa el programa de integración durante el primer año, el permiso de residencia sólo puede renovarse por otro año. Además las ayudas estatales se retiran progresivamente, deben pagarse las multas y tras cuatro años sin completar el curso, el inmigrante puede ser expulsado si las autoridades demuestran que no desea integrarse.

Los inmigrantes son responsables del 75 % de los delitos más graves cometidos durante 2008

Redacción MD | Bilbao | 10 Junio, 2008 |
La población en las cárceles españolas aumentó en 3.030 presos de enero a mayo de 2008, lo que significa que el número de presos creció a un ritmo del 20,7 nuevos reclusos al día en el presente año, siendo el 75% de ellos de nacionalidad extranjera.

Según el sindicato de prisiones Acaip, en los centros penitenciarios españoles conviven actualmente 70.130 reclusos, de los que 584 se han incorporado en las dos últimas semanas. En cuanto a la procedencia de los reclusos, el censo de internos extranjeros alcanzó los 2.334, en 2007, lo que supone más del 75% de los 3.079 nuevos presos que ingresaron en las cárceles españolas el pasado año.

Lógicamente los ingresos en prisión corresponden a la comisión de los delitos más graves, para los cuales nuestro ordenamiento jurídico reserva una medida como la privación de la libertad. Por ello la conclusión que se puede extraer de los datos hechos públicos pro el sindicato penitenciario es que los inmigrantes son respónsales del 75 % de esos delitos graves por los que han ingresado en prisión.

Por comunidades, Andalucía con 769 nuevos presos y Cataluña con 348, son las regiones en las que más ha aumentado la población carcelaria en los primeros cinco meses de 2008, y, en cifras absolutas, también son las que más reclusos albergan en sus celdas, con 15.478 y 9.723 respectivamente. Mientras que País Vasco y Navarra son las únicas comunidades donde el número de presos ha descendido en 2008, ya que en la primera cuentan con 21 reclusos menos y en la segunda con uno.
Con respecto a las tasas de hacinamiento, un dato que se entiende como la relación que existe entre la población reclusa y el número de celdas en las que estos viven de forma continuada dentro de estos centros, el centro penitenciario de Málaga esta a la cabeza de España, con una tasa del 235,72% , lo que significa que cuenta con 1.973 internos y 837 celdas funcionales.

http://www.minutodigital.com/actuali...-durante-2008/

PROPONGO ALGUNOS CURSOS DE INTEGRACIÓN PARA INMIGRANTES:


1.- ¿COMO RESPETAR LOS TURNOS?

1.1 En la cola del pan
1.2 En la consulta del médico
1.3 En los servicios sociales
1.4 En el transporte público.


2. CONFERENCIA: ¿POR QUÉ NO SE TIRA LA MIERDA POR LA VENTANA?.

2.1 Dinámica del cubo y la bolsa de la basura. Clase práctica: ¿Cómo abrir un container?
2.2 Beneficios del reciclaje y horarios de deposición en la via pública. NOTA: Para aquellas personas que no conozcan el funcionamiento de un reloj, se aconseja asistir previamente a los cursillos específicos sobre dichas materias.


Seguiré