España se acerca a los 110.000 abortos provocados en el último año

España se acerca a los 110.000 abortos provocados en el último año




J.F.C. MADRID.



Las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en las cuatro principales comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid) han aumentado más de un 19 por ciento en el último año. Y junto a Aragón, el número de abortos supera los 75.000, según los datos oficiales de las distintas regiones. Estas cinco comunidades suponen entre el 69 y el 70% del total de abortos que se registran cada año en nuestro país, lo que significa que, si extrapolamos los datos, en el último año (2006) se habrían producido entre 108.000 y 109.000 interrupciones del embarazo en España, contra las 91.644 registradas en el año 2005. Si se confirman estas cifras, supondría un incremento medio en todo el país de un 17%.
Todo indica que las nuevas cifras del Ministerio de Sanidad sobre IVE en España superarán en cualquier caso y con claridad las 100.000 y serán más del doble de las registradas hace sólo diez años, cuando se produjeron 51.002 abortos. Además, y pese a la provisionalidad de los datos, sí se puede confirmar que sólo entre Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid (al menos 72.893 abortos) suman más interrupciones de las producidas en toda España hace sólo un lustro, cuando en 2001 la cifra alcanzó los 69.857. De estas regiones, Cataluña es la que lleva una mayor velocidad, pues en el último año (2005-2006) pasó de 16.905 abortos a 21.976, un 29,99 por ciento más.
Extranjeras
El número de interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país aumenta año tras año. Si por fortuna se estancase ese número por una vez, en cualquier caso la cifra final superaría la barrera de los cien mil. A los 75.713 (redondeando Madrid en 22.200, según cifras oficiales), habría que añadir 27.719 del resto de comunidades, más ciudades autónomas y mujeres extranjeras que viajan a España con el exclusivo afán de abortar. En total, se superan los 103.000. Esta última cifra debiera quedar (si se mantiene la progresión) entre 108.000 y 109.000, unas tres veces más que la vivida en 1990.
La situación con más detalle que se vive en las comunidades de Andalucía, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, de las que tenemos un mayor número de datos, es la siguiente:
Andalucía. En cinco años, de 11.697 abortos a 18.387. Un incremento en línea con Cataluña, aunque por fortuna se ha detenido algo en el último año con respecto a los anteriores. En lo que respecta a los grupos de menor edad, la situación ha mejorado, ya que han quedado «congelados» los abortos de menores de 15 años (115 por 112 en el último año) y en lo que respecta a las chicas de 15 a 19 años, con un ligero aumento (2.946 por 2.867). El problema es que las interrupciones en chicas de esta edad son más del doble que hace diez años.
Aragón. Mucho más tranquila es su evolución, con respecto a Andalucía, al pasar de 2.148 abortos a 2.820 entre 2001 y 2006, con un aumento medio en el entorno del 6 por ciento anual. Similar a los andaluces en el grupo de edad 15-19 años, esta vez con retroceso (325 por 329 en el último año), pero un incremento evidente entre las menores de 15 años, aunque son números muy pequeños: de siete a once. Puede ser un ejemplo de lo que debe estar sucediendo en algunas regiones de España, con cifras más calmadas que en Cataluña y Madrid, pero...
Cataluña. Tremendo toque en el último año, con un aumento superior al 30 por ciento, lo que supone 5.000 víctimas más entre 2005 y 2006, hasta acercarse a las veintidós mil (21.976 por 16.905). En todos los órdenes, la situación en Cataluña aparenta ser un caos total, con grave peligro para las menores de edad, pues el caso de interrupciones entre las que aún no han cumplido los 15 años casi se duplica: 100 contra 52. Además, en el grupo de 15 a 19 años el aumento es grave, pues pasan de 2.106 a 2.776. Habría que empezar a conocer de que edad son las mujeres (en su inmensa mayoría, extranjeras) que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en las clínicas ahora investigadas por la Justicia.
Comunidad Valenciana. Recién inaugurados los siete mil abortos al año hace un lustro, ya supera los diez mil, con especial incidencia en el último año, al producirse un incremento superior al 10 por ciento. También difícil de entender la evolución seguida por las menores de 15 años (aunque hablemos de números menores), al pasar de 39 abortos a 54. También es significativo que uno de cada dos interrupciones del embarazo se produjo en un centro público, siempre según los datos oficiales.
Futuro incierto
Parece, y según se comprueba el ritmo creciente de cifras y estadísticas, que en España el aborto no tiene posibilidad de un planteamiento nuevo. No se detiene el incremento, ni siquiera entre las menores (un 33 por ciento más entre las que no han cumplido los 15 años, de 210 a 280 y en el último año), y en esa franja de los 15 años a los 19 es constante, con un 3 por ciento de media, hasta superar los siete mil (7.416 en 2006).

http://sevilla.abc.es/20071209/socie...712090245.html

Restos humanos y certificados médicos falsos, en la basura de clínicas abortistashttp://www.larazon.es/img/ico/ico_txt.gifUna asociación halla pruebas de interrupciones ilegales acogidas al «riesgo para la salud psíquica»
En algunos centros, para abortar sólo hay que pagar y escribir el nombre de la mujer en un certificado en blanco.
Javier Brandoli

madrid- Dicen que para conocer la vida de alguien sólo hay que mirar cada día en su cubo de basura. Y eso es lo que hicieron en la Plataforma La Vida Importa. Durante dos años inspeccionaron los desperdicios de sangre, utensilios médicos y restos humanos -literal- que eran abandonados cada noche, de manera ilegal, por algunas de las clínicas abortistas de España. Entre ellas, las que se encuentran bajo investigación judicial en Barcelona, propiedad del doctor Carlos Morín.
La recopilación de todo ese trabajo ha servido para destapar una trama que se movía entre la indiferencia de las administraciones. No era algo oculto. Todo tenía un precio. Precio para las clientas. Precio por el trabajo de los médicos.
De las grabaciones realizadas por los miembros de la plataforma se desprende una primera irregularidad. La ley establece que los restos quirúrgicos se depositen en unos contenedores especiales que se deben recoger e incinerar.
Descubrimientos macabros
Nada de eso pasaba, todo era más cutre y macabro. Decenas de bolsas fueron registradas. De todas se hizo una grabación. Entre las desagradables sorpresas llegaron a encontrar una mano pegada a las sábanas quirúrgicas de papel que se tiraban a la calle. También aparecieron, está registrado, otros restos de fetos. Ésos son los descubrimientos más macabros, pero la bacanal de sangre y excrementos de cada contenedor, tirada en medio de la calle, al alcance de cualquiera, incumplía todas las normas sanitarias.
Sin embargo, cada centro abortista se deshacía de los restos humanos de forma distinta. De hecho, Juan Sánchez, portavoz de la plataforma, explica que «la falta de sangre y restos en las clínicas del doctor Morín nos pareció sospechosa». ¿Qué hacen aquí con los cuerpos?, se preguntaron. La respuesta creen que puede estar en unos documentos del propio centro. Un fax enviado por la Clínica TCB a la empresa STR 2000, que está en poder del juzgado, demuestra que hubo un pedido de dos juntas de triturador. ¿Para qué podría querer una trituradora un centro abortivo? «Es una forma de deshacerse de los restos humanos, que se van por el desagüe», explica Juan Sánchez.
Otra de las graves irregularidades que hallaron los miembros de la plataforma apareció a través de diversos documentos que, presuntamente, demuestran que los análisis psicológicos que practican estos centros a las pacientes están amañados. Al menos, encontraron dos hojas distintas, ya firmadas por dos psiquiatras en las que, con el mismo texto y fechas distintas, se confirma que la paciente sufre alteraciones psíquicas que aconsejan el aborto.
Pruebas psíquicas
El problema es que en ambos casos falta el nombre de la paciente. Es decir, se trataría de formularios ya preparados a la espera de adjudicárselos a una cliente. En otras clínicas, sin embargo, sí hacen rellenar a la mujer un cuestionario para demostrar que su salud mental está en peligro. En el cuestionario se hacen preguntas como: «¿Sus preocupaciones le han hecho perder el sueño?» o «¿se ha sentido capaz de tomar decisiones?»
Este punto es el que reivindican que se debe modificar desde la plataforma. «Pedimos que se cumpla la legalidad y que los certificados médicos los hagan profesionales de la Seguridad Social», explica Juan Sánchez, que añade: «No entramos en temas de conciencia, sólo exigimos exámenes psicológicos reales».
Carta de precios
La independencia del profesional que lleva a cabo el examen médico es importante para esta plataforma, ya que si el análisis lo elabora un empleado de la clínica es fácil pensar que todas las solicitudes de interrupción del embarazo se van a permitir. En muchos casos, aunque el estado de gestación sea superior a las 22 semanas, límite legal para los abortos regulados por malformación del feto, o las 12, para los casos de violación, los daños psíquicos se convierten en abortos a la carta sin fechas ni reglas. Ése es el principal reclamo del rentable negocio.
Todo está regulado. El precio que se cobraba a las clientas y el dinero que se llevaban los médicos, que, presuntamente, cobraban la mayor parte de sus honorarios en dinero negro. Diversos documentos captados por la plataforma detallan los honorarios que recibía cada doctor. Por ejemplo, un facultativo recibió entre el 23 y el 28 de abril de este año 1.440 euros. El desglose de su pago es el siguiente: cobró dos interrupciones de embarazo de menos de 12 semanas a 120 euros, 60 cada uno («inicios», le llaman); por 13 «Ives peq», abortos de menos de 22 semanas, cobró 780 euros. Cada intervención se pagaba también a 60 euros. Los «Ives gran», gestación superior a las 22 semanas, se pagaban a 90 euros; en total practicó nueve y facturó 540 euros. No era la clínica del doctor Morín la que más pagaba. Otra clínica catalana elevaba esos 90 euros a 92,5. En este caso, un doctor facturó 1.017 euros por 11 interrupciones, cinco realizadas en Barcelona y seis en Gerona.
Pero no sólo hay papeles sobre los pagos de los médicos. También se toparon con documentos que muestran lo que pagaban los clientes.
Un papel escrito a mano con fecha de 6 de julio de 2005 muestra cómo una mujer de 20 años y con un estado de gestación de 26 semanas debía pagar 3.200 euros. Sin embargo, cuando le realizaron la ecografía descubrieron que estaba de 29 semanas y la factura subió a 4.000 euros. A otra clienta, de nacionalidad suiza, de 33 años de edad, le cobraron un total de 3.500 euros. En este caso, el «pack» incluía dos reservas de hotel para sus acompañantes, madre e hijo, según figura en el documento.




http://www.larazon.es/5136/noticia/S...cas_abortistas