Más de 200.000 niños son explotados en España

Más de 200.000 niños son explotados en España

La mayoría son menores de 13 y 14 años que trabajan en negocios familiares, el campo o la venta ambulante El 20% de los empleados en las campañas de recolección no superan la edad mínina Son más pobres que en Hungría y Polonia

Marta Borcha

Madrid- Con tan sólo trece, catorce o quince años, miles de niños de nuestro país se ven obligados a abandonar su adolescencia para formar parte del mundo de los adultos: el universo laboral. La legislación española prohíbe trabajar a estos menores, pero la situación de pobreza que viven muchas familias españolas, el fenómeno de la inmigración y la depravación de algunos empresarios de nuestro país, hacen que la ley se infrinja año tras año y que éstos niños acepten con resignación y como una forma de vida las tareas impuestas.

La proporción de niños que viven en situación de pobreza «relativa» en España, es decir, donde los ingresos por hogar son inferiores al 50 por ciento del promedio nacional, viene aumentando en nuestra geografía desde los años noventa, según los datos facilitados por Unicef. En esta situación se encontraban el año pasado el 13, 3 por ciento de los niños de nuestro país, un porcentaje que supera al registrado en países como Hungría, República Checa, Grecia o Polonia, una realidad que sin duda pone en peligro la salud y la educación de los más pequeños, obligados a trabajar para ayudar a sus familias.

La situación empeora. «En la actualidad, en España trabajan más de 200.000 menores de 16 años», asegura Argía Aldaya, responsable de la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de Navarra. Según los datos aportados por Aldaya, la situación ha empeorado desde el año 2000, en el que Unicef, a petición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sacó a la luz un informe en el que ponía de manifiesto que 170.000 niños trabajaban en nuestro país en el negocio familiar, el campo, en fábricas o en la venta ambulante.

Resulta especialmente duro los casos de menores que trabajan en los campos de Andalucía. María Carmen García Bueno, responsable de acción de Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía (SOC), señala que a pesar de que el trabajo infantil en el sector agrícola «está más controlado que hace unos años, la situación sigue existiendo, sobre todo en las zonas donde se concentra la inmigración, como Sevilla, Huelva o Almería, donde llegan muchos menores que se cuelan en la recolección».

El SOC estima que «más del 20 por ciento» de las personas que trabajan en los campos andaluces son menores de edad. «Sucede mucho en las campañas de la aceituna, donde familias enteras se desplazan a los diferentes cortijos para trabajar y se traen a los hijos, niños de 14 años que sacan del colegio para la recolección». El factor de la inmigración es clave. Hace cinco años, recuerda García Bueno, las familias que iban a trabajar a Andalucía eran marroquíes y subsaharianas, pero «ahora la mayoría son rumanas, muchas de ellas sin papeles».

Se trata de familias numerosas que se asientan en campamentos improvisados sin agua y sin luz y que viven en condiciones infrahumanas: «Los niños de 14 y 15 años van todos a trabajar. Como están ilegales, no van al colegio, porque no hay ningún programa especial que garantice su educación. Pueden estar hasta cuatro meses, luego se van a la campaña de la fresa de Huelva».

En la campaña de la naranja, desvela García Bueno, «nos hemos encontrado con muchos menores que nos engañaban diciendo que tenían 16 años cuando sólo tenían 14».

Frente a los niños, que deben afrontar jornadas laborales que superan en tres y cuatro horas los horarios establecidos, la presencia de las niñas en los campos es menos frecuente. «Las niñas de 12 y 13 años se quedan en los campamentos al cuidado de los más pequeños, que siempre suelen ser un grupo grande, algo que también se da en las familias andaluzas». Las inspecciones que realiza la Junta de Andalucía son «insuficientes», destaca la responsable del SOC, a lo que se une el fenómeno de las empresas de servicio en el campo, «ilegales» y «sin ningún tipo de control»: «Éstas se encargan de mover a los jornaleros inmigrantes, un día los llevan a trabajar a una finca y mañana a otra, por lo que nosotros podemos detectar que hay menores trabajando».

El miedo y el estado de ilegalidad les impide a estos trabajadores denunciar su explotación. El principal obstáculo para erradicar esta situación se encuentra en los propios empresarios: «Ellos permiten que los niños trabajen, y como la organización sindical no puede exigirles que muestren los papeles de la gente que está trabajando, te engañan y te dicen que no son menores».

Como los inmigrantes sin papeles, también los menores trabajadores cobran mucho menos que los adultos en esta situación. Aunque el convenio establecido está en 40 euros al día, ellos sólo reciben 20, y eso en los mejores casos. Además, subraya García Bueno, se hacen muchos chanchullos: «Los empresarios en vez de dar de alta al menor, dan de alta a otra persona que no está en la finca pero que necesita demostrar que trabaja para que no le den de baja en el régimen agrario. El empresario le vende los papeles del supuesto trabajo que no está realizando, y la persona le paga siete euros por día que él le declara como trabajados. El empresario se ahorra la seguridad social del menor, y además, gana lo que le da la otra persona».

Pero los menores inmigrantes no son las únicas víctimas. Los niños pertenecientes a minorías étnicas con dificultades socioeconómicas son una población de riesgo, así como aquellos menores que abandonan de forma precoz la escuela.

De feria en feria. El reciente informe de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) sobre «La población gitana y empleo» pone de manifiesto, basándose en datos del 2005, que siete de cada diez gitanos mayores de 15 años son analfabetos, lo que se traduce en un alto porcentaje de absentismo escolar que lleva a muchos niños a cambiar los libros por el trabajo. Entre el 50 y el 80 por ciento de los gitanos españoles se dedica a la venta ambulante, la recogida de residuos y al trabajo temporero. De los casi un millón de gitanos censado, más de la mitad, el 55 por ciento, son menores de 16 años, y sólo el 5 por ciento de ellos llega a cumplir los 65 años.

José Sánchez, responsable del área de empleo de la FSG, asegura que no existen datos sobre el trabajo que realizan los menores en la venta ambulante, «algo muy difícil de controlar». Sin embargo, es consciente de que, «desgraciadamente, es una situación real que sigue y seguirá existiendo».

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