Hace no demasiado tiempo, los diarios españoles se hicieron eco del brutal incremento de aborto voluntario en España. El problema ético sigue estando ahí, si bien se suele ocultar a la ciudadanía con el pseudodebate de los derechos. El aborto no seria una cuestión ética, sino un derecho fundamental, del que las mujeres han estado privadas durante siglos. Quien esto admite, supone que el aborto no es otra cosa que una operación quirúrgica donde se extrae del cuerpo femenino algo que supone un problema. En definitiva, algo no muy diferente de una operación de cirugía para aumentar el tamaño de las mamas.
Sin embargo la cuestión real es otra, porque de hecho todas las técnicas abortivas suponen, primero, matar al feto y, después, extraerlo. Esto no sucede en una operación de apendicitis. A veces se deja al feto en una situación tan lamentable que fallece en el exterior, difuminando con ello la frontera entre el aborto y el delito de infanticidio tal y como aparece en el Código Penal. Los métodos abortivos –marcadamente sádicos- van desde la asfixia e intoxicación por formaldehído hasta las quemaduras con solución salina o la vivisección. Existe incluso otro procedimiento en el que se extrae al feto, se le abre la cabeza y se le absorbe el cerebro. Lógicamente, todo esto es ocultado para plantear con más asepsia el ridículo debate de los "derechos", si bien lo que nos ocupa aquí es la presunta "utilidad" de eliminar anualmente en España varios miles de nacimientos de futuros españoles, algo a lo que ni PP ni PSOE han sido ajenos.
Aparentemente el aborto no beneficia a nadie salvo a los buitres que viven directamente de este negocio. Pero por desgracia la cosa va más allá. José Javier Esparza se preguntaba hace poco, en un artículo notablemente analítico publicado en Elsemanaldigital.com, a quién beneficiaba la existencia de un millón de inmigrantes ilegales y desempleados en España.
La respuesta es que beneficia a los mismos que sacan algo con la decadencia demográfica ocasionada, entre otros, por el aborto. El "invierno demográfico" reduce a medio y largo plazo la capacidad manufacturera de un país merced a una caída drástica de la tasa de renovación generacional. Paralelamente, la disminución del número de nacimientos acarrea el envejecimiento de una población, cuyos gobernantes se ven impotentes para sostener el sistema económico. Este mismo "invierno demográfico" acarrea inmigración en calidad de fuerza-trabajo, si bien, naturalmente, una fuerza-trabajo que ya no tiene los requerimientos culturales y de estándar de vida de los autóctonos; más bien acepta sin rechistar el progresivo recorte de derechos sociales y de poder adquisitivo de los salarios.
No es de extrañar, por tanto, que el informe de la Comisión Rockefeller "sobre el crecimiento poblacional y el futuro de América" recomiende que "las leyes del aborto sean liberalizadas", que "los gobiernos federales, estatales y locales sostengan con fondos los servicios para abortos" y que "el aborto sea incluido específicamente en los seguros de salud tanto públicos como privados". Junto a la familia Rockefeller, sumos sacerdotes impulsores de la globalización en todo el planeta, a través de fundaciones, universidades, seminarios y una poderosísima red de influencia, la izquierda mundial, que alienta el aborto como "derecho", cumple bien en esto como en otras cosas su papel de dócil mamporrera del neoliberalismo. Y es que unos y otros comparten el objetivo común de sojuzgar a los pueblos libres del mundo, aunque para ello tengan que vender lo que no puede tener comprador sensato.
Eduardo Arroyo
http://www.elsemanaldigital.com/arts/50711.asp?tt=
