Despilfarros en Catalunya

Ramon opina: faltan días para que el pueblo salga a la calle con ESPADAS, KATANAS Y PISTOLAS DE 15 BALAS (Y UNA EN RECAMARA).
Os mando una foto del pollo!!
Caso Hacienda
Huguet culpa a sus subordinados de las inspecciones 15 años después. Domènec UmbertDurante seis años manejó grandes cantidades de dinero en cajas fuertes
La Fiscalía y la Abogacía del Estado no consideran prescritos los delitos.

Europa Press | Barcelona
El ex jefe de la Inspección Regional de la Agencia Tributaria en Catalunya José María Huguet, admitió esta tarde haber cobrado, junto a su esposa y al ex delegado de Hacienda en Catalunya Ernesto Aguiar, 335 millones de las antiguas pesetas en dinero 'negro' y en dos cuentas suizas, que no declaró a Hacienda y que procedían de pagos realizados por el abogado Juan José Folchi, también acusado.
Según la Fiscalía, estos pagos los realizó personalmente Folchi por encargo del grupo Torras y del financiero Javier de la Rosa para sobornar a Huguet y no ser inspeccionados por Hacienda. Teóricamente, los pagos tenían que proceder de cuentas personales de Folchi, pero en alguna ocasión se hicieron desde empresas extranjeras vinculadas a este abogado.
Huguet fue hoy el primero en declarar en el juicio en la Audiencia de Barcelona por el denominado 'caso Hacienda'. La Fiscalía pide para él 16 años de cárcel por delitos como prevaricación, falsificación documental y omisión del deber de perseguir delitos.
Justificó los cobros aduciendo que se trataba de "permutas financieras", ya que Folchi necesitaba dinero en España y él quería dinero en el extranjero para no declararlo y poderlo invertir en bolsa -cosa que no pudo demostrar suficientemente con documentación-, y aseguró no sentirse "afectado" ni "incómodo" para realizar correctamente su trabajo.
No obstante, más tarde, a preguntas del abogado del Estado, admitió que en septiembre de 1994 pidió una excedencia voluntaria como jefe de los inspectores por sentirse "incómodos" por los pagos de Folchi, después de que se detectaran irregularidades en las cuentas del grupo Torras.
Así, el ex responsable de la Inspección en Catalunya explicó que él y Aguiar llevaron varios maletines con 50 millones de pesetas en metálico al despacho de Folchi en Barcelona. Por estas gestiones, Folchi pudo haber cobrado un 1 por ciento de comisión.
Además, explicó que durante seis años tuvo gran cantidad de dinero en cajas fuertes en su casa o en entidades bancarias, aunque no llegó a utilizarlo, algo que no pudo justificar.
Huguet no está siendo juzgado por evasión fiscal, ya que el delito ya ha prescrito, igual que el de Aguiar.
Por la mañana, había responsabilizado a sus subordinados de las inspecciones realizadas a empresas, por lo que se exculpó de la supuesta trama por la que algunos empresarios sobornaron a inspectores a cambio de ahorrarse impuestos.
En un largo interrogatorio por parte de la Fiscalía, Huguet explicó que eran los inspectores regionales adjuntos y los jefes de cada Unidad Regional de Investigación quienes decidían qué empresas se investigaban, propuestas que casi nunca rechazaba.
Huguet declaró que en ningún caso halló irregularidades en las actas de inspección ni en las propuestas, ya que no tenía manera de comprobar su veracidad, por lo que confiaba en sus subordinados. "No podía ver algo que no veían mis adjuntos, que estaban más cerca", dijo.
De hecho, no se investigaba por iniciativa propia; sólo si llegaba una denuncia o una propuesta de la Unidad de Selección y Comprobación.
El tribunal dictaminó hoy que los delitos que se imputan a un total de 16 personas -entre ellos los empresarios Josep Lluís Núñez y Javier De la Rosa- no han prescrito, por lo que el juicio se celebrará como estaba previsto durante los próximos siete meses.
En línea con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los tres magistrados de la Audiencia consideraron que el periodo de prescripción tiene que determinarse a partir del delito más grave, el de falsificación de documento oficial por parte de funcionario público, que es de diez años.
Teniendo en cuenta que los delitos investigados terminaron a mediados de los años 90 y que la investigación judicial empezó a finales de la misma década, la Sección Novena considera que no se pueden considerar prescritos.
El interrogatorio de Huguet continuará mañana por la mañana con el turno de los abogados defensores.

'Caso Petroria', un grupo organizado con ramificaciones en el extranjero

Los nueve detenidos en el ‘Operación Petroria’ formaban un auténtico grupo organizado con ramificaciones en otras partes de Cataluña e incluso en otros países como Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en las Islas Madeira y Caimán. Cada uno tenía una función y la estrategia común era modificar los planes urbanísticos, en los que se hacía una ampliación y con el dinero generado por ese cambio, los empresarios implicados distribuían los beneficios entre los miembros de la organización.

La mayoría de la actividad del grupo en el extranjero era por el blanqueo de dinero obtenido a través de acciones ilegales en España por la adquisición, principalmente, de obras de arte.

Así se desprende del auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por el que ordenó el ingreso en prisión del alcalde socialista del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz; el secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prefaneta, el ex consejero de Economía, Macià Alavedra, ambos bajo la presidencia de Jordi Pujol; el ex diputado del PSC Lluís García Sáez; y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Dobarco. La Fiscalía Anticorrupción solicitó esta medida para todos ellos incluido para el director gerente de Alcaldía, Pascual Vela, que finalmente quedó en libertad bajo fianza de 25.000 euros. Los tres empresarios implicados también quedaron en libertad bajo fianza, que deberán ingresar como fecha límite el lunes o si no ingresarán en prisión.

Uno de ellos, el presidente de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, deberá pagar 100.000 euros, y los otros dos, el presidente de la empresa Proinosa, Josep Singla, y el presidente del Grupo Inmobiliario Espais, Lluís Casamitjana, 500.000 euros.

Los delitos que se les imputa son el de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación de Hacienda Pública, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento oficial y encubrimiento.

45 millones defraudados

Este grupo aprovechaba la posición y contactos políticos de unos, los cargos institucionales de otros y la actividad empresarial de los demás para llevarse a sus bolsillos grandes cantidades de dinero de manera ilegal.

Cerca de 45 millones de euros es lo que se han llevado de beneficio irregular en operaciones urbanísticas entre los años 2000 y 2005. Lo cierto es que este dinero es sólo el obtenido en las tres principales operaciones porque el magistrado recalca en varias ocasiones a lo largo de su auto de 19 folios que se están investigando otras actuaciones relacionadas con el suelo.

En las operaciones ‘Badolona’, ‘Pallaresa’ y ‘Niesma’, quien más beneficio se llevó es Lluís Andrés García, más conocido como ‘Luigi’. Calificado por Garzón como el cerebro de la trama y una especie de “consejero” para el alcalde de Santa Coloma, obtuvo al menos ocho millones de euros. El ex diputado del PSC “decide e imparte las decisiones de la Alcaldía”.

Lavado de dinero

Alavedra y Prenafeta se quedaron, cada uno, con 637.000 euros, sin contar con el resto de operaciones urbanísticas en las que han mediado y recibido una compensación económica a cambio. “Tanto Prenafeta como Alavedra utilizan sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales representados por Casamitjana que les paga las comisiones, a través de su empresa Espais, por tal actividad”. Inmediatamente después, procedían al lavado de dinero y lo mandaban al extranjero.

La trama era, a simple vista, sencilla. Una vez otorgado el plan de urbanismo, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto sino que esperaba a la modificación, que siempre aprobaba la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

La modificación resultaba siempre favorable a la empresa y nunca al municipio. El proyecto se vendía al constructor por un precio mucho mayor que el de la adjudicación y los beneficios se repartían entre todos los intermediarios. El último dato importante es que el Consistorio no podía recibir nunca ese dinero y, sin embargo, lo hacía a través de comisiones sin lógica comercial. A partir de ahí es donde se crea una “compleja” red de tráfico de influencias políticas, municipales y empresariales.

El grupo sacaba dinero de todo tiempo de contratos. Hacía este tipo de operaciones tanto con fondos procedentes de subvenciones de la Unión Europea como para la construcción de guarderías.

Caso Petroria, un grupo organizado con ramificaciones en el extranjero - elConfidencial.com

Garzón encarcela a cinco políticos de PSC y CiU de la trama catalana
Prenafeta y Alavedra, ex consejeros de Pujol, cobraron 637.590 euros cada uno en comisiones

JULIO M. LÁZARO - Madrid - 31/10/2009
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envió anoche a prisión incondicional a cinco políticos del PSC y CiU de la trama inmobiliaria de la Operación Pretoria, entre ellos los dos históricos consejeros de CiU durante la etapa de Jordi Pujol Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Garzón también decretó la prisión incondicional para el presunto cerebro de la trama, el ex diputado autonómico expulsado del PSC Luis García, Luigi; para el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bertomeu Muñoz (PSC), y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco.

El Gobierno rescata medidas para combatir la corrupción municipal
Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos
El juez atribuye a Lluís Prenafeta y a Macià Alavedra haber percibido al menos 637.590 euros cada uno por operaciones inmobiliarias en San Andrés de Llavaneras (Opeación Niesma) y en Badalona, "no excluyéndose otras cantidades", según el auto del juez. Alavedra, además, dispone de cantidades fuera de España y ha desarrollado "actividades de blanqueo de capitales".

Los empresarios imputados -Lluís Casamitjana, presidente del grupo Espais, y el de Proinosa, Josep Singlá- podrán eludir la prisión si pagan antes de las 13.00 horas del lunes una fianza de 500.000 euros. Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, quedó en libertad tras aducir que no tenía nada que ver con la trama, aunque el juez decretó anoche para él una fianza de 100.000 euros. Para el gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pascual Vela, decretó una fianza de 25.000 euros.

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor también había pedido como medida cautelar el bloqueo de las cuentas bancarias de todos los imputados y que se les impida la disposición de fondos, pero Garzón no hizo ningún pronunciamiento al respecto. Los empresarios y Dobarco tendrán que comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

El auto de Garzón constata la existencia de un grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, de Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en las Islas Madeira y Caimán. Utilizaban estos lugares para labores de blanqueo del dinero obtenido de la actividad principal de algunos miembros de este grupo en España por la adquisición de importantes obras de arte.

Las actividades principales del grupo consistieron, según Garzón, en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la hacienda pública, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás.

Tanto Prenafeta como Macià Alavedra utilizaron sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales representados por Lluís Casamitjana, que les paga comisiones a través de su empresa Espais, procediendo al blanqueo de las mismas. La actividad de contactos con autoridades y cargos públicos para obtener beneficios y proyectos para la empresa de Casatmijana ha continuado hasta la actualidad, en particular respecto de un edificio para la Generalitat de Cataluña y una promoción en Cerdanyola del Vallés.

Luis García, Luigi, el principal responsable de la trama, se erigió en una especie de "consejero" que decidía e impartía las decisiones en el Ayuntamiento de Santa Coloma. Por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde, Bartomeu Muñoz, habría percibido al menos 8.026.000 euros por las operaciones inmobiliarias, entre 2001 y 2007, denominadas Pallaresa, Niesma y Badalona.

Los nueve imputados declararon ayer desde las 10 de la mañana hasta las seis de la tarde. A las nueve de la noche les fue notificado el auto del juez Garzón y los cinco encarcelados fueron conducidos a la prisión de Soto del Real (Madrid).

Garzón encarcela a cinco políticos de PSC y CiU de la trama catalana · ELPAÍS.com

LA FIESTA HA TERMINADO EN TRAGEDIA

Los treinta años de ayuntamientos democráticos tienen pinta de finalizar como la genial comedia El Guateque, esto es, todos pringados hasta las cejas. Con las detenciones del alcalde sociolisto de Santa Coloma y sus socios convergentes –delincuentes con secretaria trilingüe, pero patriotas-, y de sus testaferros e intermediarios habituales en estos casos de ingeniería ladrillera-choricera, muchos empezamos a pensar que Franco y su señora, salían baratos. Hagan ustedes las cuentas. Coincidirán que unos Pazos por allí, y unos perlas mallorquinas por allá, son calderilla comparada con las cifras que los servidores democráticos de lo público y sus amigos han sisado a golpe de fax y pelotilleo financiero. Vamos, que con el montante sustraído de las arcas españolas podríamos erradicar el hambre en el mundo dos veces y seguir llenando el continente africano de condones con sabores para no desentonar con Carod-Rovira y sus asesores de imagen –fálica-, añadiría yo.
Es tan extensa la lista de sanguijuelas hematófagas incrustadas en el sistema que para no aburrir al lector, me limitaré a emplazarlo a las hemerotecas digitales de la prensa canallesca. De todos los colores oiga, y esparcidos por toda la geografía nacional. Y si en el País Vasco, nadie a dicho ni pío, es porque los gudaris del PNV son los menos tontos de todos los gudaris, habidos y por haber en esta piel de toro, y porque la ley del silencio funciona a la perfección, así como el corralito particular llamado eufemísticamente “Concierto Vasco”. Pero treinta años al servicio de la micro-patria de alguna manera se los han cobrado, que aquí ya nadie se chupa el dedo y todos sabemos que los Reyes Magos son ZP, Chacón y Zerolo.
Que el parlamentario español que lleva más años incrustado en su escaño, y tiene el dudoso honor de ser la única persona que ha sido diputado desde el inicio de la democracia en España, sea un impresentable como Alfonso Guerra, que ya en 1991 tuvo que dimitir como vicepresidente, por su implicación en escándalos de corrupción y tráfico de influencias, siga nutriéndose de la sopa boba, es un síntoma.
Que tras la detención de las chorizos con carné de catalanismo impoluto, servidores fieles a la piara capitalina del micronacionalismo más casposo del pujolismo eterno, existan tertulianos que argumentan, no sin rubor, que todo se trata de nuevo ataque a la Catalunya maltratada, y que por el contrario, no ardan las casas de los salvapatrias y sus voceros a manos de la ciudadanía maltratada, es un síntoma.
Que la derechona de siempre, pija, tonta, global, engominada, proyanki, abortista, incapaz, sea adicta a los coches, relojes, trajes italianos y cuentas en paraísos fiscales, es un síntoma.
Que los proges inútiles, subvencionados y pies negros, se rasguen las vestiduras con Berlusconi, y callen ante los alcaldes y parlamentos autonómicos corruptos desgobernados desde su partido, y se dediquen a mirar hacia la Meca cuando la mierda les salpica por activa o por pasiva, es un síntoma.
Que los sistemas de control creados para evitar los abusos de poder, sean desactivados y neutralizados por los propios partidos para que la gangrena que lo todo corrompe no salga a la luz pública, es un síntoma
Que la caja tonta sea capaz de movilizar el voto cautivo de unos y otros, para que dentro de unos cuantos meses una corte de cleptómanos compulsivos, vuelvan a gobernar cuando la tormenta amaine y aquí no pasó nada, es un síntoma.

Para que seguir si es inútil. Pero Franco y su señora, al final, salían más barato. Eso sí que es para troncharse.

Arnau Jara

Por eso son tan amiguitos Cruyff y Laporta...tienen muchos intereses espúreos que les afectan a ambos. No sé quién se puede fiar de esos dos chorizos !!!!!Por cierto cuanto más chorizo más fácilmente llegas a Presidente o Seleccionador , salvo Del Bosque que me parece un señor educado y honrado, y lo sé por descarte.

Nueva denuncia contra Laporta

Giralt le acusará por irregularidades del contrato de Cruyff con Mediapro
Oriol Giralt cumplirá hoy su amenaza. El promotor de la última moción de censura en el Barça advirtió ya hace algunas semanas que llevaría al presidente azulgrana, Joan Laporta, ante la Fiscalía Anticorrupción si no explicaba lo que a su entender son irregularidades en la firma de un contrato entre Johan Cruyff, con la asesoría del despacho de Laporta, y Mediapro, producido a su vez tras la rúbrica de un acuerdo entre la entidad barcelonista y el imperio de Jaume Roures por la cesión de los derechos de imagen de su primer equipo de fútbol.
La aparición en el semanario 'El Triangle' de una información relativa a la firma de un contrato entre Cruyff y Mediapro, por el cual el nuevo seleccionador catalán y ex entrenador azulgrana cedía sus derechos audiovisuales en territorio español a cambio de tres millones de euros en cinco años, justo después de que el Barça vendiera sus derechos de imagen a la misma empresa desató la inquietud de Giralt.
El promotor de la última moción de censura en el Barça tiene previsto presentar ante el fiscal jefe de Anticorrupción en Cataluña una denuncia basada, según sus palabras, en "apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal". "La firma del contrato entre Cruyff y Mediapro se produce después de la venta de los derechos del Barcelona a esa misma empresa. A pesar de lo que diga Laporta, no es el mejor del mercado. El Madrid tiene avalado el 50% de su importe. El Barça, no. Entiendo que este segundo contrato se produce en detrimento del primero. Existe porque el primero no es todo lo bueno que debería ser", argumentó Giralt en conversación con este diario.
Hoy, dejará la información que ha estado recopilando en manos del fiscal. Que el caso siga o no adelante dependerá desde ese momento de lo que decida finalmente este último. El plazo para que se conozca su decisión final, si es que ésta acaba por hacerse pública, es indeterminado. «Puede seguir adelante con la denuncia, si entiende que hay fundamentos suficientes como para hacerlo, o archivar el caso. Personalmente, creo que hay motivos como para continuar. Por eso lo dejo en sus manos», sentenció Giralt.
Laporta puede verse otra vez en el ojo del huracán justo pocos días de tratar de ganar tiempo pacificando los ánimos en su junta otorgando la vicepresidencia del área de patrimonio a Jaume Ferrer y la institucional a Albert Perrín. Incluso, ya ha habido algunos movimientos para escenificar una candidatura continuista única, en el caso que ésta estuviera liderada por Alfons Godall, en detrimento de Xavier Sala i Martín, el delfín favorito del presidente. Perrín, en declaraciones a 'COM Ràdio', alabó la figura de Laporta -"si pudiera presentarse, sacaría los mismos votos que en 2003"- y negó que la vinculación con la política pueda pasarle factura al dirigente.