Clericalizados, clericalizantes y Carlismo. Discurso de José Miguel Gambra
Clericalizados, clericalizantes y Carlismo. Discurso de José Miguel Gambra
Tomamos el siguiente texto de la web principal de la Comunión Tradicionalista. Se trata de un importante discurso pronunciado en Chiva (Valencia) ante S.A.R. el Duque de Aranjuez, el pasado día 17 de abril, por el profesor José Miguel Gambra, actual Jefe Delegado del Carlismo y presidente que fue de este Círculo Cultural Antonio Molle Lazo. Con la adhesión de los carlistas de Madrid y de Castilla entera.
Hoy hay en España una reacción pequeña, aunque esperanzadora. Un alumno de mi facultad, indignado por las maniobras de las izquierdas para hacer desaparecer las capillas, me decía: «Vaya birria de España que nos están dejando los católicos de su generación». Y a mí los demonios se me llevaban pensando en la culpa que tenemos por la absoluta ausencia de peso de los católicos sobre las instancias gubernamentales. Los partidos, con sus ideologías fuertes o débiles; las asociaciones de cualquier clase, desde los lobbies de degenerados y delincuentes hasta las agrupaciones empresariales, muchas veces igualmente inmorales; desde las instancias europeas hasta las mundiales sometidas a los principios del Nuevo Orden Mundial, todos ellos tienen influencia sobre el poder político efectivo de la España actual, donde los gobiernos sucesivos no hacen sino bambolearse al son de estas corrientes sociales. Cada una de esas agrupaciones trata de eliminar, bajo algún aspecto, lo que queda del catolicismo sociológico en nuestra Patria. Y, si no lo hacen de una vez por todas, es porque quieren reservarse alguna parcela del cristianismo por destruir, para hacer méritos destruyéndolas más adelante y dar satisfacción a las masas laicistas, que es lo que cuenta. Y lo malo es que esta situación no se debe a una persecución o a una derrota, sino a las autoridades eclesiásticas y a nuestra actitud ante ellas.
Pero no somos sólo los tradicionalistas quienes lamentamos y nos indignamos por esta situación. Hace unos días, en la presentación del congreso Católicos y Vida Pública, un capitoste demócrata-cristiano se quejaba del arrinconamiento político del catolicismo: «El catolicismo de estufa, de mesa camilla, es muy cómodo, pero es poco útil». «Hay católicos en todos los partidos políticos. La presencia es clara, otra cosa es la influencia. No podemos exigir a los demás lo que nosotros no hacemos. Los católicos tenemos que demostrar que somos capaces de dialogar con quien sea, sin escondernos. Hace falta que los creyentes salgan sin miedo a la plaza pública», sostiene el líder de la ACdP.
Tras estas quejas laten los principios de Maritain que la Iglesia oficial ha adoptado por lo menos desde el postconcilio. Según ellos no deben existir partidos políticos católicos, cosa que ya exigió la Conferencia Episcopal antes de las primeras elecciones democráticas. Al contrario, los laicos deben introducirse en todos los partidos no confesionales para animar desde abajo una política vitalmente cristiana. Se trata de un proyecto antinatural e irrealizable: ¿qué influencia puede tener un católico verdadero o progresista dentro de cualquiera de los partidos mayoritarios? Y, sin embargo, a las autoridades eclesiales, que piden a los laicos algo así como hacer funambulismo atados de pies y manos, no se les ocurre sino echarles la culpa, llamándoles perezosos y comodones, en vez de darse cuenta de lo errado de sus principios.
Esos principios son la causa del mal en cuestión. No deseo tratar de los carlistas inficionados de estos principios. Hay demócrata-cristianos con boina que nada tienen ya de carlistas. De lo que quiero hablar es de una superfetación de esos principios que viene de muy atrás y que es, entre nosotros, causa importantísima de la parálisis que nos afecta. Me refiero a la injerencia de las autoridades eclesiásticas en los asuntos políticos. Desaparecidos durante el siglo XIX los estados católicos, las autoridades eclesiásticas se consideraron libres de mandar directamente a los católicos en los asuntos políticos. Varios pontífices, de León XIII en adelante, se empeñaron en tomar la dirección política de los fieles. Recuérdense los grandes fracasos a que dieron lugar el Ralliement, la condena de la Acción Francesa o los acuerdos en la Guerra Cristera. Y eso que la propia Iglesia enseña que los asuntos del César no son de su competencia directa, pues como decía el IV concilio de Letrán:
«De la misma manera que no queremos que los laicos usurpen los derechos de los clérigos, así debemos impedir que éstos se apropien de los derechos de los laicos. Por tanto, prohibimos absolutamente a todos los clérigos que, con el pretexto de la libertad eclesiástica, extiendan su jurisdicción en perjuicio de la justicia secular. Que cada cual se contente con las normas escritas y las costumbres aprobadas hasta ahora, de modo que se distribuya justamente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».
Los carlistas supieron por regla general defenderse bastante bien de esas intervenciones improcedentes. Algunos han querido hacer de Carlos VII un clerical compulsivo, usando a tal efecto la frase del Manifiesto de Morentín, en la que dice: «No daré un paso más adelante ni más atrás que la Iglesia de Jesucristo». En realidad esa frase se refiere a los compradores de bienes de la Iglesia tras la Desamortización. Con ella Carlos VII no hacía sino someterse a la potestad de la Iglesia, pues esos bienes caían bajo su jurisdicción y era competencia suya establecer las sanciones canónicas a los participantes de aquel inmenso latrocinio.
Como prueba de que la postura de Carlos VII no tenía nada de sometimiento indiscreto de los asuntos políticos a la Iglesia, basta con citar lo que contestó a su prima Isabel (II), con la que habló varias veces cuando estaba desterrada en París. En esas conversaciones, al discutir sobre la legitimidad de uno y otro, Isabel le propuso lo siguiente:
«Los dos somos católicos: vamos a Roma, postrémonos ante el Santo Padre y dejemos que él decida la cuestión».
A esto le contestó Carlos VII, que ni hablar; y que «en materias de política tenía el parecer del Papa como el de un soberano cualquiera, con mucha experiencia, pero nada más, pero que si se tratara de materias de fe o de moral, bajaría la cabeza, pues en eso le creía infalible».
Actitud similar fue la de los integrantes de una peregrinación a Roma, formada principalmente por carlistas, que fueron recibidos por León XIII. Éste les espetó que ya era hora de que los carlistas reconocieran a la «muy católica regente» María Cristina. Le contestaron que lo harían cuando el Papa se sometiera a la Casa de Saboya.
Sin embargo la confusión creada, primero, por el verticalismo del régimen confesional franquista y, luego, por las nuevas doctrinas eclesiales sobre el orden social de que antes hablé, nos ha llevado a admitir esas intromisiones y a no distinguir con claridad cuál es nuestro papel como miembros de la Iglesia y como súbditos españoles.
Hoy es frecuente oír que de los laicos depende la imprescindible reforma de la Iglesia. Falso: podremos apoyar de mil maneras a los eclesiásticos que propugnen esa reforma; podremos ayudarles, rezar por ellos y darles aliento. Pero a quienes compete reencauzar la Iglesia es a los eclesiásticos. Nosotros carecemos de jurisdicción alguna para ello y nuestro apoyo sólo puede ser indirecto.
A la inversa, no tenemos por qué sentirnos obligados a nada cuando los eclesiásticos se meten a determinar lo que es políticamente negociable y lo que no; ni cuando se empeñan en capitanear manifestaciones, tan pacíficas como inútiles, sobre asuntos que pertenecen tanto al orden político como al eclesiástico (aborto, educación). Menos aun cuando expresan sus preferencias por el régimen democrático o recomiendan el voto al PP. Podrían recordarnos los principios clásicos de la política católica, pero no es cosa suya su aplicación prudencial. Y, a ese respecto, no hay que olvidar las condiciones que la propia Iglesia ponía (y sigue poniendo hoy) para que la rebelión frente a los tiranos sea justa, e incluso obligatoria, sin excluir el uso de las armas.
No debemos olvidar que los carlistas somos, seguimos siendo, debemos ser, unos sublevados contra el liberalismo y contra las subsiguientes ideologías, el socialismo el comunismo, el nazismo. Y nosotros luchamos contra la mayor tiranía que imaginarse puede, contra la que quiere destruir el fundamento mismo de nuestra Patria, destruyendo la Religión de la cual depende nuestra unidad y nuestra supervivencia como sociedad.
Con ello perseguimos, ante todo, cumplir una obligación natural: cumplir con nuestros deberes para con la Patria, con la cual tenemos una deuda contraída aún mayor que la que tenemos con nuestros padres. Y tenemos que hacerlo para bien de nuestros hijos, de nuestros pueblos y de nuestra sociedad, con una obligación natural anterior a la de obedecer a la Iglesia. Juan Torquemada (tío del benemérito inquisidor) argumentaba sobre esto de la manera siguiente:
«Nada anterior depende en su ser de lo que es posterior. Ahora bien, la potestad de los príncipes seculares, reales o imperiales, precede en el tiempo al papado o al principado de los apóstoles … pues los reyes y los emperadores fueron antes que Pedro fuese Papa y, por tanto, antes de que las llaves del Reino de los Cielos fueran entregadas a la Iglesia. No puede por tanto decirse con verdad que la potestad de jurisdicción de los príncipes seculares depende del principado apostólico».
Eso no quita que al mismo tiempo tratemos indirectamente de ofrecer a la Iglesia una sociedad sometida a la realeza de Nuestro Señor y ordenada de tal manera que la Iglesia disfrute de la libertad y de la protección que necesita para alcanzar sus fines sobrenaturales. En eso consiste la mayor ayuda que el orden político puede prestar a la Iglesia.
Nos sometemos pues a cuanto principio moral establece la Iglesia de siempre para la actividad política de los hombres. Y, atendiendo precisamente a esos principios, no tenemos obligación alguna de someter la aplicación prudencial de esos principios a la opinión de los clérigos, pues sobre eso carecen de jurisdicción directa.
No nos dejemos llevar de escrúpulos pusilánimes, incluso si los eclesiásticos mismos los fomentan. Carlos VII contaba despectivamente cómo, siendo niño, un cura, en connivencia con su madre, para apartarle de su acendrada inclinación a ponerse a reclamar el trono español, le negaba la absolución, si mantenía contactos con españoles. No convirtamos la sublevación carlista en cofradía de beatos. Pertenezcamos a cuanta cofradía y a cuanto grupo de adoración queramos; recemos mucho por la Iglesia y por España. Pero no confundamos eso con el carlismo. Eso no sustituye ni exime de la obligación patriótica.
Dicen algunos que la Comunión Tradicionalista vive fuera de la realidad. Lo mismo, sin duda, se decía de los demócratas españoles en los años cincuenta, de los movimientos rusos o polacos antisoviéticos en los años setenta o de los comunistas españoles hace seis años. La historia venidera es contingente e imprevisible y lo insensato es ver como permanente y definitivo lo que ahora es.
Hoy hay cierta reacción. Muestra de ello es esta misma reunión. Muchos católicos, vista nuestra perseverancia, se acercan a nosotros. La Comunión Tradicionalista se gloría de haber mantenido incólumes los principios del verdadero carlismo y se pone a disposición de cuantos quieran seguir tales principios en su pureza. Hagamos cuanto podamos —que, si Dios quiere, será mucho— para la renovación del orden político cristiano bajo las órdenes de S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, único príncipe legítimo que mantiene esos principios. Luego, Dios dirá.
Círculo Cultural Antonio Molle Lazo
