Se agota el plazo para el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio gay

El PP sigue sin anunciar la presentación de las alegaciones ante el Tribunal Constitucional, aunque lleva estudiando el tema desde antes de la entrada en vigor de la reforma del Código Civil el pasado 2 de julio

El 2 de octubre (que es domingo y, por tanto, habría que pensar en el 30 de septiembre como último día hábil) es la fecha límite para que un mínimo de 50 diputados o senadores presenten recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Civil que permite casarse a dos personas del mismo sexo. Este mismo jueves, ForumLibertas.com se puso en contacto con el Partido Popular, pero esta fuerza política, después de haber anunciado entre junio y julio, a través de fuentes no oficiales, que estaba estudiando el tema, asegura que todavía no hay novedades de momento. De todas formas, si no se producen cambios de última hora, el principal partido de la oposición impulsará la presentación de las alegaciones en los próximos días, ya que no tendrá problemas para cumplir el requisito de reunir el apoyo del medio centenar de parlamentarios, que incluso podrían incluir a miembros de otros grupos, especialmente Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria e incluso algún socialista.

Estamos, pues, en la recta final del plazo de tres meses para este instrumento, que no paralizará la vigencia de la ley aprobada el pasado 30 de junio en el Congreso, con el levantamiento del veto del Senado, al no ser el Gobierno quien actúa contra otra administración pública. El argumento central de las alegaciones será la ruptura del pacto constitucional que supone la modificación del artículo 44 del Código Civil, donde se afirmaba textualmente, antes de la reforma, que “hombre y mujer tienen derecho a contraer matrimonio”. El principal motivo de esa violación es que la Carta Magna, en su artículo 32.1, dice exactamente lo mismo: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Por tanto, para que la norma aprobada por el Parlamento sea constitucional, se necesitaría una modificación o, en su defecto, la derogación o un nuevo inicio del trámite parlamentario. Se da la circunstancia de que, en el matrimonio homosexual, el ejecutivo no ha llegado a ningún consenso con el PP, algo que, por el contrario, es imprescindible para cambiar cualquier punto de la Constitución.

El PP, en la misma línea, también incluirá los argumentos expuestos en la propuesta de veto que presentó en el Senado en junio y que no se votó porque ya salió adelante la de Convergència i Unió, aportada y defendida por Jordi Casas. El texto de los populares transmitía, entre otras ideas, ésta: “El grupo parlamentario popular, que ha presentado en el Congreso de los Diputados iniciativas legislativas para dar una regulación a la situación jurídica de las parejas formadas por personas del mismo sexo, no considera posible ni adecuado que la forma de plasmar dicha regulación sea su inclusión en la institución del matrimonio”.

La inconstitucionalidad del proyecto ya ha sido aludida, de diversas formas, en sendos escritos elaborados y hechos públicos recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y la Academia Española de Jurisprudencia. Las tres instituciones coinciden en la idea de que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden equipararse al matrimonio. También expresan sus dudas sobre la adopción a la que tienen acceso ahora automáticamente dos hombres y dos mujeres por el hecho de casarse.

Los españoles, contra la denominación de matrimonio a estas uniones

Mientras varios jueces españoles han anunciado este verano la presentación de preguntas sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley, hecho que ha paralizado la tramitación de algunas solicitudes, un sondeo de Sigma-Dos, publicado por el diario EL MUNDO en agosto, muestra una oposición de la mayoría de los ciudadanos al hecho de que las uniones de personas del mismo sexo se llamen matrimonio. Concretamente el 48,7 por ciento de los encuestados aseguran que habrían sido partidarios de dar otro nombre a esas parejas, mientras que el 37,3 ya están de acuerdo con la opción contemplada en la ley recientemente aprobada.

En cuanto a la adopción por parte de dos personas del mismo sexo, el 50,6 por ciento afirman que les parece mal, mientras que al 44,3 les parece bien. Sin embargo, ante la pregunta global sobre la aprobación de los matrimonios entre homosexuales, un 64,2 por ciento de los entrevistados responde afirmativamente y sólo el 29,6 dice que no.