El castellano, erradicado de Cataluña desde la Transición: Manifiesto de los 2.300

Lejos de convertirse el catalán, como pretenden sus defensores, en una herramienta de integración, fue empleada desde 1978 como arma de segregación tras la restauración de la Generalitat. Infectada de nacionalismo, convertida en símbolo xenófobo, el catalán tristemente es ya poco más que una herramienta de odio en manos de aquellos que lo han utilizado para proyectar su racismo.

He aquí el profético "Manifiesto de los 2.300" que data de principios de 1981 (poco antes del golpe de Tejero) en que denunciaban la incipiente persecución contra el castellano por los nuevos amos de Cataluña, y con la total pasividad del Gobierno de Madrid (UCD) y de la oposición socialista, que ya iban conociendo de sobra el problema. (¡¡Y eso que por entonces aun no hacían falta los escaños pujolistas de las Cortes para chantajear al Gobierno de Madrid!!):

Manifiesto de los 2.300

Barcelona, 25 de enero de 1981.
Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña, conscientes de nuestra responsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión pública las razones de nuestra profunda preocupación por la situación cultural y lingüística de Cataluña. Llamamos a todos los ciudadanos demócratas para que suscriban, apoyen o difundan este manifiesto, que no busca otro fin que restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña, contrarrestando la tendencia actual hacia la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo que puede provocar, de no corregirse, un proceso irreversible en el que la democracia y la paz social se vean gravemente amenazadas.

No nace nuestra preocupación de posiciones o prejuicios anticatalanes, sino del profundo conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace unos años, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua (derechos reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y el Estatuto de Autonomía), están siendo despreciados, no sólo por personas o grupos particulares, sino por los mismos poderes públicos sin que el Gobierno central o los partidos políticos parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático, por provenir precisamente de instituciones que no tienen otra razón de ser que la de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

No hay, en efecto, ninguna razón democrática que justifique el manifiesto propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal como lo muestran, por ejemplo, los siguientes hechos: presentación de comunicados y documentos de la Generalidad exclusivamente en catalán; uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales, con desprecio público del uso del castellano, como ha ocurrido en el mismo Parlamento Catalán, en el que un parlamentario abandona ostensiblemente airado la sala en cuanto alguien hablaba en castellano; nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán; declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que tienden a crear confusión y malestar entre la población castellanohablante, como las recientes del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y otras emanadas de responsables de las Consejerías de Cultura y Educación de la Generalidad; proyectos de leyes, como el de «normalización del uso del catalán», tendentes a consagrar la oficialidad exclusiva del catalán a corto o medio plazo, etc.

Partiendo de una lectura abusiva y parcial del artículo 3 del Estatuto, que habla del catalán como «lengua propia de Cataluña» -afirmación de carácter general y no jurídico-, se quiere invalidar el principio jurídico que el mismo articulado define a renglón seguido al afirmar que el castellano es también lengua oficial de Cataluña. No podemos aceptar su desaparición de la esfera oficial, sencillamente porque la mitad de la población de Cataluña tiene como lengua propia el castellano y se sentiría injustamente discriminada si las instituciones no reconocieran -de hecho- la oficialidad de su lengua. El principio de cooficialidad, pensamos, es jurídicamente muy claro y no supone ninguna lesión del derecho a la oficialidad del catalán, derecho que todos nosotros defendemos hoy igual que hemos defendido en otro tiempo, y acaso con más voluntad que muchos de los personajes públicos que ahora alardean de catalanistas.

No nos preocupa menos contemplar la situación cultural de Cataluña, abocada cada día más al empobrecimiento, de continuarse aplicando la política actual tendente a proteger casi exclusivamente las manifestaciones culturales hechas en catalán, como lo mostraría una relación de las ayudas económicas otorgadas a instituciones oficiales o particulares, grupos de teatro, revistas, organización de actos públicos, jornadas, conferencias, etc. La cultura en castellano empieza a carecer de medios económicos e institucionales no ya para desarrollarse, sino para sobrevivir. Esta marginación cultural se agrava si pensamos que la mayoría de la población castellanohablante está concentrada en zonas urbanísticamente degradadas, donde no existen las más mínimas condiciones sociales, materiales e institucionales que posibiliten el desarrollo de su cultura.

Resulta en este sentido sorprendente la idea, de claras connotaciones racistas, que altos cargos de la Generalidad repiten últimamente para justificar el intento de sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los emigrantes. Se dice sin reparo que esto no supone ningún atropello, porque los emigrantes «no tienen cultura» y ganan mucho sus hijos pudiendo acceder a alguna. Sólo una malévola ignorancia puede desconocer que todos los grupos emigrantes de Cataluña proceden de solares históricos cuya tradición cultural en nada, ciertamente, tiene que envidiar a la tradición cultural catalana, si más no, porque durante muchos siglos han caminado juntas construyendo un patrimonio cultural e histórico común.

Que una desgraciada situación económica y social obligue a ciento de miles de familias a dejar su tierra, es ya lo bastante grave como para que, además, quiera acentuarse su despojo con la pérdida de su identidad cultural. Cuando esta situación se da, cumple a la sociedad el remediar en los hijos la injusticia cometida con sus padres. Nadie, sea cual sea su origen, nace culto, pero todos nacen con el inalienable derecho a heredar y acrecentar la cultura que sus padres tuvieron o debieron tener. Nadie nace con una lengua, pero todos tienen derecho a acceder a la cultura mediante ese vínculo afectivo que une al niño con sus padres y que, además, comporta toda una visión del mundo: su lengua. Que este principio pedagógico elemental tenga que ser hoy reivindicado en Cataluña prueba nuevamente la gravedad de la situación.

Resulta, por tanto, insostenible la torpe maniobra de pretender que esa inmensa mayoría de emigrantes, que comparte la lengua castellana, no forma una comunidad lingüística y cultural, sino que sólo posee retazos de culturas diversas reducidas a folklore. Que digan esto los mismos y razonables defensores de la unidad idiomática de Cataluña, Valencia y Baleares -unidad si acaso, menor que la de las diversas hablas del castellano- resultaría risible si la intención no fuera disgregar esa conciencia cultural común. ¿Habrá que recordar que pertenecemos a una comunidad lingüística y cultural de cientos de millones de personas y que la lengua de Cervantes, en la actualidad, no es ya el viejo romance castellano, sino el fruto de aportaciones de todos los pueblos hispánicos? ¿En virtud de qué principio puede negarse a los hijos de los emigrantes de cualquier lugar de España el acceso directo a esa lengua y a ese patrimonio cultural? ¿Acaso en nombre del mismo despotismo que pretendió borrar de esta misma tierra una lengua y una cultura milenarias? La historia prueba que esto fracasa.

No parece, por tanto, que la integración que se busca pretenda otra cosa que la sustitución de una lengua por otra, sustitución que ha de realizarse «de grado o por fuerza», como se empieza a decir, mediante la persuasión, la coacción o la imposición según los casos, procurando, eso sí, que el proceso sea «voluntariamente aceptado» por la mayoría. Se dice que la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio es imposible y que, por tanto, una debe imponerse a la otra; principio éste no sólo contrario a la experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña -que aceptan de forma espontánea la coexistencia de las dos lenguas-, sino que, de ser cierto, legitimaría el genocidio cultural de cerca de tres millones de personas.

Se suele presentar en contra de las afirmaciones dichas hasta aquí, el hecho conocido de que gran parte de los medios de comunicación (cine, televisión, prensa), siguen expresándose en castellano, por lo que esta lengua no corre ningún peligro. No creemos que pueda ser negativo el que existan medios de comunicación que se expresen en castellano; si acaso, sería deseable que su castellano fuera mejor y que no informaran tan poco y tan mal sobre la comunidad de lengua castellana y sus problemas. Lo único negativo sería que no se crearan otros tantos medios, o más, de expresión en catalán.

Por otra parte, de esta falta de medios de comunicación en catalán no son responsables los castellanohablantes. Póngase remedio a esta situación en sentido positivo, construyendo y desarrollando la lengua y cultura catalanas, y no intentando empobrecer y desprestigiar la lengua castellana. Se evidencia cierta falta de honestidad para afrontar las verdaderas causas lingüísticas, culturales y políticas que puedan impedir el desarrollo de la cultura catalana en este intento de culpabilizar a los castellanohablantes de la situación por la que atraviesa la lengua catalana. Hay, por ejemplo, razones comerciales evidentes a las que nunca se alude y cuya responsabilidad no recae precisamente en los no catalanes.

No podemos pasar por alto en este análisis la situación de la enseñanza y los enseñantes. El ambiente de malestar creado por los decretos de traspasos de funcionarios ha puesto de manifiesto una problemática a la que ni el Gobierno central ni el Gobierno de la Generalidad quieren dar una respuesta seria y responsable. No se quiere reconocer la existencia de dos lenguas en igualdad de derechos y que, por tanto, la enseñanza ha de organizarse respetando esta realidad social bilingüe, mediante la aplicación estricta del derecho inalienable a recibir la enseñanza en la propia lengua materna en todos los niveles. El derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna castellana ya empieza hoy a no ser respetado y a ser públicamente contestado, como si no fuera este derecho el mismo que se ha esgrimido durante años para pedir, con toda justicia, una enseñanza en catalán para los catalanoparlantes.

De llevarse adelante el proyecto de implantar progresivamente la enseñanza sólo en catalán -no del catalán, que indudablemente sí defendemos-, los hijos de los emigrantes se verán gravemente discriminados y en desigualdad de oportunidades con relación a los catalanoparlantes. Esto supondrá, además, y como siempre se ha dicho, un «trauma» cuya consecuencia más inmediata es la pérdida de la fluidez verbal y una menor capacidad de abstracción y comprensión.

Se intenta defender la enseñanza exclusivamente en catalán con el argumento falaz de que, en caso de que se respetara también la enseñanza en castellano, se fomentaría la existencia de dos comunidades enfrentadas. Falaz es el argumento porque el proyecto de una enseñanza sólo en catalán puede ser acusado -y con mayor razón- de provocar esos enfrentamientos que se dice querer evitar. Se quiere ignorar, por otra parte, que actualmente ya existe esa doble enseñanza en castellano y catalán, para demostrar lo cual bastaría hacer una estadística de los colegios en los que se dan clases exclusivamente en catalán y aquéllos en los que se sigue dando en castellano. Mayor causa de enfrentamientos será, indudablemente, que se respeten los derechos lingüísticos de unos y no los de otros.

Tampoco podrán achacarse a la coexistencia de las dos lenguas los posibles conflictos nacidos de las diferencias sociales que coinciden en gran parte con las existentes entre catalano y castellanohablantes. Desde esta perspectiva no cabe duda de que la lengua se ha convertido en un excelente instrumento para desviar legítimas reivindicaciones sociales que la burguesía catalana no quiere o no puede satisfacer, aunque la deuda que la sociedad catalana tiene para con la emigración sea inmensa y en justicia merezca mucho mejor trato. Sin embargo, en este momento de crisis el conocimiento del catalán puede ser utilizado - y ya lo está siendo-, como arma discriminatoria y como forma de orientar el paro hacia otras zonas de España. En efecto, el ambiente de presiones y de malestar creado ha originado ya una fuga considerable no sólo de enseñantes e intelectuales, sino también de trabajadores.

No es menos criticable el acoso propagandístico creado en torno a la necesidad de hablar catalán si se quiere «ser catalán» o simplemente vivir en Cataluña. Se ha pretendido con esta propaganda identificar a la clase obrera con la causa nacionalista, y aunque se ha fracasado en este empeño, la mayoría de los trabajadores se están viendo obligados a aceptar que las expectativas, no ya de promoción social, sino simplemente de que sus hijos prosperen, no pueden pasar por serlo. Se llega así a la degradante situación de avergonzarse de su origen o su lengua ante los propios hijos, a cambiarles el nombre, etc.Esta humillante situación constituye una afrenta a la dignidad humana y es hora ya de denunciarla públicamente.

Mientras no se reconozca políticamente la realidad social, cultural y lingüísticamente plural de Cataluña y no se legisle pensando en respetar escrupulosamente esta diversidad, difícilmente se podrá intentar la construcción de ninguna identidad colectiva. Cataluña, como España, ha de reconocer su diversidad si quiere organizar democráticamente la convivencia. Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña, hablando castellano. Sólo así podrá empezarse a pensar en una Cataluña nueva, una Cataluña que no se vuelque egoísta e insolidariamente hacia sí misma, sino que una su esfuerzo al del resto de los pueblos de España para construir un nuevo Estado democrático que respete todas las diferencias. No queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España, que un proyecto social democrático, común y solidario.

Firmas: Amando de Miguel, Carlos Sahagún, F.J. Losantos, José Luis Reinoso, Pedro Penalva, Esteban Pinilla de las Heras, José María Vizcay, Jesús Vicente, Santiago Trancón, Alberto Cardín y 2.300 firmas más.

https://es.wikisource.org/wiki/Manifiesto_de_los_2.300

Creo que ni la ideología ni las apelaciones de los firmantes a los "valores democráticos y de libertades" restan un punto de verdad a su denuncia.

Cita:

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A los pocos días se publicó como respuesta el manifiesto Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, que denunció que lo que pretendía el manifiesto de los 2.300 era mantener la hegemonía del castellano en la vida pública. De este manifiesto surgiría la plataforma Crida a la Solidaritat que organizó la manifestación del 14 de marzo de 1982 en contra de la LOAPA bajo el lema Som una nació ('Somos una nación').^[2]​

Cuatro meses más tarde, el 21 de mayo de 1981, fue secuestrado el periodista español Federico Jimenez Losantos por la organización terrorista independentista catalana Terra Lliure, que no anunció públicamente su existencia hasta el 24 de junio. Tras recibir un disparo en una rodilla y ser abandonado atado a un árbol, fue liberado por la policía el mismo día.

Después del suceso, Jiménez Losantos y otros firmantes del Manifiesto, como Amando de Miguel, Carlos Sahagún y Santiago Trancón, abandonaron Cataluña.

https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_de_los_2.300

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Y el problema continuó y continuó agravándose, sin que los sucesivos gobiernos centrales movieran un dedo para detenerlo o al menos aminorarlo. Y peor aun, cuando desde los años 90 los separatistas pujolistas chantajeaban descaradamente a partidos de ámbito nacional para cubrir sus faltas de mayoría absoluta en las Cortes.

Y aquí un interesantísimo vídeo que explica claramente lo que pasaba y preludiaba lo que acabaría pasando. "El País" de Madrid, por supuesto con el bando separatista antiespañol: "la libertad y la tolerancia de los firmantes es la de las dictaduras".

Sin desperdicio.

https://www.youtube.com/watch?v=Pi7UTknNXEEta


https://i.ytimg.com/vi/Pi7UTknNXEE/hqdefault.jpg http://www.vozbcn.com/figura/2011/01/20110124abcI.jpg



http://lahemerotecadelbuitre.com/wp-...osantos_02.png

... El presidente en el exilio y representante de la Generalitat, la única institución republicana restaurada, Josep Tarradellas, habla de unión y asume que el separatismo es una idea equivocada. En 1980, cuando Jordi Pujol se “coronó” como President de la Generalitat sin que ni la izquierda ni la derecha españolas hiciesen nada por impedirlo, el separatismo no era algo de lo que se hablara, pero sí que ya se comenzó a plantar la semilla de lo que vendría después. “Hoy paciencia y mañana independencia” era el eslogan, por más que para muchos no fuese la independencia de Cataluña lo que buscaban, sino la independencia de las instituciones catalanas.

Jordi Pujol usaría en aquella primera legislatura, y también en las siguientes, para sus propósitos dos estructuras muy importantes, la escuela y la televisión pública. Para ello, aprovecharía en primera instancia la lengua catalana. En aquel momento, castellano y catalanoparlantes estaban de acuerdo en la inmersión lingüística. En la calle y en las casas el castellano era más usado, sobre todo en Barcelona, motivo por el cual todo el mundo entendió que era bueno que en las escuelas se aprendiese el catalán y, si era necesario, que se reforzara. De aquella buena fe se acabaría aprovechando el separatismo.

Ya en 1981, profesores e intelectuales se percataron de que la lengua catalana era utilizada como medio de adoctrinamiento. El Manifiesto por los Derechos Lingüísticos de Cataluña, más conocido como el Manifiesto de los dos mil trescientos, era la primera respuesta social de una parte del pueblo catalán ante la imposición total de que en Cataluña hubiese una lengua única. La reacción a aquel manifiesto fue terrible, tanto desde la Generalitat como los medios de comunicación, que no se dedicaron a informar sobre el manifiesto sino a tomar partido y a atacar a los firmantes. La asociación “La Crida a la Solidaritat” surge como réplica a esta asociación y logra reunir a 100.000 personas en el Camp Nou. De esta asociación, surgirían Àngel Colom, que sería después candidato de ERC, y Jordi Sànchez, futuro líder de la ANC. La Crida defendería en muchos casos acciones de Terra Lliure y ETA e, incluso, pidió el voto en unas elecciones europeas para Herri Batasuna.

A los disidentes se les acusa de fascistas, españolistas, y se les trata de situar en la extrema derecha, por más que la mayoría de los que están involucrados en política pertenezca al PSC o formen parte del sindicato de la UGT. Quien peor parado salió de todo aquello fue el firmante Jiménez Losantos, que fue secuestrado por la banda terrorista Terra Lliure, llegando a dispararle en una pierna. ¿Las consecuencias de aquel manifiesto? 14.000 maestros abandonaron Cataluña y, poco a poco, las plazas se van llenando con adeptos al régimen. El movimiento contrario al nacionalismo es aplastado.

Jordi Pujol aprovecharía el Caso Banca Catalana para mostrarlo como un ataque a Cataluña. A partir de ahí, cualquier ataque al gobierno de la Generalitat o a cualquier miembro o asociación cercana a la oligarquía sería mostrado como un ataque español contra Cataluña bajo la excusa de que a los catalanes los odian en el resto del Estado. A raíz de aquello, Pujol y los suyos comenzarían a hablar siempre de “nosotros y ellos” y comenzaría la construcción “mental” de la nación catalana, poco importaba si esa nación no existía, siempre y cuando la gente lo creyera. Desde los medios de comunicación, se empieza a utilizar un idioma desconsiderado de apariencia inocente, el Gobierno pasa a denominarse “Madrid” y España, “L’Estat Espanyol”. Denominar “Estado” a España es para diferenciarlo de los términos “Nación” o “País” que siempre se acuñarán a Catalunya.

La prensa es subvencionada (comprada hasta por 31 millones de Euros al año) por la Generalitat, la televisión de su propiedad y en las escuelas se ponen manos a la obra para que la Cataluña como nación sea parte del estado mental de los catalanes. Se habla de "Catalunya" y España como dos entidades diferentes y se clasifica, diferencia y penaliza a los que piensan diferente. Se acusa a PSOE y a PP primero, después a Ciudadanos (el PSC se libraría más tarde de las críticas por acercarse al nacionalismo), de no ser parte del pueblo catalán porque no forman parte de la supuesta homogeneidad del pueblo catalán, por más que no haya grupo social humano que sea homogéneo.

En 1993, cuando el nacionalismo catalán está en su mejor posición (55% de los votantes), un informe de TV3 (es decir, de la Generalitat), que llega a debatirse en el Parlament, muestra cómo para la televisión, radio y prensa catalanas no sólo se es importante la dicción, sino cómo se utilizan las palabras para diferenciar Cataluña y lo catalán de lo español y, lo más preocupante, la ideología política. A raíz de ahí y en los siguientes años, muchos periodistas son desterrados de Cataluña, tales como Àngels Barceló, Anna Grau, Susanna Griso, Javier Cárdenas o Carles Francino, entre otros, por no ser suficientemente cercanos al régimen, por más que, obviamente, en estas tierras no se venda como un destierro sino que sirve para indicar lo bueno que son los periodistas catalanes que las televisiones y radios españolas se los rifan. La prensa crítica dentro de la propia prensa es también eliminada.

En 1994 la Generalitat elimina el castellano de las escuelas entre los tres y los ochos años. El manifiesto por la tolerancia lingüística, bajo el lema “En Castellá també”, protesta por ello y, una vez más, todo movimiento que defiende la igualdad entre las lenguas es acusado de extrema derecha, por más que entre los firmantes haya personas tan claramente de izquierdas como Julio Anguita, líder de Izquierda Unida. Desde el nacionalismo, se vuelve al tópico recurrente de que el catalán es la lengua minoritaria históricamente perseguida. Para entonces, el término “lengua materna”, tan utilizado por los nacionalistas en la Transición, ha sido sustituido por “lengua propia” y, bajo la premisa de que el catalán es la lengua propia de los catalanes y el castellano es una “lengua impuesta”, se trata de que sea de segunda categoría.

El problema es que el término “lengua propia” es inventado y que, en realidad, solamente existen la lengua materna y la lengua oficial. El castellano es tan oficial como el catalán en esta tierra y, además, es la lengua materna de la mayoría de los catalanes. Finalmente, el Tribunal Constitucional anulará esa ley. Antes de que eso ocurra, la vicepresidenta de Cadeca (Coordinadora de Afectados en Defensa del Castellano), María Asunción García Pérez, es raptada, molida a latigazos y, antes de abandonarla, le queman el coche. “Tú eres la causante de los problemas con el catalán” le dijo el agresor.

En 1996 Foro Babel lanza una iniciativa cívica de intelectuales y artistas catalanes en defensa del bilingüismo. El manifiesto, claramente progresista y que podría servir de ejemplo para cualquier gobierno liderado por la izquierda, es tildado por el Govern y sus medios de comunicación como “reaccionario”. Se acusa a los que piden igualdad entre las lenguas de querer provocar confrontación civil. ¿Cómo un derecho puede crear confrontación? En el Parlament, con la izquierda acomplejada por los nacionalistas,... sólo el líder del PP catalán, Aleix Vidal-Quadras, defiende el bilingüismo en las escuelas. Sin embargo, ese mismo año, el Partido Popular y José María Aznar necesitarán del apoyo de CiU para poder gobernar. Tras las reuniones, Pujol anuncia en TV3 que “Se cumplirá el pacto, lo que está escrito y lo que no” y que “si el PP reemprende la campaña contra la política lingüística, retiraremos el apoyo en Madrid”. Poco después, Vidal-Quadras es destituido y Aznar le ofrece su cabeza para contentar a Pujol.
La oposición al nacionalismo catalán en el Parlament es eliminada.
https://ciudadanoadrian.files.wordpr...pg?w=300&h=152

Cuando en 2003 la ERC de Carod Rovira prefirió hacer President al socialista Pasqual Maragall antes que al convergent Artur Mas, muchos nacionalistas no entendieron aquella decisión, aunque lo cierto es que fue una jugada maestra para el independentismo. Con una mayoría social no nacionalista y un catalanismo más cercano al “regionalismo” que al “separatismo”, Esquerra no quería dividir el Parlament entre Catalanistas y Constitucionalistas y no lo quería por dos motivos:
1) Porque el nacionalismo sería liderado por CiU y, además, en un momento en el que el entorno de CiU (Òmnium) comenzaba a ser más activista. Ejemplo de ello es la campaña que se llevó a cabo en 2002, cuando se llamó al boicot a los productos que no etiquetaran en catalán.
y 2) Porque, de este modo, evitaba que una de las armas del PSC para desgastar al gobierno fuese empatizar con los contrarios al nacionalismo. Así, lo que quedaba del PSOE español es también eliminado en Cataluña.

Con el tripartit de izquierdas PSC-ERC-ICV, se inicia el camino hacia el nuevo Estatuto y se aprovechan las estructuras de Estado de Pujol para hacer ver que es algo que demanda la población, por más que después sólo el 46% de los catalanes fuera a las urnas. El Estatut de 2006 no sólo era claramente nacionalista y situaba a los castellanoparlantes como ciudadanos de segunda, sino que abría también las puertas al movimiento separatista. La segunda gran jugada de Carod-Rovira llegaría cuando, casi al final de las negociaciones, ERC abandona el pacto por el Estatuto y en él entra CiU. ¿Por qué ERC no quiere firmar el Estatuto? No porque no esté de acuerdo con él, ya que en realidad ese Estatuto es más suyo que de nadie, sino porque, al no firmarlo, consigue que no dé la sensación de que ya ha cumplido su objetivo, sino que éste aún está por llegar. Ese objetivo tiene un nombre: Independencia...

https://ciudadanoadrian.wordpress.com/category/la-historia-del-nacionalismo-catalan/

En 1985, 12.000 maestros hispanohablantes se vieron forzados a irse de Cataluña ante la inacción del Gobierno central (en aquel entonces, gobernaba el PSOE y el Presidente era Felipe González) en un plazo máximo de 5 días. Recibieron el telegrama de a continuación:

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