Cita:
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ubeda (Jaén) ha decretado libertad para el padre de la menor de 16 años que lo denunció ante la Guardia Civil durante el Puente de Andalucía, por no dejarla salir de casa, después de haber pasado a disposición judicial, si bien se está investigando el hecho de si incurrió en un delito de detención ilegal.
Según han manifestado fuentes judiciales a Europa Press, al varón se le ha imputado, en la fase inicial del proceso, un presunto delito de detención ilegal, aunque a partir de este momento "hay que constatar, mediante la investigación del juzgado, que los hechos se corresponden con los que la Guardia Civil ha denunciado".
Así las cosas, dichas fuentes han señalado que "no se descarta que el caso sea archivado" en el supuesto de que "se aclare que no existe indicio de delito referido a la detención ilegal".
Cabe recordar que el mencionado juzgado ubetense ha recibido las diligencias de la menor de 16 años, si bien la joven se encontraba en la casa de su padre, ubicada en Ubeda, cuando se produjeron los hechos. Con anterioridad, había permanecido en Baeza, en la casa de su madre, ya que los progenitores se encuentran en trámites de separación. Más información, mañana, en la edición impresa.
Unos padres detenidos en Baeza por 'castigar a su hija sin salir
José Rodríguez Cámara /Jaén
Una menor baezana, de 16 años, denunció a sus padres después de que estos la castigaran sin salir de casa. Los hechos, en estricta aplicación del Código Penal, suponen una supuesta vulneración de los deberes familiares, e hizo que el matrimonio fuera detenido, el pasado 28 de febrero. Un castigo familiar acabó en el arresto de los padres de una menor de 16 años. Los hechos ocurrieron, en Baeza, el pasado 28 de febrero, según pudo saber este periódico. Al parecer, el progenitor decidió que su hija no podía salir de casa, supuestamente, para reprenderla por su comportamiento. Una decisión tomada a raíz de un hecho puntual, y habitual en cualquier casa, que su esposa respaldó. Según se explicó a este periódico, la chica se puso en contacto con las Fuerzas del Orden que, ante un aviso de ese tipo, y en estricta aplicación de la ley, acudieron al domicilio. Con el Código Penal en la mano, los agentes tuvieron que considerar la posibilidad de que se tratara de una conducta delictiva que atentaba contra el deber familiar de proteger a un menor y así se lo comunicaron al padre. La madre, al no oponerse al castigo impuesto por su marido, pasó a ser una supuesta colaboradora. De oficio, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben de elaborar un informe sobre los hechos y, si se considera que es necesario, dar traslado a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores para que determine si se vulnera la integridad de un ciudadano que no tiene aún la mayoría de edad.
Esta Redacción no pudo averiguar el recorrido de estas diligencias, aunque, como se explicó, no están en manos del juzgado de la ciudad. Igualmente, las fuentes consultadas precisaron que todos los indicios apuntan a que los hechos no pasan de ser un simple castigo de unos padres a su hija, sin ningún otro aspecto que implique que revista una mayor gravedad. Por ello, lo ocurrido recuerda en cierta medida al caso de la madre de Pozo Alcón que, en 2008, fue condenada a una orden de alejamiento y a pena de prisión por dar un bofetón a su hijo. La decisión del Juzgado número 3 de Jaén fue ratificada por la Audiencia Provincial que, eso sí, recomendaba que se indultara a la mujer. El perdón para esta poceña llegó, de manos del Gobierno, en 2009, y después de una fuerte contestación ciudadana y un intenso debate acerca de la “desproporción” de algunas de las leyes dictadas para defender a los menores en España. Tiempo después, en 2010, fue la familia del menor, que ya tiene 16 años, la que solicitó a las autoridades que se hicieran cargo del niño, por los problemas para educarlo. Aún hoy, Servicios Sociales está pendiente de esta familia.
La Justicia debe velar por el bienestar del niño
Ante una denuncia formulada por un menor contra un miembro de su familia, las Fuerzas del Orden deben de intervenir y presentar su investigaciones a la Justicia que tiene que determinar si, realmente, se dañan los derechos del menor. Aunque el posible delito lo cometan mayores de edad, la Fiscalía de Menores tiene que determinar, llegado el caso, en qué situación se encuentra el niño, por ejemplo, si está desamparado. En caso de que se le llegue a negar la patria potestad a los progenitores, las administraciones son las encargadas de garantizar el bienestar del afectado. Como en los casos de violencia machista, se trata de asuntos en los que los Cuerpos de Seguridad del Estado y los jueces extreman, aún más si cabe, todas las cautelas.
Reforma en tela de juicio
La última reforma de las leyes que protegen a los menores, aprobada por el anterior Gobierno de Zapatero, endurecen las penas contra los padres que infligen castigos físicos o psicológicos contra los hijos. Estos cambios normativos han generado críticas al considerar que limitan la posibilidad de reprender a los niños.
Y todavía me dice una progre que no le eche la culpa a la democracia, porque no es lógico.