Comienza la subasta de España
La reforma del estatuto de autonomía de Cataluña, que ZP quiere que sirva de bandera para su reforma territorial ya empieza a tomar forma. Maragall quiere que sea la propia Generalidad quien decida, sus ingresos y también la solidaridad que ha tener con el resto de regiones de España. El tripartito prevé la creación de una agencia tributaria propia que actúe de forma coordinada o consorciada con la del Estado y recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos que se pagan en Cataluña, frente al actual modelo, aplicado desde 2002, en que la Agencia Tributaria Estatal recauda todos los tributos y traspasa a la Generalidad el 33 por ciento del IRPF, el 35 por ciento del IVA y el 40 por ciento de los impuestos especiales. Además, pide al Gobierno central una compensación financiera por las insuficiencias producidas por los sistemas de financiación aplicados en los últimos años y corregir el déficit de Cataluña respecto a España, una cuestión a negociar con el Estado después de la entrada en vigor del Estatuto.
Con un gobierno débil y carente de todo escrúpulo moral, no es de extrañar que separatistas como el secretario general de ERC, Puigcercós, se atrevan a despreciar al resto de los españoles diciendo que "Cataluña es el motor de la economía del Estado" y acusando a los que se oponen a su modelo federal-insolidario de dedicarse a “chupar del bote”. Como estarán las cosas de negras que hasta el propio Alfonso Guerra coincide con nosotros al denunciar la fragmentación de la soberanía nacional. "Con el mecanismo de de financiación que se pretende se violan los principios de igualdad, de solidaridad interterritorial y el de prohibición de que haya privilegios económicos o sociales entre Autonomías”, ha dicho Guerra añadiendo que el argumento de las balanzas fiscales es completamente falaz porque no pagan los territorios sino las personas.
El estatuto, por supuesto, definirá a Cataluña como una nación, aunque la formula concreta en que se introducirá el concepto aún no está clara, ya que los separatistas de ERC y CIU, no quieren que se condicione la definición de nación para dejar las puertas abiertas a la autodeterminación.
Gravísima la política lingüística que fijaría el estatuto, ya que pretende imponer la obligación para todo residente en Cataluña de utilizar el catalán como idioma. Contemplando como concesión un límite temporal para este deber, para distinguir a los ciudadanos que residen permanentemente en Cataluña de los que están de paso. Este atentado contra la libertad, que busca la erradicación del español de Cataluña y la construcción de una barrera idiomática insalvable, con las consecuencias que cualquier persona con un mínimo de inteligencia comprendería, cuenta inexplicablemente con el apoyo del PP catalán.
Desde Galicia los separatistas del BNG, por supuesto ya se apuntan al mismo sistema. Su líder Quintana, ya ha declarado que su objetivo es que Galicia se defina como "nación" y el nuevo Estatuto quede en el mismo plano que las reformas vasca y catalana, nunca en nivel inferior. ZP en el Senado mostró su disposición a apoyar a los nacionalistas gallegos y dialogar –como no- sobre el tema. Porque ZP no sólo carece de principios, sino también de sentido de razón de estado, por eso está dispuesto a negociar con todo y a meternos en el laberinto de las reivindicaciones separatistas acompañadas del barullo de los autonomistas que no quieren menos. El Gobierno "dará satisfacción" a las reivindicaciones de todas las comunidades, ha dicho ZP en otro de sus acostumbrados arranques de verborrea talentosa. Alfonso Guerra no lo tiene tan claro "hay que llamar al sentido común de la gente porque si no se va a aprobar nada, montar todo este lío no dejaría en muy buen lugar a los políticos de este país”.
Y es que quizás, la solución que nos ha brindado Alfonso Guerra para salir del caos que está montando ZP, sea la adecuada: la disolución de las cortes si hay problemas con nuevos estatutos.
