Las fallidas reformas de Le Sauvage para el Santo Oficio
Por siempre la Inquisición española fue blanco de críticas por sus contemporáneos, que veían ante sí una institución con un funcionamiento poco efectivo y a veces injusto y abusivo. En 1505, las Cortes celebradas en Toro pidieron al rey un mayor compromiso para los que denunciaban un hecho ante cualquier tribunal: en resumidas cuentas, si a mi me denunciaban por asesinato, y la acusación resultase ser falsa o no probada, entonces el denunciador debía sufrir la misma pena que hubiera recaido sobre mi si la acusación hubiese resultado cierta (pena de muerte, mutilación, confisación de bienes etc.). Esto afectaba a la Santa Inquisición obviamente; así lo veía Francisco Peña (Directorium Inquisitorum) cuando decía que el uso de la ley del talión (practicamente el mecanismo anterior) hacía disminuir el número de delatores, muchos de los cuales no se arriesgarían a denunciar una herejía si no estaban seguros de ser real...
La llegada de Carlos I a España, en 1517, reavivó las esperanzas de reformas. Y aquí entra en juego el flamenco y cortesano Jean Le Sauvage. Él presidió las Cortes de Valladolid de 1518 (ya sabemos que con la oposición del burgalés Juan Zumel, conocidisima historia), las mismas en que los procuradores dirigieron una petición tal vez genérica, pero firme e interesante en varios puntos:
Suplican a Vuestra Alteza mande a probeer que del oficio de la Santa Inquisycion se proceda de manera que se guarde entera justicia, e los malos sean castigados, e los buenos inocentes non padezcan, guardando los santos canones y derecho comun que enesto habla, y que los juezes que para esto tobieren, sean generosos, de buena fama e conciencia, e de la edad quel derecho manda, tales que se presuma que guardarán justicia, e que los hordinarios sean los juezes conforme justicia.
La inquisición no era una institución de perfectos; eso queda claro, como cualquier poder dependiente del Estado y además de la Iglesia, estaba expuesta a los abusos y las injusticias. Aquí entró en juego Le Sauvage que, como dijimos, era uno de los cortesanos flamencos favoritos de Carlos I, un hombre de 60 años y a quien el cronista Pedro Mártir de Anglería acusa de tener como unica ambición "amontonar oro" por esta cuestión. El mismo Anglería se mostraría opuesto a la intromisión de Le Sauvage; era un verdadero peligro para la continuidad de la institución.
Le Saugave llegó a elaborar un extenso proyecto que superaba, claro está, a la petición de las Cortes de 1518. Comenzaba sosteniendo que la Inquisición tenía una misión santa que cumplir y que debía su existencia a los Reyes Católicos, pero que "ha sido y es tan estrecha y áspera (...) y [ha] dado lugar a la malicia y dolo de algunos malos oficios y ministros". Denunciaba que muchos condenados eran inocentes y que otros debían exiliarse del país a raíz de las persecuciones que sufrían: citaba "muertes, daños y opresiones, injurias e infamias e intolerables fatigas". Por tanto, postula él, es necesario remediar tantos abusos.
En lo que refiere a los jueces, tenían que tener cualidades idóneas para el cargo (buena conciencia, fama y edad) y recibir un salario fijo que bajo ningún concepto podía provenir de los bienes de los acusados (como era la regla). Esta última petición, referente a la retribución de los miembros del tribunal, la postularían pocos años después los comuneros, y estaba destinada a evitar lo que seguro imaginan todos: condenar a un inocente para apoderarse de sus bienes. Estos bienes confiscados, a su vez, no podían ser tampocos dados en merced por el rey.
Le Sauvage también introducía en su proyecto las visitas periódicas a la institución del Santo Oficio, la garantía para el acusado de que el tribunal no ejecutase, sobre él o sus bienes, la condena recibida hasta no existir una sentencia firme (en mi país eso sería pedir mucho) y la posibilidad de apelar al Papa en última instancia.
A esto le siguen otras peticiones quizás menos relevantes, pero igual de curiosas: que los prisioneros pudiesen ser visitados por quienes quisieran; que se conociesen los nombres de los testigos; que éstos fueran sometidos a repreguntas en relación con sus denuncias (no vaya a ser que se contradigan...); que los mismos no pudiesen ser torturados; que el tormento a los acusados fuese moderado y aplicado en una única oportunidad; que las absoluciones fuesen verdaderas, porque al parecer los procesados quedaban bajo sospecha a pesar de no haber pruebas en su contra. Además, en caso de un error en los procesos y condenas, se debía volver atrás y declarar absuelto al acusado. El mismo no debía sufrir la confiscación de us bienes al momento inmediato de la detención, porque podían ser útiles para su propio mantenimiento y el de su familia. También proponía la eliminación de los sambenitos (esa prenda que llevaban los penitentes para mostrar publicamente su arrepentimiento), por generar infamia a los descendientes que vivían católicamente.
Este memorial debía ser remitido al papa para su confirmación. Era un proyecto que pretendía asimilar la jurisprudencia del Santo Oficio al derecho canónico y común, una reforma integral. ¿Qué pasó al final? Pues hay que decir que si bien es verdad que las Cortes Aragonesas le presentaron al monarca un proyecto similar, y que el mismo Carlos juró cumplirlo, Jean Le Sauvage murió en Zaragoza en junio de 1518 y todo quedó en la nada misma. En palabras de García Cárcel:
La mayor significación del reinado de Carlos I en la ejecutoria inquisitorial fue su decidida ratificación de la Inquisición como tal, abortando la ofensiva antiinquisitorial, ofensiva como siempre adherida a la plataforma reivindicativa implícita en las Cortes.
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA (por las dudas):
Claudio César Rizzuto (2014). Las ciudades castellanas contra la inquisición: los comuneros, las Cortes y una tradición crítica sobre el Santo Oficio (1504-1537), Poder y religión en el mundo moderno: la cultura como escenario del conflicto en la Europa de los siglos XV a XVIII / coord. por Fabián Alejandro Campagne, ISBN 978-987-691-254-9, págs. 163-210.
