El «impuesto revolucionario» de ERC
Los partidos catalanes arremeten contra los republicanos por exigir dinero a sus cargos públicos y cuestionan incluso la presencia de alguno de sus dirigentes en el Gobierno catalán
Marcos Pardeiro
Barcelona- Desde hace dos años es difícil que la política catalana trascienda el marco estatutario. Ni el método de autofinanciación de ERC está al margen de esta máxima que en todo momento ha caracterizado la reforma. Tanto es así que el poderoso secretario de Organización y Finanzas de Esquerra y alto cargo del Gobierno de Cataluña, Xavier Vendrell, se sitúa hoy en el centro de la polémica después de conocerse que ERC exige a empleados del Gobierno de Cataluña pagos al partido, incluso aunque no sean militantes.
Vendrell es uno de los principales dirigentes independentistas que promueve el rechazo al Estatut pactado entre Zapatero y Mas. Los socialistas y sus fieles aliados ecosocialistas temen que la postura de ERC -dividida, pero en su mayoría próxima a la abstención- termine por hacer fracasar el referéndum de aprobación del texto y, así, dar al traste con el proyecto estrella de la legislatura. Diversos cargos de Esquerra inscriben en esta lógica el súbito conocimiento de las 200 cartas que Vendrell envía a empleados de la Generalitat que han conseguido su puesto gracias a la afinidad con su partido y en la que se recuerda la obligatoriedad de ponerse al día en el cumplimiento de la carta financiera de ERC. El «conseller primer», Josep Bargalló, interpretó ayer la filtración como un intento de «amenazar» a ERC para variar su voto.
La carta financiera especifica el imperativo que tienen los cargos de confianza de ERC de destinar un porcentaje -entre el 10 y el 20 por ciento- del salario público para sufragar los gastos del partido. Es lo que numerosos contribuyentes denominan como «impuesto revolucionario»; enoja a buena parte de ellos, pero es defendido a ultranza por la cúpula del partido por ser un método transparente. «Estamos orgullosos de ser un partido donde no hay donaciones anónimas, donde no nos nutrimos de comisiones urbanísticas», dijo Puicercós en un intento de resucitar el «tres por ciento».
Desde las filas de CiU, su portavoz parlamentario, Felip Puig, denunció la «presunta extorsión» de ERC, instó al conseller Carretero a instruir un eventual expediente sancionador y no descartó la posibilidad de actuar judicialmente. Por su parte, el presidente del PPC, Josep Piqué, pidió la comparecencia de Bargalló en el Parlament para dar explicaciones de lo que podría ser un «inmenso escándalo». Y el primer secretario del PSC, José Montilla, se limitó a recordar que los que se sientan afectados pueden acudir a los tribunales.
Pero el más revelador fue el conseller de ICV, Joan Saura. «No se puede estar en el Gobierno y firmar cartas así», dijo en alusión a la duplicidad de cargos de Vendrell, a quien, se le atribuye el éxito de haber saneado las cuentas de ERC. El dirigente independentista aterrizó en el Palau de la Generalitat hace pocos meses para hacerse cargo de la secretaria general del «conseller primer» y para vigilar de cerca al secretario del Gobierno, Ernest Maragall. Vendrell está considerado como un dirigente próximo a Puigcercós.
La polémica apunta a una guerra interna del tripartito a pocos meses del referéndum. Lo que quiere dejar claro ERC es que su método no es ilegal; de hecho, hay más partidos que recaudan fondos a partir de las nóminas de sus cargos. Por eso, Bargalló subrayó que sería «un error» el posible envío de cartas a trabajadores de la Generalitat que no sean cargos públicos y desempeñen labores ajenas a la responsabilidad política. En este sentido, desmintió cualquier despido de técnicos.
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