Cientos de asesinatos del Frente Polisario (al que blanquea la extrema izquierda)

La noticia es de hace más de cuatro años:

Víctimas españolas del Polisario denuncian a este movimiento por crímenes contra la humanidad

Paco Soto

8 de Enero de 2016

El Frente Polisario, la organización política apoyada por Argelia que combate a Marruecos para conseguir la independencia del Sáhara occidental, goza de buena prensa en España. Las redes de propaganda y apoyo al Polisario que existen en España, en muchos casos vinculadas a la extrema izquierda, están generosamente financiadas por la administración pública, sobre todo ayuntamientos y comunidades autónomas, y mantienen un férreo control sobre la información que se publica en nuestro país sobre el conflicto saharaui. La otra parte del conflicto, Marruecos, es ignorada o atacada burdamente por los simpatizantes del Polisario. Cualquier intento de debatir libremente sobre lo que ocurre en la antigua colonia española y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en el sur de Argelia, sin anteojeras ideológicas y sin apoyar a ninguna de las dos partes enfrentadas, es automáticamente boicoteado por “los amigos del Polisario”. En España, la defensa de la denominada “causa saharaui” es ajena al debate inteligente y contradictorio, prevalece la consigna y no la reflexión ponderada y honesta.

La verdad no importa, lo que debe prevalecer es la propaganda pura y dura, que presenta al Polisario como un movimiento de liberación nacional, progresista y democrático. Esta propaganda sostiene que Marruecos es el único responsable de lo que ocurre en el Sáhara occidental. Según los aduladores de la “causa”, ni el Polisario ni Argelia tienen nada que ver en a falta de resolución de la crisis saharaui. Hasta hace poco tiempo, los periodistas españoles que se atrevían a cuestionar el relato oficial sobre el conflicto saharaui, eran automáticamente atacados, insultados y acusados de trabajar para los servicios secretos marroquíes. Sobre el Sáhara occidental, la policía de la mente funcionaba perfectamente en los medios y en otros ámbitos de la sociedad española. Afortunadamente, en los últimos años, organizaciones como Amnistía Internacional (AI), ONG que en otra época apoyaron la independencia del Sáhara occidental, como la Fundación France Libertés, antiguos dirigentes del movimiento independentista liderado por Mohamed Abdelaziz, saharauis de a pie y ciudadanos españoles han denunciado las violaciones de los derechos humanos que comenten los gerifaltes del Polisario en los campamentos de Tinduf y la falta de democracia interna en la organización. Tanto es así que en los campamentos de Tinduf han surgido grupos disidentes como el Movimiento del 5 de Marzo (M5M).

Disidencia interna

En el seno del propio Polisario se produjo hace unos años la escisión del colectivo La Vía del Mártir, liderado por Salek Mohamed Ayad. Los disidentes independentistas aseguran que la cúpula del Polisario se comporta como una “dictadura” y está formada por una pandilla de “oportunistas, corruptos y manipuladores que viven cómodamente a costa del sufrimiento del pueblo saharaui”. Los secuestros de varias jóvenes de origen saharaui que viven en España por parte de sus familias cuando las visitaron en los campamentos de Tinduf, han demostrado a la opinión pública española que detrás de la visión idílica que han construido en nuestro país los propagandistas de la “causa saharaui” se esconde una realidad lúgubre.


Víctimas del terrorismo

En este contexto, la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE) denunció hace unos días que el Frente Polisario asesinó a casi 300 ciudadanos españoles durante las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado. La presidenta de este grupo, Lucía Jiménez, hija de uno de los asesinados, explicó en rueda de prensa que ACAVITE todavía no ha podido contabilizar cada uno de los casos de personas muertas en manos del Polisario, pero valoró positivamente que el Ministerio del Interior ya haya reconocido a 130 víctimas. Estas personas asesinadas por el Polisario, según la Ley 29/2011, son consideradas como víctimas del terrorismo como los damnificados de ETA y otros grupos violentos. Jiménez advirtió de que aún queda “mucho camino por recorrer”, y defendió el papel de la Justicia en este asunto.

Se dan las circunstancias de que los crímenes cometidos por el Polisario contra ciudadanos españoles no han sido resueltos por los tribunales y sus autores materiales viven en la impunidad. Algunos de estos crímenes se cometieron hace casi 40 años. El abogado que se ha hecho cargo de la denuncia de ACAVITE es Miguel Ángel Rodríguez Arias, un letrado que, a petición de la organización Dignidad y Justicia, consiguió el procesamiento de cinco exjefes de ETA por “crímenes contra la humanidad” en la Audiencia Nacional. Dicho abogado redactó un informe jurídico donde argumenta el mismo tipo de delito en relación a los crímenes cometidos en España por la dictadura de Franco, una causa que investiga la Justicia argentina. Rodríguez Arias pondrá una querella por “lesa humanidad” contra el Polisario.

Ninguna condena

Según dijo el letrado en la rueda de prensa, pescadores españoles que faenaban en la zona de El Aaiún –capital del Sáhara occidental- y obreros que trabajaban en las minas de fosfatos de Fosbucraá fueron impunemente asesinados. Rodríguez Arias denunció al Polisario por haber matado a machetazo limpio, secuestrado y torturado a trabajadores españoles indefensos y también por haber ametrallado a barcos pesqueros. La mayoría de las víctimas eran civiles y unas cuantas, militares, y procedían de Canarias, Andalucía, Galicia y el País Vasco. “No se ha condenado a nadie por estos atentados”, lamentó el abogado. Lucía Jiménez destacó: “Hemos contabilizado hasta medio centenar de secuestros, además de los 300 asesinados”. ACAVITE considera que los ataques terroristas fueron sistemáticos y generalizados contra ciudadanos españoles. Por eso mismo, “se dan todos los elementos para considerar que estamos ante crímenes de lesa humanidad”, recalcó el abogado Rodríguez Arias, quien recordó que “el Frente Polisario contaba con una estructura militar perfectamente organizada y mantenía el dominio sobre un territorio”. Así las cosas, Jiménez tuvo palabras críticas con los sucesivos gobiernos de ámbito nacional y autonómico, sobre todo en Canarias, por el apoyo acrítico que han dado al Polisario y la falta de sensibilidad con el dolor de los familiares de las víctimas españolas de este movimiento. En este sentido, la presidenta de ACAVITE calificó de “indecente e improcedente” la reunión que mantuvo recientemente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con una delegación del Polisario.

https://atalayar.com/sites/default/f...?itok=IZedEgPP

Ahmed Bujari

Dentro de la cúpula del Polisario, uno de los principales responsables de los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles es supuestamente Ahmed Bujari, actual representante del movimiento independentista ante la ONU. De origen mauritano, Bujari ha desempeñado importantes tareas diplomáticas en el seno del Polisario. Es un hombre de carácter fuerte, provocador y cínico. Un antiguo dirigente del Polisario que lo conoce, dice de él que es un “verdadero asesino, un hombre sin entrañas, un defensor de la tortura que no admite la disidencia, ni siquiera la crítica, y está dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder”. Según diversas informaciones de la prensa española, Bujari es el responsable directo de los ametrallamientos de barcos pesqueros españoles. En 1978, el dirigente del Polisario declaró en España que el acuerdo pesquero hispanomarroquí firmado un año antes era “una declaración de guerra ante la cual sólo queda la opción militar”.

Humildes pescadores

No le importó que el ‘enemigo’ fueran unos humildes pescadores españoles que se tenían que ganar la vida faenando en aguas extranjeras. Bujari tuvo la desfachatez de destacar que “con este acuerdo pueden quedar muchas familias huérfanas”, y los pescadores tendrán que elegir entre “el hambre o la orfandad”. Bujari fue expulsado de España, pero regresó después. En 1984, el dirigente del Polisario se enemistó con el PSOE, porque el Gobierno de Felipe González se negó a reconocer la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). “Optar por Marruecos es optar por la guerra”, amenazó Bujari. Mientras, el Polisario siguió atacando barcos pesqueros españoles. Los dirigentes del movimiento independentista saharaui afincados en España fueron expulsados del país y sus sedes, clausuradas. En marzo de 2007, Bujari aseguró que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero intentaba “borrar del mapa al Sáhara”. En 2009, el entonces juez Baltasar Garzón aceptó una querella de una asociación saharaui contra dirigentes del Polisario por torturas. Uno de estos dirigentes era Ahmed Bujari. Este mismo año, ante Naciones Unidas, Bujari denunció las prospecciones “ilegales” de compañías petroleras extranjeras en la antigua colonia española. En la actualidad, Bujari sigue defendiendo la autodeterminación de la población saharaui y la independencia del territorio, así como una negociación directa entre el Polisario y Marruecos. De momento, vive libremente y sin haber tenido que responder ante la Justicia por los supuestos crímenes cometidos.

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Acavite reclama atención para las víctimas de FossBucraá

La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo exige apoyo a las 44 familias que sufrieron el ataque del Frente Polisario





28.01.2020 | 00:04 https://fotos01.eldia.es/2020/01/28/...te-reclama.jpg Distintos recortes de la prensa de la época de los mayores zarpazos del terrorismo polisario. E.D.

Distintos recortes de la prensa de la época de los mayores zarpazos del terrorismo polisario.
Acavite reclama atención para las víctimas de FossBucraá

• Fotos de la noticia

Lucía Jiménez (*)
Santa Cruz de Tenerife

Hoy, cuatro décadas más tarde, las familias de las víctimas civiles olvidadas de los atentados del Frente Polisario siguen reivindicando a la clase política y a la sociedad que no practiquen el negacionismo histórico. Y que no pueden seguir blanqueando y justificando románticamente las acciones terroristas que cometió el Polisario. El doble atentado mortal del 10 de enero de 1976 marcó un antes y un después en la historia reciente de Canarias y de España de la Transición. España abandonó oficialmente el Sáhara dos meses y medio más tarde, después de estas explosiones de bombas mortales. Fue el último atentado terrorista en tierra del Frente Polisario. Sin embargo, en alta mar, comenzó en paralelo, una brutal escalada de atentados durante años, con ametrallamientos, desapariciones y secuestros a tripulaciones completas de barcos pesqueros, segando la vida a multitud de pescadores, dejando un reguero de viudas y huérfanas. La equidistancia y el silencio han sido la tónica ante estos atentados terroristas en FossBucraá, ya reconocidas oficialmente como víctimas del terrorismo, por el Estado y el Ministerio del Interior, desde 2006, gracias a la ardua batalla de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Acavite. Otras cientos de víctimas y familiares directos tuvieron que esperar hasta 2015 para su reconocimiento oficial por parte del Estado.

Se da la circunstancia del destino que, precisamente, Francisco Jiménez Santana fue una de estas primeras víctimas de los atentados terroristas que perpetró el Frente Polisario el 10 de enero de 1976, mientras trabajaba en la empresa pública de FossBucrá (pertenecía al antiguo Instituto Nacional de Industria, INI, y la SEPI). Fue reconocida oficialmente por uno de los actuales ministros recién nombrados por el Gobierno de coalición con Podemos del presidente Pedro Sánchez. Francisco Jiménez fue una de las primeras víctimas del terrorismo reconocida como tal por parte del Estado, en el 2006 (falleció por las graves secuelas padecidas, sin enterarse de que fue reconocido tras pasar 38 años luchando por ese reconocimiento), de la mano del actual ministro de Cultura, José M. Rodríguez Uribes. Y también del padre de la Constitución, Gregorio Peces-Barba, cuando ambos estaban al mando del Comisionado de Víctimas del Terrorismo, perteneciente al Ministerio del Interior. Y como la verdad a veces encuentra un camino paralelo y coincidente para salir a la luz, el destino también quiso que Juan F. López Aguilar fuera el primer ministro de Justicia que reconociera al primer canario como víctima del terrorismo del Frente Polisario en las minas de FossBucraá. Le siguieron otras víctimas: Raimundo L. Peñalver, Miguel A. Pérez, Antonio S. Y otros más que pudieron lograr que los atentados terroristas fueran visibles legítimamente y reconocidos ante el Estado y la Administración española.

Basta echar un vistazo a la hemeroteca de la época y comprobar que tras la firma de los Acuerdos de Madrid de 1975, Marruecos y España acordaron, ambos y por escrito, dotar de seguridad, protección y ayuda a estos trabajadores y familias isleños para continuar con la producción de fosfatos, como les pedía la empresa, mientras Franco agonizaba y los militares evacuaban. Pero nunca se produjo. Las familias nunca recibieron ni la ayuda ni el consuelo, ni las pensiones de viudedad y orfandad, ni el apoyo económico prometido desde estos dos países hacia las víctimas afectadas. Ellas lamentan que aún hoy, con la millonaria producción de FossBucraá, no hayan rectificado, como prometieron por escrito a este puñado de humildes viudas y huérfanas. Puesto que ni Marruecos ni España han sabido reaccionar ante la dejación de los atentados sangrientos que el Frente Polisario cometió en tierra. Los dos países, inexplicablemente, se desentendieron de las víctimas y familias isleñas afectadas. Cuestión, que las familias aún creen, pueden corregir y enmendar ambos países, aún hoy. Para ellas, esta acción mejoraría su imagen exterior y de credibilidad diplomática de ambos Estados, ante la inacción que no supieron resolver. No en vano, las armas y las bombas arrasaron a un colectivo amplio de trabajadores civiles canarios, que sufrieron brutales atentados terroristas. Todos ellos, impunes hasta hoy.

Para las víctimas, el olvido deliberado ante la opinión pública, la desprotección, la invisibilidad, la desestructuración familiar, el empobrecimiento y la equidistancia política entraron en las cocinas y salones de muchos municipios canarios de los afectados durante 44 años. Con foto en blanco y negro de sus padres y esposos asesinados y heridos. Presidiendo el recuerdo de velas encendidas, en solitarios aniversarios sin flores. Ni placas. Ni homenajes institucionales. Ni reconocimientos oficiales de ningún tipo que reconocieran el daño causado por estos ataques terroristas . Y es que, para los afectados, en el otro lado de la historia, se elaboró con impunidad y por encargo, inercia, e intereses ideológicos de nacionalismo independentista radical de la época, otro relato alternativo al veraz, para que se perpetuaran otras versiones de lo ocurrido. Pero no la verdad de lo sucedido.

Con el paso de los años, para las viudas y huérfanos, todo esto favoreció sin duda un envalentonamiento de los actores implicados. Se desarrolló una fructífera industria propolisaria, con comisiones parlamentarias anuales de toda la clase política representada en el Congreso de los Diputados, Parlamento Canarias, Senado, ayuntamientos y cabildos con viajes subvencionados a Tinduf. Aumentaron las múltiples organizaciones prosaharauis, y promarroquíes. Surgió un apogeo de la geopolítica diplomática y consular de los países afectados, expectantes. Así como una equidistancia de algunos medios de comunicación y periodistas, que han ido elaborando un relato histórico negacionista a favor de obra e independentista armada del Frente Polisario. O, en su caso, a favor de Marruecos, según exigiera la coyuntura del momento. Por otro lado, las familias lamentan que se haya querido aprovechar su debilidad, por parte de interesados y pseudoexpertos en la materia. Un error. Las familias canarias aunadas en Acavite han sabido mantener su coherencia, y la verdad de lo ocurrido ante las instituciones y la sociedad. Con irrefutables testimonios y trabajo arduo, sin doblegarse, todos estos años.

Para las víctimas del FossBucraá, el Frente Polisario se ha aprovechado del manto del victimismo y justificación romántica, negando inútilmente, y de forma errática, los atentados cometidos. Ellos inicialmente supieron aprovechar el contexto de desprotección de las viudas y huérfanos para lanzar un manto de complicidad y tergiversar a conveniencia la veracidad de estos ataques terroristas. Los verdugos pasaron a héroes en la memoria colectiva del Archipiélago. Y las familias de las víctimas de FossBucraá eran las apestadas, olvidadas y molestas ante la sociedad canaria. Eran las culpables por ir a trabajar al Sáhara. Una tergiversación histórica que empezó a destilar verdad, años más tarde, con testimonios atroces y documentos oficiales que presentaban las familias. Tuvieron que pasar doce años hasta que apareció la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite, organismo que fundé y presido, para que se lograra el reconocimiento del Estado, como tales víctimas del terrorismo, de más de 300 víctimas canarias del terrorismo y familiares directos. Todos ellos cometidos por el Frente Polisario, MPAIAC, ETA y soldados isleños objeto del terrorismo yihadista, respectivamente.

300 atentados del Polisario

Acavite pide actualmente, como el resto de las asociaciones de víctimas del Estado, que se esclarezcan los más de 600 atentados en toda España sin resolver ni esclarecer por la Justicia, de los cuales trescientos fueron cometidos por el Frente Polisario y el MPAIAC. También piden que el actual presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tome la iniciativa para que el Parlamento canario apruebe, ponga ficha financiera con plazos, cifras y reglamento cuanto antes -tal como prometió recientemente durante un acto público- a la necesaria la Ley Canaria Complementaria de Víctimas del Terrorismo, propuesta hasta en seis ocasiones por parte de Acavite en el hemiciclo canario. En el contexto nacional piden, además, al recién renovado ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que lleve cuanto antes al Congreso y apruebe la modificación de la Ley de Reparación a las Victimas del Terrorismo 29/11, demandada por todas las asociaciones de víctimas de España. Porque se ha quedado obsoleta y no ha dado respuesta real a las familias, a pesar del tiempo transcurrido y las promesas ministeriales hechas. Sobre todo, es necesario un cambio para las viudas y huérfanos, en materia de pensiones, reconocimientos de estrés postraumáticos sin resolver de atentados olvidados en los años 70, 80 y 90, dificultades continuistas con los reconocimientos de incapacidades, discapacidades en la Seguridad Social y EVI, reserva de empleo público para los familiares directos de víctimas del terrorismo, y la resolución y respuestas de los más de 600 atentados terroristas de diferentes grupos y bandas terroristas sin resolver ni esclarecer por la Justicia ni en la Audiencia Nacional, entre otras muchos demandas pendientes. Hoy tan necesarias como hace ya 44 años.

(*) Presidenta de Acavite


https://www.eldia.es/canarias/2020/0...a/1045176.html