Leyendo artículos por la web, encontré este de un señor de CCOO, si una persona de esa ideología analiza y ve así la actual situación de crisis económica , creo que podemos prepararnos para sufrir hordas de delinquentes inmigrantes desempleados por doquier en nuestras ciudades...Gracias ZP! Gracias PP! Todo por no querer desarrollar un modelo económico basado en el fomento del capital intelectual de los españoles, confiar en su inteligencia, y en fomentar el esfuerzo y el aguante, tan necesarios para alcanzar el éxito y el progreso. Al revés lo que creo que les gusta es fomentar la incultura, la estupidez, el hedonismo y el seguidismo vacío.
El impacto de la inmigración en el mercado de trabajo español (ARI)
Carlos Martín Urriza
ARI Nº 39/2008 - 08/04/2008
Tema: La irregularidad ha marcado el fenómeno inmigratorio en España y ha alimentado un modelo de crecimiento poco productivo e intensivo en mano de obra que ha debilitado la cohesión social. Resumen: El modelo de crecimiento basado en la construcción y los servicios de bajo valor añadido que se desarrolló en España a partir del año 2000, ha generado muchos puestos de trabajo precarios y con poco futuro que, en gran parte, ha rechazado la población española. Muchos de estos empleos son atendidos por trabajadores extranjeros que se encuentran, en muchos casos, en situación irregular, una irregularidad que no es producto de la economía sumergida –como habitualmente se piensa–, sino de la ausencia de mecanismos par asegurar el cumplimiento de las leyes. La irregularidad supone la rebaja de la protección por desempleo del colectivo de trabajadores extranjeros, lo que agrava los problemas de cohesión generados por un modelo de crecimiento que ha incrementado la dualización del mercado de trabajo español entre buenos y malos puestos de trabajo.
Análisis
Introducción
España ha pasado de ser un país sin prácticamente inmigrantes a colocarse, en un breve espacio de tiempo, entre los países de la UE con porcentajes de población extranjera más altos. Los motivos que explican el volumen y rapidez del fenómeno inmigratorio hay que buscarlos, sobre todo, en el modelo de crecimiento intensivo en mano de obra sin cualificación, en el que se inscribe la economía española, en particular, a partir del año 2000. Así, el boom inmobiliario es en gran medida responsable del boom inmigratorio y éste, a su vez, sirve para retroalimentar el primero, proporcionándole la mano de obra dispuesta a cubrir los puestos de trabajo poco productivos –y, en consecuencia, con baja remuneración–, que genera.
No obstante, si se analiza la evolución estadística del fenómeno inmigratorio se observa que la agricultura y el servicio doméstico juegan un papel de polo de atracción –aunque de menor intensidad– previo al que induce el fuerte crecimiento posterior de la construcción y los servicios de bajo valor añadido (comercio, hostelería y servicios personales). La agricultura y el servicio doméstico se convertirán en plena efervescencia del fenómeno en puertas de entrada y actividades de paso para una gran parte de los trabajadores inmigrantes extracomunitarios que se incorporan al mercado de trabajo, sobre todo a través de la economía informal.
Al modelo de crecimiento se unen otros factores en la oferta de empleo que propician la inmigración, como la disminución del número de jóvenes españoles sin estudios, naturales ocupantes de los puestos de trabajo sin cualificación, a causa de la caída previa de la natalidad que disminuye el volumen de las nuevas generaciones y también de la considerable mejora en la cualificación de la mayoría de sus miembros. En este contexto, los jóvenes cualificados protegidos por sus familias pueden rechazar los malos empleos que mayoritariamente genera un modelo de crecimiento poco productivo, reservándose para puestos de más calidad que, aunque en menor medida, también aumentan al calor del crecimiento económico. Paralelamente, la creciente incorporación de la mujer a la actividad laboral actúa como factor de atracción de mano de obra inmigrante, ante la falta de servicios públicos de atención a la infancia entre cero y tres años o a las personas dependientes.
La población de origen extranjero en edad de trabajar –entre 16 y 64 años–, superó los cuatro millones de personas en el tercer trimestre de 2007, según estimaciones de la Encuesta de Población Activa (véase la Tabla 1). El 88% proceden de países de fuera de la UE-25[1] y tienen que obtener un permiso, que en algún caso debe acomodarse a la situación nacional del empleo,[2] para incorporarse al mercado de trabajo. El colectivo más importante dentro de este grupo son los hispanoamericanos, con 1.849.000 (ecuatorianos, colombianos y bolivianos, fundamentalmente), seguidos de lejos por los europeos extracomunitarios, con 846.000 (en su mayoría rumanos), y los africanos, con 702.000 (en su mayoría marroquíes). Los asiáticos (principalmente procedentes de China) son la comunidad más pequeña de los extranjeros que requieren permiso de trabajo.
Estos colectivos presentan, en general, tasas de actividad[3] (80,8%) y paro[4] (12,1%) muy altas, que superan a las de los españoles (71,8% y 7,4%, respectivamente), excepto los africanos, con una tasa de actividad especialmente baja (69,5%) y un desempleo altísimo (16,1%). Los asiáticos se desmarcan también de este patrón con una tasa de actividad (75,9%) más alta que la de los españoles y una tasa de paro más baja (6,9%). Desde esta perspectiva la comunidad asiática es la que se encuentra en mejor situación –sin perder de vista que es muy pequeña–, mientras que la africana tiene la peor. La mayor tasa de actividad de los inmigrantes se explica, no obstante, por su concentración en los tramos de edad de mayor actividad, mientras que la relativamente alta incidencia del paro entre los inmigrantes se debe a su concentración en las ocupaciones más volátiles y al alto desempleo inicial de los recién llegados a España.
Tabla 1. Relación con la actividad de la población española y extranjera (para una población entre 16 y 64 años)
EspañolesExtranjerosExtranjeros no UE-25Europa no comunitaria + Bulgaria y RumaniaÁfricaAméricaPoblaciónAsia, Oceanía y apátridas
26.365,64.050,63.547,7845,6702,31.848,8Activos151,0
18.935,33.217,72.865,0693,4488,31.568,6Ocupados114,7
17.524,82.837,72.517,5606,8409,51.394,4Parados106,8
1.410,5380,0347,586,678,7174,3Inactivos7,9
7.430,3832,9682,7152,2214,0280,1Tasa de actividad36,4
71,879,480,882,069,584,8Tasa de paro75,9
7,411,812,112,516,111,1Datos en miles, correspondientes al tercer trimestre de 2007.6,9
Fuente: elaborado por el Gabinete Técnico Confederal de Comisiones Obreras a partir de microdatos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística.
La irregularidad de los inmigrantes dificulta su integración
Un importante volumen del flujo de inmigrantes que ha llegado a España se ha incorporado al mercado de trabajo desde la irregularidad, como prueba el gran número de personas acogidas a las regularizaciones o normalizaciones de inmigrantes. El último de estos procesos alcanzó en 2005 a cerca de 600.000 personas y los anteriores celebrados desde el año 2000 a cerca de 400.000, lo que sumado supone el 50% de los trabajadores activos legales de fuera de la UE-25 en 2007. Los trabajadores inmigrantes irregulares no son dados de alta en la Seguridad Social y sus derechos laborales se encuentran muy disminuidos frente a los de los trabajadores regulares.
Tras el último proceso regularizador las entradas de trabajadores extranjeros han continuado caracterizándose por la irregularidad. Durante el período que va desde el 1 de enero de 2006 al 1 de julio de 2007 se concedieron 209.600 autorizaciones iniciales de trabajo, lo que supone sólo un 28% del incremento neto de la población activa de extranjeros extracomunitarios (742.100) durante ese período. Como se observa en la Tabla 2, la irregularidad ha sido históricamente la norma en España en el proceso de incorporación de los inmigrantes, ya que sólo en el año 2001 las entradas legales superaron a las irregulares. Por orígenes, los hispanoamericanos son los que más sufren esa irregularidad. En el primer semestre de 2007 sólo el 24,4% de los que entraron a formar parte de la población activa lo hicieron con un permiso de trabajo. Les siguen los europeos extracomunitarios (35,2%) y los africanos (55,2%), mientras que los asiáticos son la excepción, con el 95,1% de las entradas netas con permiso de trabajo.
Tabla 2. Porcentaje de trabajadores extranjeros que entran anualmente en el mercado de trabajo con autorización
Nacionalidad
20012002200320042005 (1)2006Europa sin UE2007 (2)
50,834,311,235,227,826,0África35,2
95,542,817,175,726,026,4América55,2
52,527,021,836,214,222,8Asia, Oceanía y apátridas24,4
247,5-63,829,174,983,651,2Total95,1
63,834,418,441,220,325,7Nota: se compara los permisos iniciales de trabajo concedidos cada año con el crecimiento neto de la población activa en cada caso.32,4
(1) Excluidas las autorizaciones iniciales correspondientes a la normalización.
(2) Primer semestre del año. Solicitudes de autorización inicial de trabajo.
Fuente: elaborado por el Gabinete Técnico Confederal de Comisiones Obreras a partir de microdatos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística y Estadística de Permisos de Trabajo a Extranjeros entre 2001 y 2004, Anuario de Estadísticas Laborales para 2005 y 2006, y Solicitudes de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros para 2007, todas ellas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Corrobora también estos resultados la comparación entre las entradas de extranjeros con intención de instalarse en el país (Encuesta de Variaciones Residenciales del Instituto Nacional de Estadística) y los permisos de trabajo iniciales, que se recoge en el Gráfico 1. En el período 2001-2006 entraron una media de 566.000 inmigrantes por año (más de 800.000 personas en 2006), mientras que la media de permisos iniciales de trabajo concedidos anualmente es de 113.000 autorizaciones. La importante diferencia entre ambas magnitudes se traduce en un aumento de la bolsa de trabajadores extranjeros en situación irregular a lo largo de dicho período.
Gráfico 1. Evidencias del empleo extranjero irregular
http://www.realinstitutoelcano.org/a...8/image001.gif
Como resultado de esta importante entrada de inmigrantes irregulares, se puede estimar que a finales del primer semestre de 2007[5] se habían acumulado en España 1.100.000 extranjeros extracomunitarios en edad de trabajar (entre los 16 y 64 años), que no pueden ejercer sus derechos laborales plenos, pues no disfrutan de un permiso de residencia o, en el caso de los nacionales de Rumanía y Bulgaria, incorporados a la UE en enero de 2007, no disponen de una autorización de trabajo[6] como resultado de la moratoria española a la libre circulación de sus trabajadores. Por orígenes, el colectivo más afectado por la irregularidad es el de los hispanoamericanos, con 786.000 personas sin residencia legal, seguidos por los europeos de fuera de la UE-25 (264.000) y los africanos (98.000). Entre los asiáticos, en coherencia con lo observado en las entradas al mercado de trabajo –véase la Tabla 2–, no se detecta un volumen apreciable de personas en situación irregular.[7]
Tabla 3. Estimación del volumen de extranjeros irregulares en edad de trabajar (población ente 16 y 64 años, datos en miles)
Nacionalidad
Población extranjera (1)Residentes legales (2)DiferenciaEuropa sin UE-25 (3)Pobl.-Residentes
830,0566,3África263,6
708,8610,5América98,3
1.806,41.020,4Asia, Oceanía y apátridas786,0
137,7180,4Total-42,6
3.482,92.377,6(1) Media del segundo y tercer trimestre de 2007 de la Encuesta de Población Activa.1.105,3
(2) A 30 de junio de 2007.
(3) Incluye, por tanto, Rumanía y Bulgaria.
Fuente: elaborado por el Gabinete Técnico de Comisiones Obreras a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Pero ¿por qué la irregularidad ha sido la norma en un modelo de crecimiento generador de tantos empleos rechazados por los trabajadores nacionales y, en consecuencia, disponibles para los trabajadores foráneos? Habitualmente se ha achacado a la economía sumergida, tradicional en alguna de las ramas que han liderado el crecimiento de los últimos años, la responsabilidad por esta irregularidad de la inmigración en España. Sin embargo, si esto fuera cierto, las sucesivas regularizaciones no hubiesen cosechado el éxito alcanzado, pues la economía sumergida no suele responder a este tipo de amnistías sino a la acción directa de la Inspección de Trabajo. Más bien es la ausencia de medios para hacer cumplir las leyes en el ámbito de la extranjería –y, en concreto, el principio de contratación en el país de origen– la principal responsable de que la irregularidad haya sido la vía de entrada habitual en el mercado de trabajo para los inmigrantes.
El Estado no ha habilitado los recursos necesarios para que los Servicios Públicos de Empleo casen en los países de origen de los trabajadores extranjeros las demandas de empleo de las pequeñas y medianas empresas españolas no atendidas con oferta nacional. En la práctica, los pequeños y medianos empresarios que acuden al Instituto Nacional de Empleo obtienen ‘autorizaciones’ para contratar trabajadores foráneos, pero cuando preguntan dónde están los trabajadores, el Instituto les indica que deben trasladarse al extranjero para contactar con los posibles candidatos.[8] Obviamente, la misión es imposible para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas y por tanto el sistema no puede funcionar a través de la legalidad. El Estado, consciente de que la ley no puede cumplirse, deja entornada la puerta de las fronteras para que a través del libre juego de las fuerzas del mercado, la oferta y demanda de trabajo se encuentren en la irregularidad, conformando una política de inmigración de corte liberal. Las regularizaciones son paradójicamente, desde esta perspectiva, el mecanismo recurrente para restaurar periódicamente el cumplimiento de la ley, diseñadas por el que la promulga. Como paradójico es escuchar los discursos políticos en pro de la integración cuando su primer estadio y, en consecuencia, el más crítico –la entrada en el mercado de trabajo– está “averiado”.
Que la porosidad de las fronteras es consentida lo avalan datos objetivos, como que la inmensa mayoría de los inmigrantes entren en el país por los puestos fronterizos habilitados a los efectos por el Estado español y mediante las líneas de transporte regulares. Sólo un escaso 5% lo hace a través de pateras o cayucos. Pero incluso en este caso, el flujo se ha mostrado manejable en cuanto se ha activado la cooperación internacional (caso de Marruecos). Asimismo, el visado se ha mostrado como un instrumento muy eficaz para ordenar los flujos de entrada. De hecho, la breve historia de la inmigración en España es una carrera de relevos entre las diferentes comunidades extranjeras, donde la obligación de obtener visado es el testigo que se van pasando unas a otras. Así, a los nacionales de Colombia les relevan los nacionales de Ecuador en los flujos de entrada, cuando en 2001 se empieza a exigir visado a los primeros. A los nacionales de Ecuador se les requiere a partir de 2003, año a partir del cual son progresivamente sustituidos por los nacionales de Rumanía y Bolivia. A estos últimos se les exige, a su vez, desde 2007 y a los primeros ya no se les puede pedir tras su ingreso en la UE, con lo que previsiblemente se convertirán en la comunidad extranjera más importante. El visado ordena los flujos, restringe el ámbito de actuación de las mafias y hace efectivos los derechos laborales plenos desde el principio del proceso de integración de un mayor número de trabajadores extranjeros.
Un modelo de crecimiento que debilita la cohesión social
El modelo de crecimiento basado en la construcción de viviendas y en los servicios de bajo valor añadido ha tenido repercusiones apreciables sobre la cohesión del mercado de trabajo y sobre la cohesión social que intenta proveer el Estado del Bienestar. El empleo ha crecido mucho al calor de este modelo pero lo ha hecho sobre todo en el segmento de puestos de trabajo más precarios, en empleos que requieren poca cualificación, remunerados con bajos salarios, instrumentados a través de contratos temporales y muy vulnerables ante los cambios en el ciclo económico. Esta evolución de la estructura del empleo ha repercutido sobre la evolución de la estructura salarial, ampliando el peso de los trabajadores con salarios más bajos, que han visto casi duplicado su número entre 1994 y 2004. En 1994, 6.600.000 personas ganaron menos de 16.000 euros (el equivalente entonces en poder de compra a los 16.000 euros de 2004), mientras que 10 años después, en 2004, la cifra era de 11.100.000. Dado el aumento de la población ocupada en estos años, todos los grupos salariales han aumentado su tamaño, pero lo más relevante es la diferencia entre ellos y aquí se aprecia que son los que ganan entre el Salario Mínimo y 16.000 euros al año los únicos que aumentan su peso en el conjunto de la estructura.
Tabla 4. Distribución de los asalariados por tramos de salarios (salario bruto percibido a lo largo de un año; tramos salariales con poder adquisitivo equivalente entre 1994 y 2004)
Número de perceptoresTramos salariales (euros)Estructura (%)
1994200419942004Menos del SMIDiferencia
3.128.9084.934.84328,828,5Entre el SMI y 16.000-0,3
3.496.9816.189.05132,235,7Entre 16.000 y 32.0003,5
3.136.4974.532.09228,926,2Entre 32.000 y 48.000-2,7
732.1921.123.9346,76,5Entre 48.000 y 64.000-0,3
207.405315.5131,91,8Entre 64.000 y 80.000-0,1
76.529109.9920,70,6Más de 80.000-0,1
73.906115.3390,70,7Total0,0
10.852.41817.320.764100,0100,0Fuente: elaborado por el Gabinete Técnico Confederal de Comisiones Obreras a partir de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.0,0
La polarización se ha percibido también en la pérdida de peso de la remuneración de asalariados sobre el Producto Interior Bruto desde el año 2000. La concentración de la creación de empleo entre las ocupaciones remuneradas con bajos salarios modera el crecimiento del salario medio, reduciendo la participación de los salarios en el PIB.
Gráfico 2. Reparto porcentual del PIB entre asalariados y empresarios
http://www.realinstitutoelcano.org/a...8/image002.gif
Paralelamente, un creciente colectivo de trabajadores inmigrantes, como consecuencia de un modelo de integración basado en la irregularidad, se encuentra desprotegido ante una eventual crisis económica. Hoy tan novedoso es para la historia del mercado de trabajo español el fenómeno inmigratorio como que exista un volumen tan importante de trabajadores sin protección por desempleo (irregulares) o con una muy pequeña (recién regularizados). Ante un eventual ajuste en la actividad económica, los trabajadores inmigrantes se encuentran en una situación especialmente vulnerable, pues a la incompleta protección por desempleo, porque no han cotizado o lo han hecho durante pocos meses, suman la falta de una red familiar que les apoye. Esta implica una transformación sustancial en el mercado de trabajo español que se suma al proceso de dualización que se percibe en la evolución de la distribución salarial. A esto se añade la importante competencia salarial que se está empezando a desencadenar en el segmento de niveles salariales más bajos, donde las ocupaciones han dejado de crecer. Aquí los principales damnificados no son de momento los inmigrantes, cuya posición social más vulnerable les obliga a ser más flexibles a la hora de aceptar rebajas en sus condiciones de empleo. En este sentido, la Tabla 5 muestra cómo, con la desaceleración de la actividad económica, a finales de 2007 se recorta la tasa de ocupación de los hombres españoles con poca cualificación (-2,1 puntos porcentuales en el caso de los jóvenes), los competidores más directos de los trabajadores extranjeros.
Tabla 5. Tasa de ocupación de de los españoles de bajo nivel educativo (en %)1
Edades
IV trimestre2006IV trimestre2007DiferenciaAmbos sexosIVT07-IVT06
47,947,7De 16 a 30 años-0,2
48,147,2De 31 a 64 años-0,9
47,847,8Hombres-0,1
65,664,1De 16 a 30 años-1,5
57,255,1De 31 a 64 años-2,1
67,766,4Mujeres-1,4
30,331,3De 16 a 30 años1,0
32,833,7De 31 a 64 años0,8
30,030,9(1) Analfabetos, estudios primarios acabados y sin acabar, primera etapa de secundaria sin título.1,0
Fuente: elaborado por el Gabinete Técnico Confederal de Comisiones Obreras a partir de microdatos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística.
Conclusiones: El modelo de crecimiento ha conformado, prácticamente por completo, la política de inmigración. Ésta se ha adaptado a sus necesidades de mano de obra barata, renunciando a establecer límites en función de la capacidad de acogida del país o de los derechos laborales reconocidos por ley a los trabajadores extranjeros. Desde los poderes públicos, por ejemplo, no se ha puesto en cuestión la viabilidad futura de los puestos de trabajo que, en un volumen cada vez mayor, cubrían los trabajadores extranjeros o la capacidad de los servicios públicos para atender una población creciente y vulnerable, conservando los estándares de calidad. Por el contrario, en el discurso político se ha hecho compatible la rebaja de impuestos, el acceso universal a los servicios públicos de una creciente población en situación muy vulnerable y el mantenimiento de su calidad.
Mantener esta política “subsidiaria”, ahora que la actividad económica se desacelera, deja el ajuste nuevamente en manos del mercado. Así, desde esta perspectiva, se espera que los inmigrantes dejen de venir por el recorte de oportunidades o que los que ya están aquí desempleaados se vayan en busca de empleo a otros países. No parece, sin embargo, que estos efectos se vayan a producir, al menos de una manera automática y completa. En primer lugar, porque el Estado del Bienestar va a seguir ejerciendo como polo de atracción, en segundo porque existe un riesgo importante de aumento de la economía más informal alimentada por los propios inmigrantes desempleados –como la venta de CD en la calle, la prostitución o los servicios personales a domicilio– y, en tercer lugar, porque la inmigración va a seguir creciendo a través del reagrupamiento familiar.
Un planteamiento realista requiere de una política de inmigración más comprometida y con objetivos no siempre supeditados a las necesidades del mercado, lo que implicaría:
(1)Ordenar los flujos de entrada:
(2)Apostar por la integración laboral con derechos de los trabajadores extranjeros:
- Promover la exigencia de visado a todos los países de los que se recibe o se prevea se pueden recibir flujos significativos de inmigrantes.
- Aumentar los recursos destinados al control de fronteras.
- Continuar reforzando la cooperación internacional con los países subsaharianos. Promover la apertura de los mercados europeos a la libre circulación de mercancía procedentes de estos países.
- Mantener el período transitorio a la libre circulación de trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria hasta que se normalicen sus entradas.
- Desarrollar mecanismos ágiles de contratación en los países de origen para que los inmigrantes lleguen con todos sus derechos reconocidos. Construir canales públicos de selección de trabajadores extranjeros para atender las necesidades de las pequeñas y medianas empresas españolas. La evolución demográfica de la población española conduce al aumento de las necesidades de mano de obra cualificada en el futuro y, en consecuencia, se hace imprescindible desarrollar mecanismos de selección solventes en los países de origen de trabajadores con las actitudes y habilidades requeridas. El Servicio Público de Empleo parece el encargado natural de esta tarea, aunque surgen dudas sobre su operatividad dado que en la actualidad ni siquiera es capaz de dar este tipo de servicio –casar ofertas y demandas de empleo– a los trabajadores y empresarios españoles. Alternativamente, las embajadas, consulados y delegaciones españolas en el extranjero podrían desarrollar la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta tarea.
(3)Planificar la capacidad de acogida del país.
- Reforzar la Inspección de Trabajo en la lucha contra la contratación ilegal de trabajadores extranjeros.
(4)Desarrollar nuevas redes de protección social para los inmigrantes con nula o escasa protección por desempleo, que les ayude a soportar los costes del ajuste económico.
- Contigentar la entrada de inmigrantes en relación a la capacidad de asimilación del país que, a su vez, es función de las necesidades estructurales –y no coyunturales– de empleo de la economía española y de la solvencia del Estado del Bienestar.
- Modular el derecho de reagrupamiento familiar[9] o, en su caso, aumentar el gasto público para financiar las disfunciones que ello puede generar en el mercado de trabajo y en el Estado del Bienestar. A diferencia de los demás inmigrantes, los reagrupados pueden incorporarse a la actividad laboral en cualquier sector y ocupación –no están sujetos a las condiciones de la llamada “situación nacional de empleo”–, lo que puede provocar fricciones en el mercado de trabajo dada su progresiva importancia en el flujo de entradas legales.
Carlos Martín Urriza
Gabinete Técnico Confederal de Comisiones Obreras
