Víctimas del terrorismo

[Hyeronimus]

Víctimas del terrorismo

JUAN MANUEL DE PRADA





SI un extraterrestre versado en leyes penales aterrizase en nuestra muy democrática España, dispuesto a elucidar el embrollo del terrorismo etarra, observaría que las víctimas de tal terrorismo gozan de un protagonismo mediático desmedido e inversamente proporcional al grado de justicia con que se aplican las leyes penales. Observaría, también, que la atención que reciben las víctimas del terrorismo es puramente retórica y sensiblera; y concluiría que tal atención constituye más bien una maniobra de distracción –compasiva, si se quiere, o sinceramente compungida, pero maniobra de distracción, a fin de cuentas– que permite escamotear el hecho esencial, a saber: que las leyes penales que se aplican a los terroristas son injustas de raíz.
Nuestro extraterrestre podría llegar incluso a afirmar que las víctimas del terrorismo deberían tener menos protagonismo que las víctimas de cualquier otro crimen, puesto que no son víctimas «finales», sino puramente «instrumentales». Y, en el colmo de la frialdad, podría comparar la sorpresa que le provoca la atención retórica recibida por las víctimas del terrorismo con la que le produciría que los medios de comunicación, al referirse a los atracos a los bancos, fijaran su atención en los destrozos que los atracadores causaron en la cerradura de los establecimientos que asaltaron. En esta atención desenfocada, nuestro extraterrestre olfatearía alguna intención oculta, incluso si se quiere un acto fallido de nuestra muy democrática España, que pretende ocultar la verdadera naturaleza de los crímenes terroristas (hoy considerados de forma más o menos solapada «crímenes políticos», y por lo tanto veniales). Porque, en efecto, las víctimas de los etarras no eran para ellos sino cerraduras que, una vez reventadas, les permitían conseguir lo que buscaban. Los etarras no han destruido las vidas de sus víctimas como un fin en sí mismo (a diferencia del violador que destruye la vida de la mujer a la que fuerza, o del asesino que destruye la vida del hombre que mata), sino que han destruido esas vidas buscando otro fin más alto (desde su perspectiva) que, por cierto, han alcanzado. Y tal fin último es destruir el Estado al que han declarado la guerra, desbaratar su unidad política y sembrar el miedo en la población. Y a quienes cometen un crimen tan execrable, que tiene como fin atentar contra la supervivencia de la propia comunidad política, hay que aplicarles leyes penales especialmente severas.

Nuestro hipotético extraterrestre se maravillaría de que un hecho tan clamoroso y gigantesco haya sido escamoteado en nuestra muy democrática España (y todavía más se sorprendería si supiera que muchos politiquillos que ahora fingen conmiserarse de las víctimas reclamaron en su día «amnistía» para los etarras, que entonces llamaban «presos políticos»); y porque se ha escamoteado es por lo que se presta tanta atención retórica a las víctimas, a la vez que no se les ofrece ninguna justicia. Si en nuestra muy democrática España se hubiese considerado a los terroristas como lo que son, criminales de lesa patria, a las víctimas instrumentales de sus crímenes no habría que prestarles ninguna atención retórica, porque la justicia, al obrar, las habría resarcido por el mal que en su día se les infligió. Y no nos andarían dando tanto la murga con que si se autorizan o se prohíben las reuniones de terroristas liberados, ni se habría dado el caso de aplicarles o desaplicarles la doctrina Parot, ni parecidas zarandajas. Y las víctimas no tendrían que andar mendigando lo que ahora tienen que mendigar. Y los españoles, en lugar de andar rabiando por las esquinas, podrían dedicarse piadosamente a rezar por la salvación de las almas de aquellos criminales, que fueron castigados como merecían.






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[Valmadian]

El problema que trata Juan Manuel de Prada debería haber tenido no una respuesta, ineficaz y que no ha servido más que para afianzar a los terroristas de ETA y sus acólitos. Hoy hasta el PNV que presume de moderación y de ser demócrata, ampara al terrorismo más abyecto. Claro que no me coge de sorpresa pues el PNV ha sido desde su lamentable fundación, un partidito de andar por casa, en el barrio y en el batzoki. Toda la supuesta valentía del gudari, ese soldadito que representa al PNV y que copiaron descaradamente de los requetés carlistas (aunque para nada el arrojo y valor de éstos), no es más que pura propaganda vacía de todo contenido. Y es que la respuesta debió ser siempre esta:¨

Genocidio


El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Según el sociólogo e historiador estadounidense Michael Mann, el genocidio es el grado más extremo de violencia intergrupal y el más extremo de todos los actos de limpieza étnica. Para este autor el impacto de los genocidios durante el siglo XX es devastador, tanto por el número de víctimas, que cifra en más de 70 millones de personas, como en la extrema crueldad de las agresiones.



Existe una discrepancia entre el significado jurídico y el significado coloquial o profano de la palabra, lo que da lugar a equívocos y enconados debates acerca de la cuestión.

Desde un punto de vista jurídico, el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra se considera un delito de derecho internacional. Tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 recogen una idéntica definición:

Delito de Genocidio.1 2
Se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
A) Matanza de miembros del grupo;
B) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
D) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
E) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

En el lenguaje común, sin embargo, el término tiene un significado diferente, tal como viene recogido en por la Real Academia Española:
Genocidio: Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política.
Este segundo significado es el que mueve a muchas personas a calificar como genocidio determinadas matanzas de personas que, en realidad, no se ajustan al tipo penal del delito de genocidio definido internacionalmente.


La palabra genocidio fue creada por el jurista polaco Raphäel Lemkin en 1944, de las raíces genos (término griego que significa familia, tribu o raza) y -cidio (del latín -cidere, forma combinatoria de caedere, matar). Lemkin quería referirse con este término a las matanzas por motivos raciales, nacionales o religiosos. Su estudio se basó en el genocidio perpetrado por el Imperio Otomano contra el pueblo armenio en 1915. Luchó para que las normas internacionales definiesen y prohibiesen el genocidio. De esta manera se introdujo para los grupos colectivos (nacionales, étnicos, raciales y religiosos) el concepto de lo que el homicidio es para los individuos, el reconocimiento de su derecho a existir.

El Acuerdo o Carta de Londres de 8 de agosto de 1945, que estableció el Estatuto del Tribunal de Núremberg, definió como "crímenes contra la humanidad" el "asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra".

La Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera el genocidio del género crímenes de lesa humanidad.

En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de Derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal y proclamó la resolución 96 (I) sobre el crimen de genocidio, que define como "una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros", instando a tomar las medidas necesarias para la prevención y sanción de este crimen.
Esta resolución cristalizó en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948.
La definición de genocidio plasmada en la Convención de 1948 ha sido acogida en el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de 1993, el artículo 2 del Estuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 1994, y el artículo 6 del Estatuto de Roma de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional.


Regulación jurídica internacional del genocidio.

Desde un punto de vista internacional, el genocidio viene regulado por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 (entrada en vigor en 2002).1 2 Junto al genocidio se castigan otros delitos conexos, que son la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública, la tentativa y la complicidad.

Las personas acusadas de genocidio serán juzgadas, de acuerdo con el artículo 6 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en un tribunal competente del territorio donde se cometió el delito. No obstante, ha surgido paralelamente un derecho consuetudinario por el que los tribunales de cualquier Estado podrían juzgar casos de genocidio, aunque fueran cometidos por no nacionales y fuera de su territorio. También la Corte Penal Internacional puede conocer de este delito, siempre y cuando sea competente por haberse reconocido su jurisdicción.
La Convención afirma que es irrelevante que el acusado sea gobernante, funcionario o particular y declara que, a efectos de extradición, no se considerará al genocidio como delito político.

Regulación nacional del genocidio.

Sin embargo, desde el punto de vista nacional, cada Estado deberá trasponer la tipificación del delito a su propio ordenamiento penal y establecer las penas a aplicar para cada uno de los comportamientos sancionados, de forma que los tribunales nacionales puedan castigar adecuadamente y conforme al principio de legalidad los comportamientos que se ajusten a la tipificación internacional del delito. Nada impide que, en esa trasposición al derecho interno, un Estado amplíe la definición convencional, sea para ampliar el listado de comportamientos sancionables, sea para ampliar el número de grupos que pueden ser víctimas del delito. De esta manera, España modificó el artículo 607 de su Código Penal para incluir también a los grupos determinados "por la discapacidad de sus integrantes" entre quienes pueden ser víctimas de genocidio.9 Más lejos ha ido Francia al ampliar la tipificación en el artículo 211 de su Código Penal, pues ha añadido una cláusula de cierre que incluye a cualquier otro "grupo determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrario".

La imprescriptibilidad.

La prescripción en derecho penal es la institución jurídica por medio de la cual se produce la extinción de la responsabilidad penal, en razón del transcurso del tiempo. El genocidio es una especie del género crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad y su imprescriptibilidad se encuentra regulada por Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 26 de noviembre de 1968.

Controversia sobre el alcance del concepto

Se ha debatido mucho sobre el sentido y alcance de la palabra genocidio. No se trata de algo relacionado con la guerra, pues, según Karl von Clausewitz, el fin de la guerra es desarmar al enemigo, no exterminarlo. El genocidio o asesinato en masa también se diferencia del asesinato en serie, que consiste en el asesinato sucesivo y periódico de personas aisladas, mientras que el genocidio es "una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros", de acuerdo con la Asamblea General de Naciones Unidas. El genocidio tiene, en este sentido, un carácter masivo, por lo que con frecuencia necesita de la colaboración efectiva de una estructura social. Algunas de las críticas al alcance del concepto de genocidio se centran en el hecho de que no se considere como tal más que los actos realizados contra grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos, y no los realizados por otros motivos, como los sociales o políticos. Si bien el borrador inicial de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio contemplaba y extendía la definición de genocidio a estas matanzas, posteriormente se eliminó la referencia ante la necesidad de contar con el apoyo del bloque comunista (representado mayoritariamente por la URSS), que objetó esta acepción.

Esta restricción del concepto, afirman estas voces, puede significar la expiación de gobiernos totalitarios que durante el siglo XX llegaron a matar a más de 100 millones de sus propios ciudadanos. En todo caso, estos actos podrían calificarse como crímenes de lesa humanidad, constitutivos de delito internacional de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Se discute si puede definirse como genocidio a:
El uso de armas de destrucción masiva.
El uso excesivo de la fuerza contra civiles no armados.
El asesinato político de masas, como ocurre con el terrorismo político y religioso o el terrorismo de estado.

Fuente: Genocidio - Wikipedia, la enciclopedia libre

[Valmadian]

Genocidio en España

Delito de Genocidio
Artículo 607 del Código Penal de España
Tipo de tratado Ley Orgánica:


En España, el genocidio es un delito tipificado expresamente desde 1971 en el Código Penal. Está basado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la resolución 260 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. La competencia para juzgar este tipo de delitos corresponde a los tribunales del orden penal.

Durante un tiempo, esta competencia se extendía a hechos ocurridos en cualquier parte del mundo aunque no tuvieran conexión con España, en aplicación del Principio de Justicia Universal. Sin embargo, en 2009 el Congreso acometió la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, limitando su alcance a casos en que esté acreditado que los presuntos responsables de los hechos estén en territorio español, que existan víctimas de nacionalidad española o que se constate que exista algún vínculo de conexión relevante con España y, además, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos.2 Antes de la reforma, se tramitaron casos de genocidio cometidos en Argentina, Chile y Guatemala.

Las denuncias sobre genocidio cometido en España se refieren a episodios de la Guerra Civil Española y la represión de posguerra,6 7 y se han encontrado con diversos obstáculos jurídicos, como el propio tipo penal del genocidio, el fallecimiento de los responsables, la prescripción, la irretroactividad de las normas penales desfavorables, el principio de legalidad y la Ley de Amnistía de 1977, que impide juzgar algunos hechos acaecidos antes de 1977. Varios organismos internacionales de protección de los derechos humanos y las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado al Gobierno de España la derogación de la citada ley, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles

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Fuente: www.es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_en_España


Destaca el hecho en esta primera parte del artículo -por lo que es preciso remitirse a la lectura del mismo entero mediante el enlace-, de que no se mencionan los crímenes de la II República, ni los de terrorismo como el de la ETA, ni el relativo al monstruoso genocidio del aborto. La inclusión de tales delitos de genocidio en nuestro ordenamiento se podría lograr si la presión social y la mediática forzase a ello.

[Xaxi]

pues si,muy bien,De Prada,como casi siempre ,solo puntualizar una cosa,la justicia humana no creo sea suficiente,siquiera la del Talión,para resarcir a las victimas.

Un abrazo en Xto.