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POSIBLE EVOLUCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS
Algunos analistas y políticos, empeñados en aterrorizar al ciudadano con todas las catástrofes imaginables para el caso de que España abandonara la zona Euro, han llegado a afirmar que el PIB se contraería un 60%. Esto es obviamente un disparate y la historia de las trece devaluaciones, explicada anteriormente, lo confirma. Tampoco tienen razón quienes afirman que el abandono de la zona euro implica la obligación de dejar la Unión Europea; el que este supuesto de abandono no esté previsto en los tratados en absoluto puede llevarnos a esta conclusión. En principio, ningún país está interesado en que otro sea expulsado de la Unión Europea y, por lo tanto, siempre se encontrará un acomodo para esta situación. Sin duda, el proceso es duro y traumático pero mucho menos de lo que nos quieren hacer creer.
Existen distintos supuestos:
A. El abandono de la zona Euro por parte de Alemania y algún otro país de economía fuerte como podría ser Holanda o incluso Francia. En este caso, quedaría una zona Euro con países de economía débil, entre ellos España. El Euro sufriría una fortísima devaluación que permitiría a los países que quedaran en su zona recuperar, al menos en parte, la competitividad perdida. Esta sería para España la opción menos traumática y no es del todo descartable ya que los últimos sondeos reflejan que un 42% de los alemanes desean que su país abandone el euro.
B. La disolución total de la zona Euro. Tampoco es una solución totalmente descartable para el caso de que las cosas se pongan muy mal y Francia y Alemania vean que es imposible seguir financiando la costosa y creciente deuda pública de los países PIIGS. Para España no sería mala pues, siendo pactada, el porcentaje de quita tanto de la deuda pública como de la privada habría sido previamente decidido por acuerdo de todos los países.
C. El supuesto más complicado sería el de que España tomara la iniciativa política de abandonar la zona euro o fuera empujada por los mercados o por la salida de otro de los países periféricos. Un país como España con un fortísimo endeudamiento frente al exterior e importantes déficit comercial y presupuestario queda siempre a expensas de las decisiones de los mercados. Hasta ahora, el Banco Central Europeo está consiguiendo contrarrestar la presión de éstos pero no sabemos por cuánto tiempo los alemanes van a seguir soportando que el balance del banco se infle desmesuradamente.
En este supuesto, una hipótesis sobre la posible evolución de los acontecimientos podría ser la siguiente:
1. El Gobierno tomaría la decisión durante un fin de semana con los mercados cerrados y los mantendría sin abrir durante al menos una semana.
2. Inmediatamente se iniciarían negociaciones con todos los países acreedores para acordar las quitas, tanto de la deuda pública frente al exterior como de la de bancos, cajas e instituciones financieras con entidades o residentes extranjeros. Estas negociaciones llevarían tiempo y, mientras duraran, España suspendería de forma inmediata el pago al extranjero de su deuda pública, incluyendo intereses y principal.
3. Habida cuenta de que el sistema bancario español tiene una deuda externa de más de 500.000 millones de euros, la devaluación de la moneda nacional implicaría la quiebra de muchos bancos y cajas que deberían ser temporalmente nacionalizados. El Banco de España pondría al frente de cada entidad nacionalizada a un empleado de alto nivel que hiciera posible que las instituciones funcionaran con normalidad y continuaran concediendo créditos y respondiendo a las demandas de sus clientes. El Estado recapitalizaría los bancos y cajas quebrados y los reprivatizaría en un plazo posiblemente no superior a tres años.
4. Todos los depósitos bancarios, cuentas corrientes, créditos, deudas, contratos y obligaciones entre residentes en España serían, por Decreto Ley, denominados en Euros “E” o Euros españoles. El ciudadano ordinario no percibiría ningún cambio, excepto si viajara al extranjero o comprara bienes importados.
5. Los contratos deudas y obligaciones entre particulares o entidades no financieras residentes en España y entidades financieras o no financieras y particulares residentes en el extranjero serían, en su caso, objeto de negociación privada entre las partes.
6. Todos los billetes detentados en España serían estampillados por los propios bancos convirtiéndose así en Euros “E” o Euros españoles, y ello como medida provisional hasta que se decidiera sobre la denominación, diseño y puesta en circulación de la nueva moneda nacional, operación que podría llevar de seis a doce meses. Los residentes en España poseedores de billetes estarían obligados a llevarlos a los bancos para su estampillado. Los residentes en el extranjero en viaje por España podrían sacar al extranjero una cantidad limitada de Euros “fuertes” en billetes no estampillados o en metálico. Las monedas en circulación seguirían siendo válidas hasta que se sustituyeran por otras de distinto diseño y denominación pero con las mismas dimensiones y peso para facilitar su uso en cajeros y máquinas.
7. El Banco de España llegaría a acuerdos con banco privados extranjeros para depositar en ellos divisas que permitieran a los comerciantes seguir importando mercancía y mantener el tráfico ordinario.
8. El Banco de España fijaría diariamente el tipo de cambio oficial para la compra y venta de divisas con moneda nacional. Se estima que la moneda nacional sufriría inicialmente una devaluación con respecto del Euro del orden del 40% al 60%, aunque al cabo de algunos meses recuperaría, quizá, entre 10 y 15 puntos porcentuales de la pérdida inicial.
9. La economía, impulsada por el turismo y las exportaciones, empezaría a reanimarse en muy pocos meses, lo que repercutiría en los ingresos públicos, en la reanimación del sector inmobiliario, sobre todo en las zonas turísticas, y en la disminución de la morosidad del sistema bancario.
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Ciertamente, todo esto es más complicado y asusta mucho más que hacer unos cuantos recortes en el gasto de la Administraciones Públicas, subir algo los impuestos, introducir un par de retoques en la normativa laboral y esperar a que los acontecimientos y el tiempo arrastren al país a una situación de total depresión económica y social o a que un milagro lo saque de este marasmo. Pero hay que entender que no estamos en un debate intelectual de salón, sino que lo que está en cuestión es la elección de una estrategia que puede conducir al desempleo y miseria o al bienestar de millones de españoles durante muchos años. Los ciudadanos tienen derecho a esperar de sus dirigentes políticos e intelectuales claridad de juicio, valentía y decisión para adoptar las medidas necesarias, aunque asusten y pongan en riesgo su propio prestigio. Nunca la indecisión y la inacción han sido el fundamento de una buena estrategia.
