«Migajillas de falsa justicia» por Juan Manuel de Prada
«Migajillas de falsa justicia» por Juan Manuel de Prada para el periódico ABC, artículo publicado el 20/X/2018.
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Acierta el Tribunal Supremo cuando anuncia que reconsiderará una desquiciada sentencia reciente en la que se establecía que serían los bancos quienes a partir de ahora (¡y con efectos retroactivos!) abonasen el impuesto de actos jurídicos documentados, cada vez que se formalice un contrato de hipoteca. Tal sentencia prueba que la demagogia es una gangrena que no se conforma con invadir y prostituir la politiquería, sino que empieza a colonizar la administración de Justicia.
En esta expansión de la gangrena demagógica volvemos a tropezarnos con aquella calamidad denunciada por Chesterton: las viejas virtudes -en este caso la Justicia- han sido troceadas y sus añicos dispersados, para que vaguen solitarios por el mundo, causando mayor desorden que los mismísimos vicios. En lugar de señalar la injusticia crasa de un impuesto que es una exacción de la peor calaña (y castigar, en consecuencia, al codicioso recaudador), el Tribunal Supremo se limitaba a trasladar la carga del impuesto inicuo a la otra parte. De este modo, aparecía ante la galería como un justiciero que alivia a los sufridos prestatarios, a la vez que castigaba a la banca rapaz que otorga el préstamo. Y, para perpetrar esta demagogia burda, no tenía empacho en pisotear los más elementales principios: seguridad jurídica, irretroactividad, unidad de doctrina, etcétera. Un «tribunal de casación» existe, como su mismo nombre indica, para casar sentencias y unificar jurisprudencia, salvando las contradicciones que tribunales de rango inferior hayan podido ocasionar. Pero en esa sentencia demagógica el Tribunal Supremo se convertía en «tribunal de separación» que siembra contradicciones, para hacer postureo ante la galería. Y, no contento con pisotear el principio de seguridad jurídica, proponía que su birlibirloque legal tuviese efectos retroactivos, para acrecentar todavía más el caos.
Así, el Tribunal Supremo pretendía hace creer a la gente ilusa que protege a los débiles del abuso de los fuertes. Pero lo cierto es que no hacía sino consagrar el abuso mediante una burda maniobra de distracción, blindando al verdadero abusador, que es el Estado Leviatán y su hijita de mala madre, doña Comunidad Autónoma, que gravan un contrato entre particulares con desmelenada intención confiscatoria. El Tribunal Supremo, en fin, ofrecía un añico o migajilla de falsa justicia, dejando intacto el meollo de la injusticia, lo que sólo sirve para causar mayor desorden. A nadie se le escapa que si los bancos son obligados a este despojo repercutirán el daño sobre sus clientes, ofreciendo todavía peores condiciones al ahorrador y más ímprobas exigencias a los prestatarios. Y, entretanto, se provocaría una tempestad en los mercados bursátiles que no haría sino debilitar nuestro sistema bancario y, por extensión, nuestra economía nacional, para ganancia de especuladores que merodean nuestra prima de riesgo y urden todo tipo de tropelías usurarias que, a la postre, siempre paga el contribuyente con libras de su propia carne. Pues, cuando la Justicia se desmiembra y hace añicos, siempre acaba beneficiando al Dinero apátrida.
No debemos tampoco olvidar que, detrás de esta sentencia demagógica se hallaba el miedo cerval del Tribunal Supremo a recibir un correctivo desde la Unión Europea, cuyas instituciones (aunque finjan ponerse del lado del más débil) están siempre al servicio del Dinero apátrida. Con esta sentencia demagógica, el Tribunal Supremo no hacía sino reconocer que somos una colonia sin soberanía jurisdiccional donde, con la excusa de brindar una migajilla de falsa justicia, se consagra una injusticia infinitamente más dañina.
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