Aquí os dejo este gran artículo de un gran profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor Àlex Seglers:

El País y el PSOE: la Iglesia, a portada
¿Imaginan una ley que obligara a la Iglesia a aceptar el sacerdocio femenino "por paridad"?
En su edición de 11 de junio de 2008 El País anunciaba que una red de católicos de base recogía firmas en favor de un Estado más laico. Al parecer, este grupo llamado “Redes Cristianas” criticaba en su manifiesto el “semiconfesionalismo encubierto” del Estado, y abogaba por una serie de objetivos tendentes a acabar con el clericalismo.

Por ejemplo, la discriminación de la mujer dentro de la Iglesia; la presencia de la religión en las escuelas; o el intolerable abuso de la libertad de expresión que se da en la COPE.

En cuanto a la supuesta discriminación femenina, esto es algo en lo que el Estado, si verdaderamente es laico, no puede entrar. Si los integrantes de Redes Cristianas, en su condición de católicos, no están conformes, pueden intentar cambiar las cosas, pero deben hacerlo desde dentro, sirviéndose de los cauces previstos en el Código Canónico.

Intentarlo desde fuera, presionando al legislador para hacer valer sus pretensiones, vulneraría la autonomía interna de las iglesias, que es un derecho reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución, en virtud del cual pueden organizarse siguiendo la tradición histórica. ¿Se imaginan una ley estatal que obligara a la Iglesia Católica a aceptar el sacerdocio femenino?

En cuanto a la clase de religión, las últimas sentencias del Tribunal Constitucional han declarado unánimes que tanto la designación del profesorado como la asignatura de religión católica son plenamente constitucionales.

Otra cosa es que vía reglamentaria se devalúe esta enseñanza. Pero no hay dudas sobre su validez, pues se trata de otro derecho fundamental: el 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a la formación moral y religiosa de sus hijos.

Lo de la COPE tiene más enjundia política que jurídica, pese a la condena recaída contra Federico Jiménez Losantos por injurias graves a Alberto Ruiz Gallardón.

Habrá que estar atentos al presumible cambio de ciclo en la emisora. Pero de lo que no cabe duda es que, hoy por hoy, será difícil encontrar un sustituto tan rentable económicamente como el lenguaraz y culto periodista. Su mérito: haber fidelizado a un sector de la sociedad compacto y numéricamente considerable.

Pero las noticias sobre la Iglesia no se detienen aquí. También TV 3, por medio de Raquel Sans, se hacía eco en su informativo noche del 12 de junio de una iniciativa colectiva que reunía más de 300 firmas para apostatar.

Sin mencionar que la Iglesia reconoce la libertad religiosa de sus fieles, y que a diferencia de otras confesiones éstos pueden ejercer la apostasía sin ser ello un delito, no se acaba de entender la cobertura mediática de este tipo de noticias que, cuando puntualmente se producen, monopolizan la cuota de pantalla en prime time.

Al margen de los criterios periodísticos, debería hacerse un mayor esfuerzo de pedagogía informativa en todo lo que afecta a la religión y, muy especialmente, a la Iglesia Católica. Raquel Sans pertenece a una generación que por la Iglesia no siente ni adhesión ciega ni rechazo visceral, más bien sana indiferencia.

Lo que ocurre es que el anticlericalismo no es agua pasada. La Iglesia debería ser consciente de ello. En sistemas políticos democráticos, con libertades públicas consolidadas, las noticias sobre la religión no precisan de tendenciosidades varias.

Probablemente –salvo Francia y aún con muchos matices– hay que recordar que no existen Estados tan laicos o desconfesionalizados como el español.

Y si, como dijo María Teresa Fernández de la Vega, debe reformarse la LOLR para avanzar en la neutralidad estatal en sintonía con “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, una de dos: o la vicepresidenta no conoce esas sentencias o es que ahora se ha empeñado en satisfacer las peticiones de los amantes de la religión en libertad, puesto que esa jurisprudencia es la misma que durante años ha acuñado un concepto nuevo: el de la “laicidad positiva”, que ampara sin fisuras la cooperación del Estado con la Iglesia al servicio de las personas, sean o no católicas.