Senyorías d'o Reino d'Aragón

LA FORMACIÓN DE LOS SEÑORÍOS DEL CONDADO DE ARANDA*

GERMÁN NAVARRO ESPINACH Universidad de Zaragoza

1. EL PUNTO DE PARTIDA ES LA PROSOPOGRAFÍA DEL LINAJE
Como es bien sabido, el 9 de enero de 1488 el rey Fernando II de Aragón concedió el título de conde de Aranda a Lope Jiménez de Urrea, señor de Alcalatén y vizconde de Rueda. Existe un traslado notarial de finales del siglo XVI que reproduce el contenido de ese privilegio real en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, efectuado por el notario Antonio Gascón el 12 de mayo de 1599 (AHPZ, Fondo Híjar, V-133-2). En él se alude no sólo a los méritos acumulados por el beneficiario para recibir tan importante distinción sino tam- bién a los de su egregia Domus de Urrea.

Cierto es que, al día de hoy, el estudio genealógico de Pedro Moreno constituye uno de los puntos de partida fun- damentales para entender la historia de este linaje (MORENO, 1998), sin embargo, con anterioridad, Carlos López ya había analizado dicha genealogía al tratar las noticias referentes a un episodio de revuelta contra las tropas reales en la tenencia de Alcalatén, la más antigua posesión de los Urrea en el reino de Valencia (LÓPEZ, 1995). Incluso, con posterioridad, José Luis Corral ha pro- fundizado también en dicha cuestión al abordar la trayectoria concreta de Pedro Manuel Jiménez de Urrea (1485-1524), señor de Trasmoz y segundo hijo del primer conde de Aranda, autor de un Cancionero editado en 1516 (CORRAL, 2002, pp. 132 y ss.).

La comparación entre los datos aportados por los tres autores citados me ha permitido confeccionar el árbol genealógico adjunto sobre la ascendencia paterna del primer conde de Aranda durante los siglos XIII-XV, completado con nuevas noticias inéditas.

De hecho, uno de los principales problemas que hay que resolver al tratar el tema del origen de los señoríos que detentaba el primer conde de Aranda se traduce al menos en varias preguntas.

¿Quiénes fueron sus antepasados inmediatos y de qué manera o por qué méritos acumularon generación tras generación los dominios que él recibió? ¿Y en qué medida responde la historia de esta familia a las pautas conocidas sobre la formación de los principales linajes de la nobleza aragonesa bajomedieval?

Ello quiere decir que es necesario estable- cer una nómina lo más completa posible de los Urrea por lo menos desde el siglo XIV, momento en que comienzan a participar en las reuniones de las cortes aragonesas de manera regular, facilitando así la confección de una prosopografía del linaje con fundamentos más seguros (SESMA, 1999, pp. 350-351).

Durante 1301-1404 los nobles que ostentan el apellido Urrea o Jiménez de Urrea que son convocados a las cortes aragonesas, y asisten a ellas o bien envían procuradores en su nombre, son hasta siete: Jimeno (1301), Juan Jiménez (1301-1320), Lope Jiménez (1301), Juan Jiménez (1325), Juan Jiménez (1371-1388), Lope Jiménez (1388-1404) y Pedro Jiménez (vizconde de Rueda, 1404) (SESMA, 1999, p. 385). El período que mejor conozco por mis investigaciones es el de las cortes aragonesas del reinado de Martín I.

En los parlamentos de Zaragoza (1398-1400) y Maella (1404) participó tanto Lope Jiménez de Urrea, vizconde de Rueda y señor de Alcalatén, como su hijo y sucesor Pedro, junto a varios escuderos y procuradores de la casa.

Y en concreto, en el fogaje general del reino derivado de las cortes de Maella, los recaudadores del mismo requieren al citado Pedro Jiménez de Urrea en carta del 22 de enero de 1405 que contribuya por los 519 fuegos los quales son en vuestra tierra e lugares.

En memoriales posteriores presentados por los encargados de la colecta del impuesto el 15 de noviembre de ese año y el 25 de febrero y el 20 de octubre del año siguiente, 1406, se dice que todavía no había satisfecho dicho impuesto (NAVARRO, editor, 2008, pp. 448, 527, 535 y 545).

En líneas generales, se sabe que, a principios del siglo XII, los Urrea inter- vinieron en la conquista de la taifa musulmana de Zaragoza y fueron dotados por la monarquía con algunas de las tenencias más importantes del reino como Calatayud, Daroca, Borja, Épila o la misma población que les da apellido, Urrea de Jalón, a la cual debemos considerar el solar originario de esta familia, puesto que cinco años después de su toma de posesión por los cristianos feudales, en 1124, ya figura como tenente de la misma un tal Pedro Jiménez (CORRAL, 2002). En marzo de 1170 figura Ximino de Orrea, senior in Epila, en mayo de 1177 don Ximeno in Orera, y en febrero de 1178 Exemino de Orreia, senior in Epila et in Orreia (LEDESMA, 1991, docs. 95, 109bis y 112 respectivamente).

Recordemos que el sistema antroponímico hegemónico a fines del siglo XII entre los nobles aragoneses consistía en incluir los topónimos del solar primigenio del linaje como apellido, designándose genéricamente así hasta las ramas secundarias del mismo, como se comprueba con claridad en el caso de los Berga, los Alagón, los Luna o los mismos Urrea.

Por consiguiente, el topónimo convertido en apellido servía para identificar a linajes estables de nobles que, a pesar de tener dispersas sus posesiones por varias zonas, reafirmaban de esa manera su condición aristocrática inseparable desde el principio de la geografía aragonesa, el reino del que procedían, uno de los símbolos más importantes para su identidad social, máxime cuando dichas posesiones se extendían allende de las fronteras (UTRILLA, 1999, pp. 464-466).

Lo que está harto demostrado y no voy a insistir en ello es que los Urrea desde entonces siempre crecieron a la sombra de la monarquía aragonesa puesto que, cuando se ve su trayectoria completa desde la perspectiva de finales del siglo XV, los privilegios y las donaciones de los reyes acumulados en reconoci- miento de los servicios prestados devienen el ascensor principal que justifica su escalada patrimonial durante once generaciones que viven a lo largo de los doscientos cincuenta y cinco años que median entre 1233, la fecha de la dona- ción de la tenencia de Alcalatén, y 1488, la fecha de la concesión del título de conde de Aranda.

La línea paterna de antepasados de Lope Jiménez de Urrea, el primer conde, participó en la conquista del reino de Valencia junto a Jaime I y a cambio obtuvo la tenencia de Alcalatén. Permaneció fiel a Pedro IV durante las guerras de la Unión y en recompensa se le donó las baronías de Biota y El Bayo, confiscadas a sus parientes.

Apoyó la candidatura de Fernando de Trastámara frente al conde de Urgel en tiempos del Interregno y del Compromiso de Caspe y el hecho le valió la posesión de Almonacid de la Sierra.

Ayudó a Alfonso V en la guerra contra los genoveses y recibió como premio el señorío de Trasmoz (SARASA, 1979, p. 225). Y la fidelidad y los ser- vicios que prestó su casa noble a Fernando el Católico bien le valió la concesión del título de conde de Aranda. Y esos son sólo algunos ejemplos de los muchos más que se pueden poner.

Habrá que documentar, por consiguiente, pruebas concretas en que los Urrea aparezcan como personas influyentes o de confianza para los reyes de Aragón, y en qué medida esa situación privilegiada favoreció o no su promoción en el ámbito de las elites económicas y políticas de la Corona de Aragón (NAVARRO, en preparación).

2. EVALUACIÓN GENERAL DE LOS SEÑORÍOS DEL CONDADO HASTA 1488

Otro gran problema que plantea este tema de investigación nos sitúa ante las fuentes documentales disponibles tanto publicadas como inéditas, intentan- do reconstruir el mapa señorial de los Urrea para hacernos una idea aproximada de las características específicas de algunas de sus posesiones.

En cuanto a las fuentes publicadas debo señalar que se muestran dispersas, inconexas, descompensadas entre ellas, por lo que se comprenderá que uno de los principales objetivos de mi intervención en estas jornadas haya sido agruparlas y confrontarlas entre sí o al menos darlas a conocer.

Paralelamente, el inventario de las fuentes inéditas disponibles para el estudio del condado de Aranda ya ha sido abordado con suficiente exhaustividad por María José Casaus (CASAUS, 2000), de manera que ahora es más fácil adentrarse con pies firmes en alguna documentación interesante para aportar datos nuevos.

Por ejemplo, yo he podido hacerlo en el Fondo Híjar del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde hay un grueso legajo que recoge copias y traducciones modernas de antiguos privilegios, cartas pueblas, donaciones, sentencias y procesos relacio- nados con la tenencia de Alcalatén en los siglos XIII-XV (AHPZ, Fondo Híjar, IV-137).

Además, en ese mismo fondo he estudiado un traslado de la escritura de venta del vizcondado de Rueda efectuada en 1393 a favor del primer Urrea que ostentó dicho título, así como otros documentos que aluden a los problemas habidos con los acreedores de los censales cargados sobre las posesiones de Alcalatén para pagar la compra del citado vizcondado (AHPZ, Fondo Híjar, II-91-2 y IV-137).

Los lugares que pertenecieron a los Urrea en uno u otro momento de los siglos XIII-XV en tierras de Aragón y Valencia, al menos fueron un total de treinta y seis según las noticias de que dispongo.

La gran mayoría de ellos estaban en manos del primer conde de Aranda cuando éste recibió dicho título en 1488.

En la tabla adjunta se señala el señorío concreto al que pertenecía cada lugar, la provincia en la que se ubica hoy, la superficie en hectáreas (1 ha = 10.000 metros cuadrados) que poseen aquellas localidades que en la actualidad son términos municipales, la oscilación en el número de fuegos u hogares de población que tuvieron a lo largo de la Edad Media a tenor de los datos conocidos (FALCÓN 1983 y SERRANO 1995-1997), el tipo de población cristiana o mudéjar que los habitaba, la fecha de la documentación más antigua respecto a su posesión por parte de los Urrea y, por último, el modo por el que fueron adquiridos.

Se observará que los treinta y seis lugares se ubican entre cuatro provincias actuales, a saber, veintiuno en la de Zaragoza, once en la de Castellón, tres en la de Valencia y uno en la de Alicante.

En cuanto a los señoríos en los que se encuadran el más importante es la tenencia de Alcalatén que engloba once lugares, seguido del vizcondado de Rueda con cinco, y las baronías de Biota y Trasmoz con dos lugares cada una respectivamente.

Las dieciséis localidades restantes figuran aisladas e independientes a modo de microseñoríos autónomos con extensiones muy diversas.

En efecto, obsérvese que los términos municipales actuales que ocupan lo que fue la antigua tenencia de Alcalatén suman 39.284 hectáreas, con L’Alcora al frente que recoge en su término las ruinas del castillo de Alcalatén y los lugares de Araia, La Foia d’Alcalatén y Les Torreselles, aparte de su propia localidad cabecera.

En el caso de Llucena su término también incluye el despoblado de Benagüelid.

Mientras tanto, en el otro extremo, la alquería mudéjar de Mislata con sus 202 hectáreas deviene, pues, en un microseñorío, el más pequeño en extensión de todos, aunque nada desdeñable en fuentes de riqueza por otra parte, puesto que se enclava en pleno regadío de la huerta de la ciudad de Valencia.

A finales del siglo XVI el condado de Aranda se arrendaba en dos bloques de tierras, es decir, la baronía de Biota y El Bayo por un lado, y Urrea, Rueda, Lumpiaque, Épila, Salillas, Lucena, Almonacid de la Sierra, Morés, Séstrica, Nigüella, Mesones, Tierga, Jarque, Aranda y Pomer por el otro (ABADÍA 1993, pp. 81-84).

Si sumamos el número de hectáreas de los términos municipales de Aranda, Urrea, Épila, Rueda y los otros anexos que todos juntos conforman un territorio compacto, como puede apreciarse en el mapa de términos municipales adjunto, la cifra resultante es de 76.174 hectáreas.

Esta extensión hipotética de los señoríos del primer conde de Aranda en Aragón se completaría además con las hectáreas de las baronías de Biota (9.265) y Trasmoz (1.808), en total unas 87.247. Quedaría fuera el término de Alfamén con sus 10.080 hectáreas, cuya posesión sólo me consta a finales del siglo XIV y otros lugares como Tobed, ni siquiera incluido en la tabla porque no dispongo de documentación suficiente sobre su posesión.

En el reino de Valencia habría que sumar a la extensión de la tenencia de Alcalatén antes apuntada las 5.236 hectáreas que como mínimo significarían juntas las alquerías de Sollana (4.105), Mislata (202) y Benilloba (929) –no sé con certeza si Sollana y Pardines aún seguían estando en manos del primer conde de Aranda–, de manera que estaríamos hablando de 44.520 hectáreas. Así, pues, la estimación aproximada de la superficie total que tendrían juntas las posesiones aragonesas (87.247) y valencianas (44.520) del condado de Aranda alcanzaría las 131.767 hectáreas, el sesenta y seis por ciento de ellas en el reino de Aragón.

Más impreciso se nos muestra el cálculo del número de habitantes que poblaban y trabajaban tal extensión estructurada en treinta y seis lugares.

Una cifra significativa es la de los 519 fuegos por los que el noble Pedro Jiménez de Urrea debía contribuir en 1405.

Lo que ocurre es que sólo conocemos datos de fuegos con cierta regularidad y posibilidad de comparación para las localidades del reino de Aragón, y aun así a veces las oscilaciones de cifras suelen ser fuertes en pocos años, por ejemplo en el caso de Aranda, que en 1489-1491 declara 94 fuegos y en 1495 hasta 205 (FALCÓN 1983, p. 264).

Sea como fuere, siguiendo el fogaje general de 1495 puede hablarse de un millar de hogares en el reino de Aragón bajo el señorío del conde de Aranda, población que duplicaría los 519 fuegos de 1405, es decir, noventa años antes.

En gran parte se trata de lugares de población mudéjar en su totalidad.

Además, muchas de estas posesiones fueron adquiridas por vía de donaciones reales, como puede observarse en la tabla, y en menor medida, por herencia de parientes colaterales a la línea paterna de ascendencia.

Sin embargo, a pesar de todas estas informaciones, queda mucho por mati- zar y resolver, porque hay otro gran problema de fondo en nuestro análisis que desemboca en preguntas de mayor complejidad y profundidad si cabe.

¿Qué bases materiales tuvieron durante la baja Edad Media estos señoríos del primer conde de Aranda? ¿Qué actividades económicas se realizaban en sus tierras? ¿Qué tipo de rentas pagaba esta ingente cantidad de vasallos? ¿Bajo qué fórmulas de jurisdicción señorial vivían?

Esas preguntas no son nuevas, nos retrotraen bastantes años en las preo- cupaciones de la historiografía española.

Los señoríos nobiliarios constituyeron la forma dominante de organización político-institucional de las sociedades rurales de la Península Ibérica ya en época bajomedieval.

El factor decisivo para distinguir los diversos tipos de dominios señoriales es el ámbito del ejercicio del poder de sus titulares a través de los privilegios de jurisdicción, sin que exista por ello disociación alguna entre riqueza y política.

De hecho, para muchos nobles en el siglo XV lo más importante comenzaba a ser no tanto las rentas agrarias que obtenían de la propiedad de la tierra como el conjunto de derechos ejercidos sobre una amplia masa de campesinos vasallos.

El señorío fue por consiguiente una forma de organización de la sociedad y, en algunas áreas, la forma de organización política más difundida, aunque no fuese una estructura territorial compacta, pues más bien lo habitual era lo contrario, la fragmentación y la dispersión de sus dominios a veces entre varios reinos, sobre todo en los grandes patrimonios, como sucede con los Urrea.

La concesión de señoríos y la constitución de mayorazgos eran sin lugar a dudas medios contundentes para gobernar un país (IRADIEL 1997).

De forma paralela, debemos focalizar la atención en el nivel microeconómico de las explotaciones señoriales, el nivel real donde se ejercen las exacciones y se practican las opciones campesinas con el objetivo de adaptar mejor las capacidades de producción en función de la tierra y de la mano de obra dis- ponibles para satisfacer las necesidades esenciales de la comunidad vecinal (IRADIEL 1993, p. 43).

El señorío siempre estuvo compuesto por las explotaciones campesinas y por los concejos de sus dominios.

El análisis del régimen señorial aragonés hace años que confirmó que los señores mantuvieron por los fueros del reino una absoluta y suprema potestad sobre los vasallos de sus tierras, es decir, ejercían jurisdicción civil y criminal, alta y baja o mero y mixto imperio. Jurisdicción, explotación de la tierra, monopolios y rentas enajenadas eran los principales apartados en que se agrupaban las rentas señoriales.

Por otro lado, arrendamiento, trabajo asalariado y prestaciones personales fueron los sistemas de explotación más habituales, combinados a veces entre sí (COLÁS y SALAS 1982, COLÁS 1988).

Para atajar estas cuestiones, empero, hemos de reconocer que la historiografía aragonesa sigue volcando su interés más en el análisis de una comarca o de una localidad del reino que en el estudio de la evolución económica y social de sus señoríos.

Ya lo decía hace quince años Gregorio Colás en aquel gran congreso sobre Señorío y feudalismo en la Península Ibérica que organizó la Institución Fernando el Católico en Zaragoza (COLÁS 1993, p. 54).

Problemas tan importantes como el de la naturaleza y contenido del señorío y quién otorga el título de señor o la condición de vasallaje a la población de un territorio están todavía por resolver en muchos lugares como los que aquí y ahora nos ocupan. Por no hablar de la distinción entre señor y propietario, señorío y propiedad, que tiene una indiscutible trascendencia metodológica, puesto que la concesión de un dominio no significa automáticamente la posesión de los recursos y de los medios de producción de la tierra, los cuales quedan a veces en manos de los concejos, siendo el ejercicio de la jurisdicción la esfera de acción fundamental para el señor.

Y es que la jurisdicción no tiene por qué coincidir con la propiedad, pues ésta no se limita sólo a la posesión de la tierra.

Todo ello dependerá del momento de la fundación de cada señorío, la razón de la misma y el equilibrio de fuerzas que exista entre los vasallos y el señor, y entre el señor y la monarquía.

Por eso uno de los objetivos fundamentales que quiero plantear en este breve análisis de la formación de los señoríos del condado de Aranda es el estudio de los documentos más importantes que atañen a las formas de jurisdicción y explotación económica que a fecha de hoy se conocen o yo mismo puedo dar a conocer si no como nuevos materiales inéditos.

3. CARTAS PUEBLAS, TOMA DE POSESIÓN Y ARRENDAMIENTOS
Desde el siglo XIII, las cartas de población fijaron las primeras condiciones de propiedad y explotación de los señoríos bajomedievales y modernos, manteniéndose muchos de ellos prácticamente sin cambios hasta el siglo XIX.

Las cartas fueron los documentos utilizados siempre por campesinos y señores en sus pleitos y el quebrantamiento de los pactos que contenían las mismas esta- ba en la base de los principales fenómenos de conflictividad.

En ese sentido, por lo que respecta a los señoríos del condado de Aranda, se conocen los textos de cinco cartas pueblas correspondientes a los lugares valencianos de Alcalatén en 1233, Sollana en 1277, Xodos en 1292, L’Alcora en 1305 y Llucena en 1335.

En contraste sólo disponemos para la parte aragonesa de la carta puebla de Tierga del año 1334 que, en verdad, fue otorgada por una rama colateral de los Urrea (MAINÉ, 1993).

De forma complementaria, hay un acto de homenaje y toma de posesión de la morería de Mislata del año 1476 (NAVA-RRO, 2005, pp. 126-127 y 132-136) y sendos capítulos de arrendamiento de Jarque en 1439 (MACHO 1922-1923, doc. 26) y de Benilloba en 1477 (HINO- JOSA, 1999-2002, pp. 57-65 y 68-72).

La documentación hallada en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza acerca de la jurisdicción señorial de la tenencia de Alcalatén y los censales cargados sobre la citada tenencia para pagar la compra del vizcondado de Rueda, con todos los problemas con los acreedores de los mismos que vinieron después, es de sumo interés. Carlos López ya había estudiado dichos problemas a partir de diversas noticias del siglo XV encontradas en el Archivo del Reino de Valencia y en el Archivo de la Corona de Aragón (LÓPEZ, 1995).

La información que proporciona el Fondo Híjar del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza nos permite retrotraernos al origen de ese endeudamiento de los Urrea a finales del siglo XIV y avanzar nuevos datos en esta cuestión tan importante en que se implican aspectos de jurisdicción y explotación económica al unísono, a la vez que se interconectan también las tierras, los fueros y las vidas de los vasallos de los Urrea entre ambos reinos de Aragón y Valencia.

La donación del castillo y lugar de Alcalatén se efectuó en Burriana el 24 de julio de 1233. El pergamino original no está localizado pero existen diversos traslados en papel y traducciones de época moderna en el Fondo Híjar gracias a los cuales es posible acceder a los contenidos del documento.

La copia más antigua está fechada en 1599 y la llevó a cabo la corte antigua del Justicia de Aragón a partir del pergamino original depositado en el archivo del palacio del Real de Valencia (AHPZ, Fondo Híjar, IV-137 y I-301-1).

En el documento Jaime I concede a Jimeno de Urrea, como agradecimiento por los muchos servicios prestados, el término del castillo y tenencia de Alcalatén, incluyendo alquerías, casas, campos y tierras cultivadas o por cultivar con aguas, hierbas, maderas, árboles y montes.

El rey no le otorgó ninguna jurisdicción señorial específica a la tenencia ni explicitó en el documento bajo qué fueros se acogerían sus habitantes.

Cuarenta años después, el 10 de abril de 1277, Jimeno de Urrea –no sabemos si el anterior o su hijo homónimo– otorgó carta puebla para repoblar con cristianos y en pleno regadío la alquería de Sollana junto a la Albufera de Valencia (GUINOT, 1991, doc. 179).

El señor se reservaba la quinta parte de la producción de trigo, vino y aceite, aparte del derecho de hueste y cabalgada, absolviendo en contrapartida a los repobladores de luismo y fadiga, questia, exacción, tolta, forcia, cena, dono y servicio.

La justicia y las penas se aplicarían según las costumbres de la ciudad de Valencia (secundum et consuetudines Valentinas).

Con un nuevo salto en el tiempo de veinte años más, otra de las cartas pueblas más antiguas acerca de los lugares de la tenencia de Alcalatén es la de Xodos del 17 de junio de 1292 (GUINOT 1991, doc. 224).

Es un texto muy breve en el que Jimeno de Urrea, señor de aquellas tierras, encargó a dos personas la repoblación del término de Xodos a décima y primicia y con hierbas y prados, montes y aguas, e todas aquellas costumbres que nulla puebla e buena deve haver al buen fuero de Çaragoça. En contrapartida, se retuvo para sí hues- te y cabalgada, horno y molino, jurando el citado señor sobre la cruz y el libro de los Santos Evangelios que cumpliría las conveniencias establecidas con esas dos personas.

Las ordenanzas municipales más antiguas de Xodos son del siglo XVI, bastante tardías, pero tal vez permitan ver cómo se seguiría aplicando la justicia por costumbre desde siempre, a fueros de Aragón o de Valencia (DÍAZ 1993).

La carta puebla de L’Alcora es del 31 de diciembre de 1305. En ella Juan Jiménez de Urrea, señor de Monteagudo y Alcalatén, otorga el término de L’Alcora a 110 repobladores cristianos a fuero de Aragón (GUINOT 1991, doc. 241). El documento es extenso y muy detallado y afecta directamente a la que parece ser la población más importante de la tenencia a principios del siglo XIV (la villa mia que es dicha la Puebla de la Alcora d’Alcalaten) con todo el término de aquella, casas, casales, huertas, viñas, plantas, tierras labradas y yer- mas, aguas, azudes, acequias, ríos y fuentes.

El señor otorga muchas concesiones a los repobladores, comenzando por el reconocimiento de su propia organización concejil al permitir la elección de sus oficiales municipales.

Permite el libre uso de instalaciones múltiples como la fragua de la herrería, la carnicería, la pescadería, la cocción de pan, los pastos, la extracción de recursos naturales (leña, cal, yeso), las calderas para teñir paños, la escribanía, la dehesa de Araia y el agua que llega al término por el río de Llucena.

En contrapartida –y esto es lo que más nos interesa– retiene para sí como monopolios señoriales los hornos, los molinos, el mercado, el peso, la lezda, el peaje, las ferias y todo aquello que se acostumbra a fuero de Aragón.

Específicamente el señor se reserva diez quiñones de tierra para una decena de mudéjares que podrán asentarse allí con su alamín.

Y al año siguiente de concederse esta carta puebla, en 1306 el rey Jaime II otorgará a L’Alcora un privilegio para que celebre mercado los miércoles de cada semana. El pergamino original con su sello pen- diente se conserva en perfectas condiciones en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ, Fondo Híjar, IV-137) y fue emitido por el rey a súplica del mismísimo señor de Alcalatén, el citado Juan Jiménez de Urrea.

La carta puebla de Llucena fue concedida por Toda Pérez de Urrea, señora de Alcalatén, y su hijo Juan Jiménez de Urrea, en L’Alcora el 6 de mayo de 1335 (GUINOT 1991, doc. 265).

Existe copia original en papel en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Debe ser esa copia B no fechada y realizada por el notario de Llucena Jaume Sala que Guinot considera perdida. Está escri- ta en L’Alcora predie nonas madii, a saber, el 8 de mayo (AHPZ, Fondo Híjar, IV-137).

En el documento aparte de los otorgantes figura también como presente Teresa de Entenza, madre de Toda Pérez de Urrea.

No parece tratarse de la primera carta puebla del lugar a tenor del preámbulo que tiene y en el cual se alude a los agradables servicios que siempre han prestado a este señorío los hombres buenos y el vecindario del concejo de Llucena. La concesión se hace a fuero de Aragón e buen uso e costumbre de Zaragoza. Es parecida a la carta puebla de L’Alcora en extensión y en detalle de derechos, reteniéndose el señor también aquí los hornos y los molinos, estableciendo el pago de diezmos y primicias. Como particularidad cabe notar que aparecen reflejados en el docu- mento los pueblos lindantes con el término de Llucena, a saber, Xodos, Vilamalefa, Ludiente, Argelita, Artana, Alcalatén, Les Useres y El Castellar.

Frente a esas cinco cartas pueblas de los lugares valencianos bajo el señorío de los Urrea sólo disponemos de un documento de estas características para la parte aragonesa, la carta puebla de Tierga del año 1334 (MAINÉ, 1993). Fue otorgada por Pedro Jiménez de Urrea, alias Pedro Cornel, obispo de Huesca, hijo de Jimeno de Urrea, señor de Biota y El Bayo, hijo a su vez de Toda Pérez Cornel, de la llamada “rama aragonesa” de los Urrea, a la que se les confiscó en tiempos de Pedro IV su baronía en beneficio de los señores de Alcalatén, sus parientes valencianos.

Por tanto, el documento sería excepcional también en el sentido de su otorgante a efectos de compararlo en pie de igualdad con las cartas pueblas valencianas, otorgadas todas por los Urrea de la “rama valenciana”.

Al respecto, el único documento sobre los señoríos aragoneses de los Urrea que puede anotarse aquí por ahora es el de los capítulos de arrendamiento de las rentas señoriales de Jarque del año 1439, firmados por Francisco Muñoz, procurador de Lope Jiménez de Urrea, señor del vizcondado de Rueda (MACHO 1922-1923, doc. 26).

Su arrendador fue Jaime Vidal, ciudadano de Zaragoza, quien pagaría un precio anual de 4.500 sueldos por valor de todas las rentas y derechos del citado lugar durante los tres años convenidos en el contrato. Entre dichas rentas estaban la colecta de la pecha que se pagaba al señor (2.260 sueldos anuales), el horno de la morería (entre 120 y 140 sueldos anuales), el molino, el herbaje, la juvería.

Además se arrendaba entre otros tributos el llamado “derecho de particiones”, consistente en el quinto de las cosechas del monte (trigo, ordio, avena, panes, hilazas, lino, cáñamo, habas, nue- ces, uvas, cebollas, ajos, nabos, etc.), el noveno de las cosechas de regadío, y el onceno de las heredades mudéjares que antes hubiesen sido cristianas.

El derecho del peaje no entraba en el arriendo porque ya había sido arrendado aparte junto al de la villa de Aranda. Por último, el arrendador anticiparía 6.000 sueldos por el precio total de los tres años que iba a durar dicha explotación económica.

De forma complementaria a estos capítulos de arrendamiento se han localizado diversas noticias sobre el señorío de los Urrea en Jarque y Aranda a mediados del siglo XV en los fondos de Épila del Archivo de Protocolos de La Almunia de Doña Godina (MARÍN, 1993).

Volviendo a tierras valencianas, hay un acto de homenaje y toma de pose- sión de la morería de Mislata del año 1476 a cargo de un procurador del futuro primer conde Aranda (NAVARRO, 2005, pp. 126-127 y 132-136). Se trata del doncel Alfonso Muñoz que actúa en nombre de Lope Jiménez de Urrea, hijo y heredero del difunto Lope Jiménez de Urrea, virrey de Sicilia, fallecido allí ese mismo año: lo qual és mort en Sicília éssent visrey de aquell regne, lo qual en la sua fi ha feyt testament ab lo qual ha feyt e instituhit hereu seu lo noble don Lop d’Urrea, fill d’aquell legítim e natural.

El acto de procuración se realizó en Zaragoza en presencia del notario Antón Maurán el 9 de marzo de 1476. Por su parte, la toma de posesión se llevó a cabo en presencia del notario valenciano Joan del Mas dos meses después, el 27 de mayo.

En el texto se describe el ritual del procurador visitando los lugares principales de la morería: la mezquita, la plaza, la carnicería, el horno, el molino, la cárcel. Se establece siempre un diálogo protocolario entre el procurador del señor y los vasallos mudéjares, representados por la voz de su alamín.

Además se destituye y vuelve a nombrar al citado alamín, a la vez que a requerimiento de los vasallos se indulta al carnicero de la morería por un crimen del que se le había acusado falsamente.

No se expresan las rentas o tributos concretos que deben pagarle al señor, sino que todo se centra en la implantación simbólica de su jurisdicción mediante un gesto que se repite una y otra vez en cada uno de los lugares que visita dicho procurador: de la dita mesquita anà a la plaça de la dita moreria e ab un coltell tallà una rama de una de aquelles moreres que són en la dita plaça e manà que, encara per major senyal de possessió de la jurisdicció criminal que lo dit senyor te en la dita moreria, fou penjada la dita rama ab una corda en la una de les dites moreres.

Lo mismo sucede cuando el procurador corta otra rama de morera y la cuelga con una cuerda del árbol que estaba junto a la puerta del molino en senyal de suprema jurisdicció que lo dit senyor te en los vasalls del dit loch.

Por último, los capítulos de arrendamiento de la alquería de Benilloba están fechados el 28 de marzo de 1477 (HINOJOSA, 1999-2002, pp. 57-65 y 68-72).

La noble Toda de Centelles, procuradora y hermana de Calatayuva de Centelles, viuda del noble Lope Jiménez de Urrea y madre del primer conde de Aranda, arrendó a Gaspar de la Tonda, vecino de Penáguila, las rentas y los derechos de Benilloba consistentes en particiones de cosechas (el tercio de los trigos y de los linos, la mitad del aceite) y tributos de toda índole como el tercio diezmo del carnaje, el herbaje (per cascuna cabeça hun diner e per cascun buch de abelles hun diner) o el besante (doce sueldos por casa o heredad poblada).

Además, interesa subrayar el hecho de que la citada Toda de Centelles nombró procurador de la señora del lugar, su hermana Calatayuva, al mismo arrendador Gaspar de la Tonda para que pudiera ejercer en su nombre la jurisdicción criminal y todas las otras regalías que tenía sobre los vasallos y tierras de Benilloba.

En respuesta, el citado arrendador y procurador judicial prestó homenaje de manos sobre los Santos Evangelios y homenaje de boca besando en el muslo a la dicha señora, comprometiéndose a custodiar fielmente el castillo o alcázar de aquel lugar en su nombre. El arriendo fue para cuatro años, prorrogables uno más, al precio de 5.900 sueldos valencianos anuales.

La comparación de estos ocho documentos reseñados por orden cronológico sobre Alcalatén (1233), Sollana (1277), Xodos (1292), L’Alcora (1305), Llucena (1335), Jarque (1439), Mislata (1476) y Benilloba (1477) permite apor- tar algunas hipótesis de trabajo interesantes. Está claro que las interpretaciones se vuelcan totalmente a la realidad de los señoríos valencianos de los Urrea, poblados todos a fueros de Aragón salvo Sollana. En gran parte de ellos la explotación económica y la plena jurisdicción del señor conviven de manera clara y se complementan.

En todos los casos la presencia mudéjar es bien latente y se corresponde con un elevado número de exacciones señoriales específicas, como los habituales derechos de particiones o especialmente el pago de besante en la alquería de Benilloba por poner ejemplos claros.

Lo que puede tratarse de una tendencia progresiva a medida que pasan los años es la gestión indirecta de los señoríos a través de capítulos generales de arrenda- miento que proporcionan un renta fija y segura a los Urrea frente a las dificultades que debía suponer la explotación directa de los mismos, máxime teniendo en cuenta la fragilidad del tipo de exacciones aplicadas sobre la partición de las cosechas, las cuales en épocas de crisis agrarias debían derrumbar los ingresos señoriales, de ahí que se buscasen nuevas fórmulas económicas, entre las cuales se contemplaba la compra de señoríos en tierras fértiles con vasallos mudéjares, como veremos a continuación en el caso concreto del vizcondado de Rueda.

4. EL VIZCONDADO DE RUEDA Y LA TENENCIA DE ALCALATÉN
La venta del vizcondado de Rueda y de los castillos y villas de Épila y Rueda se escrituró en la misma Épila el 7 de enero de 1393 ante el notario zaragozano Domingo Pelagut.

En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza se conserva una copia simple de dicha venta sacada en 1838 del documento ori- ginal que estaba entonces en el Archivo de Aliaga (AHPZ, Fondo Híjar, II-91-2).

En realidad, el texto se reproduce inserto en otro documento del rey Juan I confirmando el traspaso de derechos entre los vendedores, Ramón, vizconde de Perellós, y su esposa Sevilia, y el comprador, Lope Jiménez de Urrea, nobili et dilecto consiliario et camarlengo nostro, señor de la tenencia de Alcalatén.

El precio es 42.500 florines de oro y la compra incluye omnimoda jurisdiccione civili et criminali, alta et vaxa, mero et mixto imperio, et pleno exercitio ipsorum hoste exercituum et cabalgata, et redemptionibus ipsorum.

Se insiste además en que la tierra vendida se produce in regno Aragonum, situata in tali et tam bono territorio et comarca, et tanti valoris reddituum. Un año después, el 24 de marzo de 1394, se firmó una escritura de cargamiento de censales sobre los bienes y rentas de los municipios de Llucena, L’Alcora, Alcalatén, Les Useres y Xodos, los cinco lugares principales de la tenencia de Alcalatén, con el objeto de poder pagar el precio estipulado para la compra del vizcondado de Rueda.

El documento original se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza dentro del amplio legajo sobre la tenencia de Alcalatén que he estu- diado para la presente ponencia (AHPZ, Fondo Híjar, IV-137). Dichos censales suman un capital total de 121.000 sueldos valencianos prestados con un interés anual del 8’33 por ciento. Los contratos fueron firmados ante diversos notarios de Valencia entre los días 11 y 18 de marzo de 1394 y significaban el pago de hasta 10.083 sueldos y 4 dineros de intereses anuales, repartidos entre trece pensiones censales distintas cuyos acreedores eran las siguientes personas:

- Saura de Arenós, mujer del noble Joan de Bellvis, habitante de la ciudad de Valencia, 500 s. anuales por 6.000 s. (notario Salvador Ferrando, 11 de marzo).

- Leonard Gómez, notario de Valencia, 500 s. anuales por 6.000 s. (notario Joan Çaera, 11 de marzo).

- Pere Gençor, ciudadano de Valencia, 500 s. anuales por 6.000 s. (notario Bernat de Falchs, 11 de marzo).

- Arnau Olives, armero de Valencia, 1.100 s. anuales por 13.200 s. (notario Bernat Guillem, 12 de marzo).

- Blanca Jiménez de Lumberi, mujer del honrado Ruiz Sánchez de Calatayud, habitante de Valencia, 1.000 s. anuales por 12.000 s. (notarios Miquel Solsona y Joan Corver, 12 de marzo).

- Martín Salzadella, pelaire de Valencia, 500 s. anuales por 6.000 s. (notario Joan Gómiz, 12 de marzo).

- Martí Eximénez Romeu, habitante de Gandía, 500 s. anuales por 6.000 s. (notario Pere d’Olzina, 14 de marzo).

- Juan Sarayo, ciudadano de Valencia, 500 s. anuales por 6.000 s. (notario Esteve Julià, 14 de marzo).

- Elionor Çafont, mujer del noble Ramonet Alamany de Cervelló, habitante de Valencia, 1.100 s. anuales por 13.200 s. (notario Joan de Sant Vicent, 17 de marzo).

- Alidsén de Romaní, mujer del noble Eximén Pérez d’Arenós, habitante de Valencia, 1.000 s. anuales por 12.000 s. (notario Pere Basella, 18 de marzo).

- Damiata Boïl, viuda del noble Dalmau de Cervelló, habitante de Valencia, 1.000 s. anuales por 12.000 s. (notario Pere Basella, 18 de marzo).

- Ramona, viuda de Ferrando d’Asio, vecina de Valencia, 500 s. anuales por 6.000 s. (notario Pere Basella, 18 de marzo).

- Mateu Vidal, ciudadano de Valencia, 1.383 s. 4 d. anuales por 16.600 s. (notario Ramón Pont, 18 de marzo).

¿Qué pasó después con esas deudas contraídas sobre los lugares de la tenencia de Alcalatén? Según la documentación del Archivo del Reino de Valencia (LÓPEZ, 1995), la reina María, esposa de Alfonso V el Magnánimo, concedió en 1423, a petición de Pedro Jiménez de Urrea, señor de la tenencia, y de los jurados de las villas afectadas, facultad para imponer sisas duran- te cinco años para exonerarse de las cargas censales que pesaban sobre sus concejos. Sin embargo, Pedro Jiménez de Urrea había fallecido en 1421 antes de obtener la concesión y, por tanto, la responsabilidad de las deudas con- traídas ya se había traspasado a su viuda Teresa de Híjar, encargada de la tutela de su hijo Pedro.

Las reclamaciones de los acreedores no habían cesado de pesar sobre ellos y los nuevos señores optaron por refugiarse tenazmente en los fueros de Aragón para frenar las exigencias del gobernador de Valencia, quien quería ejecutar el embargo de los bienes de la tenencia ate- niéndose a la costumbre foral valenciana por la cual, el impago de deudas contraídas por los señores recaía sobre sus vasallos. Al respecto, en diciembre de 1427, un procurador de Teresa de Híjar presentó ante el gobernador del reino de Valencia una carta de Alfonso V del año 1425 en que se confirmaba la aplicación histórica de los fueros y usos de Aragón en la tenencia de Alcalatén.

En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza hay prueba de otra gestión paralela que la viuda de Urrea realizó en ese mismo sentido ante el justicia de Aragón. Se trata de un escrito original fechado en Zaragoza el 10 de septiem- bre de 1428 (AHPZ, Fondo Híjar, IV-137).

En él se subraya que los señores de Alcalatén disfrutaban de plena jurisdicción en dicha tenencia a principios del siglo XV, aunque con la particularidad de que para los vasallos regían los fueros de Valencia, mientras que los señores estaban sujetos a los fueros de Aragón.

En efecto, el 30 de mayo de 1354 un privilegio emitido en Barcelona por el rey Pedro IV hacía donación de la jurisdicción civil y criminal y del mero y mixto imperio de dicho señorío a Juan Jiménez de Urrea, a condición de que, tras mutuo acuerdo entre dicho noble y los habitadores de los lugares de Alcalatén, éstos pasasen a ser juzgados a fuero de Valencia, renunciando al fuero de Aragón, el cual quedaba aplicado exclusivamente al señor.

Otro privilegio posterior del rey Juan I, fechado en Valencia el 22 de marzo de 1396 lo confirmaría (AHPZ, Fondo Híjar, IV-137).

Ahora bien, desde el siglo XIII, concretamente desde un privilegio del rey Pedro III del 9 de octubre de 1283 se establecía que los lugares de la tenencia de Alcalatén fuesen juzgados a fuero de Aragón como lugares que eran fundados según sus cartas pueblas a fuero de Aragón. Una copia de este documento del año 1786 se conserva asimismo en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ, Fondo Híjar, IV-137).

Por ello, Alfonso V aceptó inicialmente los recursos presentados por los señores de Alcalatén ante el justicia de Aragón contra los agravios cometidos por los oficiales del reino de Valencia. Y aunque el asunto se redujese a un problema simple de técnica jurídica respecto al procedimiento a seguir por parte de la gobernación valenciana, en verdad, respondía a una estrategia política nítida asentada a conveniencia sobre las bases de la dualidad foral del reino de Valencia. Como bien se sabe la llamada “jurisdicción alfonsina” de 1329 ya puso de manifiesto su interés por erradicar ese doble ordenamiento jurídico, favoreciendo la difusión del derecho valenciano, pero no lo logró y el problema persistió en el futuro para muchos señoríos levantinos cuyos titulares eran aragoneses: Jérica, Paterna, Benaguasil, Arenós, Xelva, Xiva, Bunyol, etc. (LÓPEZ, 1995, p. 263; NAVARRO 2000).

El desenlace final de esta historia que vinculó directamente la compra del vizcondado de Rueda a costa de la tenencia de Alcalatén se zanjó antes de 1450. Las disputas entre Teresa de Híjar y sus acreedores llegaron hasta las cortes valencianas de 1437-1438 en que se hablaba de más de 8.000 libras cargadas en censales sobre la tenencia (LÓPEZ, 1995, p. 268). Como hemos visto, sólo la deuda contraída por la venta del vizcondado ya alcanzó las 6.050 libras (121.000 sueldos, 1 libra son 20 sueldos).

En esas circunstancias, se ordenó en 1439 proceder a la ejecución de los embargos y se reclutó un ejército de más un millar de hombres para que las tropas reales ocupasen la tenencia en nombre de la corona.

En ese instante, la gran influencia del linaje de los Urrea en el entorno real les permitió un trato de favor por parte de la monarquía, a la vez que sus vasallos de la tenencia mostraron resistencia armada a la entrada de las tropas del lugarteniente del gobernador de Valencia mediante una revuelta general acontecida en 1440, tal vez instigada por los mismos Urrea.

Según los señores de Alcalatén, los oficiales del reino de Valencia, antes de irrumpir y pretender usar su jurisdicción en dicha tenencia deberían haber jurado los fueros de Aragón, de modo que el intento de ocupación y las medidas adoptadas contra la resistencia eran ilegales y contrafuero.

Así que todo el procedimiento fue suspendido y las reclamaciones de los acreedores quedaron archivadas.

Detrás de todo, como puede observarse, se entrelazaban cuestiones de política y economía donde pesaban las relaciones privadas e invisibles a simple vista entre señores y reyes con influencias y favores de por medio en un contexto de dualidad de fueros y dualidad de reinos.

Sin olvidar que en 1440, el propio Pedro Jiménez de Urrea, el hijo de Teresa de Híjar, acabó siendo nombrado nuevo gobernador del reino de Valencia en defensa de los intereses de la monarquía (LÓPEZ, 1995, p. 271).

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaci.../04navarro.pdf