Los escándalos ponen bajo sospecha el urbanismo de una quincena de municipios

SARA MEDIALDEA. MADRID.




La avalcha de escándalos y denuncias urbanísticas que han afectado a municipios de la región en los últimos meses ha experimentado una progresión extraordinaria desde hace sólo unas semanas. La profusión de datos sobre comisiones, recalificaciones, beneficios especulativos y beneficiarios es tal que incluso puede confundir a los ciudadanos, necesitados de una guía para seguir la actualidad urbanística regional.
Por las redacciones de los medios de comunicación circulan estos días cintas, dossieres y fotocopias de documentos que ratifican nuevos escándalos e irregularidades varias. Mientras, los principales partidos políticos -PP y PSOE- se han enzarzado en un cruce de acusaciones que alcanza un tono cada vez más agrio, a medida que se conocen nuevas corruptelas.

A continuación, se recoge un resumen, que no pretende ser exhaustivo, de algunos de los últimos casos de escándalos urbanísticos conocidos en la Comunidad de Madrid.

Ciempozuelos
El alcalde socialista de Ciempozuelos, Pedro Torrejón, dimitió al conocerse por ABC que su antecesor en el cargo, el también socialista Joaquín Tejeiro, había pactado con una promotora inmobiliaria la recalificación prioritaria de unos terrenos a cambio del pago de 40 millones de euros. Las explicaciones aportadas por el alcalde a su partido no convencieron a sus dirigentes, que le suspendieron de militancia.
Posteriormente se supo que ambos alcaldes habían abierto una cuenta con un millón de euros en un banco de Andorra, motivo por el cual el asunto ha dado lugar a la apertura de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, por un posible delito de blanqueo de capitales.

Tres Cantos
En este municipio se han desvelado grabaciones en las que el ex concejal del PP Antonio Reino Cortés destapa sospechas de corrupción en la adjudicación de la gestión del Plan de Urbanismo y da a entender que estaría dispuesto a abortarlo si no recibe dinero. El equipo de gobierno de Tres Cantos afirmó que «son radicalmente falsos los supuestos repartos de dinero».

Villanueva de la Cañada
Hace apenas 20 días, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió de su cargo, tras publicarse varias ventas de terreno que, según la prensa, le habrían proporcionado plusvalías de 4,3 millones de euros.

Según las denuncias, Porto autorizó en Villanueva de la Cañada un plan parcial que incluía terrenos de su propiedad.
Este mismo municipio ha sido protagonista de otra denuncia del PSOE, empeñado a toda costa en relacionar a la presidenta regional. La socialista Ruth Porta intentó implicar a un tío de Esperanza Aguirre en la obtención de unas plusvalías de 2,1 millones de euros en unos terrenos que ya eran urbanizables cuando los compró y que aumentaron de valor al desbloquearse su urbanización.

Aldea del Fresno
Al alcalde socialista de esta localidad, José Luis Tello, le retiró una juez sus competencias en materia de Urbanismo en septiembre a petición del Fiscal de Medio Ambiente de Madrid. El PSOE le suspendió de militancia a finales de ese mismo mes.
Ayer se supo que él y su esposa obtuvieron unos beneficios de 1,3 millones de euros en poco más de tres meses al vender a una inmobiliaria los terrenos de una finca rústica en el citado municipio.

Getafe
La denuncia en este caso se refiere a un ex edil socialista del Ayuntamiento de Getafe, Jesús Neira, que tendría intereses en el nuevo desarrollo urbanístico del barrio getafense de Perales del Río. El ex concejal habría firmado contratos con propietarios de suelo en la zona por el que éstos se comprometían a pagar sus gestiones con un 8 por ciento del suelo y a cambio Neira negociaría con el Ayuntamiento la recalificación de ese suelo para la construcción de pisos.

Leganés
El Ayuntamiento socialista adjudicó a su ex concejal de Urbanismo, también socialista, Isidoro Herrero un total de 16 parcelas para construir chalés de lujo. En el pliego de condiciones del concurso sobre ese terreno -3.399 metros cuadrados- se especificaba que debía darle prioridad a la vivienda para jóvenes en las nuevas parcelas. La denuncia, en este caso, partió del portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta.

Morata de Tajuña
La alcaldesa de esta localidad, Concepción Loriente, que era socialista -tras el escándalo se pasó al grupo mixto- aprobó, apoyándose en los votos del PP, un nuevo Plan General de Urbanismo que incluye la construcción de 28.000 nuevas viviendas en un municipio que ahora mismo tiene 6.000 habitantes y que, de llevarse a cabo el plan, alcanzaría los 140.000.

Nuevamente el asunto sirvió para enzarzar a socialistas y populares, y además, «salpicó» a la cúpula del Partido Socialista de Madrid, ya que se supo que las gestoras con las que Rafael Simancas pactó, en periodo electoral, la construcción de 50.000 viviendas sociales en la región crearon a su vez Gecopi, firma que acapara suelo en el municipio de Morata.

Catorce empresas integradas en Gecopi adquirieron terrenos -todavía rústicos- donde podrían ir el 60 por ciento de las 28.000 nuevas viviendas proyectadas por ese Plan de Urbanismo, tal y como publicó ABC (6-VIII-2006). Lo construido sería vivienda protegida.

Torres de la Alameda
El secretario general del PSOE en este municipio ha denunciado que el alcalde, Carlos Sáez (PSOE) ha sacado adelante un avance del Plan General de Urbanismo que planea la construcción en una década de unas 9.000 viviendas. Torres de la Alameda tiene alrededor de 6.000 habitantes, según el último censo. Con el incremento de viviendas previsto en el plan, alcanzaría los 40.000.

Quijorna
La alcaldesa de esta localidad, del PP, vendió una parcela en zona protegida que, con el nuevo Plan General de Urbanismo, pasará a ser urbanizable. Se la vendió al empresario madrileño Fidel San Román, vinculado presuntamente con las tramas de Marbella. El nuevo ordenamiento urbanístico que prevé este municipio -y que obtuvo el apoyo de votos de dos ediles del PSOE- prevé que su población pase de 2.300 a 30.000 habitantes.

Miraflores de la Sierra
Un juez de Colmenar Viejo admitió a trámite la querella de una empresa constructora contra el alcalde de Miraflores, Francisco José Esteban (PSOE), por supuestos delitos de «prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y estafa» para la adjudicación de una operación urbanística. Por otra parte, los vecinos han entregado un «dossier» que recoge las «irregularidades urbanísticas» que, a su juicio, está cometiendo el Ayuntamiento en varias zonas del municipio. José Miguel Jiménez, miembro de la plataforma, explicó que el informe contiene «varias atrocidades que se están llevando a cabo en la construcción de unas 170 viviendas en los proyectos Prado de la Virgen, Las Vitaminas, El Tomillar y Peñalá».

... Y cinco casos más
Rafael Simancas llevó ante la Unión Europea cinco casos de lo que considera irregularidades urbanísticas en otros tantos pueblos del noroeste de la región: Galapagar -el Plan general, denuncian, duplicaría la población pese a un informe que no garantiza el suministro de agua y además amenaza a especies como el águila imperial-; Las Rozas -con la urbanización de 370.000 metros cuadrados protegidos, según asociaciones vecinales-; Torrelodones -el Plan previsto multiplica por 20 la población, insisten los críticos al proyecto-; Rascafría -la plataforma en defensa del valle denuncia que se urbanizaría un espacio natural emblemático sin estudio de impacto ambiental- y Moralzarzal -con un campo de golf en la zona protegida del parque y amenaza sobre varias especies animales, según denuncias de plataformas vecinales-.

http://www.abc.es/20061022/madrid-ma...610220300.html