La Junta de Castilla y León se niega a realizar referéndum para ratificar el Estatuto

ALFONSO MARTÍNEZ

VALLADOLID.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, negó ayer su apoyo a la propuesta del procurador de UPL, Joaquín Otero, de convocar un referéndum consultivo para que los ciudadanos castellanos y leoneses ratifiquen la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en las Cortes por consenso de populares y socialistas.

El portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento Autonómico acusó a la Junta de tener miedo ante el resultado que pudiera darse en algunas provincias, como León, y denunció la «incoherencia» de Herrera por permitir discriminaciones de los castellanos y leoneses con respecto a los de otros territorios del país, como los catalanes o los andaluces «que sí han podido dar su opinión de manera directa sobre un tema de tanto calado».

El presidente de la Junta destacó además que desde 1983 el Estatuto de Autonomía establece un mecanismo de reforma que calificó de «democrático, constitucional y representativo de los deseos de los castellanos y leoneses». Herrera consideró suficiente el acuerdo entre los dos grupos mayoritarios para dar luz verde al nuevo texto, que confirma además ese proceso de reforma que obvia la consulta popular para su ratificación.

Ya en turno de réplica, Otero se preguntó por las razones de la Junta para negarse a este «bonito ejercicio de democracia directa» y reiteró el miedo del Gobierno regional y el agravio que supone para los castellanos y leoneses.
Herrera exigió al procurador leonesista que «no de lecciones de coherencia» y explique por qué no se acordó de la democracia directa cuando presentó sus propuestas para la reforma y las posteriores enmiendas al texto, en las que en ningún momento aparece esta reivindicación. Tildó final mente de «frívola» la actitud de Otero durante la legislatura que ahora termina y le recomendó que se guarde las lecciones de coherencia para después de las elecciones, «si es que los leoneses le dan su confianza».

La pregunta formulada por Otero en el último Pleno de la legislatura y que echará el cierre definitivo al Castillo de Fuensaldaña como sede del Parlamento Autonómico se basaba en que las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución Española tienen el «privilegio» de pronunciarse en referéndum sobre su reforma estatutaria.

Sin embargo, Otero recordó ante el Pleno que otras comunidades, como Castilla y León, carecen de esa posibilidad, ya que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Carta Magna. Para solucionar lo que Otero consideró un «agravio», propuso que la Junta solicitase al Gobierno central que, previo consentimiento del Congreso solicitase al rey la convocatoria de un referéndum consultivo en virtud del artículo 92 de la Constitución, aunque el resultado no sea vinculante.