Revista FUERZA NUEVA, nº 54, 20-Ene-1968
NO A LA MONARQUÍA LIBERAL: “El futuro rey deberá jurar fidelidad a los principios del Movimiento”
DECLARACIONES DE BLAS PIÑAR AL DIARIO “INFORMACIONES”
Por considerarla de sumo interés para nuestros lectores, reproducimos la entrevista concedida por el presidente de Fundadores de FUERZA NUEVA, Blas Piñar, al diario “Informaciones”, publicada el día 4 de enero de 1968. Creemos que la sinceridad y valentía con que se abordan los problemas candentes que España tiene planteados -Monarquía, bases americanas, Consejo Nacional, sucesión y legalidad, etc.- vienen a ser una declaración magna de ciertos principios inconmovibles y de ciertos postulados que han de ser tenidos en cuenta en el futuro político español.
P. -Las previsiones sucesorias ofrecen dos salidas, a la hora, natural e inevitable, del relevo en la Jefatura del Estado. En el momento actual de España, de cara a una mayor seguridad en el futuro, por cuál de ellas se inclina usted: ¿regencia o monarquía?
R. - Para llegar a la contestación que le la pregunta requiere hay que decir algo que le sirva de apoyo.
No cabe oponer regencia a monarquía, puesto que aquélla supone que la monarquía existe. La regencia no es un régimen político, sino una fórmula arbitrada dentro de la monarquía para suplir la falta de un rey o al menos de un rey en ejercicio. Así, doña María Cristina fue la Reina Regente, y así, en un sector del campo carlista, se habla hoy de la Regencia de Estella.
Partiendo, pues, de que no hay oposición entre regencia y monarquía, mi contestación a su pregunta es la siguiente: Me inclino por un rey y no por un regente. Pero si el rey que fuera propuesto no reuniese, conforme a nuestro Derecho constitucional (*), las cualidades requeridas, me inclinaría por un regente. La ley Orgánica del Estado, prevé con acierto esa posibilidad.
La legitimidad de la monarquía arranca del 18 de Julio
P. -¿Cree usted que sería viable el acceso de una monarquía que tuviera que jurar previamente su fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional?
R. -No sólo lo creo viable, sino que es la única posible. Para mí, la legitimidad de la monarquía arranca del 18 de Julio y de su desarrollo constitucional (*). Es decir, que según mi punto de vista -y con independencia de la persona que sea llamada-, la monarquía se funda y no se restaura, careciendo, por tanto, de legitimidad histórica. Por supuesto, una monarquía liberal, como la que propugnan ciertos grupos en España, no tiene nada que ver con el Movimiento ni con las fuerzas políticas que lo vitalizaron. Quienes han asumido la defensa de la monarquía liberal o esgrimen legitimidades históricas -que no todos los monárquicos españoles comparten- se oponen a una República presidencialista continuadora del Movimiento.
Ahora bien, como el sistema republicano queda excluido de la Ley Orgánica, la monarquía está en periodo de fundación y no de restauración, y sólo el futuro monarca que jure fidelidad a los Principios del Movimiento puede reinar; la monarquía que no sea continuadora del Movimiento es constitucionalmente inviable en nuestro país.
Los acuerdos U.S.A., subordinados a Gibraltar
P. -Política concreta: ¿Renovaría usted en estos momentos los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos de América del Norte, teniendo como base la supervivencia de unas bases militares conjuntas en nuestro territorio?
R. -Nuestra política en relación con los Estados Unidos se debe revisar. Hace mucho que vengo propugnándolo. Esta revisión debe realizarse sin nerviosismo, con aplomo, teniendo en cuenta los intereses de España, su papel estratégico y la defensa del mundo libre.
Cuando he criticado a la Administración norteamericana lo he hecho como español y como ciudadano de un país que sabe por experiencia lo que significa la opresión comunista, no para integrarme en la postura fácil de los que critican al poderoso por serlo, ni menos aun de los que hacen el juego al marxismo, cuya meta es la desintegración de la sociedad norteamericana, su debilitamiento y su retirada militar de aquellos lugares donde su presencia, y en algunas partes su sacrificio, sirve de contención al avance comunista.
Los Estados Unidos están pagando ahora (1968) con creces los graves errores cometidos por su Administración en la esfera internacional, y muy especialmente al término de la última contienda. También estimo que aún ahora su política es confusa. Por ejemplo, no se explican con facilidad su actitud en Cuba y en el sudeste asiático, su envío de tropas al Vietnam y sus relaciones comerciales amplias y cada día más generosas con los países comunistas, proveedores del Vietcong. Por estas razones, España, que tiene, además, la dolorosa experiencia del comportamiento norteamericano ante el problema de Gibraltar y ante la apresurada “descolonización” en África, debe medir con cautela todos sus pasos.
España, según mi modo de ver, no puede rehusar un puesto de vanguardia en la defensa del mundo libre. Si los técnicos consideran que, con ese fin, las bases militares conjuntas son una necesidad, deben aceptarse. Pero la asunción de las obligaciones y riesgos que comporta tan gallarda postura debe ser correspondida con un cambio de posiciones de la Administración norteamericana y de las naciones a cuya defensa España contribuye. En esta línea, la renovación de los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, aparte de ciertas correcciones, quedaría subordinada a la reintegración inmediata de Gibraltar y al libre acceso de España, si así nos conviene, a todos los mecanismos militares y económicos del mundo libre, incluyendo, claro es, el Mercado Común. Sin esas condiciones, me negaría a renovar los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos.
La revolución joseantoniana no consiste en tirar todo por la borda
P. -Algunos historiadores mantienen la tesis -que determinados falangistas han hecho suya- de que España tiene pendiente una revolución en vez de la revolución francesa. Caso de que, a su juicio, fuera cierto, ¿de qué tipo cree que debe ser esta revolución (…)?
R. -Ya estoy un poco cansado de las palabras huecas. Una de las que lleva más fuerte contenido, pero que el uso va malgastando, por el bagaje diferente que alberga, es la palabra revolución. La revolución, en el lenguaje joseantoniano, no consiste en tirar todo por la borda y empezar de nuevo sobre la nada. En la mente clara y serena de José Antonio, la tarea revolucionaria consiste en aprovechar lo bueno del pasado, desechando lo inútil, caduco y envejecido, y construir con las nuevas aportaciones que demandan las exigencias del tiempo. La Patria, el pan y la justicia me parecen los postulados de una revolución total, que afecta no a este o a aquel aspecto concreto que usted me señala, sino a la sociedad española en su conjunto, y a cada español en particular. En este sentido, España debe vivir con permanente espíritu revolucionario.
Nuestra revolución, como canta un himno de nuestras juventudes, viene del fondo del pasado, es decir, halla sus raíces en el genio mismo de España, en su tradición y en su conciencia histórica. En la medida en que tantos y tan múltiples órdenes como la vida nos ofrece, la patria, el pan y la justicia lleguen a todos los españoles como algo vívido y tangible, en esa misma medida estamos embebidos por una noble tarea revolucionaria.
Arrancar de 1789 y del ejemplo de un país vecino, como fecha de una revolución pendiente, lo considero equivocado. La revolución nacional española comenzó el 18 de Julio de 1936. Que algunos no lo hayan entendido así y que otros procuren desviarla, contradecirla o sencillamente “aguarla” es un problema distinto, ante el cual la “minoría inasequible al desaliento” debe comportarse como la urgencia del caso exija.
La unidad católica es un bien superior que los papas piden que mantengamos
P. -Las religiones no católicas con miembros o comunidades en España han manifestado, reiteradamente y de cara a su inscripción en el registro oficial creado al efecto, que “la Ley es la Ley y tenemos que acatarla”. Pero no ocultan su preferencia por la Ley que el Gobierno remitió a las Cortes antes que por la que salió de estas últimas. Dada su intervención en la redacción definitiva de este texto legal, ¿considera justificada esta postura de los miembros de las confesiones no católicas?
R. -El proyecto de Ley que el Gobierno remitió a las Cortes fue, como era lógico, objeto de discusión. Los “placet” que obtuvo previamente no eran más que un “nihil obstat”, pero no una aprobación explícita de un texto que era lógicamente susceptible de retoques y mejoras. De no entenderlo así, hubiera bastado el pase regio concedido por el Estado al decreto conciliar sobre la libertad religiosa.
Por otro lado, el mismo decreto conciliar advierte el derecho civil a la libertad religiosa debe ser regulado en cada país, y por sus autoridades, conforme a unos principios que la doctrina señala y de acuerdo con las circunstancias variables de cada nación.
Pues bien, si la legislación de nuestro Estado se inspira en la doctrina católica y, por tanto, en el decreto conciliar, “hic et nunc” se ha regulado, no la libertad religiosa como libertad moral, ni un género de libertad religiosa inspirada en postulados nacidos al margen del catolicismo, sino el derecho civil a la libertad religiosa tal y como la Iglesia católica lo concibe y según las circunstancias concretas que en nuestro país concurren.
Cuando se dice, por ejemplo, que no hay verdadera libertad religiosa mientras el Estado sea aconfesional, se desconoce la doctrina de la Iglesia católica sobre un tema tan importante, como se desconoce cuando se tacha de conservadora a una Ley que trata, sin menoscabo del derecho civil que reconoce, de que se mantenga la unidad católica de España, que es un bien de orden superior que los Papas, incluyendo a Pablo VI, nos piden con tesón que mantengamos. Que la unidad católica de España se ridiculice por algunos estamentos, incluso eclesiásticos, poniendo sobre el tapete estadísticas y alegando presiones externas, no contradice un hecho palpable que los supremos Pastores de la Iglesia han reconocido públicamente.
Con este esquema se comprenden las rectificaciones, escasas por cierto, que la Cámara introdujo en el proyecto de Ley. Pero lo que importa, dada su pregunta, es subrayar que no se hizo ninguna modificación sustantiva a las normas relacionadas con el registro de las confesiones acatólicas. Tales normas, salvo en lo que afecta a los miembros integrantes de la comisión creada al efecto en el Ministerio de Justicia, se aprobaron por unanimidad y coinciden, por tanto, con las del proyecto.
La unidad sindical es una aspiración que aquí tenemos
P. -La libertad. de asociación y de huelga -previas las modificaciones legales a que hubiere lugar- son dos aspiraciones manifestadas de forma reiterada en los acuerdos oficiales y legales, de algunos Consejos Provinciales de Trabajadores y Empresarios. Las respuestas conocidas a la última consulta-informe sobre la nueva Ley sindical lo ponen de manifiesto. ¿Cuál es su opinión sobre estas reivindicaciones laborales?
R. -Se refiere usted, sin duda, a la esfera sindical cuando habla de la libertad de asociación. Mi criterio es que bajo la pretendida libertad se pretende una debilitación del sindicalismo, la fragmentación y el enfrentamiento de los trabajadores entre sí, de los obreros con los empresarios, y en última instancia un quebranto de la economía. En el mundo en que vivimos, la unidad sindical es una aspiración. Aquí la tenemos y sería una estupidez perderla. Eso no quiere decir que nuestro sindicalismo deba estar amordazado o uncido. Pero el Sindicato único, con una fuerza motriz al servicio de la nación, debe permanecer y perfeccionarse. La libertad en el Sindicato y con fines sindicales se debe garantizar, pero la pluralidad de organizaciones obreras o empresariales sería un retroceso que conllevaría graves consecuencias y de los que serían víctimas, en primer término, los propios trabajadores, con cuya seguridad especulan unos cuántos teóricos bien acomodados.
Con lo dicho basta para entender cuál sea mi opinión con respecto a la huelga. Ya sé que la huelga, como la guerra, conforme la doctrina conciliar, son lícitas en casos extremos. Pero precisamente para que tales casos extremos no se produzcan, nuestro Estado no se cimenta sobre los principios liberales. El Estado que nació de la Cruzada y que debe hallarse al servicio de la revolución nacional, no puede ser un mero espectador de la vida económica y de las relaciones laborales, sino que debe arbitrar un dispositivo que haga innecesaria la huelga como recurso “in extremis”, y ello, no por la presión coactiva que la impida, sino por el juego inmediato de una intervención que hace descansar tales relaciones en la equidad y en la justicia.
Si la huelga se admite hoy, hay que confesar que el Estado renuncia a la misión de justicia social que había asumido, retrocediendo a posiciones liberales, o que, amedrentado y sin fe en sí mismo, acepta otro tipo de huelga, como, por ejemplo, la huelga política que propugnan nuestros adversarios.
P. -Si el cese de las actuales anormalidades estudiantiles estuviera condicionado a un reconocimiento del llamado “Sindicato Democrático”, ¿abogaría usted por la legalidad de este organismo, actualmente ilegal?
R. – No creo que la legalización del “Sindicato Democrático” evitara la alteración del orden en la Universidad. Al contrario, convertiría a la Universidad en un reducto privilegiado y legalmente protegido para la subversión política. La erosión ideológica del S. E. U. y el desmantelamiento posterior de sus estructuras desvitalizadas deben servir de ejemplo a los rectores de la política española.
En las Cortes, representación del país y no de partidos
P. -Dada la configuración actual de las Cortes, ¿corren el peligro de ser de “aplauso, amén y silencio” como las calificó el señor García Valdecasas?
R. -No lo creo. La opinión que aduce es muy respetable, pero no la comparto.
P. -Partiendo de la base de unos pareceres contrastados, ¿qué tendencias políticas destacaría en las actuales Cortes españolas?
R. -Las tendencias políticas se manifestarán en las Cortes cuando se pongan a debate leyes de importancia. No olvidemos que, en principio, los procuradores en Cortes no pueden estar vinculados por mandato imperativo alguno. Si lo estuviesen, habrían cometido un fraude. Ante cada disposición concreta, los procuradores expondrán sus puntos de vista, y sólo examinándolos podremos captar cuál sea, dentro del contraste de pareceres, su peculiar tendencia. La pregunta que usted me hace presupone la existencia de unos partidos y la representación de tales partidos, y no del país, en las Cortes españolas. Como la pregunta arrancan de un hecho ilegal, no puedo darle otra respuesta.
P. -¿Cree usted, sinceramente, que el XI Consejo Nacional del Movimiento responde al concepto aperturista y de movilidad que configura en sus declaraciones de principios nuestro Régimen político?
R. -El funcionamiento del Consejo demostrará si obedece o no a las declaraciones doctrinales que usted apunta. Hasta aquí, el Consejo ha sido un organismo casi mudo. Preveo que en la etapa que ahora iniciamos va a cambiar de signo. Francisco Labadie, en una intervención muy sincera, hizo constar que el Consejo puede ser todo o nada en la vida política del país. Ello depende, en gran parte, de la tenacidad y del patriotismo de los consejeros, pero en gran parte también de las estructuras que hasta la fecha han asumido la dirección del Movimiento.
Para mí, del Movimiento Nacional, a través de su Consejo, han de depender tales estructuras. Solo así tendrán vida, responderán a las inquietudes de aquellos que lo integran y no discurrirán, hasta en sus órganos de expresión, como ahora sucede en ocasiones, por vías que estimo, con todo respeto, se hallan fuera o en contra de la doctrina fundamental. Precisamente el respeto y la salvaguardia de esta doctrina postulan el contraste de pareceres, que yo practico desde hace tiempo y que ahora hago patente al contestar a sus preguntas.
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