La Lectura Que A Nadie Interesa Del Recurso De Inconstitucionalidad.

El miércoles, veintiuno de septiembre, varios meses después de la aprobación de la ley, con el plazo a punto de concluir, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, forzado por la presión católica, hizo pública la decisión del partido de recurrir la Ley que permite en España el matrimonio y la adopción a personas del mismo sexo. Recurso que, únicamente, se refiere al uso del término matrimonio, pero sin cuestionar la unión civil en sí, ni la evidente constitución, se llama como se llame, de un ente que adquiriría las características legales de familia (concepto que se puede independizar constitucionalmente del de matrimonio) y al que, difícilmente, se le podrá vetar, por ejemplo, el derecho de adopción. Recurso que se presenta, como ha explicado el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, no por una cuestión moral o por la única concepción posible del matrimonio o por la poliédrica idea de familia que suscribe el Partido Popular, sino, simplemente, por el problema semántico-legal que plantea la ley al entrar en contradicción con los términos empleados por los redactores del texto constitucional al definir el matrimonio. Fricción conceptual de la que eran conscientes, desde los albores del trámite de la ley, tanto populares como socialistas y sobre la que ya habían advertido tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado; la misma sobre la que se habían producido algunas filtraciones sobre la posición contraria de algunos miembros del Tribunal Constitucional. Fricción conceptual marginal para el gobierno e importante para el Partido Popular, ya que para éste ha sido el argumento que le ha permitido establecer una estrategia de oposición con la que poder satisfacer al voto católico que tiene cautivo, aprovechando la imagen, el discurso y el eufemismo.

Dejando a un lado la cuestión semántica, porque no es conceptual, nada separaba antes de las elecciones al PP y al PSOE en sus propuestas con respecto a la unión entre personas del mismo sexo: ambos partidos llevaban en sus programas la regulación civil de las uniones, la adopción, directa como propone el PSOE o indirecta a través de otras fórmulas como ha aplicado el Partido Popular en alguna de las Comunidades en que gobierna... El matiz a este consenso vino derivado de la decisión del PSOE de asimilar esas uniones al matrimonio civil y de la dura oposición que esta medida despertó entre los sectores católicos, lo que obligó al Partido Popular a secundar la oposición y tratar de reconducir una oposición conceptual hacia un simple debate terminológico, erradicando de la vida política el debate real que se ha planteado en los demás países: ¿Uniones homosexuales? Sí o No.

La erradicación de dicho debate del discurso político convenía y conviene a los dos partidos mayoritarios, ya que ambos buscan el denominado “voto rosa” y ambos cuentan con sendas plataformas o corrientes, prácticamente orgánicas, en el seno de sus formaciones (grupo que en el seno del PP prepara los documentos relativos a estas cuestiones para las comunidades y ayuntamientos regidas por los populares); entendiendo, también, populares y socialistas, que el apoyo a las tesis de los lobbys rosa abre el voto del indefinido espacio del centrismo progresista que ambos disputan. De ahí que el Partido Popular se esfuerce a la hora de reiterar que no está contra las uniones homosexuales y que sólo se opone, por razones legales, a la utilización de la palabra matrimonio. De ahí, también, que el Partido Socialista se empeñe en presentar la oposición y recurso popular de inconstitucionalidad a la Ley como lo que no es: una oposición a las uniones homosexuales. Discursos evidenciados en las reacciones inmediatas al anuncio oficial de la presentación del recurso.

Dada la cada vez más reducida capacidad de transmisión mediática de su discurso, por el dominio que ejerce la izquierda en los mass-media, y el “todo o nada” al que parecen aferrarse los “lobbys rosa”, el Partido Popular se mostró reacio a presentar el recurso, consciente de que sería difundido como un ataque a los derechos de los homosexuales. Sólo la presión de los sectores católicos, el miedo a tener que hacer frente a una campaña de denuncia desde el voto católico, que le podría costas cientos de miles de votos, y la presión que, sin duda, han recibido decenas de diputados que forman parte de alguna organización religiosa, como es el caso del propio Acebes, junto con el miedo a que otras fuerzas de nuevo cuño puedan vertebrar una opción política realmente católica, ha inclinado, finalmente, a Mariano Rajoy a presentar un recurso de baja intensidad como “mal menor”. Con el mismo pretende contentar, sin un gran coste electoral, tanto a sus bases católicas como a algunas asociaciones que se han manifestado contra la Ley y que mostraban su decepción ante la pasividad popular.

Por debajo de las discusiones, de las especulaciones sobre las declaraciones de algunos dirigentes populares, aflora, sin embargo, la utilización de una “estrategia de la compensación” perfectamente diseñada de cara a la confrontación electoral que se abrirá en el 2007 y destinada a minimizar esos efectos negativos de los que ha hablado Esperanza Aguirre. El Partido Popular anunciaba la presentación del recurso pero, al mismo tiempo, casi subrepticiamente, el PP, a través del Ayuntamiento de Madrid y también, suponemos, de la Comunidad, felicitaba a la representación española por lograr en Londres que Madrid fuera Capital Europea del Orgullo Gay en el 2007 (casi en tiempo electoral), en un proyecto inviable sin la promesa del concurso oficial a los actos que se presentaban en el “magnifico vídeo” de promoción del proyecto. Al mismo tiempo que se anunciaba la presentación del recurso, como proclamando que esto nada iba a variar, el portavoz de los Gays y Lesbianas del PP, Javier Gómez acudía al Registro Civil para iniciar los trámites para casarse con el simpatizante del PP Manuel Ródenas (miembro del Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid que ha participado en el impulso a la candidatura de Madrid a la Europride), precisando que la boda la celebraría el mismísimo Ruiz Gallardón, pues así se lo había prometido el edil madrileño; aunque después Gallardón haya recurrido a evitar pronunciarse porque la foto podría resultar en Madrid electoralmente demoledora.

Los lobbys rosa, antes de la aprobación de la Ley, hubieran brindado por la legalización en España de las “uniones homosexuales” sin más. En este punto existía consenso entre el PSOE y el PP. Ha sido decisión personal de José Luis Rodríguez Zapatero, guiado indudablemente por su radicalismo laicista y su deseo de reducir a la mínima expresión al catolicismo, la que ha conducido el tema a un punto de ruptura al que el PP no deseaba llegar. Ahora es al Tribunal Constitucional a quien corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad del término. No lo hará, porque no está en el debate, sobre las uniones en sí o sobre el derecho a la adopción. Inicialmente la inconstitucionalidad de la utilización del término matrimonio parece evidente, pero nada más. La realidad es que, aunque el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional ese punto de la Ley, nada, salvo el nombre, variaría incluyendo el tema de la adopción, pues tanto el Partido Popular como el PSOE asumen la denominada multiplicidad de los modelos familiares y ahí están contempladas, entre líneas para unos y sin líneas para otros, las uniones entre personas del mismo sexo.
Francisco Torres García.

EL BIEN POSIBLE

Un recurso insuficiente

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El PP ha anunciado la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la llamada “ley ZEROLO”, lo que ahora toca es explicar con claridad los términos en los que se va interponer, para con ello saber si la presentación dará o no satisfacción a las pretensiones del millón de personas que se convocaron el 18-J.

Los llamados movimientos cívico-sociales y los diversos foros familiares se han congratulado y felicitado por la presentación del recurso, se atribuyen como un éxito la interposición del mismo, pero mucho me temo se han podido precipitar, toda vez que el objetivo del recurso no es en realidad declarar inconstitucional la unión homosexual, que es lo que todos pretendemos, sino exclusivamente solucionar un problema semántico, es decir como denominar a la unión de parejas homosexuales.

La verdad es que uno no llega a entender el raciocinio legal, moral y político del PP para presentar el manoseado recurso, ya que, según las ultimas declaraciones al periódico El Mundo, hechas “al alimón” por el Sr Acebes y el Sr. Zaplana, por cierto, participes muy activos de la manifestación del 18-J, no dejan lugar a dudas “ ..es cierto que nosotros hemos planteado una discrepancia con la iniciativa del Gobierno que residía en dos aspectos puntuales: uno de denominación de matrimonio y otra de adopción. Al margen de eso no va haber ningún tipo de limitación ni de recorte en los derechos de las personas del mismo sexo que deseen unirse en pareja” , es decir, que aceptan, legitiman y avalan la unión de homosexuales, lo que no consienten es que se le llame matrimonio, pues bien, a mi y a muchos, lo que nos preocupa no es el aspecto semántico, el termino, obviamente es algo que agrava más la ofensa, pero lo que realmente nos preocupa es el fondo , es decir, dar carta de naturaleza a un acto contranatura, cual es la unión de dos personas ( quizás tres, ¿ porque no?)del mismo sexo ; pero , por si fuera poco, es que además la pasada semana hemos recibido la “grata” noticia de que Madrid será la capital del Orgullo Gay en el 2007, eso si, con el apoyo de los gobernantes locales y autonómicos del PP, y por si no fuera suficiente Doña Esperanza Aguirre, la que muchos definen y defienden como una de las más “conservadoras y católicas” del PP, hace muy pocos días en los desayunos de TV ha dicho que ella se opondrá a que el PP presente el recurso y, para rematar que los matrimonios además no deben ser indefinidos sino que debería admitirse el matrimonio por cinco o diez años, le falto decir que por analogía con la Ley de Arrendamientos Urbanos, cabria la prorroga tacita o expresa de los mismos y la revisión conforme al IPC.

Con el apoyo del voto útil y la teoría del mal menor, el Alcalde de Madrid va ha casar a una pareja homosexual de militantes del PP, quita la capilla del Palacio de Correos para convertirla en lugar de celebración de bodas civiles, incluidas la de homosexuales, la Presidenta de Madrid a favor de los matrimonios homosexuales, Alonso, Villalobos y demás “pandilla” del PP votando a favor del matrimonio gay, Rajoy no sabe, no responde, así las cosas de plantearse el recurso, el amparo que el PP solicitaría del TC no estará construido para conseguir un frontal rechazo judicial de las uniones de homosexuales, sino que admitiendo su existencia y su igualdad de derechos con la pareja heterosexual, se unan bajo una denominación distinta. Como podrán comprobar esta iniciativa del PP, de llevarla adelante, se convertirá en una gran farsa, una gran frustración para la mayoría de la gente que aplaudió su presencia el 18-J.

El PP todavía esta a tiempo de cumplir con una obligación inaplazable y para ello ha de plantear el recurso, que es lo que sinceramente deseo, pero debe plantearlo con rigor moral y desde la perspectiva de conseguir una resolución judicial inapelable, que reconozca que con independencia de la forma en que se les denomine, las uniones entre homosexuales no son acordes al derecho español porque no lo son con la Ley Natural. Ese debiera ser su compromiso, lo demás burlas a su electorado católico.

Luego habrá quien venga a decir que la derecha se divide y que con ello el PSOE se perpetua en el poder, pues bien que quede claro, son estas actitudes las que obligan a los católicos a no seguir a partidos como el PP, a separarse de ellos, a buscar nuevas alternativas que pongan en valor su voto y que este sirva a los Principios y Valores que iluminan su Credo.

Por lo tanto el que presenten o no el recurso en los términos que pretenden, en nada nos ayudara a terminar con este desorden moral, muy por el contrario, de prosperar su “recurso de la denominación” la ley volvería al Parlamento, sería sometida nuevamente a votación bajo un termino distinto ( propongo amancebamiento) y prosperaría con los propios votos del PP, que por cierto ya ofrecieron, de forma tal que quedara consagrado constitucionalmente el derecho a la unión de los homosexuales, lo que en realidad es el ilícito moral.

Rafael López-Dieguez