Escrache es el nombre dado en Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de una palabra en jerga para referirse a un método de protesta basado en la acción directa, que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública.
La palabra nació en su uso político en 1995 en Argentina, utilizada por la agrupación de derechos humanos HIJOS para denunciar a los genocidas del proceso liberados por el indulto concedido por Carlos Menem.
En Chile estas acciones son conocidas como funa.
En Perú, con una connotación más simbólica, su versión se llamó roche y sus activistas firmaban como "El roche".
En España, desde marzo del 2013, este término está siendo empleado —repentina y masivamente— por parte de los medios de comunicación, para referirse a las protestas pacíficas de acción directa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra algunos de los abusos de los bancos: los abusos en el ámbito de las concesiones hipotecarias.
El escrache ha sido utilizado en España por la organización Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Los destinatarios de la protesta, que sus organizadores defienden como pacífica , son los diputados que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la organización defensora de DDHH, con un apoyo de un millón y medio de firmas, superior al mínimo exigido que es de medio millón.
El economista y activista catalán Arcadi Oliveres defiende el escrache como una forma legítima y necesaria de expresar a los diputados las demandas de la ciudadanía, especialmente en los países donde los diputados no tienen un horario de atención a los ciudadanos en sus despachos (como es el caso de España, hasta la fecha de abril-2013).
El periodista y escritor Isaac Rosa defiende el escrache como el último recurso de los abandonados por el sistema.
[H]ace tiempo que en esta partida alguien dio un puñetazo sobre la mesa, cambió las reglas y rompió la baraja. Y no fue la PAH. Al contrario, los antidesahucios no han empezado por los escraches, sino que antes de llegar hasta aquí han ido subiendo todos los escalones previos: confianza en el sistema (que los dejó tirados), denuncias en los juzgados (pero la ley hipotecaria los desamparaba judicialmente), peticiones a los gobernantes (oídos sordos), manifestaciones (ignoradas o reprimidas), paralización de desahucios (recibiendo a cambio más policía), recogida de firmas y presentación de una ILP (que el PP se resistió a admitir a trámite, y piensa rechazar), y ahora, después de consumir todos los cartuchos anteriores, el escrache.
Isaac Rosa
Según una encuesta, realizada el 3-4 de abril de 2013, los escraches mantienen un alto nivel de apoyo entre los españoles. El 78% de los encuestados está de acuerdo con la campaña de escraches impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, siempre y cuando ésta se lleve a cabo de forma pacífica. Un 68% de votantes del Partido Popular, cuyos dirigentes son el objetivo de los escraches, los justifica. Asimismo, los escraches constituyen un derecho ciudadano amparado por la libertad de expresión para el 68% de los encuestados. Únicamente un 18% considera que este tipo de acciones supone un delito de coacciones contra los representantes políticos.
Con respecto a la legalidad de los escraches, tres de cuatro asociaciones de jueces han certificado que el escrache no es una actividad delictiva, siempre que no haya intimidación o coacción expresa, ya que no es delito por sí mismo manifestarse frente a la puerta de la casa de un político. Según algunos juristas, no hay delito de coacciones en los escraches, ya que "coaccionar es incitar a otro a hacer lo que no quiere y no se ha obligado a ningún parlamentario a votar lo que no quiere votar".
El Presidente del Tribunal Supremo de España, Gonzalo Moliner, en abril de 2013, que se definió a sí mismo como un enamorado de la libertad de expresión y manifestación, defendió a los escraches llevados a cabo por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de las absurdas acusaciones (provenientes principalmente del entorno del Partido Popular), calificándolos como "un ejemplo de la libertad de manifestación", mientras no sean violentos.
Adicionalmente, un juez de Torrelavega legitima un escrache realizado por la PAH al alcalde del Partido Popular al no existir violencia o amenazas.
El diario ABC que, al contrario de lo que afirma el Presidente del Tribunal Supremo Español, ya en 2011 opinó que la protesta en la calle estaba "fuera de la ley", considera que las concentraciones frente a domicilios de diputados del Partido Popular promovidas por la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) son un "acoso salvaje".
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado que los escraches son "incompatibles con la democracia", en ellos se ejerce "la amenaza y la coacción y la intimidación organizada" y son "un fenómeno aislado y pasajero" porque "la inmensísima mayoría del pueblo español está en contra" de ellos. También ha afirmado que miembros y dirigentes de la PAH han apoyado a grupos "proetarras", que las acciones contra los desahucios son "lucha callejera hasta llegar casi a la kale borroka" y que la PAH lleva a cabo "una estrategia política radical" con intereses políticos oscuros detrás usando "la violencia y la coacción" contra los políticos del Partido Popular.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha calificado los escraches como "nazismo puro" y reflejo de "un espíritu totalitario y sectario" propio de la década de los treinta y de los años previos a la Guerra Civil. También ha afirmado que suponen un intento de "tratar de violentar el voto" y las reglas de la representatividad democrática.
La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria considera que "es delito intimidar en el domicilio a una persona o a sus familiares, o hacer una concentración en el domicilio. Eso es una coacción" y aprecia "indicios delictivos" en los escraches. Según algunos juristas, algunas afirmaciones realizadas contra los políticos durante los escraches serían constitutivas de delitos contra el honor o la dignidad personales o posibilitarían una demanda de protección civil del honor.
Fuente: Wikipedia
