Rajoy no dice nada sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio gay

En una entrevista de una hora en la COPE este martes en la que no se le preguntó sobre el tema, así como en sus últimas apariciones públicas, el líder del PP no aclara si presentará alegaciones antes del día 30

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, no ha dicho en los últimos días absolutamente nada sobre la reciente reforma que permite casarse a dos personas del mismo sexo, particularmente sobre el recurso de inconstitucionalidad que su fuerza política está estudiando y cuyo plazo finaliza el día 30. Su silencio incluye todas las apariciones públicas en las que se ha referido a diferentes temas de interés ciudadano y, sobre todo, la entrevista de casi una hora que le hizo este martes por la mañana la cadena COPE, dentro del programa La mañana, dirigido por Federico Jiménez Losantos. Ni el presentador del espacio radiofónico ni los contertulios que le acompañaban en la mesa del estudio, entre los que se encontraba el director del diario EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, preguntaron nada al jefe de la oposición sobre el tema.

Rajoy habló mucho, en la COPE, de la última reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente de la falta de acuerdos en temas fundamentales como el modelo territorial y las reformas estatutarias. Explicó algunos de los temas que había planteado el lunes en La Moncloa, y destacó lo que más le preocupa. Pero no dijo ni una palabra sobre el matrimonio homosexual, una ley aprobada a finales de junio con una mayoría muy apretada en el Congreso, con la oposición del PP y con un veto del Senado que estuvo apoyado también por los populares. Como mínimo, este silencio resulta extraño no sólo por parte del político gallego, sino también por la omisión de los responsables de la cadena radiofónica de la Conferencia Episcopal, que hablan constantemente de esa reforma del Código Civil como un “atentado contra la familia” y luego parece que no se atreven a preguntar nada a quien teóricamente está coordinando la preparación de un recurso de inconstitucionalidad.

Mientras se agota el plazo para entregar esas alegaciones ante el Alto Tribunal, un instrumento que requiere el apoyo de 50 diputados o senadores y que no paralizará la vigencia de la ley, siguen anunciándose cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por jueces españoles ante algunas solicitudes de bodas entre gays o lesbianas. El último caso conocido es el de la juez del Registro Civil de Burgos María Luisa Miranda, que se une así a sus colegas de Denia (Alicante) y Telde (Gran Canaria).

La juez burgalesa presentó el lunes su pregunta ante el Tribunal Constitucional amparándose en el artículo 32 de la Constitución española, donde se dice que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Para María Luisa Miranda, ese mandato constitucional indica que “la heterosexualidad es el elemento identificador de la institución del matrimonio”. En la misma línea, la jurista añade que el matrimonio entre personas del mismo sexo “tampoco encuentra apoyo ni en resoluciones del Parlamento Europeo ni en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”.

No hay novedades, pero tampoco se descarta

El Partido Popular, después de haber anunciado entre junio y julio, a través de fuentes no oficiales, que estaba estudiando la presentación del recurso de inconstitucionalidad, asegura que todavía no hay novedades de momento. De todas formas, si no se producen cambios de última hora, el principal partido de la oposición debería impulsar la presentación de las alegaciones en los próximos días, ya que no tendrá problemas para cumplir el requisito de reunir el apoyo del medio centenar de parlamentarios, que incluso podrían incluir a miembros de otros grupos, especialmente Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria e incluso algún socialista. Estamos, pues, en la recta final del plazo de tres meses para este instrumento.

El argumento central de las alegaciones será la ruptura del pacto constitucional que supone la modificación del artículo 44 del Código Civil, donde se afirmaba textualmente, antes de la reforma, que “hombre y mujer tienen derecho a contraer matrimonio”. El principal motivo de esa violación es que la Carta Magna, en su artículo 32.1, dice exactamente lo mismo: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Por tanto, para que la norma aprobada por el Parlamento sea constitucional, se necesitaría una modificación o, en su defecto, la derogación o un nuevo inicio del trámite parlamentario. Se da la circunstancia de que, en el matrimonio homosexual, el ejecutivo no ha llegado a ningún consenso con el PP, algo que, por el contrario, es imprescindible para cambiar cualquier punto de la Constitución.

La inconstitucionalidad del proyecto ya ha sido aludida, de diversas formas, en sendos escritos elaborados y hechos públicos recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y la Academia Española de Jurisprudencia. Las tres instituciones coinciden en la idea de que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden equipararse al matrimonio. También expresan sus dudas sobre la adopción a la que tienen acceso ahora automáticamente dos hombres y dos mujeres por el hecho de casarse.