Tema: Nueva Granada

Gobernación de los Llanos


Comprende las ciudades de Santiago de Casanare, Chire y Pore, la parroquia de Nunchía y los pueblos de indios de San Guillermo de Arimena, Chámeza, San Luis Gonzaga Casimena, San Juan Francisco Regis Surimena, Macaguane, Tame, Betoyes, Patute, Manare, Ten, Piñal, Támara, Morcote, Cravo, Paya, Pisba, Labranzagrande, San Agustín Guanapalo, San Miguel de Macuco, Santa Rosa de Cabapuna, San Pablo de Guacacía, San José de Caviuna, San Nicolás de Buenavista, Puerto y Aguaviva. El virrey provee al gobernador y se nombran corregidores para el Meta, Casanare, Medina y Cuiloto.


- Gobernador político y militar proveído por la Suprema Junta Central: don Luis Lasqueti, teniente de navío de la Real Armada. La Suprema Junta Central le concedió también el corregimiento de Támara el 31 de julio de 1809. Salió de Cádiz el 5 de noviembre y llegó a Cartagena el 24 de diciembre de 1809. Casado con doña Josefa Bayo, solicitó permiso para residir en Morcote. Reemplazó al capitán don Remigio María Bobadilla y Castejón, proveído por el Rey.


- Corregidor de Casanare: don Francisco Reguero.


- Corregidor juez ordinario del partido de misiones del río Meta: don José Planes.


- Corregidor de Medina: don Dionisio Ojeda, administrador de correos y comisionado de diezmos de las ciudades de San Juan y San Martín del Puerto.


- Corregidor de Cuiloto:


Cabildo de Pore


- Alcalde ordinario de primer voto: don Miguel Serrano.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don Florencio Jiménez.


- Alcalde de la Santa Hermandad: don Javier Quintero.


- Notario público y eclesiástico de Pore: don Juan Nepomuceno de Sierra.


- Alcalde pedáneo del partido de las Mesas: don Cayetano García.


- Alcalde partidario de Nunchía: don Ignacio Santos de Olmos.


- Alcalde de Guanapalo: don Vicente Pinzón.


- Alcalde del partido de la costa del río Cravo: don Francisco Gómez.


Ciudad de Santiago de las Atalayas


- Alcalde ordinario de primer voto: don Toribio Fernández.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don Mariano Acero.


Cabildo de la ciudad de Chire


- Alcalde de segunda nominación: don Francisco Orcasitas.


Nota: dos jóvenes fueron ejecutados este año en esta gobernación. Uno de ellos era José María Rosillo, natural de Santa Fe y sobrino del canónigo magistral doctor Andrés Rosillo, de 21 años de edad poco más o menos, quien había servido recientemente como cadete en el regimiento fijo de Cartagena. Instruido por su tío salió de Santa Fe con el objeto de embarcarse por la Guayana rumbo a Europa, para presentarse ante la Suprema Junta de España y las Indias a dar testimonio de la situación de Santa Fe y de una supuesta intención del Virrey y de algunos oidores de la Real Audiencia de entregar este Reino a los franceses. El otro joven era Vicente Cadena, natural de la provincia del Socorro. Viajaban acompañados por don Carlos Salgar, natural de Girón, sobrino del cura de Gachetá, don Juan Nepomuceno de Silva, y de otros individuos. Se dice que atravesaron esta provincia diciéndole a los indios que les iban a quitar los tributos y prometiendo a los demás habitantes que los liberarían de los pechos de alcabala, y sosteniendo otras infundias tales como que Su Majestad Fernando VII había sido decapitado, que José Bonaparte reinaba tranquilamente en Madrid, y que los franceses estaban a punto de entrar a las Indias para apoderarse de ellas. Así llegaron el 9 de febrero de este año al pueblo de Guanapalo, acompañados por treinta hombres armados, y arrestaron al corregidor del partido del Meta “en nombre del rey Fernando VII y de la Patria”. Al amanecer del día 15 del mismo mes se presentaron en la ciudad de Pore y con estrépito entraron a la casa del señor gobernador de la provincia, y se apoderaron de las armas, pólvora y demás pertrechos que se encontraban allí, destinados al servicio del soberano. Como la ciudad se hallaba desnuda de hombres que pudieran contrarrestar su felonía consiguieron huir. Sin embargo, una partida de soldados enviados por el Virrey, a demanda del señor gobernador, logró capturarlos. La Audiencia envió un juez letrado a instruirles sumario y a sentenciarlos sin necesidad de consultar a este tribunal, y los hizo ejecutar. El doctor Pedro Ignacio Nieto, alcalde mayor provincial de Tunja, asesoró al gobernador Bobadilla en esta apresurada causa sumaria, y así fue como la partida de soldados regresó a Santa Fe el 13 de mayo siguiente trayendo las cabezas de los jóvenes Rosillo y Cadena.



Gobernación de los Llanos y Cabildos de Pore y de las ciudades de Santiago de las Atalayas y Chire | banrepcultural.org

1903, EEUU creador de Estados: Panamá. Por DrVT:


En 1831, al estallar la guerra civil neogranadina, Panamá se separó durante algo más de un año de Nueva Granada, con la intención de formar una Confederación Colombiana, manteniendo su autonomía. En 1855 se creó el Estado de Panamá, federado a Nueva Granada (actual Colombia). La primera referencia expresa a derechos de intervención militar de Estados Unidos en Panamá, aparece en el tratado Mallarino-Bidlak, de 1846 (dos años antes de la publicación del Manifiesto Comunista, que quede claro), firmado entre Washington y Bogotá. El documento otorgaba a Estados Unidos autorización para construir un ferrocarril transistmeño, cuya terminal atlántica sería la isla de Manzanillo, en la bahía de Limón. Con la línea férrea, Estados Unidos pretendía, por un lado, obtener una vía más rápida para unir su costa este con la oeste; y, por otro, contrarrestar la presencia británica en la zona, especialmente en Nicaragua.


Construcción del canal:
El 1 de enero de 1880, se iniciaron las obras del canal a cargo de la Compañía Universal del Canal de Panamá, francesa, dirigida por Lesseps. Sin embargo, en 1891, estalló un escándalo por maniobras dolosas realizadas por esa empresa, que determinaron su quiebra, cuando ya había terminado 33 kilómetros de obras. Tres años más tarde se constituyó la Compañía Nueva del Canal de Panamá, para completar las obras del proyecto. En un discurso de 1903, el presidente Theodore Roosevelt describió el canal que quería construir en el istmo de Panamá como "la mayor proeza de ingeniería que se haya conseguido en la historia de la humanidad". Junto a la grandilocuencia de Roosevelt, el canal iba a ser algo más que un monumento a la genialidad norteamericana: prometía enormes beneficios comerciales y, sobre todo, militares. El gobierno estaba convencido de la necesidad de un canal desde la guerra contra España (1898), cuando un barco norteamericano salió de Cuba hacia Filipinas y tardó 69 días en doblar por el cabo de Hornos para alcanzar su destino. El canal de Panamá era la pieza central de la política exterior de Roosevelt. De acuerdo con esto, en 1901 propuso una ampliación de la Doctrina Monroe sobre el destino de Estados Unidos. El Corolario de Roosevelt no sólo reiteraba la Doctrina Monroe en cuanto a la prohibición de la intervención europea en Latinoamérica, sino que también proclamó que Estados Unidos tenía "poder policial" sobre sus vecinos latinoamericanos y, por esta razón, garantizaba el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La estrategia de Roosevelt -simbolizada por la frase "Habla suavemente y lleva un gran garrote", que mencionó en un discurso sobre política exterior en 1901 en el estado de Minnesota- convirtió a Estados Unidos en la mayor potencia naval. En 1903, el istmo de Panamá era una provincia de Colombia descontenta con su suerte. Los intentos secesionistas se habían desarrollado durante 70 años. Pero los partidarios panameños de la independencia habían fracasado reiteradamente. Estados Unidos había apoyado siempre a Colombia hasta 1903. Ese año fracasaron los intentos norteamericanos de obtener la autorización de Colombia para construir un canal a través de Panamá. "Sería más fácil que la gelatina de grosella se aguantara en una pared que llegar a un acuerdo con los políticos de Colombia", afirmó Roosevelt.


Desembarco norteamericano:
En lugar de renegociar, envió barcos de guerra a Panamá, donde fomentó una rebelión de los secesionistas. El alzamiento tuvo lugar el 2 de noviembre; al día siguiente, los marinos norteamericanos desembarcaron e impidieron que el ejército colombiano sofocara la revuelta. A los tres días EEUU reconocía al nuevo país. Panamá había conseguido la autonomía y Estados Unidos había ganado una república para construir su canal gracias a sus "marines" y su flota de guerra. Roosevelt apeló a una "obligación moral y por tanto legal" para justificar esta acción militar sin precedentes. Era una empresa no sólo para Estados Unidos o los panameños, dijo, sino "para el bien de todo el mundo civilizado". El procurador general del Estado, Philander C. Knox, replicó ásperamente: "Oh, señor presidente, no deje que una sospecha de ilegalidad impida tan gran logro". La independencia de Panamá se proclamó con el apoyo norteamericano: los panameños argüían que si Estados Unidos se retiraba, Colombia recuperaría su dominio. Un nuevo tratado -Hay-Buneau Varilla- otorgó autoridad plena y perpetua a Estados Unidos sobre una franja de 16 km de ancho y las aguas adyacentes a los extremos. Philippe Buneau Varilla, un ex accionista de la empresa canalera de Lesseps que construyera Suez, ciudadano francés, que firmó como representante oficial de Panamá, cobró sus honorarios en Washington y no volvió nunca mas a Panamá... Aunque Roosevelt fue el promotor del canal, Woodrow Wilson era el presidente en el momento de la apertura, en 1914, un capricho del destino que molestó en exceso al ex presidente rebelde. Cuando Wilson propuso que Estados Unidos compensara a Colombia con una indemnización de 25 millones de dólares por haber ocupado la zona del canal, Roosevelt consideró que la propuesta era como "un crimen contra Estados Unidos". Intimidado por sus vociferaciones, el Senado rechazó la propuesta de Wilson. (En 1921, tras la muerte de Roosevelt, Estados Unidos concedió a Colombia los 25 millones de dólares). Wilson y Roosevelt representaron las dos actitudes emocionales que definirían la relación entre Estados Unidos y el valioso canal durante el siglo: uno, propietario y soberbio hasta el final; el otro, un poco incómodo y culpable. No obstante, la "Zona del Canal" reportó a Estados Unidos ganancias incalculables, más que por el peaje, por el ahorro en tiempo y distancia para el tráfico marítimo entre sus costas este y oeste. Y por supuesto la ubicación estratégica geopolítica. Las bases militares norteamericanas en Panamá fueron herramientas estratégicas de control sobre América Latina, en el marco de la guerra fría. A la vez sirvieron de centro de instrucción y adoctrinamiento sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional (la Escuela de las Américas), sistema político-militar que asegura la lealtad a los dictados de la nación del norte, derrocando gobiernos legales e implantando dictaduras militares. El centro financiero creado en el istmo, se convirtió en una plataforma para la expansión de compañías trasnacionales y el lavado de narcodólares.
Autor: DrVT

La Separación de Panamá de Colombia: Mitos y falsedades



Olmedo Beluche: “La separación de Panamá de Colombia. Mitos y falsedades”. Reflexiones sobre la patria. Tareas no. 122. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”. Enero-Abril 2006. –


Pasada la conmemoración del Centenario de la creación de la República de Panamá estamos en condiciones de hacer un balance de los aportes historiográficos que nos quedan como saldo. Debemos afirmar que el resultado final es positivo, pese a la falta de apoyo de los medios oficiales. Aunque con escasa trascendencia hacia el gran público, la intelectualidad panameña, la comunidad de historiadores y cientistas sociales debatió en profundidad sobre el acontecimiento y sus implicaciones históricas. Múltiples conferencias, decenas de artículos y monografías, y algunos libros vieron la luz en este primer Centenario.La óptica desde la cual abordamos esta evaluación no es la de un estudio bibliográfico, sino la continuidad del debate acalorado y apasionante que se produjo durante la conmemoración. Tal y como viene sucediendo desde el mismo 3 de Noviembre de 1903, los argumentos en favor y en contra del acontecimiento se dividen en tres bandos, bautizados por el historiador Carlos Gasteazoro como: la leyenda dorada, la leyenda negra y la versión ecléctica.Aquí asumimos la defensa de lo que erróneamente en Panamá se ha denominado “leyenda negra”, tomando diez de los principales argumentos esgrimidos por sus detractores durante el debate del Centenario, desnudándolos uno por uno, para demostrar con hechos que no estamos ante una leyenda, sino ante la cruda realidad de lo acontecido.En Panamá se ha denominado “leyenda negra” a las interpretaciones de los acontecimientos del 3 de Noviembre de 1903 que muestran el papel jugado por la intervención norteamericana en la separación de Colombia. Con este calificativo se ha pretendido desacreditar obras como la de Oscar Terán (Del Tratado Herrán-Hay al Tratado Hay- Bunau Varilla), de Ovidio Díaz E. (El país creado por Wall Street) o la mía (La verdadera historia de la separación de 1903). Analicemos algunos de los argumentos esgrimidos contra estas versiones, a ver si se trata de una “leyenda” o un análisis objetivo.1. “No hubo intervención norteamericana”. Si uno lee los libros de texto utilizados en nuestras escuelas, no encuentra ninguna participación norteamericana en el acontecimiento. La versión de J. B. Sosa y E. Arce (Compendio de Historia de Panamá), primera historia oficial, salvo una rápida mención del Sr. Shaler (“amigo de la separación”) en Colón, y del acorazado Nashville que “hizo desembarcar una fuerza… para proteger la salida del tren … y los intereses y vidas de los extranjeros de aquella localidad”, pareciera que Estados Unidos no tuvo mucho que ver con la separación de Panamá de Colombia del 3 de Noviembre de 1903.Lo mismo puede decirse de Datos para la Historia de José A. Arango, fuente privilegiada de lo que se ha llamado “leyenda dorada”, para el cual los norteamericanos sólo juegan un papel secundario, de apoyo al movimiento. Sin embargo, Arango deja entrever la participación activa de algunos personajes como Beers, Shaler, Prescott y un “caballero” que no nombra en Nueva York (William N. Cromwell).Basta un poco de curiosidad para indagar quiénes eran estos señores y la “leyenda dorada” se viene al piso, quedando al descubierto el nexo de intereses imperialistas que los unía a la Compañía del Ferrocarril de Panamá, a la Compañía Nueva del Canal (francesa) y a lo que se jugaban en el Tratado Herrán-Hay. Todos ellos, incluyendo J. A. Arango y Manuel Amador Guerrero, laboraban para Compañía del Ferrocarril y tenían como su jefe y cerebro de la conspiración a William N. Cromwell.La leyenda dorada también “olvida” mencionar que Teodoro Roosevelt ordenó el arribo a Panamá, en noviembre de 1903, de hasta diez acorazados para asegurar la separación: Nashville, Dixie, Atlanta, Maine, Mayflower, Praire, Boston, Marblehead, Concord y Wyoming. Ver la obra de McCullough (El cruce entre dos mares) o la novela de Jorge Thomas (Con ardientes fulgores de gloria).2. “Hubo intervención, pero la idea de la separación es de Arango”. Ante el cúmulo de evidencias, los más inteligentes analistas panameños se mueven a lo que se ha llamado la “versión ecléctica”, es decir, no niegan la intervención yanqui, pero la atenúan diciendo que los conspiradores panameños tuvieron la idea de proclamar la separación independientemente de los Estados Unidos. Aceptan que Roosevelt deseaba “tomar el Istmo” por la fuerza ante el rechazo del Tratado Herrán-Hay, alegando “razones de utilidad internacional”, pero que el móvil de los próceres era distinto y nacionalista. La “versión ecléctica” pretende explicar la separación como una conjunción “casual” de intereses entre panameños y norteamericanos.Autores como Jorge Thomas (en su novela histórica Con ardientes fulgores de gloria) o Humberto Ricord (El 3 de Noviembre visto desde el centenario. Tomo I) sostienen que son los conspiradores panameños los que tienen que convencer al gobierno norteamericano de apoyar la separación que ellos han planeado. La base para esta interpretación son los “Datos” de Arango, según el cual, a él se le ocurre la idea en mayo de 1903 y manda primero al “noble Capitán Beers” y luego a Amador a Estados Unidos a buscar apoyo.Pero los hechos contradicen a Arango, porque el Sr. Beers llega a Estados Unidos a comienzos de junio, pero ya el 13 de ese mes, Cromwell ha hecho publicar, por medio del periodista Roger Farham, un artículo en un diario neoyorkino, en el cual se vaticina la separación de Panamá con lujo de detalles, si el tratado es rechazado por el Congreso colombiano. Ricord, que cita el artículo con profusión, pasa por alto el párrafo en el que se dice que, a esa fecha, ya Roosevelt ha estudiado el plan y lo ha discutido con su gabinete y con muchos senadores. Nadie puede creer que Beers haya logrado tanto en un par de días.La misma secuencia cronológica de los hechos constituye una evidencia de que la idea de la separación proviene de Estados Unidos y no de Panamá, y ésta sólo pasa de simple amenaza a conspiración concreta ante el rechazo del Tratado Herrán Hay por parte de la opinión pública colombo-panameña, mediados de 1903. Previamente no existía ningún movimiento o conspiración separatista, ni de parte de los liberales, que eran la oposición (ver La venta del Istmo de Belisario Porras) ni mucho menos de los conservadores como Arango o Amador Guerrero, que tenían íntimos lazos con el gobierno de Bogotá.La trama de la separación sale de las entrañas de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, dirigida por Cromwell desde Nueva York y administrada en Panamá por Beers, Shaler, Prescott, cuyos empleados panameños eran Arango y Amador. Como ya se ha dicho, Beers viaja a Nueva York llamado por Cromwell a fines de mayo (inicios de junio, según Ricord) cuando ya se ve peligrar la aprobación del tratado por Colombia. El 13 de junio aparece el artículo de Roger Farham preconizando al separación, si el tratado es rechazado (subrayamos). El 28 de julio se produce la reunión, en la finca de Las Sabanas, de los hermanos Arias, entre los conspiradores panameños y funcionarios norteamericanos encabezados por el cónsul H. Grudger, pero todavía no se lanza el movimiento separatista, porque hay posibilidades de que el Senado colombiano ratifique el tratado.El 12 de agosto el Senado de Colombia aprueba la resolución que deja en suspenso (hasta 1904) la aprobación del Tratado Herrán Hay, y Manuel Amador Guerrero sale para Estados Unidos el 26 de agosto, no antes (¿Casualidad?), llegando a Nueva York el 1 de septiembre. Pero el gobierno norteamericano aún guarda esperanzas de que el gobierno y el Senado de Colombia puedan cambiar de opinión, así que se entretiene a Amador en Nueva York hasta bien entrado octubre.Lo que decidió la separación fue que el Senado de Colombia clausuró sus sesiones el 31 de octubre sin ratificar el Tratado Herrán-Hay. Entonces es cuando Estados Unidos pone en ejecución el “plan b”, es decir, la separación. Amador es embarcado desde Nueva York con sus instrucciones (dadas por Bunau Varilla) el 20 de octubre y llega a Panamá el 27. Ese mismo día se produce la reunión de los conspiradores panameños en casa de Federico Boyd.La magra decena de conspiradores panameños reciben a Amador llenos de dudas, y sólo aprueban el plan traído por éste, ante la promesa de que el gobierno norteamericano enviaría tropas y buques, como reconoció el propio Tomás Arias posteriormente (ver la obra de Oscar Terán y las indagatorias publicadas por The Story of Panama). Entre las cosas que les hacen dudar, está la fecha del 3 ó 4 de noviembre (una semana!) para la separación.Lógicamente, un movimiento de tal envergadura montado en tan poco tiempo y con tan pocos conspiradores panameños sólo puede tener éxito si se cuenta con las cañoneras norteamericanas, las cuales ya habían recibido órdenes de Roosevelt de trasladarse a Panamá (Terán transcribe las órdenes de movilización dadas por Roosevelt). La seguridad de la intervención armada de Estados Unidos es la garantía exigida por Tomás Arias, en la reunión del 27 de octubre, para sumarse al complot, tal y como él mismo admite. Garantía que es confirmada por Amador y por los hechos. Es cuando Amador envía el famoso cablegrama que dice: “Urge vapor Colón”.Los momentos decisivos de la separación tienen como protagonistas a los norteamericanos, y no al pueblo panameño: el jefe de la Compañía del Ferrocarril en Colón, Shaler, es quien convence a los oficiales colombianos al mando de Tovar, llegados la madrugada del 3 de noviembre, de tomar el tren a Panamá sin sus tropas; son las tropas del acorazado Nashville las que impiden a los soldados colombianos tomar el tren a Panamá los días 4 y 5, cuando se enteran que sus oficiales han sido arrestados por Esteban Huertas; y es el arribo del acorazado Dixie (con 500 soldados), más un soborno de US$ 8,000.00, el que decide al coronel Torres embarcarse para Cartagena sin resistir; en reconocimiento de la actuación norteamericana el prócer Meléndez cede a Shaler el honor de izar la primera bandera panameña en Colón, el día 6, el cual a su vez lo cede a un oficial de inteligencia que dirigió las operaciones, de nombre Murray Black.Se evidencia que no hubo en ningún momento una iniciativa separatista de origen panameño, ni mucho menos una actuación independiente de los “próceres”. La idea y su ejecución están condicionadas por los intereses del gobierno norteamericano en función de la ratificación o no del Tratado Herrán Hay por parte de Colombia. Por falta de espacio no vamos a citar los múltiples despachos, comunicados y advertencias oficiales y extraoficiales del gobierno de Roosevelt que constituyen evidencia clara. Para quien se interese recomendamos leer la obra de D. McCullough (El cruce entre dos mares), de M. Duval (De Cádiz a Catay) y del panameño Oscar Terán (Del Tratado Herrán-Hay al Tratado Hay-Bunau Varilla...).3. “No hubo sobornos en Panamá”. En un artículo aparecido en el suplemento Mosaico del diario La Prensa, Julio Linares Franco, apoyándose en un discurso del Dr. Carlos Arosemena Arias, sostiene que no hay evidencias de sobornos a los próceres, por lo cual estamos ante una difamación.Tanto el Sr. Linares como el Sr. Arosemena, y quien tenga dudas al respecto, deben leer las Memorias de Don Tomás Arias (1977, pág. 27) donde dice: “Conservo en mi poder, inéditas y originales, las cuentas presentadas a la Junta de Gobierno para su aprobación y finiquito por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN BALBOAS TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 285.801.33) por el señor Eduardo Icaza, quien desempeñó el cargo de Intendente General del Ejército durante el período de transición, en las cuales consta, por medio de recibos auténticos, las varias erogaciones que hubo necesidad de hacer para pagar servicios prestados por algunas personas que tomaron parte en el movimiento separatista”.Como dicen los juristas: a confesión de parte, relevo de pruebas. Obsérvese que se habla de “algunas personas”, sin restringirla a los miembros del ejército de Huertas. A los soldados y oficiales se les pagó una suma inferior a ésta (ver obra de Ismael Ortega La jornada del 3 de noviembre y sus antecedentes), lo que indica que hubo civiles que también cobraron. A lo cual podemos agregar el análisis de las incongruencias presupuestarias de los primeros meses de la nueva república, realizado por Ovidio Díaz en las páginas 228-229 de su libro.Oscar Terán cita una declaración jurada del propio Eduardo Icaza en la que admite haber pagado, el 4 de noviembre, “50 pesos plata de 0.835” a cada soldado; 35,000 pesos a Rubén Varón. “Según el rango de cada oficial así les fui pagando: a unos, 10,000; a otros 1,000; a algunos 6,000; y hasta hubo pagos de 1,500. El dinero para estos desembolsos lo saqué de la casa de Isaac Brandon and Brothers, por medio de cheques que estos señores honraban. Recibí de ellos, en esta forma, más de 200,000 pesos plata de 0.835; y además, en una ocasión, la suma redonda de 70,000 dólares oro. También se encontró en la tesorería Nacional Colombiana algún dinero del cual se me entregó la cantidad de 38,000 pesos más o menos. Los pagos los hice bajo la dirección del Dr. Amador quien me instruyó sobre lo que debía pagarle a cada uno, según lista o nómina que había confeccionado de todos ellos...” (P. 250).Si esto no basta, léase las Memorias de Esteban Huertas donde acusa a Manuel Amador Guerrero de intentar sobornarlo repetidamente. Por supuesto, Huertas dice haber rechazado el soborno y que actuó guiado por motivos personales (temía ser fusilado por Tovar, dice). Mediante Ley 60 de 1904 a Huertas se le concedieron 50,000 dólares pero, señala Terán, al no ser incluidos éstos en el presupuesto, ni en la liquidación del mismo la suma respectiva, constituye evidencia, según Terán, que el dinero salió del millón de dólares que dispuso J.P. Morgan para sobornos (“fondo de los reptiles”).Este millón de dólares salió de los 10 millones que correspondían a Panamá, de acuerdo al Tratado Hay-Bunau Varilla, y fue manejado así: 643,000 fueron retenidos por el banco J.P. Morgan con la excusa de cubrir gastos en que incurrieron, los 50 mil de Huertas, 200,000 enviados a Panamá (la mitad puestos por Bunau Varilla y la otra por Cromwell, durante los primeros días de noviembre) y 160,000 cuyo destino se desconoce.4. “No hay evidencias de un negociado con las acciones del Canal francés”. Tanto Julio Linares, como el historiador Fernando Aparicio (En defensa del 3 de Noviembre) se empeñan en negar que hubo un negociado dirigido por Cromwell y un grupo de norteamericanos que compraron en secreto gran parte de las acciones de la Compañía Nueva del Canal, invirtiendo 3.5 millones de dólares, y obteniendo 40 millones de su gobierno gracias al Tratado Hay-Bunau Varilla. Según ellos, carecen de crédito las evidencias presentadas en 1912-13 ante el Congreso norteamericano (compiladas en The Story of Panama) por estar basadas en los intentos difamatorios del periodista Henry Hall, y en el alegato del propio Cromwell ante una corte francesa para cobrar sus honorarios por los servicios prestados a la Cía. Nueva del Canal.El problema que tienen Linares y Aparicio es que, como se puede ver en el libro de Ovidio Díaz (copias fotostáticas), es que no estamos sólo ante la palabra de Hall, sino que existe evidencia documental de puño y letra de Cromwell, tanto del Memorándum de Entendimiento entre los especuladores de Wall Street (firmado el 25 de mayo de 1900), como un Estado de Cuentas presentado por Isaac Seligman.Además constituye una evidencia circunstancial la propia secuencia de los hechos: el papel protagónico de Cromwell, la Compañía del Ferrocarril y sus empleados; así como el apuro ilógico de Teodoro Roosevelt de pagar 40 millones a la empresa “francesa” que se hubiera ahorrado de esperar uno meses a que vencieran sus derechos, como sugirió el Congreso colombiano; así como la obstinación de la “Compañía Nueva del Canal” en no pagar a Colombia ni un centavo de compensación como establecía el Acuerdo Salgar-Wyse.El apuro de Roosevelt es “ilógico” porque la última propuesta del gobierno colombiano era mutuamente ventajosa: esperar a que venciera el contrato de la Compañía Nueva del Canal (francesa) en 1904, para que no tuvieran que pagarle los 40 millones que pedía; a cambio de que Colombia recibiera 25 millones de dólares, en vez de los 10 millones establecidos en el Tratado Herrán-Hay. Estados Unidos se ahorraba 25 millones de dólares. ¿Por qué Roosevelt actuó como lo hizo? Según Ovidio Díaz, porque un cuñado suyo, el hermano de su ministro de guerra (Taft) y otros personajes de su gobierno participaban del negociado de las acciones de la Compañía Nueva del Canal5. “Cromwell no intervino porque dejó plantado a Amador”. Este es otro mito sobre el que se han gastado muchas páginas. Los hechos: junto a Amador viajó José G. Duque quien, a través de La Estrella de Panamá fue el mayor defensor del Tratado Herrán-Hay. Duque fue atendido primero por Cromwell, el cual le consiguió una cita inmediata con el Secretario de Estado, John Hay; pero, tan pronto Duque salió de la reunión fue a visitar a su amigo Tomás Herrán, embajador colombiano, y le contó la trama separatista y la presencia de Amador en Nueva York. ¿Por qué lo hizo? Tal vez como un doble juego, por si algo fallaba.La visita de Duque a Herrán motivó que este último dirigiera una fuerte carta a Cromwell advirtiéndole que los intereses que representaba en Panamá estaban en peligro si se involucraba en promover la separación. Ello motivó al abogado a distanciarse de Amador, e hizo llamar a su socio Bunau Varilla para tratar con el panameño. Aparentemente no se molestó en explicárselo, de ahí el cablegrama enviado por Amador a Panamá con la expresión “disappointed” (decepcionado).Pero en realidad, Cromwell cablegrafió de inmediato a su socio Bunau Varilla para que tratara con Amador, labor que no podía asumir directamente sino a riesgo de poner en peligro sus intereses. Bunau Varilla inmeditamente se trasladó a Nueva York desde París, donde se encontraba, llegando el día 22 de septiembre. Aunque la excusa esgrimida por Bunau Varilla para este viaje es la supuesta enfermedad de su hijo, que estaba vacacionando en Estados Unidos, él mismo cuenta que lo primero que hizo, tan pronto bajó del barco, fue visitar a Amador a su hotel, y no ir a ver a su hijo “enfermo”. Que Cromwell siguió moviendo los hilos de las marionetas detrás del escenario queda probado por la participación activa de los directivos de la Cía del Ferrocarril en los hechos (Beers, Shaler, Prescott).6.“Todas las independencias han recibido apoyo extranjero”. Sí, pero hay independencias e “independencias”. Una cosa es cuando una nación en proceso de conformación forja soberanamente una política de alianzas internacionales para respaldarse, como Washington con Francia o Bolívar con Inglaterra. Otra muy distinta es cuando una potencia desgaja un pedazo de la nación que desea debilitar en función de sus intereses propios. Por ejemplo, se sabe que Martí luchó por la independencia de Cuba, pero fue derrotado, y que la Guerra de 1898 contra España por parte de EEUU no era en apoyo de la emancipación cubana o puertorriqueña, sino para arrebatarle las islas al decadente imperio español poniéndolas bajo su dominación.El mapa del mundo del siglo XX es incomprensible si no se parte del criterio de que muchos países y fronteras nacionales fueron moldeados por las potencias capitalistas a su criterio, no atendiendo a razones nacionales o históricas de los pueblos. Si no se entiende esto, no se explican las guerras nacionales que siguen asolando al mundo: Yugoslavia, Ruanda, Palestina, etc. Muchos países fueron creados artificialmente por motivos geopolíticos: Taiwán frente a China; el fracaso del Congreso Anficitiónico de 1826 por mano norteamericana; el fraccionamiento de Centroamérica en cinco pequeñas repúblicas bananeras. La separación de Panamá de Colombia se produce en este escenario. En la obra de Terán se prueba cómo las resoluciones de la Junta Provisional emanaban primero de Bunau Varilla.. “Panamá es una nación diferenciada de Colombia que intentó repetidas veces separarse”. Hay quienes pretenden que Panamá es una nación desde hace 500 años (En los quinientos años de la Nación panameña de Fermín Azcárate, Ricardo Ríos también). Este absurdo sólo es posible si se ignora qué es una nación y no se le diferencia del concepto de estado.Como señalamos en un libro nuestro (Estado, nación y clases sociales en Panamá), desde el siglo XIX Humbolt y Schiller establecen la diferencia entre nación-cultura y nación-estado. El problema es que se usan ambas acepciones sin distingo. Por ejemplo, existen en el mundo: naciones-cultura sin estado (como los kurdos), naciones-estado que incluyen dentro de sí varias naciones-cultura, aunque suele predominar una (como la ex URSS y la Federación Rusa hoy) y en pocos casos existen estados-nación uninacionales (como Irlanda). En el caso de hispanoamérica o de los árabes tenemos una nación-cultura escindida en muchos estados-nacionales por circunstancias históricas muy concretas.El historiador F. Aparicio tiene este problema pues, además de deformar nuestro planteamiento, termina señalando que Nueva Granada o Colombia fracasó como nación porque fracasaron sus regímenes políticos, el liberal radical (1863-85) y el de la Regeneración (1885-1903).Si entendemos por nación una comunidad cultural que se identifica con un pasado común, la lengua, la religión, etc., hasta el siglo XIX fuimos parte de la nación hispana, y hasta el siglo XX hicimos parte de la nación colombiana, que sería una fracción de la nación cultural hispanoamericana. En este sentido, constituían y aún es así, naciones diferentes las culturas indígenas no asimiladas por la cultura española. La ruptura definitiva de Hispanoamérica no quedó completamente planteada hasta que el liberalismo español se negó, en las Cortes de Cádiz, a una reforma política que diera plena igualdad a los nacidos allende el mar. Cada una de las repúblicas hispanoamericanas son fragmentos de una gran nación que no llegó a constituirse por la intervención de ingleses y norteamericanos, y el egoísmo de las oligarquías regionales.La lectura cuidadosa de libros como El Panamá colombiano, de Araúz y Pizzurno, o el de Alfredo Figueroa N. (Dominio y sociedad en el Panamá colombiano) evidencia que, nunca hubo una vocación firmemente separatista entre las clases dominantes del Istmo y que, cuando acariciaron la idea, ésta no tuvo por objetivo la creación de un estado independiente, sino la sujeción o anexión al dominio inglés o norteamericano (hanseatismo), a lo que se opuso el arrabal de Santa Ana y sus líderes liberales (por ejemplo en la crisis de 1830-1831).Un mito usual entre nuestros historiadores e ideólogos es calificar a Justo Arosemena como “padre de la nación panameña”, y a su famoso libro “El Estado Federal de Panamá” como sustento de la separación. Nada más falso, pues en ese libro, Arosemena dice claramente que se opone a la separación y, cuando habla de “nación” o “nacionalidad” se refiere a Colombia.Los llamados intentos separatistas de Panamá de Colombia a lo largo del siglo XIX ameritan un estudio particular, porque nuestros historiadores han descontextualizado los hechos, después de 1903, para ponerlos como supuestos prolegómenos del 3 de Noviembre. El error metodológico subyacente parte por analizar las “actas separatistas” del siglo XIX sin visualizar lo que pasaba en el conjunto del estado neogranadino o colombiano en ese momento.Por ejemplo, el historiador Rommel Escarreola (“Consideraciones históricas sobre los acontecimientos del 3 de noviembre de 1903”) sustenta su interpretación de la separación sobre la base una aspiración persistente de los comerciantes panameños por “recuperar el espacio económico perdido” de la que los “intentos separatistas” (1830, 1831, 1840, 1861 y 1885) serían la expresión de este proyecto nacional.En realidad, la mayoría de las llamadas “actas separatistas” no expresaban otra cosa que conflictos políticos entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, comerciantes librecambistas y proteccionistas, y no un conflicto nación oprimida versus nación opresora.No se trata de negar la existencia de graves contradicciones durante el decimonono colombiano, sino de esclarecer la verdadera índole de aquellos conflictos. Un análisis de las circunstancias que les dieron origen muestra que, más que un conflicto “nación panameña” vs “nación colombiana”, son producto de las contradicciones políticas y sociales que se abatían sobre el país.El Acta de 1821. Algunos afirman que el hecho de que Panamá proclamara su independencia de España en 1821, sin intervención de los ejércitos bolivarianos, ya es una prueba de que constituíamos una entidad independiente, reafirmado por la adhesión voluntaria al proyecto de la Gran Colombia.Quienes así hablan olvidan algunos detalles: 1. Panamá estaba adscrita, desde 1739, al Virreinato de la Nueva Granada; 2. El Istmo era una región debilitada económica y demográficamente que no podía sostenerse sola como estado independiente; 3. Que la Villa de los Santos llamó a los ejércitos de Bolívar a hacerse presentes, y esto obligó a los comerciantes de Panamá y a José de Fábrega a sumarse a la independencia; 4. Como dijo Belisario Porras mucho después: “Panamá sólo se alzó, al tener noticias de que los españoles iban de capa caída por todas partes”.El Acta de 1826 se la presenta a la ligera como el primer esfuerzo separatista, sin embargo, no hay en ella nada de eso. Ese año, luego de una larga ausencia, Simón Bolívar retorna a Bogotá desde Bolivia y Perú con un proyecto de nueva Constitución Política que, entre otras cosas, le nombra presidente vitalicio. Como Santander y la oligarquía neogranadina se le oponían, Bolívar pidió respaldo mediante pronunciamientos.En Panamá, su hombre de confianza, el general Carreño, promovió un acta de apoyo a Bolívar. Actas similares se hicieron en Guayaquil, Quito y Cuenca. Pero los “notables” del Istmo ya estaban políticamente más cerca de Santander, así que redactaron una declaración ambigua, sin tomar partido por Bolívar. En el artículo cuarto, expresaban su deseo de leyes espaciales para el Istmo, en el sentido de levantar los impuestos aduaneros que afectaban sus negocios. Como la misma no satisfizo a Carreño, los militares promovieron poco después otra acta, salida de la agitación popular del interior y el arrabal, contrapuesta a la primera, que sí apoyaba incondicionalmente a Bolívar.El Acta de 1826 no es una proclama independentista, sino política, y expresa la disputa entre dos partidos: santanderistas y bolivaristas. También los hechos reflejan que en Panamá hay una incipiente contradicción social, entre el pueblo y los notables (comerciantes). Lo único que tiene de particularismo local es el librecambismo de los comerciantes istmeños y el proteccionismo prevaleciente en Bogotá.El Acta de 20 de septiembre de 1830. Año en que Bolívar, harto del sabotaje de los santanderistas y enfermo terminal de tuberculosis, renuncia a la Presidencia y marcha al exilio europeo, al que no pudo llegar. El general panameño José D. Espinar realiza un acto de insubordinación frente a los que se apoderan del gobierno, y que además le degradan separándolo de Panamá, donde era jefe militar, ordenándole marchar a Veraguas. El móvil de Espinar era exigir el retorno de Bolívar al gobierno.El artículo primero proclama la separación “especialmente del Gobierno de Bogotá”. El segundo exige: “Panamá desea que su Excelencia el Libertador Simón Bolívar se encargue del Gobierno Constitucional de la República, como medida indispensable para volver a la unión de las partes de ella que se han separado bajo pretextos diferentes, quedando desde luego este Departamento bajo su inmediata protección”. Y el tercero: “Panamá será reintegrada a la República luego que el Libertador se encargue de la Administración o desde que la Nación se organice unánimemente de cualquier medio legal”. El considerando alude a una circular emanada de Bogotá para que “los pueblos manifiesten sus deseos”.Nótese que se trata de un conflicto político, continuidad del que dio origen al Acta de 1826, que además no se proclama una independencia absoluta sino condicionada, y que al usar el vocablo “nación” lo hace para referirse al conjunto, no a Panamá. Esta proclama perdió sentido cuando Bolívar contestó a los enviados de Espinar que desistieran, y los bolivaristas recuperaron el poder a través de Rafael Urdaneta.Destaquemos también que el considerando recoge el reclamo de los comerciantes istmeños, no de una separación, sino la queja de que al separarse las provincias del sur (Ecuador y Perú) se habían afectado las relaciones mercantiles de Panamá, ya que éstas eran sus mercados naturales, no así las provincias del centro (Bogotá). Este tipo de reclamo mercantil es la tónica real de las clases dominantes en el Istmo, no la construcción de una nación independiente.En 1834 se decreta una legislación especial atendiendo a estas reclamaciones comerciales (ver “El Panamá colombiano”, de Araúz y Pizzurno), a partir de la cual cesan las quejas de la oligarquía istmeña. En las décadas siguientes, en especial durante la fase federalista del estado colombiano, pero también bajo el régimen centralista de Núñez siempre hubo legislaciones específicas para Panamá para asegurar su especificidad transitista. Por ello, mal puede afirmar Escarreola que estábamos ante pérdida del control administrativo de Panamá por parte de los comerciantes istmeños “usurpado por el centralismo colombiano”El Acta de 1831. Como los notables (comerciantes) del “intramuros” eran hostiles a Espinar, por motivos políticos (él era bolivarista, ellos santanderistas), sociales (él expresaba al sector plebeyo del ejército, ellos las élites comerciales), raciales (él era mulato, ellos blancos), promovieron que el general Juan E. Alzuru se sublevara, arrestara y deportara a Espinar. Alzuru, apoyado por los comerciantes istmeños, deshace la “separación” de Espinar el 22 de junio de 1831.Pero el 9 de julio se proclamó una nueva acta. Las circunstancias: Bolívar acababa de morir; empieza la disgregación del Estado colombiano, los caudillos regionales se enfocan en sus intereses locales; en Ecuador el general Flórez proclama su república contra Urdaneta y deporta a Panamá a una veintena de oficiales venezolanos; éstos animan a Alzuru a proclamar un acto semejante en Panamá para hacerse con el poder; se inicia un intento de Confederación entre Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.En los considerando uno y dos nuevamente se arguye el problema de las relaciones comerciales con Nueva Granada. Pero la proclama no habla de “independencia” sino que (art. 1) “Panamá se declara territorio de la Confederación Colombiana y tendrá una administración propia…”. Es decir, se proclama un estado federado, reafirmado por el artículo tercero que señala que los “tres grandes Estados de Colombia disfrutarán de todas inmunidades comerciales que se conceden a los istmeños”… (a cambio del mismo trato); “siendo un pueblo de la familia colombiana” (art. 4); ofrece el territorio para que sea la “residencia de la Confederación”, capital política (art. 5); y conserva la Constitución, leyes y símbolos de la república “en prueba de amistad y amor hacia la Nación a que espontáneamente se unió” (art. 7).Pero Alzuru estaba lejos de representar los intereses de los comerciantes ya que, como militar, también era bolivarista. Duró poco, y le correspondió nada menos que al General Tomás Herrera, enviado con 200 soldados desde Bogotá, aplastar al régimen de Alzuru y fusilarlo el 29 de agosto de 1831.Mariano Arosemena da cuenta de las contradicciones sociales y que el objetivo de los comerciantes panameños no era la independencia, al decir que Alzuru se apoyaba en “una pueblada espantosa” y que (los comerciantes) “neutralizamos el proyecto de absoluta independencia…”. Destaquemos lo dicho por Alfredo Figueroa N.: “Es significativo el que la provincia de Veraguas, regida por Fábrega, se haya opuesto a las dos independencias proclamadas por Espinar y Alzuru”. Veraguas fue el bastión del latifundismo y el conservatismo en Panamá y, por ende, aliada a esos mismos sectores sociales en el resto de Colombia.El Acta de 1840. Es imposible entender el Estado Libre o Soberano del Istmo (1840-41), proclamado por Tomás Herrera, sin la perspectiva general de la guerra civil que asoló a Colombia y se llamó la guerra de “Los Supremos” (caciques político-militares). Al igual que Herrera en Panamá, proclamaron otros tantos “estados libres”: González en el Socorro, Reyes Patria en Sogamoso, Carmona en Santa Marta, Troncoso en Mompox y Gutiérrez de Piñeres en Cartagena.No estamos ante un acto aislado de los istmeños. Según Humberto Ricord estas proclamas obedecieron a un comunicado del Poder Ejecutivo que, desde Bogotá, reconociendo su incapacidad de contener la sublevación, para que “las autoridades provinciales tomaran todas la medidas que procedieran para salvaguardar la tranquilidad y el orden público”. Lamaitre dice: “Cada uno se encerraba en su casa, se echaba cerrojo por dentro, y dejaba que el turbión de la guerra pasara por encima…”La revuelta empezó como una sublevación conservadora en Pasto contra la disolución de algunos conventos, pero pronto se volvió en su contrario (liberal) cuando aparecieron pruebas de que el caudillo José M. Obando había asesinado al general Sucre por orden de Bogotá. Los caudillos o “supremos” se alzaron exigiendo un régimen federal. Por ello el Acta del 18 de Noviembre de 1840, redactada por Tomás Herrera considera que, dada la “disolución” de la república producto de la guerra (art.1); proclama el Estado Soberano (art.2); condiciona su reintegro a la Nueva Granada bajo un régimen federal (art.3); y establece el carácter “provisorio” de las nuevas autoridades.Nuevamente Veraguas, dirigida por Carlos Fábrega, se opuso a esta proclama. En marzo de 1841 se reunió una Convención Constituyente del Istmo que, a instancias de Herrera, mantuvo la voluntad de adherir a una Nueva Granada federal, rechazando el centralismo (art. 2). Cuando Pedro Alcántara Herrán controló el poder y Gutiérrez retornó Cartagena al centralismo, Herrera se vio obligado a negociar.De esta fase proceden los principales alegatos de Tomás Herrera en torno a las reclamaciones comerciales del Istmo (“nuestras necesidades son peculiares”), exige negociaciones para la apertura de un canal, y señala que un Congreso reunido a “300 leguas de distancia, jamás legislará convenientemente para nosotros”. También preocupaba a Herrera la amnistía dictada por el gobierno, pues no tenía seguridad de que no recibiría represalias, tal como después sucedió (fue desterrado por tres años).Le tocó negociar con Rufino Cuervo, y en una carta dirigida a él, en la que insistió sobre la necesidad de una “administración adecuada” y leyes especiales para el Istmo, también dijo enfáticamente: “Jamás el Istmo se habría lanzado a romper de hecho una unión en que entró por su libre albedrío…”. El 31 de diciembre de 1841, Herrera se reincorporó a la Nueva Granada, de la que llegaría a ser él (Tomás Herrera) vicepresidente (el presidente fue el chiricano José de Obaldía) y presidente encargado en 1854.Como se puede apreciar, en realidad estamos ante sistemáticos conflictos: 1. políticos (santanderistas vs bolivaristas, primero, y luego conservadores vs liberales); 2. sociales (clases oligárquicas terratenientes y comerciales vs el pueblo y el artesanado apyodo por profesionales); 3. Adminitrativos (centralistas vs federalistas). Conflictos que, además, no eran exclusivos de Panamá frente a Bogotá, sino que asolaron a toda la Gran Colombia primero, y a la Nueva Granada después.Vamos a obviar, que hemos tratado en anteriores artículos, la fase del Estado Federal de Panamá, que surgió como un régimen especial en 1855, pero se hizo extensivo a toda Colombia al año siguiente, y que quedó consignada en las Constituciones de 1858 y 1863. Esta última co-rredactada por Justo Arosemena. A partir de la influencia de la Revolución de 1848 en Europa, cobraron fuerza en Colombia las ideas liberales fuertemente asociadas a criterios federalistas y librecambistas, que permitió una confluencia de intereses entre comerciantes y terratenientes. Bajo este signo político se organizó Colombia o los Estados Unidos de Colombia hasta que entró en crisis a mediados de la década de 1870, cuando se forjó el régimen centralista de la Regeneración encabezado por Rafael Núñez.Lo más importante es que el panameño que encarnó las ideas federalistas, Justo Arosemena, en su libro El Estado Federal de Panamá, lejos de promover la separación del Istmo sostiene con toda claridad que el federalismo es la fórmula para impedir su desgajamiento de Colombia, no por voluntad de los istmeños, sino por la intervención de potencias extranjeras ansiosas de quedarse con una ruta tan codiciada. Quienes sostienen que Arosemena abogó por la separación, y lo califican de “padre de la nacionalidad panameña”, o mienten descaradamente o no han leído su obra.“En ocasiones anteriores he manifestado mis temores de que el Istmo de Panamá se pierda para la Nueva Granada si esta no vuelve en sí,..., y asegura su posesión dándole un buen gobierno inmediato... Grandes y numerosos intereses extranjeros se están acumulando en su territorio.... Para evitar, por consiguiente, que con pretexto de darse la seguridad que nosotros le negamos, quisieran adueñarse de un país tan codiciable para cualquier nación poderosa y mercantil, plateemos en el Istmo de Panamá un gobierno, que siendo liberal, tenga igualmente la eficacia que le daría el concurso de todos los istemeños, y el poder anexo a una sólida organización....”. Descartando la idea de la separación dice: “Es esto más de lo que el Istmo apetece..., mucho más cuando solo quiere tener un gobierno propio para sus asuntos especiales, sin romper los vínculos de la nacionalidad...” (Justo Arosemena).No nos detendremos en los pormenores del Convenio de Colón y la crisis de 1860-62, la cual muchos interpretan como otro intento secesionista, pero que el debate entre Justo Arosemena y Gil Colunje (publicado por Ricaurte Soler bajo el título Teoría de la Nacionalidad) muestra que se trató más de un conflicto político, liberal-conservador. Guerra civil en la que los liberales panameños y el arrabal de Santa Ana, dirigidos por Buenaventura Correoso, apoyaron activamente a las tropas enviadas por Tomás C. Mosquera contra el conservador Santiago de la Guardia.Tampoco es separatista la sublevación de Colón en 1885 que terminó con el ahorcamiento del líder liberal colombiano Pedro Prestán. Guerra Civil que sirvió de excusa a Rafael Núñez (quien vivió muchos años en Panamá y casó en primer matrimonio con una chiricana, con la cual tuvo dos hijos, y era amigo personal de las más importantes familias del Istmo, como los Arosemena) para abolir el federalismo con la Constitución de 1886. El centralismo de Núñez fue apoyado por los conservadores panameños. José Terán cita una resolución emitida por éstos, el 2 de febrero de 1902(!), a raíz de la muerte del general Albán, en la que se lee: “Sostenedores de las instituciones conservadoras 86…” con la firma de Tomás Arias, Nicolás Victoria J., Manuel Amador Guerrero, y otros futuros “próceres”.El problema central en Colombia (bajo todas denominaciones que tuvo en el siglo XIX) era la inexistencia de una clase capitalista capaz de unificar bajo una perspectiva común los intereses regionalistas, creando un mercado nacional. La fragmentación en burguesías comerciales importadores y exportadoras de carácter local, o terratenientes locales, asociadas y aupadas por intereses extranjeros (ingleses o norteamericanos), intensificaba estas luchas. A lo que se sumaba el conflicto entre el liberalismo, dispuesto a una reforma del Estado modernizante, y el latifundio conservador opuesto a renunciar a sus privilegios.Cada élite local abogaba por sus intereses, procurando que la máquina del Estado se inclinara en su favor. Así lo hizo la burguesía panameña igual que la de otras regiones. Lo que no quiere decir que se animaran a una ruptura definitiva con Colombia. Agreguemos que el arrabal y el interior, al igual que hoy, no compartía los mismos intereses que dicha burguesía comercial. En reiteradas ocasiones se le opuso.8. “Los que defienden la leyenda negra son unos analfabetas de la historia”. Cuando se acaban los argumentos racionales, se recurre al insulto. El Prof. Ricardo Ríos no sólo nos ha llamado, a Ovidio Díaz y a mí “analfabetas” (sin tomar en consideración la abundante e irrefutable fuente bibliográfica en la que están basados nuestros libros), ha dicho que nos “falta manejo científico de la hermenéutica y la heurística” y que tenemos una “posición fundamentalista”. Sin embargo, para refutarnos el Prof. Ríos no hace gala de ningún manejo hermenéutico, ni heurístico, se vuelve puro sentimiento.La historia como ciencia, y no como mero relato subjetivo, tiene como fundamento los hechos, el acontecimiento (como diría Braudel). Como toda ciencia, la historia requiere que la interpretación de los hechos esté verificada por los datos empíricos que, en este caso, se materializan en los documentos y testimonios. Como decimos en la introducción de nuestro libro, todas las afirmaciones que allí hacemos están fundamentadas en documentación debidamente refrendada por historiadores cuya seriedad y prestigio no admiten duda: McCullough, Duval, Lemaitre, Gasteazoro y otros, incluidos defensores de la leyenda dorada. Rebatirnos requiere rebatirlos a ellos, y con documentos.Que no estamos ante una visión “fundamentalista” o “ideológica” lo prueba que en torno a estos hechos hay unanimidad entre personas de diversas posiciones políticas y sociales: desde historiadores como los citados, que no tienen nada de “comunistas”, hasta el conservador Oscar Terán, el banquero Ovidio Díaz o el trotsquista Olmedo Beluche.9. “Todos los panameños anhelaban la separación”. Este mito tan repetido sólo se explica por la ignorancia. Ignorancia que pretende contraponer el “nacionalismo” panameño contra la “opresión” colombiana, sin concocer que varios de los “próceres” eran nacidos en otras provincias de Colombia: como Amador Guerrero (cartagenero), Eusebio A. Morales (Sincelejo), Esteban Huertas, etc..Algunos haciendo un despliegue imaginativo, sin fundamento documental, aseveran que el apoyo masivo al liberalismo istmeño en la Guerra de los Mil Días expresaba el respaldo al separatismo, Todavía nadie ha mostrado alguna proclama liberal en este sentido. Y por el contrario, como probamos en La verdadera historia…, Belisario Porras sí escribió contra el Tratado Herrán-Hay y contra la separación de Colombia en mayo de 1903 (La venta del Istmo), y Victoriano Lorenzo ante el pelotón de fusilamiento rogó por la “unidad de todos los colombianos”, según Jorge Conte Porras. A lo que habría que agregar de que el mayor detractor del tratado fue un panameño al que la historia oficial ha olvidado, Juan B. Pérez y Soto.En favor de que la mayoría de los istmeños no participaban, ni corrieron a apoyar la separación, cito a un apologista de los próceres, Ismael Ortega (La jornada del 3 de Noviembre de 1903 y sus antecedentes, 1931): Chiriquí no adhirió hasta el 29 de noviembre, luego que enviaron un acorazado yanqui; los kunas se opusieron; los bocatoreños fueron sorprendidos; en Azuero arrestaron al enviado de los separatistas; y en Colón gritaron improperios a Eliseo Torres por retirarse sin pelear contra los soldados norteamericanos; en Darién hubo resistencia armada y arrestos.Oscar Terán hace estimaciones de que, al 6 de noviembre de 1903, en la mitad de las seis provincias que componían el Departamento de Panamá no había adhesiones al movimiento separatista. De los sesenta Consejos Municipales, 48 no se habían pronunciado a esa fecha; de los 381,000 habitantes del Istmo, 265,551 no se habían enterado de los sucesos. Más aún, al 30 de noviembre, el 40% de los habitantes permanecían “renuentes y retrechos” a aceptar la separación.Según el historiador Carlos A. Mendoza (Radio Libre 22/10/2003), los liberales de Santa Ana que marcharon a las Bóvedas la tarde del 3 de Noviembre lo hacían bajo la convicción de que por fin el accederían al poder. Según Terán el “pueblo” eran los bomberos al mando de J.G. Duque. Como lo reconoció el propio Tomás Arias: “No, unos días antes enteramos a algunos más (del movimiento separatista). Al principio sólo éramos siete u ocho y después enteramos a algunos más, pues nos interesaba hacer ver que el movimiento era popular”.El propio Amador Guerrero deja ver el verdadero carácter del movimiento separatista en una carta dirigida a su hijo Raúl, con fecha del 18 de octubre, cuando aún estaba en Nueva York: “El plan me parece bueno. Se declara independiente una porción del Istmo al cual no permiten los Estados Unidos llegar fuerzas de Colombia a atacarnos. Se convoca una Asamblea y ésta da facultades a un Ministro que nombra el nuevo Gobierno par que haga un Tratado sin necesidad de ulterior aprobación de es Asamblea. Aprobado el tratado por ambas partes ya queda la Nueva república proegida por los Estados Unidos y se agregarán los demás pueblos del Istmo que no estaban formando parte de esa República y quedan también bajo la protección de estados Unidos”.¿Por qué no hubo mayores expresiones de rechazo a la separación en Panamá? Por la represión. El desembarco de miles de soldados norteamericanos en sí mismo constituyó un acto intimidatorio que fue complementado por el Decreto No. 17, de 11 de Noviembre de 1903, por el cual se amenazó con expulsar de Panamá a las personas que se mostraran “no satisfechas con el movimiento separatista verificado últimamente”. Además el Decreto No. 12, del 12 de Noviembre de 1903, conminó a la gente, en especial empleados públicos, a firmar una “declaración de fidelidad a la República” en un plazo de tres días, so pena de separarlos de sus empleos.10. “Gracias a los próceres somos independientes”. El acontecimiento también puede ser evaluado retrospectivamente por sus consecuencias históricas. ¿Cuál es el legado del 3 de Noviembre de 1903? ¿Un país independiente? Evidentemente no. Los próceres no nos legaron, ni siquiera, una “independencia mediatizada”, como insisten sus defensores, sino un “protectorado”, es decir una colonia controlada en todos los sentidos por Estados Unidos. Quien lo dude, que repase el Tratado Hay-Bunau Varilla, refrendado por ellos sin leerlos ni traducirlo al español, y el artículo 136 de la Constitución de 1904.El destino de los 10 millones de dólares pagados por la firma del Tratado Hay-Bunau Varilla es el reflejo más ridículo y a la vez el más real de cuan poco “independiente” se hizo Panamá: 1 millón se gastó en la separación pagando sobornos (la contabilidad gubernamental no pudo registrar en qué se gastó), 3 millones entraron al erario para que funcionara el gobierno a partir de 1904; y 6 millones se quedaron en Estados Unidos para ser invertidos en bienes y raíces (“fondos de la posteridad”) administrados por el agente fiscal y cónsul de Panamá en Nueva York, nada menos y nada más que el Sr. William N. Cromwell.¿Carecemos de pasado heroico y orgullo nacional? No. Pero el heroísmo y lo poco que tenemos de “independencia” no lo obtuvimos de los gestores del 3 de Noviembre, sino de los verdaderos próceres que dieron su lucha, su sangre y su vida: los soldados de Coto de 1921, los trabajadores del Movimiento Inquilinario de 1925, la juventud de 1947, de 1958 y 59, y sobre todo los Mártires de 1964. A ellos debemos homenajear. La historia panameña del siglo XX no se entiende sino como lucha contra la imposición colonialista del 3 de Noviembre de 1903.BIBLIOGRAFIA:1) AMADOR Guerrero, Manuel. “Memorias sobre la Emancipación de Panamá que comenzó a escribir de su puño y letra el doctor Guerrero”. Suplemento Épocas, No. 2, Año 18. La Prensa. Panamá, febrero de 2003.2) AMADOR Guerrero, Manuel. “Carta familiar enviada por el Dr. Manuel Amador Guerrero a propósito de su recibimiento en Estados Unidos”. Suplemento Épocas, No. 2, Año 18. La Prensa. Panamá, febrero de 2003.3) APARICIO, Fernado. En defensa del 3 de Noviembre. 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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: La separación de Panamá de Colombia: Mitos y falsedades

La Separación de Panamá de Colombia: Mitos y falsedades



Olmedo Beluche: “La separación de Panamá de Colombia. Mitos y falsedades”. Reflexiones sobre la patria. Tareas no. 122. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”. Enero-Abril 2006. –


Pasada la conmemoración del Centenario de la creación de la República de Panamá estamos en condiciones de hacer un balance de los aportes historiográficos que nos quedan como saldo. Debemos afirmar que el resultado final es positivo, pese a la falta de apoyo de los medios oficiales. Aunque con escasa trascendencia hacia el gran público, la intelectualidad panameña, la comunidad de historiadores y cientistas sociales debatió en profundidad sobre el acontecimiento y sus implicaciones históricas. Múltiples conferencias, decenas de artículos y monografías, y algunos libros vieron la luz en este primer Centenario.La óptica desde la cual abordamos esta evaluación no es la de un estudio bibliográfico, sino la continuidad del debate acalorado y apasionante que se produjo durante la conmemoración. Tal y como viene sucediendo desde el mismo 3 de Noviembre de 1903, los argumentos en favor y en contra del acontecimiento se dividen en tres bandos, bautizados por el historiador Carlos Gasteazoro como: la leyenda dorada, la leyenda negra y la versión ecléctica.Aquí asumimos la defensa de lo que erróneamente en Panamá se ha denominado “leyenda negra”, tomando diez de los principales argumentos esgrimidos por sus detractores durante el debate del Centenario, desnudándolos uno por uno, para demostrar con hechos que no estamos ante una leyenda, sino ante la cruda realidad de lo acontecido.En Panamá se ha denominado “leyenda negra” a las interpretaciones de los acontecimientos del 3 de Noviembre de 1903 que muestran el papel jugado por la intervención norteamericana en la separación de Colombia. Con este calificativo se ha pretendido desacreditar obras como la de Oscar Terán (Del Tratado Herrán-Hay al Tratado Hay- Bunau Varilla), de Ovidio Díaz E. (El país creado por Wall Street) o la mía (La verdadera historia de la separación de 1903). Analicemos algunos de los argumentos esgrimidos contra estas versiones, a ver si se trata de una “leyenda” o un análisis objetivo.1. “No hubo intervención norteamericana”. Si uno lee los libros de texto utilizados en nuestras escuelas, no encuentra ninguna participación norteamericana en el acontecimiento. La versión de J. B. Sosa y E. Arce (Compendio de Historia de Panamá), primera historia oficial, salvo una rápida mención del Sr. Shaler (“amigo de la separación”) en Colón, y del acorazado Nashville que “hizo desembarcar una fuerza… para proteger la salida del tren … y los intereses y vidas de los extranjeros de aquella localidad”, pareciera que Estados Unidos no tuvo mucho que ver con la separación de Panamá de Colombia del 3 de Noviembre de 1903.Lo mismo puede decirse de Datos para la Historia de José A. Arango, fuente privilegiada de lo que se ha llamado “leyenda dorada”, para el cual los norteamericanos sólo juegan un papel secundario, de apoyo al movimiento. Sin embargo, Arango deja entrever la participación activa de algunos personajes como Beers, Shaler, Prescott y un “caballero” que no nombra en Nueva York (William N. Cromwell).Basta un poco de curiosidad para indagar quiénes eran estos señores y la “leyenda dorada” se viene al piso, quedando al descubierto el nexo de intereses imperialistas que los unía a la Compañía del Ferrocarril de Panamá, a la Compañía Nueva del Canal (francesa) y a lo que se jugaban en el Tratado Herrán-Hay. Todos ellos, incluyendo J. A. Arango y Manuel Amador Guerrero, laboraban para Compañía del Ferrocarril y tenían como su jefe y cerebro de la conspiración a William N. Cromwell.La leyenda dorada también “olvida” mencionar que Teodoro Roosevelt ordenó el arribo a Panamá, en noviembre de 1903, de hasta diez acorazados para asegurar la separación: Nashville, Dixie, Atlanta, Maine, Mayflower, Praire, Boston, Marblehead, Concord y Wyoming. Ver la obra de McCullough (El cruce entre dos mares) o la novela de Jorge Thomas (Con ardientes fulgores de gloria).2. “Hubo intervención, pero la idea de la separación es de Arango”. Ante el cúmulo de evidencias, los más inteligentes analistas panameños se mueven a lo que se ha llamado la “versión ecléctica”, es decir, no niegan la intervención yanqui, pero la atenúan diciendo que los conspiradores panameños tuvieron la idea de proclamar la separación independientemente de los Estados Unidos. Aceptan que Roosevelt deseaba “tomar el Istmo” por la fuerza ante el rechazo del Tratado Herrán-Hay, alegando “razones de utilidad internacional”, pero que el móvil de los próceres era distinto y nacionalista. La “versión ecléctica” pretende explicar la separación como una conjunción “casual” de intereses entre panameños y norteamericanos.Autores como Jorge Thomas (en su novela histórica Con ardientes fulgores de gloria) o Humberto Ricord (El 3 de Noviembre visto desde el centenario. Tomo I) sostienen que son los conspiradores panameños los que tienen que convencer al gobierno norteamericano de apoyar la separación que ellos han planeado. La base para esta interpretación son los “Datos” de Arango, según el cual, a él se le ocurre la idea en mayo de 1903 y manda primero al “noble Capitán Beers” y luego a Amador a Estados Unidos a buscar apoyo.Pero los hechos contradicen a Arango, porque el Sr. Beers llega a Estados Unidos a comienzos de junio, pero ya el 13 de ese mes, Cromwell ha hecho publicar, por medio del periodista Roger Farham, un artículo en un diario neoyorkino, en el cual se vaticina la separación de Panamá con lujo de detalles, si el tratado es rechazado por el Congreso colombiano. Ricord, que cita el artículo con profusión, pasa por alto el párrafo en el que se dice que, a esa fecha, ya Roosevelt ha estudiado el plan y lo ha discutido con su gabinete y con muchos senadores. Nadie puede creer que Beers haya logrado tanto en un par de días.La misma secuencia cronológica de los hechos constituye una evidencia de que la idea de la separación proviene de Estados Unidos y no de Panamá, y ésta sólo pasa de simple amenaza a conspiración concreta ante el rechazo del Tratado Herrán Hay por parte de la opinión pública colombo-panameña, mediados de 1903. Previamente no existía ningún movimiento o conspiración separatista, ni de parte de los liberales, que eran la oposición (ver La venta del Istmo de Belisario Porras) ni mucho menos de los conservadores como Arango o Amador Guerrero, que tenían íntimos lazos con el gobierno de Bogotá.La trama de la separación sale de las entrañas de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, dirigida por Cromwell desde Nueva York y administrada en Panamá por Beers, Shaler, Prescott, cuyos empleados panameños eran Arango y Amador. Como ya se ha dicho, Beers viaja a Nueva York llamado por Cromwell a fines de mayo (inicios de junio, según Ricord) cuando ya se ve peligrar la aprobación del tratado por Colombia. El 13 de junio aparece el artículo de Roger Farham preconizando al separación, si el tratado es rechazado (subrayamos). El 28 de julio se produce la reunión, en la finca de Las Sabanas, de los hermanos Arias, entre los conspiradores panameños y funcionarios norteamericanos encabezados por el cónsul H. Grudger, pero todavía no se lanza el movimiento separatista, porque hay posibilidades de que el Senado colombiano ratifique el tratado.El 12 de agosto el Senado de Colombia aprueba la resolución que deja en suspenso (hasta 1904) la aprobación del Tratado Herrán Hay, y Manuel Amador Guerrero sale para Estados Unidos el 26 de agosto, no antes (¿Casualidad?), llegando a Nueva York el 1 de septiembre. Pero el gobierno norteamericano aún guarda esperanzas de que el gobierno y el Senado de Colombia puedan cambiar de opinión, así que se entretiene a Amador en Nueva York hasta bien entrado octubre.Lo que decidió la separación fue que el Senado de Colombia clausuró sus sesiones el 31 de octubre sin ratificar el Tratado Herrán-Hay. Entonces es cuando Estados Unidos pone en ejecución el “plan b”, es decir, la separación. Amador es embarcado desde Nueva York con sus instrucciones (dadas por Bunau Varilla) el 20 de octubre y llega a Panamá el 27. Ese mismo día se produce la reunión de los conspiradores panameños en casa de Federico Boyd.La magra decena de conspiradores panameños reciben a Amador llenos de dudas, y sólo aprueban el plan traído por éste, ante la promesa de que el gobierno norteamericano enviaría tropas y buques, como reconoció el propio Tomás Arias posteriormente (ver la obra de Oscar Terán y las indagatorias publicadas por The Story of Panama). Entre las cosas que les hacen dudar, está la fecha del 3 ó 4 de noviembre (una semana!) para la separación.Lógicamente, un movimiento de tal envergadura montado en tan poco tiempo y con tan pocos conspiradores panameños sólo puede tener éxito si se cuenta con las cañoneras norteamericanas, las cuales ya habían recibido órdenes de Roosevelt de trasladarse a Panamá (Terán transcribe las órdenes de movilización dadas por Roosevelt). La seguridad de la intervención armada de Estados Unidos es la garantía exigida por Tomás Arias, en la reunión del 27 de octubre, para sumarse al complot, tal y como él mismo admite. Garantía que es confirmada por Amador y por los hechos. Es cuando Amador envía el famoso cablegrama que dice: “Urge vapor Colón”.Los momentos decisivos de la separación tienen como protagonistas a los norteamericanos, y no al pueblo panameño: el jefe de la Compañía del Ferrocarril en Colón, Shaler, es quien convence a los oficiales colombianos al mando de Tovar, llegados la madrugada del 3 de noviembre, de tomar el tren a Panamá sin sus tropas; son las tropas del acorazado Nashville las que impiden a los soldados colombianos tomar el tren a Panamá los días 4 y 5, cuando se enteran que sus oficiales han sido arrestados por Esteban Huertas; y es el arribo del acorazado Dixie (con 500 soldados), más un soborno de US$ 8,000.00, el que decide al coronel Torres embarcarse para Cartagena sin resistir; en reconocimiento de la actuación norteamericana el prócer Meléndez cede a Shaler el honor de izar la primera bandera panameña en Colón, el día 6, el cual a su vez lo cede a un oficial de inteligencia que dirigió las operaciones, de nombre Murray Black.Se evidencia que no hubo en ningún momento una iniciativa separatista de origen panameño, ni mucho menos una actuación independiente de los “próceres”. La idea y su ejecución están condicionadas por los intereses del gobierno norteamericano en función de la ratificación o no del Tratado Herrán Hay por parte de Colombia. Por falta de espacio no vamos a citar los múltiples despachos, comunicados y advertencias oficiales y extraoficiales del gobierno de Roosevelt que constituyen evidencia clara. Para quien se interese recomendamos leer la obra de D. McCullough (El cruce entre dos mares), de M. Duval (De Cádiz a Catay) y del panameño Oscar Terán (Del Tratado Herrán-Hay al Tratado Hay-Bunau Varilla...).3. “No hubo sobornos en Panamá”. En un artículo aparecido en el suplemento Mosaico del diario La Prensa, Julio Linares Franco, apoyándose en un discurso del Dr. Carlos Arosemena Arias, sostiene que no hay evidencias de sobornos a los próceres, por lo cual estamos ante una difamación.Tanto el Sr. Linares como el Sr. Arosemena, y quien tenga dudas al respecto, deben leer las Memorias de Don Tomás Arias (1977, pág. 27) donde dice: “Conservo en mi poder, inéditas y originales, las cuentas presentadas a la Junta de Gobierno para su aprobación y finiquito por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN BALBOAS TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 285.801.33) por el señor Eduardo Icaza, quien desempeñó el cargo de Intendente General del Ejército durante el período de transición, en las cuales consta, por medio de recibos auténticos, las varias erogaciones que hubo necesidad de hacer para pagar servicios prestados por algunas personas que tomaron parte en el movimiento separatista”.Como dicen los juristas: a confesión de parte, relevo de pruebas. Obsérvese que se habla de “algunas personas”, sin restringirla a los miembros del ejército de Huertas. A los soldados y oficiales se les pagó una suma inferior a ésta (ver obra de Ismael Ortega La jornada del 3 de noviembre y sus antecedentes), lo que indica que hubo civiles que también cobraron. A lo cual podemos agregar el análisis de las incongruencias presupuestarias de los primeros meses de la nueva república, realizado por Ovidio Díaz en las páginas 228-229 de su libro.Oscar Terán cita una declaración jurada del propio Eduardo Icaza en la que admite haber pagado, el 4 de noviembre, “50 pesos plata de 0.835” a cada soldado; 35,000 pesos a Rubén Varón. “Según el rango de cada oficial así les fui pagando: a unos, 10,000; a otros 1,000; a algunos 6,000; y hasta hubo pagos de 1,500. El dinero para estos desembolsos lo saqué de la casa de Isaac Brandon and Brothers, por medio de cheques que estos señores honraban. Recibí de ellos, en esta forma, más de 200,000 pesos plata de 0.835; y además, en una ocasión, la suma redonda de 70,000 dólares oro. También se encontró en la tesorería Nacional Colombiana algún dinero del cual se me entregó la cantidad de 38,000 pesos más o menos. Los pagos los hice bajo la dirección del Dr. Amador quien me instruyó sobre lo que debía pagarle a cada uno, según lista o nómina que había confeccionado de todos ellos...” (P. 250).Si esto no basta, léase las Memorias de Esteban Huertas donde acusa a Manuel Amador Guerrero de intentar sobornarlo repetidamente. Por supuesto, Huertas dice haber rechazado el soborno y que actuó guiado por motivos personales (temía ser fusilado por Tovar, dice). Mediante Ley 60 de 1904 a Huertas se le concedieron 50,000 dólares pero, señala Terán, al no ser incluidos éstos en el presupuesto, ni en la liquidación del mismo la suma respectiva, constituye evidencia, según Terán, que el dinero salió del millón de dólares que dispuso J.P. Morgan para sobornos (“fondo de los reptiles”).Este millón de dólares salió de los 10 millones que correspondían a Panamá, de acuerdo al Tratado Hay-Bunau Varilla, y fue manejado así: 643,000 fueron retenidos por el banco J.P. Morgan con la excusa de cubrir gastos en que incurrieron, los 50 mil de Huertas, 200,000 enviados a Panamá (la mitad puestos por Bunau Varilla y la otra por Cromwell, durante los primeros días de noviembre) y 160,000 cuyo destino se desconoce.4. “No hay evidencias de un negociado con las acciones del Canal francés”. Tanto Julio Linares, como el historiador Fernando Aparicio (En defensa del 3 de Noviembre) se empeñan en negar que hubo un negociado dirigido por Cromwell y un grupo de norteamericanos que compraron en secreto gran parte de las acciones de la Compañía Nueva del Canal, invirtiendo 3.5 millones de dólares, y obteniendo 40 millones de su gobierno gracias al Tratado Hay-Bunau Varilla. Según ellos, carecen de crédito las evidencias presentadas en 1912-13 ante el Congreso norteamericano (compiladas en The Story of Panama) por estar basadas en los intentos difamatorios del periodista Henry Hall, y en el alegato del propio Cromwell ante una corte francesa para cobrar sus honorarios por los servicios prestados a la Cía. Nueva del Canal.El problema que tienen Linares y Aparicio es que, como se puede ver en el libro de Ovidio Díaz (copias fotostáticas), es que no estamos sólo ante la palabra de Hall, sino que existe evidencia documental de puño y letra de Cromwell, tanto del Memorándum de Entendimiento entre los especuladores de Wall Street (firmado el 25 de mayo de 1900), como un Estado de Cuentas presentado por Isaac Seligman.Además constituye una evidencia circunstancial la propia secuencia de los hechos: el papel protagónico de Cromwell, la Compañía del Ferrocarril y sus empleados; así como el apuro ilógico de Teodoro Roosevelt de pagar 40 millones a la empresa “francesa” que se hubiera ahorrado de esperar uno meses a que vencieran sus derechos, como sugirió el Congreso colombiano; así como la obstinación de la “Compañía Nueva del Canal” en no pagar a Colombia ni un centavo de compensación como establecía el Acuerdo Salgar-Wyse.El apuro de Roosevelt es “ilógico” porque la última propuesta del gobierno colombiano era mutuamente ventajosa: esperar a que venciera el contrato de la Compañía Nueva del Canal (francesa) en 1904, para que no tuvieran que pagarle los 40 millones que pedía; a cambio de que Colombia recibiera 25 millones de dólares, en vez de los 10 millones establecidos en el Tratado Herrán-Hay. Estados Unidos se ahorraba 25 millones de dólares. ¿Por qué Roosevelt actuó como lo hizo? Según Ovidio Díaz, porque un cuñado suyo, el hermano de su ministro de guerra (Taft) y otros personajes de su gobierno participaban del negociado de las acciones de la Compañía Nueva del Canal5. “Cromwell no intervino porque dejó plantado a Amador”. Este es otro mito sobre el que se han gastado muchas páginas. Los hechos: junto a Amador viajó José G. Duque quien, a través de La Estrella de Panamá fue el mayor defensor del Tratado Herrán-Hay. Duque fue atendido primero por Cromwell, el cual le consiguió una cita inmediata con el Secretario de Estado, John Hay; pero, tan pronto Duque salió de la reunión fue a visitar a su amigo Tomás Herrán, embajador colombiano, y le contó la trama separatista y la presencia de Amador en Nueva York. ¿Por qué lo hizo? Tal vez como un doble juego, por si algo fallaba.La visita de Duque a Herrán motivó que este último dirigiera una fuerte carta a Cromwell advirtiéndole que los intereses que representaba en Panamá estaban en peligro si se involucraba en promover la separación. Ello motivó al abogado a distanciarse de Amador, e hizo llamar a su socio Bunau Varilla para tratar con el panameño. Aparentemente no se molestó en explicárselo, de ahí el cablegrama enviado por Amador a Panamá con la expresión “disappointed” (decepcionado).Pero en realidad, Cromwell cablegrafió de inmediato a su socio Bunau Varilla para que tratara con Amador, labor que no podía asumir directamente sino a riesgo de poner en peligro sus intereses. Bunau Varilla inmeditamente se trasladó a Nueva York desde París, donde se encontraba, llegando el día 22 de septiembre. Aunque la excusa esgrimida por Bunau Varilla para este viaje es la supuesta enfermedad de su hijo, que estaba vacacionando en Estados Unidos, él mismo cuenta que lo primero que hizo, tan pronto bajó del barco, fue visitar a Amador a su hotel, y no ir a ver a su hijo “enfermo”. Que Cromwell siguió moviendo los hilos de las marionetas detrás del escenario queda probado por la participación activa de los directivos de la Cía del Ferrocarril en los hechos (Beers, Shaler, Prescott).6.“Todas las independencias han recibido apoyo extranjero”. Sí, pero hay independencias e “independencias”. Una cosa es cuando una nación en proceso de conformación forja soberanamente una política de alianzas internacionales para respaldarse, como Washington con Francia o Bolívar con Inglaterra. Otra muy distinta es cuando una potencia desgaja un pedazo de la nación que desea debilitar en función de sus intereses propios. Por ejemplo, se sabe que Martí luchó por la independencia de Cuba, pero fue derrotado, y que la Guerra de 1898 contra España por parte de EEUU no era en apoyo de la emancipación cubana o puertorriqueña, sino para arrebatarle las islas al decadente imperio español poniéndolas bajo su dominación.El mapa del mundo del siglo XX es incomprensible si no se parte del criterio de que muchos países y fronteras nacionales fueron moldeados por las potencias capitalistas a su criterio, no atendiendo a razones nacionales o históricas de los pueblos. Si no se entiende esto, no se explican las guerras nacionales que siguen asolando al mundo: Yugoslavia, Ruanda, Palestina, etc. Muchos países fueron creados artificialmente por motivos geopolíticos: Taiwán frente a China; el fracaso del Congreso Anficitiónico de 1826 por mano norteamericana; el fraccionamiento de Centroamérica en cinco pequeñas repúblicas bananeras. La separación de Panamá de Colombia se produce en este escenario. En la obra de Terán se prueba cómo las resoluciones de la Junta Provisional emanaban primero de Bunau Varilla.. “Panamá es una nación diferenciada de Colombia que intentó repetidas veces separarse”. Hay quienes pretenden que Panamá es una nación desde hace 500 años (En los quinientos años de la Nación panameña de Fermín Azcárate, Ricardo Ríos también). Este absurdo sólo es posible si se ignora qué es una nación y no se le diferencia del concepto de estado.Como señalamos en un libro nuestro (Estado, nación y clases sociales en Panamá), desde el siglo XIX Humbolt y Schiller establecen la diferencia entre nación-cultura y nación-estado. El problema es que se usan ambas acepciones sin distingo. Por ejemplo, existen en el mundo: naciones-cultura sin estado (como los kurdos), naciones-estado que incluyen dentro de sí varias naciones-cultura, aunque suele predominar una (como la ex URSS y la Federación Rusa hoy) y en pocos casos existen estados-nación uninacionales (como Irlanda). En el caso de hispanoamérica o de los árabes tenemos una nación-cultura escindida en muchos estados-nacionales por circunstancias históricas muy concretas.El historiador F. Aparicio tiene este problema pues, además de deformar nuestro planteamiento, termina señalando que Nueva Granada o Colombia fracasó como nación porque fracasaron sus regímenes políticos, el liberal radical (1863-85) y el de la Regeneración (1885-1903).Si entendemos por nación una comunidad cultural que se identifica con un pasado común, la lengua, la religión, etc., hasta el siglo XIX fuimos parte de la nación hispana, y hasta el siglo XX hicimos parte de la nación colombiana, que sería una fracción de la nación cultural hispanoamericana. En este sentido, constituían y aún es así, naciones diferentes las culturas indígenas no asimiladas por la cultura española. La ruptura definitiva de Hispanoamérica no quedó completamente planteada hasta que el liberalismo español se negó, en las Cortes de Cádiz, a una reforma política que diera plena igualdad a los nacidos allende el mar. Cada una de las repúblicas hispanoamericanas son fragmentos de una gran nación que no llegó a constituirse por la intervención de ingleses y norteamericanos, y el egoísmo de las oligarquías regionales.La lectura cuidadosa de libros como El Panamá colombiano, de Araúz y Pizzurno, o el de Alfredo Figueroa N. (Dominio y sociedad en el Panamá colombiano) evidencia que, nunca hubo una vocación firmemente separatista entre las clases dominantes del Istmo y que, cuando acariciaron la idea, ésta no tuvo por objetivo la creación de un estado independiente, sino la sujeción o anexión al dominio inglés o norteamericano (hanseatismo), a lo que se opuso el arrabal de Santa Ana y sus líderes liberales (por ejemplo en la crisis de 1830-1831).Un mito usual entre nuestros historiadores e ideólogos es calificar a Justo Arosemena como “padre de la nación panameña”, y a su famoso libro “El Estado Federal de Panamá” como sustento de la separación. Nada más falso, pues en ese libro, Arosemena dice claramente que se opone a la separación y, cuando habla de “nación” o “nacionalidad” se refiere a Colombia.Los llamados intentos separatistas de Panamá de Colombia a lo largo del siglo XIX ameritan un estudio particular, porque nuestros historiadores han descontextualizado los hechos, después de 1903, para ponerlos como supuestos prolegómenos del 3 de Noviembre. El error metodológico subyacente parte por analizar las “actas separatistas” del siglo XIX sin visualizar lo que pasaba en el conjunto del estado neogranadino o colombiano en ese momento.Por ejemplo, el historiador Rommel Escarreola (“Consideraciones históricas sobre los acontecimientos del 3 de noviembre de 1903”) sustenta su interpretación de la separación sobre la base una aspiración persistente de los comerciantes panameños por “recuperar el espacio económico perdido” de la que los “intentos separatistas” (1830, 1831, 1840, 1861 y 1885) serían la expresión de este proyecto nacional.En realidad, la mayoría de las llamadas “actas separatistas” no expresaban otra cosa que conflictos políticos entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, comerciantes librecambistas y proteccionistas, y no un conflicto nación oprimida versus nación opresora.No se trata de negar la existencia de graves contradicciones durante el decimonono colombiano, sino de esclarecer la verdadera índole de aquellos conflictos. Un análisis de las circunstancias que les dieron origen muestra que, más que un conflicto “nación panameña” vs “nación colombiana”, son producto de las contradicciones políticas y sociales que se abatían sobre el país.El Acta de 1821. Algunos afirman que el hecho de que Panamá proclamara su independencia de España en 1821, sin intervención de los ejércitos bolivarianos, ya es una prueba de que constituíamos una entidad independiente, reafirmado por la adhesión voluntaria al proyecto de la Gran Colombia.Quienes así hablan olvidan algunos detalles: 1. Panamá estaba adscrita, desde 1739, al Virreinato de la Nueva Granada; 2. El Istmo era una región debilitada económica y demográficamente que no podía sostenerse sola como estado independiente; 3. Que la Villa de los Santos llamó a los ejércitos de Bolívar a hacerse presentes, y esto obligó a los comerciantes de Panamá y a José de Fábrega a sumarse a la independencia; 4. Como dijo Belisario Porras mucho después: “Panamá sólo se alzó, al tener noticias de que los españoles iban de capa caída por todas partes”.El Acta de 1826 se la presenta a la ligera como el primer esfuerzo separatista, sin embargo, no hay en ella nada de eso. Ese año, luego de una larga ausencia, Simón Bolívar retorna a Bogotá desde Bolivia y Perú con un proyecto de nueva Constitución Política que, entre otras cosas, le nombra presidente vitalicio. Como Santander y la oligarquía neogranadina se le oponían, Bolívar pidió respaldo mediante pronunciamientos.En Panamá, su hombre de confianza, el general Carreño, promovió un acta de apoyo a Bolívar. Actas similares se hicieron en Guayaquil, Quito y Cuenca. Pero los “notables” del Istmo ya estaban políticamente más cerca de Santander, así que redactaron una declaración ambigua, sin tomar partido por Bolívar. En el artículo cuarto, expresaban su deseo de leyes espaciales para el Istmo, en el sentido de levantar los impuestos aduaneros que afectaban sus negocios. Como la misma no satisfizo a Carreño, los militares promovieron poco después otra acta, salida de la agitación popular del interior y el arrabal, contrapuesta a la primera, que sí apoyaba incondicionalmente a Bolívar.El Acta de 1826 no es una proclama independentista, sino política, y expresa la disputa entre dos partidos: santanderistas y bolivaristas. También los hechos reflejan que en Panamá hay una incipiente contradicción social, entre el pueblo y los notables (comerciantes). Lo único que tiene de particularismo local es el librecambismo de los comerciantes istmeños y el proteccionismo prevaleciente en Bogotá.El Acta de 20 de septiembre de 1830. Año en que Bolívar, harto del sabotaje de los santanderistas y enfermo terminal de tuberculosis, renuncia a la Presidencia y marcha al exilio europeo, al que no pudo llegar. El general panameño José D. Espinar realiza un acto de insubordinación frente a los que se apoderan del gobierno, y que además le degradan separándolo de Panamá, donde era jefe militar, ordenándole marchar a Veraguas. El móvil de Espinar era exigir el retorno de Bolívar al gobierno.El artículo primero proclama la separación “especialmente del Gobierno de Bogotá”. El segundo exige: “Panamá desea que su Excelencia el Libertador Simón Bolívar se encargue del Gobierno Constitucional de la República, como medida indispensable para volver a la unión de las partes de ella que se han separado bajo pretextos diferentes, quedando desde luego este Departamento bajo su inmediata protección”. Y el tercero: “Panamá será reintegrada a la República luego que el Libertador se encargue de la Administración o desde que la Nación se organice unánimemente de cualquier medio legal”. El considerando alude a una circular emanada de Bogotá para que “los pueblos manifiesten sus deseos”.Nótese que se trata de un conflicto político, continuidad del que dio origen al Acta de 1826, que además no se proclama una independencia absoluta sino condicionada, y que al usar el vocablo “nación” lo hace para referirse al conjunto, no a Panamá. Esta proclama perdió sentido cuando Bolívar contestó a los enviados de Espinar que desistieran, y los bolivaristas recuperaron el poder a través de Rafael Urdaneta.Destaquemos también que el considerando recoge el reclamo de los comerciantes istmeños, no de una separación, sino la queja de que al separarse las provincias del sur (Ecuador y Perú) se habían afectado las relaciones mercantiles de Panamá, ya que éstas eran sus mercados naturales, no así las provincias del centro (Bogotá). Este tipo de reclamo mercantil es la tónica real de las clases dominantes en el Istmo, no la construcción de una nación independiente.En 1834 se decreta una legislación especial atendiendo a estas reclamaciones comerciales (ver “El Panamá colombiano”, de Araúz y Pizzurno), a partir de la cual cesan las quejas de la oligarquía istmeña. En las décadas siguientes, en especial durante la fase federalista del estado colombiano, pero también bajo el régimen centralista de Núñez siempre hubo legislaciones específicas para Panamá para asegurar su especificidad transitista. Por ello, mal puede afirmar Escarreola que estábamos ante pérdida del control administrativo de Panamá por parte de los comerciantes istmeños “usurpado por el centralismo colombiano”El Acta de 1831. Como los notables (comerciantes) del “intramuros” eran hostiles a Espinar, por motivos políticos (él era bolivarista, ellos santanderistas), sociales (él expresaba al sector plebeyo del ejército, ellos las élites comerciales), raciales (él era mulato, ellos blancos), promovieron que el general Juan E. Alzuru se sublevara, arrestara y deportara a Espinar. Alzuru, apoyado por los comerciantes istmeños, deshace la “separación” de Espinar el 22 de junio de 1831.Pero el 9 de julio se proclamó una nueva acta. Las circunstancias: Bolívar acababa de morir; empieza la disgregación del Estado colombiano, los caudillos regionales se enfocan en sus intereses locales; en Ecuador el general Flórez proclama su república contra Urdaneta y deporta a Panamá a una veintena de oficiales venezolanos; éstos animan a Alzuru a proclamar un acto semejante en Panamá para hacerse con el poder; se inicia un intento de Confederación entre Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.En los considerando uno y dos nuevamente se arguye el problema de las relaciones comerciales con Nueva Granada. Pero la proclama no habla de “independencia” sino que (art. 1) “Panamá se declara territorio de la Confederación Colombiana y tendrá una administración propia…”. Es decir, se proclama un estado federado, reafirmado por el artículo tercero que señala que los “tres grandes Estados de Colombia disfrutarán de todas inmunidades comerciales que se conceden a los istmeños”… (a cambio del mismo trato); “siendo un pueblo de la familia colombiana” (art. 4); ofrece el territorio para que sea la “residencia de la Confederación”, capital política (art. 5); y conserva la Constitución, leyes y símbolos de la república “en prueba de amistad y amor hacia la Nación a que espontáneamente se unió” (art. 7).Pero Alzuru estaba lejos de representar los intereses de los comerciantes ya que, como militar, también era bolivarista. Duró poco, y le correspondió nada menos que al General Tomás Herrera, enviado con 200 soldados desde Bogotá, aplastar al régimen de Alzuru y fusilarlo el 29 de agosto de 1831.Mariano Arosemena da cuenta de las contradicciones sociales y que el objetivo de los comerciantes panameños no era la independencia, al decir que Alzuru se apoyaba en “una pueblada espantosa” y que (los comerciantes) “neutralizamos el proyecto de absoluta independencia…”. Destaquemos lo dicho por Alfredo Figueroa N.: “Es significativo el que la provincia de Veraguas, regida por Fábrega, se haya opuesto a las dos independencias proclamadas por Espinar y Alzuru”. Veraguas fue el bastión del latifundismo y el conservatismo en Panamá y, por ende, aliada a esos mismos sectores sociales en el resto de Colombia.El Acta de 1840. Es imposible entender el Estado Libre o Soberano del Istmo (1840-41), proclamado por Tomás Herrera, sin la perspectiva general de la guerra civil que asoló a Colombia y se llamó la guerra de “Los Supremos” (caciques político-militares). Al igual que Herrera en Panamá, proclamaron otros tantos “estados libres”: González en el Socorro, Reyes Patria en Sogamoso, Carmona en Santa Marta, Troncoso en Mompox y Gutiérrez de Piñeres en Cartagena.No estamos ante un acto aislado de los istmeños. Según Humberto Ricord estas proclamas obedecieron a un comunicado del Poder Ejecutivo que, desde Bogotá, reconociendo su incapacidad de contener la sublevación, para que “las autoridades provinciales tomaran todas la medidas que procedieran para salvaguardar la tranquilidad y el orden público”. Lamaitre dice: “Cada uno se encerraba en su casa, se echaba cerrojo por dentro, y dejaba que el turbión de la guerra pasara por encima…”La revuelta empezó como una sublevación conservadora en Pasto contra la disolución de algunos conventos, pero pronto se volvió en su contrario (liberal) cuando aparecieron pruebas de que el caudillo José M. Obando había asesinado al general Sucre por orden de Bogotá. Los caudillos o “supremos” se alzaron exigiendo un régimen federal. Por ello el Acta del 18 de Noviembre de 1840, redactada por Tomás Herrera considera que, dada la “disolución” de la república producto de la guerra (art.1); proclama el Estado Soberano (art.2); condiciona su reintegro a la Nueva Granada bajo un régimen federal (art.3); y establece el carácter “provisorio” de las nuevas autoridades.Nuevamente Veraguas, dirigida por Carlos Fábrega, se opuso a esta proclama. En marzo de 1841 se reunió una Convención Constituyente del Istmo que, a instancias de Herrera, mantuvo la voluntad de adherir a una Nueva Granada federal, rechazando el centralismo (art. 2). Cuando Pedro Alcántara Herrán controló el poder y Gutiérrez retornó Cartagena al centralismo, Herrera se vio obligado a negociar.De esta fase proceden los principales alegatos de Tomás Herrera en torno a las reclamaciones comerciales del Istmo (“nuestras necesidades son peculiares”), exige negociaciones para la apertura de un canal, y señala que un Congreso reunido a “300 leguas de distancia, jamás legislará convenientemente para nosotros”. También preocupaba a Herrera la amnistía dictada por el gobierno, pues no tenía seguridad de que no recibiría represalias, tal como después sucedió (fue desterrado por tres años).Le tocó negociar con Rufino Cuervo, y en una carta dirigida a él, en la que insistió sobre la necesidad de una “administración adecuada” y leyes especiales para el Istmo, también dijo enfáticamente: “Jamás el Istmo se habría lanzado a romper de hecho una unión en que entró por su libre albedrío…”. El 31 de diciembre de 1841, Herrera se reincorporó a la Nueva Granada, de la que llegaría a ser él (Tomás Herrera) vicepresidente (el presidente fue el chiricano José de Obaldía) y presidente encargado en 1854.Como se puede apreciar, en realidad estamos ante sistemáticos conflictos: 1. políticos (santanderistas vs bolivaristas, primero, y luego conservadores vs liberales); 2. sociales (clases oligárquicas terratenientes y comerciales vs el pueblo y el artesanado apyodo por profesionales); 3. Adminitrativos (centralistas vs federalistas). Conflictos que, además, no eran exclusivos de Panamá frente a Bogotá, sino que asolaron a toda la Gran Colombia primero, y a la Nueva Granada después.Vamos a obviar, que hemos tratado en anteriores artículos, la fase del Estado Federal de Panamá, que surgió como un régimen especial en 1855, pero se hizo extensivo a toda Colombia al año siguiente, y que quedó consignada en las Constituciones de 1858 y 1863. Esta última co-rredactada por Justo Arosemena. A partir de la influencia de la Revolución de 1848 en Europa, cobraron fuerza en Colombia las ideas liberales fuertemente asociadas a criterios federalistas y librecambistas, que permitió una confluencia de intereses entre comerciantes y terratenientes. Bajo este signo político se organizó Colombia o los Estados Unidos de Colombia hasta que entró en crisis a mediados de la década de 1870, cuando se forjó el régimen centralista de la Regeneración encabezado por Rafael Núñez.Lo más importante es que el panameño que encarnó las ideas federalistas, Justo Arosemena, en su libro El Estado Federal de Panamá, lejos de promover la separación del Istmo sostiene con toda claridad que el federalismo es la fórmula para impedir su desgajamiento de Colombia, no por voluntad de los istmeños, sino por la intervención de potencias extranjeras ansiosas de quedarse con una ruta tan codiciada. Quienes sostienen que Arosemena abogó por la separación, y lo califican de “padre de la nacionalidad panameña”, o mienten descaradamente o no han leído su obra.“En ocasiones anteriores he manifestado mis temores de que el Istmo de Panamá se pierda para la Nueva Granada si esta no vuelve en sí,..., y asegura su posesión dándole un buen gobierno inmediato... Grandes y numerosos intereses extranjeros se están acumulando en su territorio.... Para evitar, por consiguiente, que con pretexto de darse la seguridad que nosotros le negamos, quisieran adueñarse de un país tan codiciable para cualquier nación poderosa y mercantil, plateemos en el Istmo de Panamá un gobierno, que siendo liberal, tenga igualmente la eficacia que le daría el concurso de todos los istemeños, y el poder anexo a una sólida organización....”. Descartando la idea de la separación dice: “Es esto más de lo que el Istmo apetece..., mucho más cuando solo quiere tener un gobierno propio para sus asuntos especiales, sin romper los vínculos de la nacionalidad...” (Justo Arosemena).No nos detendremos en los pormenores del Convenio de Colón y la crisis de 1860-62, la cual muchos interpretan como otro intento secesionista, pero que el debate entre Justo Arosemena y Gil Colunje (publicado por Ricaurte Soler bajo el título Teoría de la Nacionalidad) muestra que se trató más de un conflicto político, liberal-conservador. Guerra civil en la que los liberales panameños y el arrabal de Santa Ana, dirigidos por Buenaventura Correoso, apoyaron activamente a las tropas enviadas por Tomás C. Mosquera contra el conservador Santiago de la Guardia.Tampoco es separatista la sublevación de Colón en 1885 que terminó con el ahorcamiento del líder liberal colombiano Pedro Prestán. Guerra Civil que sirvió de excusa a Rafael Núñez (quien vivió muchos años en Panamá y casó en primer matrimonio con una chiricana, con la cual tuvo dos hijos, y era amigo personal de las más importantes familias del Istmo, como los Arosemena) para abolir el federalismo con la Constitución de 1886. El centralismo de Núñez fue apoyado por los conservadores panameños. José Terán cita una resolución emitida por éstos, el 2 de febrero de 1902(!), a raíz de la muerte del general Albán, en la que se lee: “Sostenedores de las instituciones conservadoras 86…” con la firma de Tomás Arias, Nicolás Victoria J., Manuel Amador Guerrero, y otros futuros “próceres”.El problema central en Colombia (bajo todas denominaciones que tuvo en el siglo XIX) era la inexistencia de una clase capitalista capaz de unificar bajo una perspectiva común los intereses regionalistas, creando un mercado nacional. La fragmentación en burguesías comerciales importadores y exportadoras de carácter local, o terratenientes locales, asociadas y aupadas por intereses extranjeros (ingleses o norteamericanos), intensificaba estas luchas. A lo que se sumaba el conflicto entre el liberalismo, dispuesto a una reforma del Estado modernizante, y el latifundio conservador opuesto a renunciar a sus privilegios.Cada élite local abogaba por sus intereses, procurando que la máquina del Estado se inclinara en su favor. Así lo hizo la burguesía panameña igual que la de otras regiones. Lo que no quiere decir que se animaran a una ruptura definitiva con Colombia. Agreguemos que el arrabal y el interior, al igual que hoy, no compartía los mismos intereses que dicha burguesía comercial. En reiteradas ocasiones se le opuso.8. “Los que defienden la leyenda negra son unos analfabetas de la historia”. Cuando se acaban los argumentos racionales, se recurre al insulto. El Prof. Ricardo Ríos no sólo nos ha llamado, a Ovidio Díaz y a mí “analfabetas” (sin tomar en consideración la abundante e irrefutable fuente bibliográfica en la que están basados nuestros libros), ha dicho que nos “falta manejo científico de la hermenéutica y la heurística” y que tenemos una “posición fundamentalista”. Sin embargo, para refutarnos el Prof. Ríos no hace gala de ningún manejo hermenéutico, ni heurístico, se vuelve puro sentimiento.La historia como ciencia, y no como mero relato subjetivo, tiene como fundamento los hechos, el acontecimiento (como diría Braudel). Como toda ciencia, la historia requiere que la interpretación de los hechos esté verificada por los datos empíricos que, en este caso, se materializan en los documentos y testimonios. Como decimos en la introducción de nuestro libro, todas las afirmaciones que allí hacemos están fundamentadas en documentación debidamente refrendada por historiadores cuya seriedad y prestigio no admiten duda: McCullough, Duval, Lemaitre, Gasteazoro y otros, incluidos defensores de la leyenda dorada. Rebatirnos requiere rebatirlos a ellos, y con documentos.Que no estamos ante una visión “fundamentalista” o “ideológica” lo prueba que en torno a estos hechos hay unanimidad entre personas de diversas posiciones políticas y sociales: desde historiadores como los citados, que no tienen nada de “comunistas”, hasta el conservador Oscar Terán, el banquero Ovidio Díaz o el trotsquista Olmedo Beluche.9. “Todos los panameños anhelaban la separación”. Este mito tan repetido sólo se explica por la ignorancia. Ignorancia que pretende contraponer el “nacionalismo” panameño contra la “opresión” colombiana, sin concocer que varios de los “próceres” eran nacidos en otras provincias de Colombia: como Amador Guerrero (cartagenero), Eusebio A. Morales (Sincelejo), Esteban Huertas, etc..Algunos haciendo un despliegue imaginativo, sin fundamento documental, aseveran que el apoyo masivo al liberalismo istmeño en la Guerra de los Mil Días expresaba el respaldo al separatismo, Todavía nadie ha mostrado alguna proclama liberal en este sentido. Y por el contrario, como probamos en La verdadera historia…, Belisario Porras sí escribió contra el Tratado Herrán-Hay y contra la separación de Colombia en mayo de 1903 (La venta del Istmo), y Victoriano Lorenzo ante el pelotón de fusilamiento rogó por la “unidad de todos los colombianos”, según Jorge Conte Porras. A lo que habría que agregar de que el mayor detractor del tratado fue un panameño al que la historia oficial ha olvidado, Juan B. Pérez y Soto.En favor de que la mayoría de los istmeños no participaban, ni corrieron a apoyar la separación, cito a un apologista de los próceres, Ismael Ortega (La jornada del 3 de Noviembre de 1903 y sus antecedentes, 1931): Chiriquí no adhirió hasta el 29 de noviembre, luego que enviaron un acorazado yanqui; los kunas se opusieron; los bocatoreños fueron sorprendidos; en Azuero arrestaron al enviado de los separatistas; y en Colón gritaron improperios a Eliseo Torres por retirarse sin pelear contra los soldados norteamericanos; en Darién hubo resistencia armada y arrestos.Oscar Terán hace estimaciones de que, al 6 de noviembre de 1903, en la mitad de las seis provincias que componían el Departamento de Panamá no había adhesiones al movimiento separatista. De los sesenta Consejos Municipales, 48 no se habían pronunciado a esa fecha; de los 381,000 habitantes del Istmo, 265,551 no se habían enterado de los sucesos. Más aún, al 30 de noviembre, el 40% de los habitantes permanecían “renuentes y retrechos” a aceptar la separación.Según el historiador Carlos A. Mendoza (Radio Libre 22/10/2003), los liberales de Santa Ana que marcharon a las Bóvedas la tarde del 3 de Noviembre lo hacían bajo la convicción de que por fin el accederían al poder. Según Terán el “pueblo” eran los bomberos al mando de J.G. Duque. Como lo reconoció el propio Tomás Arias: “No, unos días antes enteramos a algunos más (del movimiento separatista). Al principio sólo éramos siete u ocho y después enteramos a algunos más, pues nos interesaba hacer ver que el movimiento era popular”.El propio Amador Guerrero deja ver el verdadero carácter del movimiento separatista en una carta dirigida a su hijo Raúl, con fecha del 18 de octubre, cuando aún estaba en Nueva York: “El plan me parece bueno. Se declara independiente una porción del Istmo al cual no permiten los Estados Unidos llegar fuerzas de Colombia a atacarnos. Se convoca una Asamblea y ésta da facultades a un Ministro que nombra el nuevo Gobierno par que haga un Tratado sin necesidad de ulterior aprobación de es Asamblea. Aprobado el tratado por ambas partes ya queda la Nueva república proegida por los Estados Unidos y se agregarán los demás pueblos del Istmo que no estaban formando parte de esa República y quedan también bajo la protección de estados Unidos”.¿Por qué no hubo mayores expresiones de rechazo a la separación en Panamá? Por la represión. El desembarco de miles de soldados norteamericanos en sí mismo constituyó un acto intimidatorio que fue complementado por el Decreto No. 17, de 11 de Noviembre de 1903, por el cual se amenazó con expulsar de Panamá a las personas que se mostraran “no satisfechas con el movimiento separatista verificado últimamente”. Además el Decreto No. 12, del 12 de Noviembre de 1903, conminó a la gente, en especial empleados públicos, a firmar una “declaración de fidelidad a la República” en un plazo de tres días, so pena de separarlos de sus empleos.10. “Gracias a los próceres somos independientes”. El acontecimiento también puede ser evaluado retrospectivamente por sus consecuencias históricas. ¿Cuál es el legado del 3 de Noviembre de 1903? ¿Un país independiente? Evidentemente no. Los próceres no nos legaron, ni siquiera, una “independencia mediatizada”, como insisten sus defensores, sino un “protectorado”, es decir una colonia controlada en todos los sentidos por Estados Unidos. Quien lo dude, que repase el Tratado Hay-Bunau Varilla, refrendado por ellos sin leerlos ni traducirlo al español, y el artículo 136 de la Constitución de 1904.El destino de los 10 millones de dólares pagados por la firma del Tratado Hay-Bunau Varilla es el reflejo más ridículo y a la vez el más real de cuan poco “independiente” se hizo Panamá: 1 millón se gastó en la separación pagando sobornos (la contabilidad gubernamental no pudo registrar en qué se gastó), 3 millones entraron al erario para que funcionara el gobierno a partir de 1904; y 6 millones se quedaron en Estados Unidos para ser invertidos en bienes y raíces (“fondos de la posteridad”) administrados por el agente fiscal y cónsul de Panamá en Nueva York, nada menos y nada más que el Sr. William N. Cromwell.¿Carecemos de pasado heroico y orgullo nacional? No. Pero el heroísmo y lo poco que tenemos de “independencia” no lo obtuvimos de los gestores del 3 de Noviembre, sino de los verdaderos próceres que dieron su lucha, su sangre y su vida: los soldados de Coto de 1921, los trabajadores del Movimiento Inquilinario de 1925, la juventud de 1947, de 1958 y 59, y sobre todo los Mártires de 1964. A ellos debemos homenajear. La historia panameña del siglo XX no se entiende sino como lucha contra la imposición colonialista del 3 de Noviembre de 1903.BIBLIOGRAFIA:1) AMADOR Guerrero, Manuel. “Memorias sobre la Emancipación de Panamá que comenzó a escribir de su puño y letra el doctor Guerrero”. Suplemento Épocas, No. 2, Año 18. La Prensa. Panamá, febrero de 2003.2) AMADOR Guerrero, Manuel. “Carta familiar enviada por el Dr. Manuel Amador Guerrero a propósito de su recibimiento en Estados Unidos”. Suplemento Épocas, No. 2, Año 18. La Prensa. Panamá, febrero de 2003.3) APARICIO, Fernado. En defensa del 3 de Noviembre. 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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: La separación de Panamá de Colombia: Mitos y falsedades


La Separación de Panamá de Colombia: Mitos y falsedades

34. EL CANAL DE PANAMA Y SUS PERIPECIAS






EDUARDO LEMAITRE
Historiador





Lo imposible es poco


La idea de excavar un canal que uniese el Pacífico con el Atlántico, nació casi desde el mismo día en que Balboa descubrió el mar del Sur. ¡Estaban tan cerca! Veinte leguas apenas separaban a los dos mares. Pero también, desde ese día, los propios conquistadores españoles empezaron a discutir sobre la posibilidad de la obra. Pascual de Andagoya, por ejemplo, dictaminó de modo tajante, que “con todo el oro del mundo no se saldría con ello”. Pero López de Gómara, hombre por lo que se ve más audaz, se atrevió a decirle al rey: “dadme quien lo quiera hacer, que hacer, se puede; no falte ánimo, que no faltará dinero, y las Indias, donde se ha de hacer, lo dan”. Y añadió esta frase calderoniana: “para un Rey de Castilla, lo imposible es poco”.


Pero el emperador Carlos V, que estaba muy ocupado con sus guerras en Europa, se hizo el sordo; y luego Felipe II, rey por sobre todo prudente, no queriendo meterse en camisa de once varas, le puso al asunto un sello religioso, como para que sus súbditos no volvieran a molestarlo con el utópico proyecto: “el hombre no debe separar lo que Dios ha unido”, dijo, y con esta cita de San Mateo se quitó de ruidos y no se volvió a hablar más del canal, durante dos siglos.


Pero el asunto se alborotó de nuevo ya a fines del siglo XVIII, bajo Carlos III, monarca progresista, cuando unos cañones, fabricados en Manila en el siglo XVI, fueron hallados en Veracruz, y se comprobó documentalmente que Hernán Cortés los había transportado de un océano a otro a través del istmo de Tehuantepec, aprovechándose de los ríos que lo cruzan. ¿Cómo no admitir la posibilidad de abrir un canal? Para mayor sorpresa, vino por esos años a América el barón de Humboldt y, después de estudiar el problema, concluyó admitiendo la factibilidad de abrir no una, sino varias vías acuáticas, a través de nueve estrechuras ístmicas que iban desde la Patagonia hasta los ríos Misisipí-Misuri y Peace-Columbia. Una de ellas era, lógicamente, la de Panamá.





La protección del Istmo


No fue, empero, sino ya en la época de Bolívar y de la “Gran Colombia” cuando la cuestión canalera comenzó a situarse en terreno más práctico. Muchas propuestas le llovieron al Libertador al respecto; mas, como él pensaba siempre en grande, creyó que lo mejor era construir el canal directamente por el Estado con un empréstito inglés. Y en esas se hallaba, cuando lo sorprendió la muerte. Pero ya desde entonces varios exploradores; un sueco, dos norteamericanos y un británico habían señalado como ruta ideal la que partiendo de la bahía de Panamá y aprovechándose de las aguas del río Chagres, llegase a la bahía de Limón sobre el Caribe o sea, aproximadamente, donde hoy se encuentra la ciudad de Colón.


Después de muerto Bolívar el proyecto del canal interoceánico por Panamá siguió dando vueltas y revueltas; y ya, disuelta la “Gran Colombia”, muchos fueron los que pretendieron obtener concesiones de la Nueva Granada para construirlo. Pero ni las propuestas eran suficientemente serias ni la rivalidad, ya creciente, entre los Estados Unidos e Inglaterra en el Caribe iba a permitir que algo se concretase al respecto. Inglaterra sobre todo buscaba afanosamente los medios para apoderarse del istmo. Y como entonces Estados Unidos no había mostrado aún sus afiladas garras, al menos en forma descarada, el gobierno de la Nueva Granada temeroso de los ingleses y sabiéndose débil para defender al istmo, se puso bajo la protección de los Estados Unidos, país con el cual firmó un tratado, el llamado Mallarino-Bidlack de 1846, mediante el cual se le concedían ciertas prerrogativas a los norteamericanos para cruzar por el istmo. Por su parte, los Estados Unidos se comprometían a garantizar -dice el documento- “positiva y eficazmente la neutralidad del mencionado istmo, con la mira de que, en ningún tiempo, sea interrumpido ni embarazado el libre tránsito de uno a otro mar; y por consiguiente, se garantizan de la misma manera los derechos de soberanía y propiedad que la Nueva Granada tiene y posee sobre dicho territorio”.


Lo que no se pudieron imaginar nunca los granadinos de entonces era cómo esa misma cláusula, que los obligaba a no interrumpir el tráfico por el istmo, era la que iban a utilizar los mismos Estados Unidos, para impedir que los dueños de este acudieran a sofocar el movimiento separatista de 1903 el cual daría nacimiento a la actual República de Panamá. Es decir que los norteamericanos herirían a Colombia, nombre que tomó la Nueva Granada desde 1863, con la misma espada que ésta les había entregado para que la defendiesen de terceros. Muy pocos casos de perfidia igual se han dado en la historia del mundo.





Llegan los franceses


Pero mientras tanto, la integridad del territorio quedó asegurada. Los Estados Unidos, además, habían celebrado con Inglaterra otro convenio en 1850, el Tratado Clayton-Bulwer mediante el cual habían aplazado la solución de sus rivalidades en el Caribe comprometiéndose, tanto una nación como la otra, a no asumir ningún dominio sobre parte alguna de la América Central; a no sostener ningún predominio o fortificaciones sobre cualquier canal que allí se construyese; a no aprovecharse -para ventaja de ninguna de ellas- de cualquier alianza que tuviesen con cualquier Estado por donde pudiese construirse un canal. En resumen, por este convenio Inglaterra renunciaba a sus pretensiones sobre Nicaragua y la Costa Mosquitia por donde andaba rondando con la misma finalidad canalera y, desde luego, sobre Panamá; pero Estados Unidos tampoco podría valerse de su reciente tratado con la Nueva Granada para hacer un canal por Panamá que sólo a ellos los beneficiara.


Y fue al amparo de esta especie de triángulo de neutralidad y garantías, como vinieron a cumplirse dos hechos de gran repercusión en la vida de la que ya iba a llamarse definitivamente Colombia. El primero, la construcción del ferrocarril transístmico (1850-1855) que dio vida a la decaída Panamá y señaló mediante estudios técnicos más precisos, aunque aún incompletos, la zona por donde eventualmente podría cruzar un canal. Y, en segundo lugar, estuvo la concesión que el gobierno de Colombia le otorgó en 1878 a un sobrino de Napoleón, llamado Napoleón Bonaparte Wyse, para excavar a través del istmo panameño mediante ciertos requisitos y prerrogativas recíprocas, una de las cuales era la posibilidad para el concesionario de transferir su privilegio a una compañía anónima de carácter universal, que para el efecto debería constituirse.


Ya para entonces, no sólo el mismo Bonaparte Wyse sino otras muchas exploraciones habían recorrido aquella región colombiana y habían recomendado varias alternativas dentro del istmo para ejecutar la obra; pero un congreso geográfico reunido para el efecto en París en 1879 escogió finalmente la ruta de la bahía de Panamá a la bahía de Limón y, además, recomendó que el canal se hiciese a nivel y no con exclusas ni túneles y, en fin, propuso que fuese Femando de Lesseps quien se encargase de promover y dirigir la obra.


En efecto, De Lesseps (que no era ingeniero pero sí un promotor dinámico, doblado o, mejor aún, triplicado de financista hábil y de diplomático encantador) se hallaba entonces en el ápice de su gloria. Acababa de realizar el sueño faraónico de abrir el canal de Suez, era un héroe para todas las naciones y, desde luego, mucho más para los franceses quienes lo llamaban con orgullo “El Gran Francés”. Y aunque tenía ya setenta años y el gobierno de Napoléon III (de cuya esposa la emperatriz Eugenia era primo segundo por comunidad de sangre española y malagueña) había caído a raíz de la guerra franco-prusiana, el hombre se dejó tentar deslumbrado por la perspectiva de lograr por su esfuerzo la unión de todos tos mares del mundo. Aceptó sin vacilaciones. Formó una gran sociedad anónima que se denominó “Compagnie Universelle du Canal Interoceánique de Panamá”; le compró a Bonaparte Wyse la concesión colombiana y sin contar con el capital suficiente, ni tener los planos completos de la obra, pero seguro de conseguir por el camino grandes empréstitos gracias a su prestigio personal y venciendo todos los obstáculos como los había vencido en los arenales de Suez, el “Gran Francés” se lanzó a la ejecución de la obra y en su entusiasmo inicial durante su primer viaje al istmo en 1880 para inaugurar los trabajos, declaró paladinamente que “nuestro trabajo aquí sería bastante menos difícil que en el desierto de Suez”.


Ay! No sabía Femando de Lesseps que las lluvias torrenciales en el istmo panameño eran capaces de paralizar esos trabajos durante meses enteros cada año. No sospechaba la calidad resbalosa y derrumbadiza de la greda que ocultaba el famoso cerro de Culebra por donde el canal tendría que pasar. No tenía noticia, sino aproximada, de los estragos que las avenidas sorpresivas y torrentosas del río Chagres eran capaces de producir por donde quiera que pasaban. Desconocía la devastadora mortalidad que la fiebre amarilla produciría en las filas de sus trabajadores y, en especial, de los ingenieros y directores europeos de la empresa que irían cayendo, uno tras otro, víctimas de la terrible enfermedad con la consiguiente desmoralización del personal sobreviviente. Parecía ignorar que las condiciones políticas de Francia, después de Sudán y de la caída de Napoleón III, eran completamente distintas a las que imperaban en su época dorada de Suez. No se había dado cabal cuenta de que a los grandes banqueros de otros días, sobre quienes él antes ejercía su personal influencia, había sucedido “la banca”, un nuevo sistema financiero anónimo e incontrolable, que especulaba con los ahorros de la “petite bourgoisie” y con la que era preciso tratar a través de in*termediarios y comisionistas no siempre escrupulosos. Creía poder contrarrestar el natural recelo con que los Estados Unidos e Inglaterra verían a los franceses acercarse al istmo panameño, así fuera bajo la inocente apariencia de una compañía comercial. En fin, como si fuera poco, insistía obsesivamente -y quizás con razón- en que el Canal, si había de ser negocio rentable, debería ser construido a nivel del mar sin exclusas, lo que obviamente exigía un esfuerzo mayor.


El resultado de todo este cúmulo de equivocaciones y empecinamientos fue que, al cabo de cinco años de trabajos ya la compañía francesa estaba en grandes apuros financieros y que, a pesar de todas las gestiones que De Lesseps hizo para salvar su empresa del desastre, el público perdió confianza en ella. Y no sólo esto, sino que en su angustia por obtener más y más dinero con qué adelantar los trabajos la compañía, desde luego sin conocimiento de su máximo promotor, incurrió en una serie de pecados, por decir lo menos, como el haber sobornado o, mejor dicho, haberse visto obligada a sobornar, por medio de ciertos intermediarios, al ministro de Finanzas Mr. Baihaut y a muchos otros personajes de la política francesa, con cuya colaboración necesitaba contar para el lanzamiento de cierto empréstito con bonos de lotería. Empréstito que, sobra decirlo, no tuvo éxito. Todo lo cual trajo como consecuencia la quiebra de la compañía declarada oficialmente el 4 de febrero de 1889; y un formidable y tempestuoso escándalo, que estremeció a Francia en los años subsiguientes y hasta 1893, cuando los políticos enemigos del gobierno descubrieron los trapicheos de la empresa con el ministro de Finanzas y con diputados venales. Este fue el famoso episodio que en la historia de Francia se conoce como “el affaire Panamá” que casi da en tierra con la recién nacida República francesa y que tuvo como acto final la condena a prisión De Lesspes y de su hijo Carlos, el ministro venal y de otros muchos personajes, entre los cuales el ingeniero Gustavo Eiffel, constructor de la celebérrima Tour d’Eiffel de París.





¿Panamá o Nicaragua?


Mientras todos estos acontecimientos se desarrollaban en París, un profundo desaliento fue invadiendo a los colombianos todos, pero principalmente a los panameños, que veían así desvanecerse el sueño de su canal, del cual su vida dependía. Algo, sin embargo, aparecía claro en medio de todo aquel desencanto: que sólo una nación poderosa y actuando sin ánimo de lucro podría dar remate a las costosísimas obras del canal, que habían quedado adelantadas apenas en una tercera parte de los franceses. Y esa nación no podía ser sino los Estados Unidos.


Por desgracia, el Tío Sam no parecía interesado en meterse en aquel horrible, complicado y nauseabundo nido de víboras en que parecían haberse convertido Panamá, su ruta y su empresa canalera. Para aquellos años, la imagen que de Panamá tenían los norteamericanos se identificaba con la corrupción, la malaria, la fiebre amarilla y, lo que es peor, con obstáculos insuperables de orden legal y técnico que habían sido capaces de derrotar aún al mismo realizador del canal de Suez. No obstante, en ese país no se dejaba de pensar en la necesidad de un canal por Centroamérica pero sus preferencias estaban -como siempre lo habían estado- por la vía de Nicaragua. Luego, se reforzaron más.


Así, hasta que sobrevino la guerra de Cuba contra España en 1898. En esa ocasión, los norteamericanos se dieron cuenta cabal de la importancia estratégica de contar con un canal que les permitiera reunir rápidamente sus dos flotas en un momento de peligro. Y el tema del canal resurgió enseguida como una preocupación nacional. No se hablaba de otra cosa. Con el aditamento de que, en 1901, fue asesinado el presidente Mackinley y llegó al poder el vicepresidente Teodoro Roosevelt, hombre agresivo, arrogante, empujador y “jingoist” que ya se había hecho famoso por haber proclamado, como útil para su nación, una política basada en cierto proverbio africano que dice: “anda despacio y lleva contigo un buen garrote, que así irás lejos”. Era la política del “big stick”.


Y Roosevelt decidió hacer el canal; y su primer impulso fue construirlo a través de Nicaragua. Sin embargo, no faltaron los que se preguntaban ¿por qué no entrar en arreglos con Colombia, comprar luego los elementos utilizables de los franceses y completar el trabajo ya adelantado por éstos en la cintura de Panamá?


Sobrevino entonces una verdadera batalla de opinión cuyo desenlace vino, al fin, a ser verdaderamente novelesco. Y el protagonista principal de esta novela fue Philippe Bunau-Varilla, un ingeniero francés, tan sagaz como hábil intrigante, que en su juventud había trabajado con de Lesseps en Panamá donde había llegado a ser, durante un tiempo, director encargado de todas las obras. Para Bunau-Varilla la cuestión del canal panameño se había convertido en una verdadera obsesión en la que participan, en confusa mezcla, sentimientos patrióticos e intereses económicos de carácter personal. Y así, mientras en Francia ya pocos se acordaban de aquel gigante que había quedado insepulto desde hacía más de diez años en el istmo colombiano, él, Bunau-Varilla, resolvió tomar por su cuenta, como agente oficioso, los intereses de la fracasada Compañía Universal, que, mientras tanto, se había convertido en otra sociedad llamada “Nueva Compañía Universal del Canal de Panamá”, pero cuyos verdaderos propósitos no eran otros que tratar de vender, lo mejor posible, los restos del pavoroso naufragio de su antecesora. Bunau-Varilla entró en acción.


¡Y con que oportunidad! Pues por aquellos días, el Congreso de los Estados Unidos luego de numerosos estudios, comisiones, expediciones e informes, debería decidirse por una ruta u otra: Panamá o Nicaragua. A decir verdad, los argumentos en favor de esta o aquel vía se contrapesaban, pero era indudable que en el Congreso de Washington existía una fuerte y vieja “querencia” por la vía de Nicaragua. No obstante, el recursivo francés no se arredró. Después de desplegar una infatigable campaña por todo el territorio de los Estados Unidos dando conferencias, publicando folletos y tocando a la puerta de todos los personajes influyentes del país, terminó por asestarle un golpe mortal a la vía nicaragüense y ni siquiera con un puñal sino con un papelito. En efecto, la víspera de la votación le hizo llegar a cada uno de los senadores y representantes una estampilla de correos de Nicaragua, de reciente emisión, en donde aparecía nada menos que el volcán Momotombo, coronado de un penacho de humo y fuego, en plena erupción. Debajo, el astuto Varilla se limitó a escribir esta leyenda: “un testigo oficial de la actividad volcánica en Nicaragua”.


No se necesitó más. El fiel de la balanza se inclinó acto seguido y, obviamente, lo hizo en favor de la ruta por Panamá. Más no de cualquier modo pues los norteamericanos con toda su facha de niños ingenuos, no son menos astutos que los franceses. Y aquella decisión del Congreso que llevó el nombre de “Ley Spooner” se hizo a modo de compromiso entre los partidarios de una y otra vía y en forma condicionada, a saber: se autorizaba al presidente de los Estados Unidos para negociar con Colombia un tratado “satisfactorio”, a fin de proseguir las obras del canal por el istmo de Panamá; pero si esto no se conseguía del todo o las condiciones exigidas por Colombia no eran “satisfactorias”, el presidente quedaba automáticamente autorizado a proceder por la ruta de Nicaragua, país con el cual ya había un convenio firmado para el efecto. Aquello era, para decirlo claramente, una es*pecie de extorsión pues la disyuntiva en que se colocaba a Colombia no tenía escapatoria: o se sometía a las exigencias de los Estados Unidos o se perdía el canal. Fue lo que en aquellos días dio en llamarse el “humbug”, o sea, la “patraña” de Nicaragua.







El Tratado con Colombia


Entonces vino el largo y doloroso proceso del tratado entre los Estados Unidos y Colombia para hacer el canal por Panamá, mejor conocido en la historia de estos países con el nombre de ‘Tratado Herrán-Hay”. Cuyas discusiones, que duraron más de dos años, o sea entre fines de 1900 y 1903, fueron adelantadas en las más difíciles circunstancias por parte de Colombia, pues aparte de la amenaza que sobre este país se cernía de perder el canal en favor de Nicaragua, sucedió que los colombianos, en aquellos momentos, y como era muy frecuente por aquellas calendas en toda Hispanoamérica, estaban en plena guerra civil (!una guerra civil que duró Mil Días¡). Y, como era obvio, todo cuanto el gobierno conservador concedía o no concedía a los Estados Unidos era objetado por los liberales alzados en armas y, en ningún momento, éstos fueron lo suficientemente sensatos para escuchar los llamados que el gobierno les hacía tendientes a formar un frente común, así fuera en el simple campo diplomático, para negociar de común acuerdo aquel asunto tan trascendental con los norteamericanos. Es cierto que el gobierno colombiano de aquella época era ineficaz, vacilante y estaba presidido por un anciano de casi 80 años, don José Manuel Marroquín; pero no lo fue menos que al líder principal de los revolucionarios pare*cía no importarle que el canal se hiciera por Nicaragua porque -decía en carta de respuesta al negociador colombiano que insistía en llamarlo a ponerse de acuerdo con él- “las potencias europeas correrán a hacer otro canal en Panamá, pero no a la inversa...”. Por donde se concluye que, entre todas las locuras y desatinos que las naciones hispanoamericanas han cometido en sus tristes relaciones con sus vecinos de allende el río Bravo, quizá, esta de Panamá, sea la más torpe entre todas y debe servir de ejemplo a las generaciones venideras.


El resultado de aquella situación fue que la Secretaría de Estado de Washington, ocupaba en aquellos días por John Hay, jugó con liberales y conservadores como un gato con dos ratones y terminó por obtener un tratado en cuya virtud se salvaba el canal para Colombia, pero la soberanía colombiana quedaba maltratada pues la zona por donde éste debería cruzar quedaría en manos norteamericanas prácticamente a perpetuidad, toda vez que, aunque la concesión era por noventa y nueve años, su prórroga por periodos iguales, quedaba a opción exclusiva de los Estados Unidos.


Pero el Senado de Colombia después de tempestuosos debates negó rotundamente este tratado, por unanimidad, el día 12 de agosto de 1903. Aunque brutal y, a la larga, inconveniente para el país, pues esa improbación fomentaría viejos resabios separatistas de ciertos círculos oligárquicos panameños, no cabe duda de que aquella negativa y aquel gesto altivo de los senadores colombianos salvaron la dignidad del país y -¿por qué no decirlo?- de todos los pueblos latinoamericanos.





I took Panamá


Lo que vino después fue casi un paso de comedia pues para que tuviera éxito la conjura separatista panameña -dirigida principal y paradójicamente por colombianos no istmeños, pero allí residenciados de tiempo atrás- no se necesitaba sino que Estados Unidos le diera su apoyo interponiendo sus naves de guerra entre el istmo y la parte continental del país, toda vez que las comunicaciones entre una u otra parte de este no podían, entonces, hacerse sino por mar. Y para que ese apoyo se consiguiera se confabulaban numerosas circunstancias concomitantes. Ante todo, la decisión tomada ya de modo irrevocable por el presidente Roosevelt de hacer el canal por Panamá por las buenas o por las malas; luego venía el interés económico de la Nueva Compañía del Canal de Panamá que aspiraba a venderle a Estados Unidos, por cuarenta millones de dólares, la parte de la obra realizada por De Lesseps en el istmo, y finalmente estaba el incansable, el pertinaz, el tozudo y obsesivo Bunau-Varilla, quien, a la vez, se encargó de hacer los contactos con los separatistas panameños así como de proveerlos de los fondos necesarios y de mantener informado al secretario Hay y, aun, al mismo presidente Roosevelt de lo que se estaba fraguando en el istmo, de modo que éstos procedieran a darle a los panameños la protección necesaria, pero sin comprometerse oficialmente para nada.


Efectivamente así se cumplió. El 3 de noviembre, víspera de elecciones generales en Estados Unidos, los panameños se declararon independientes de Colombia, y Estados Unidos no sólo impidió que el ejército colombiano recuperase el territorio istmeño, violando así de modo inaudito el tratado con Colombia de 1846, que precisamente los obligaba a proteger la soberanía de Colombia sobre el territorio del istmo, sino que, con velocidad indecente, reconocieron a Panamá como nación soberana e independiente apenas tres días después de nacida cuando en Bogotá no tenían aún noticia de lo que allí había ocurrido. Pero ahí mismo los “próceres” panameños que habían tramado la conspiración separatista pagaron su pecado y cayeron en su propia trampa. Pues Bunau-Varilla, astutamente, les hizo creer que si no lo nombraban a él ministro plenipotenciario en Washington para negociar un tratado sobre el canal todo se perdería para ellos, pues Estados Unidos les retiraría su protección y los colombianos los invadirían y recuperarían el istmo. Por cuyo sistema, aquel extranjero que nada tenía que ver con Panamá ni en manera alguna representaba los verdaderos intereses de la nueva nación, tuvo la avilantez y cometió el crimen histórico de firmar a nombre de los panameños, un tratado en el que le cedía a los norteamericanos la zona del canal “a perpetuidad”, para que éstos actuaran allí “como si fuesen soberanos”.


Ese fue el tratado de 1903 que permitió a Roosevelt construir el canal y decir más tarde aquello de “I took Panamá” que pasó a la historia como el acto de fuerza más brutal de su gobierno imperialista; y el mismo, también, a que el general Omar Torrijos, con toda razón, aludió cierta vez diciendo de él que fue “el tratado que nosotros no firmamos”. Pero también fue el que los senadores de los Estados Unidos, haciéndose cómplices de la infame tramoya, aprobaron entusiásticamente en 1903, pese a que uno de sus colegas, avergonzado, se levantó para decirles: “este es un tratado que nosotros hemos firmado con nosotros mismos”.


34. EL CANAL DE PANAMA Y SUS PERIPECIAS, Por: Eduardo Lemaitre | banrepcultural.org

Gobernación del Chocó (provincias de Nóvita y Citará)


La gobernación del Chocó tiene jurisdicción sobre las provincias de Nóvita y Citará. La provincia de Nóvita comprende los pueblos de Nóvita, Tadó, Noanamá, Los Brazos, Sipí, Las Juntas, Baudó y Cajón. La provincia del Citará comprende los pueblos de Quibdó, Lloró, San Juan de Chamí, Beté, Bebará, Murrí y Pavarandó. El gobernador es proveído por el virrey y se nombran tenientes de gobernador en Nóvita y el Citará. Los corregimientos son Noanamá, Tadó, Bebará y Bete, Chamí, Sipí, Lloró, Murrí y Baudó. El 17 de octubre de 1801 el virrey decretó la creación de alcaldes de barrio en Citará y Nóvita.


- Gobernador interino proveído por el virrey: el capitán de la compañía de caballería de la Guardia de los Virreyes, don Juan de Aguirre. Es sobrino de la virreina, doña María Francisca de Villanova, y está casado con doña Francisca Camarero. Nombrado el 26 de enero de 1809, desde su llegada ha tenido conflictos con sus subordinados. Al llegar al Alto de la Bodega, donde se habían reunido los principales vecinos para darle la bienvenida, profirió una sarta de insultos contra el juez ordinario, Dr. don Francisco Antonio Caicedo, por no haberle remitido las canoas para su entrada al arrastradero de San Pablo y por la demora de los indios enviados para auxiliarlo. El 29 de septiembre de 1808 llegó a Nóvita la noticia de que las cuadrillas de esclavos estaban a punto de sublevarse. Se aseveró que estas acudirían en masa ante el gobernador para que les diese la libertad que había declarado el Rey en una presunta carta inserta en la mortuoria del obispo de Popayán. El gobernador convocó entonces una junta de mineros en la que amenazó al doctor Miguel Moreno y Escandón con volarle la cabeza. Este año de 1810 pasó a residir a Quibdó, donde ha tenido problemas con el cura, Dr. don Manuel Borrero.


- Escribano de Quibdó: Vicente Olaechea.


- Teniente de Nóvita: Dr. don Francisco Antonio Caicedo. Natural de Cali (1765), hijo de don Francisco Antonio Caicedo y doña Jerónima Rosa de la Llera Caicedo. En 1793 residía en Santa Fe, donde se recibió de abogado, al igual que lo hizo en Quito. Casado con doña Tomasa de Cuero y Caicedo, hermana del doctor José María. Tiene a su cargo las minas de Santa Ana (en el pueblo de Sipí, perteneciente a la obra pía de las Benditas Ánimas), Santa Bárbara (propiedad de don José María Mallarino), y El Playón (propiedad del Dr. don Tomás Lozano). Juez ordinario de la provincia de Nóvita desde el 19 de septiembre de 1807 y corregidor de naturales del pueblo de Los Brazos. Es el hombre más rico de esta provincia y se ha ganado la fama de ser “muy agarrado a la plata”. Posee dos tiendas y vende quincallería, telas, cerdos y cargas de petacas con carne de res en todo el Chocó. Se rumora que maneja también el comercio clandestino. Está emparentado con el doctor Ignacio de Herrera, quien le da noticias de la guerra en Europa y le ayuda a vender tejos en Santa Fe. Se involucró en un plan para destituir al gobernador don Juan de Aguirre, arguyendo que su autoridad era ilegítima por ser pariente cercano de la Virreina. Para llevarlo adelante se reconcilió con su enemigo capital, el Dr. don Miguel Antonio Moreno, con quien tanto se había vejado de palabra y en juicio durante los años anteriores. A finales de 1809, junto a dieciocho vecinos principales, firmó una representación dirigida a la Real Audiencia quejándose de la conducta del gobernador. Enterado de tal movimiento, en la madrugada del 10 de diciembre de 1809 este ordenó su prisión y el escrutinio de sus papeles. Conducido con un par de grillos hacia la Vigía del Atrato, consiguió escapar en Quibdó. Para reemplazarlo, el 14 de diciembre de 1809 el gobernador nombró interinamente como corregidor de Los Brazos y juez ordinario provisional en Nóvita a don Antonio Rodríguez.


- Alcaldes de barrio en Nóvita: don Cayetano de Castro y don Manuel López Garrido.


- Escribano de Nóvita: don José Indalecio Lozano y Rojas, natural de Nóvita. Está amancebado hace años con una negra llamada Benedicta, cuyo marido ha hecho en vano representaciones ante las justicias real y eclesiástica para que vuelva a su lado. Fue cómplice del doctor Caicedo en la conspiración contra el gobernador, lo que le valió ser destituido de su empleo en diciembre de 1809.


- Teniente del Citará: don José Dionisio del Villar, también es corregidor de naturales del pueblo de Quibdó.


- Corregidor de Noanamá: don Francisco Ortiz. Comprende al pueblo de indios de Naonamá.


- Corregidor de Lloró: don Gabriel Francisco y Prado. La capilla y las casas del cura y del corregidor están situadas en una loma junto al encuentro de los ríos Andaqueda y Atrato.


- Corregidor de Tadó: don Ángel Otero y Cossío. Tiene jurisdicción sobre el pueblo de españoles de San José de Tadó, ocho reales de minas (cada uno de ellos una capilla y viceparroquia), sobre una doctrina de indios y sobre tres reales de minas sin capilla.


- Corregidor del Chamí: don Manuel Antonio Buenaventura Martínez. Hijo de don Manuel Mariano José Buenaventura (Ibagué, 1745), quien casó en Lloró (1778) con doña Francisca Martínez e Ibargüen, hija de un gobernador del Chocó. Es nieto de don Jacinto de Buenaventura, el prestigioso comerciante (natural de Palermo, Sicilia) avecindado en Ibagué. Desde muy joven se dedicó a la minería en Nóvita y está casado con doña Petronila Herrera, hija del peninsular don Manuel Herrera y de doña Carmela Vergara y Caicedo. Los pueblos de indios de esta jurisdicción son Chamí y San Juan de Tarana.


- Corregidor de Baudó: don José Joaquín Cáceres.


- Corregidor de Murrí: don José Gaéz. Incluye al pueblo de indios de Murrí, y a unas 30 familias de mulatos, zambos y negros. La jurisdicción incluye varios ríos: Murrí, Bojayá, Morindó, Giguamandó y Pabarandó, todos tributarios del Atrato.


- Corregidor de las Juntas: don Francisco Cantera.


- Corregidor de Beté, Bebará y Cupica: don Carlos María de Andrade. En el mes de agosto fue reemplazado por don Francisco Javier Conto. La jurisdicción se extiende a las viceparroquias de San Miguel, en Bebará; a los reales de minas del río Aguaclara, Santo Domingo y rio Baberana.


- Corregidor de San Agustín de Sipí: don José Modesto Largacha y Artecona. Tiene jurisdicción sobre las gentes asentadas en las márgenes del río San Agustín: algunos mineros blancos con sus cuadrillas de esclavos, muchos libertinos empleados en la agricultura y unos pocos indios. Otra población, llamada San Ignacio de Sipí, tiene una doctrina de unos pocos indios, mulatos, negros libres y esclavos, dedicados al laboreo de minas de oro corrido bajo la dirección de mineros.


- Administrador de rentas estancadas de la Provincia de Citará: don Ramón de Diego Jiménez.


- Alcalde de barrio de San Francisco de Quibdó: don Carlos Ferrer.


- Capitán de la Vigía del Atrato: don Joaquín Colón.


- Curas: El cura de Nóvita es el Dr. Francisco Miguel de Santolaria, en Lloró es don Manuel Alberto Guerrero, el doctrinero de Chamí y Tatamá es don José Nicolás de Bielma, el cura encargado de Murrí es don Pedro José Durán y el cura doctrinero de Beté y Bebará es don Pedro José Durán. El cura doctrinero de San Agustín de Sipí es el Dr. Pablo del Corral, natural de Buga, hermano del Dr. José del Corral, abogado que fue agente fiscal del crimen en la Audiencia de Quito y miembro de la junta que allí se formó el 10 de agosto del año pasado.



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Gobernación de Antioquia
Su jurisdicción comprende ocho departamentos, con cuatro cabildos y cuatro capitanías a guerra. Las cinco ciudades son Santa Fe de Antioquia y Santiago de Arma de Rionegro, con las antiguas de Remedios, Zaragoza y Cáceres que carecen de cabildo por el estado decadente en que se encuentran. Las dos villas son Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín y Marinilla. Se nombran capitanes a guerra para San Bartolomé, Espíritu Santo o Valle de San Andrés de Cauca, San Lorenzo de Yolombó y Cancán, Zaragoza y Cáceres. El cabildo de Zaragoza fue suspendido por falta de vecinos e incluye al sitio de San José de Nechí, creado hace treinta treinta y cuatro años, que desde su comienzo fue erigido en parroquia; fue disputado por los de Cáceres, pero es de Zaragoza. Hay veintisiete parroquias, nueve pueblos de indios (El Peñol, San Antonio de Pereira, Ocaidó, Sabaletas, La Estrella, Sopetrán, Buriticá, Sabanalarga y Cañasgordas) y seis caseríos, para un total de 106.950 habitantes. Sus diezmos se rematan en 27.000 pesos. El gobernador es de provisión real y se nombran tenientes de gobernador en la villa de Medellín, en la ciudad de Los Remedios y en el Valle de los Osos.


- Gobernador proveído por el rey: el teniente coronel de infantería don Francisco de Ayala. Nacido en 1752, comenzó su carrera militar a los veintiún años de edad en el Batallón Fijo de Panamá. Siendo ya capitán de él fue nombrado por el virrey Gil y Lemus gobernador interino del Darién en 1789, empleo en el que fue confirmado y que ejerció por más de quince años.


- Teniente asesor: doctor don Juan Elías López Tagle Madariaga. Natural de Cartagena y bautizado en la parroquia de Santo Toribio el 27 de junio de 1777. Hijo de don José Antonio López Tagle Ortiz (Santander, 1734), quien fue alguacil mayor del Santo Oficio en Cartagena, y de doña María Teresa Madariaga y Fernández Miranda de Gandarillas, hija del conde de Pestagua. Al quedar huérfano en 1785 tuvo como curador a su abuelo, el conde de Pestagua, y al fallecer este, a sus cuñados don Martín Antonio de Leguina, comerciante español, y a don Diego Gómez Benavides. Por la desasistencia de este último quedó desamparado en la administración de los bienes que le fueron legados, con lo cual se halló en medio de su carrera literaria abandonado de los mismos que debían favorecerlo y en un país extraño, sin facultades, protección ni auxilio para sostenerse, pues la pequeña porción hereditaria que le dejó ilesa la mala versación de sus curadores fue depositada en las Reales Cajas de Cartagena después del apartamiento de Benavides. Cuando el doctor Frutos Joaquín Guiérrez asumió su curaduría, a mediados de 1801, estaba casi reducido a perecer de hambre y miseria. Fue colegial de San Bartolomé, donde obtuvo los grados de Bachiller en Filosofía, Licenciado y Doctor en Derecho Canónico. Sustituyó a su maestro y curador Frutos Joaquín Gutiérrez como catedrático interino y, tras practicar en el estudio del doctor don Joaquín de Hoyos, se recibió de Abogado en 17 de octubre de 1804. Al año siguiente fue síndico abogado fiscal de su antiguo colegio y tres años después desempeñó interinamente el cargo de teniente de gobernador y asesor letrado de Santa Marta por muerte del propietario doctor don José María Avilés. Pretendió el empleo en propiedad, mas al ser conferido a don Antonio Viana se le destinó a la asesoría de Antioquia en julio del año pasado. Vino a posesionarse en este empleo el 19 de agosto de este año. Casó en Cartagena con su sobrina, doña María de los Dolores de Leguina y López Tagle, hermana de la esposa del doctor Ignacio Cavero.


Nota: el primer teniente asesor del gobierno de Antioquia fue el Licenciado don Pantaleón Arango, y desde 1798 lo fue el doctor don Antonio Viana y Ceballos, natural de Honda, quien también ejerció en interinidad la gobernación (octubre de 1804 a julio de 1805) hasta la llegada del propietario, don Francisco de Ayala. También fue asesor interino de este último el doctor don José Manuel de Restrepo (marzo a agosto de este año), hasta la reciente posesión del doctor López Tagle y Madariaga, nombrado por la Suprema Junta Central que existió en la Península.


- Teniente de gobernador de Medellín:


- Capitán a guerra de Zaragoza: don José Antonio Barona. En junio de este año se fue a Santa Fe, por lo cual fue reemplazado interinamente por don Estanislao Vuelta Lorenzana hasta la llegada del nuevo titular, don Tomás de Mora y Puerta, comerciante natural de los reinos de España avecindado en Mompox. Don Estanislao Vuelta es natural de Antioquia (1781) e hijo de don Cayetano Vuelta Lorenzana, quien fue gobernador de esta provincia (1776 a 1782), y de doña Ignacia Ferreiro. Ha dictado clases de latín y ejerce el comercio, establecido en su hacienda de la jurisdicción de Zaragoza. Se distingue, como su hermano don Cayetano Vuelta, por su dedicación a averiguar antigüedades de la provincia. Don Tomás de Mora y Puerta fue nombrado por el virrey Ezpeleta en 1795 alcalde mayor de las minas de Bucaramanga y Vetas de Pamplona, empleo al que renunció por serle nocivo el clima. Intentó establecer junta en Zaragoza y envió para ello emisarios a Santa Fe. Le tiene enemiga a don Estanislao Vuelta Lorenzana, hombre de genio voluntarioso e intrépido, a quien los vecinos de Zaragoza lo vienen acusando desde 1805 de ser cohechero, sobornador y perseguidor de inocentes y de mujeres honradas.


- Capitán a guerra de Cáceres: don Tomás Duval.


- Capitán a guerra de San Bartolomé de Buenavista: don Mateo José Valle de Mérida, quien administra este puerto que ha servido para el comercio de la provincia y tiene el pueblo consternado, afrentado y azota a las gentes por sí o usando a sus esclavos. Este lugar es inestable por las muchas avenidas del río grande de la Magdalena, y algunos quieren cambiarlo para Garrapatas, también dependiente de Remedios.


- Capitán a guerra de San Lorenzo de Yolombó y San Martín de Cancán: don Vicente Moreno, natural del nuevo curato de Cancán, antes doctrina y de la jurisdicción de Remedios. Es hijo del peninsular don Juan José Moreno y de doña Lorenza Cataño Foronda, familia muy apegada a su tierra nativa.


- Capitán a guerra de San Andrés de Cauca: don Antonio Escudero, natural de la ciudad de Antioquia, hijo del español don Marcos Lucas de Escudero y de doña Josefa López Nieto, blanca de la tierra. Reside en el valle de San Andrés y se ocupa de minas. Este sitio fue fundado hace pocos años por don Sebastián de Salazar, cuyo yerno, Francisco de Aranda, ha sido su teniente.


- Teniente de gobernador de los valles de los Osos: don Mateo Zapata y Ossa, natural de la ciudad de Antioquia y de familia noble, antigua y poderosa. El primer teniente de estos valles fue su suegro, don Pedro Rodríguez de Zea y Casafús, escribano de Medellín (1764-1771), visitador de estos valles en 1785 y diseñador de la colonización y entable de tres poblaciones en ellos. Se rumora que habrá un cambio en esta tenencia y que la ocupará en adelante el doctor don Silvestre Vélez.


-Teniente de gobernador de Remedios: don Juan Manuel Sencial, natural de España, dedicado a las minas y casado con doña Higinia Ceballos Colmero, miembro de familias de Remedios residenciadas en Cancán.


- Juez poblador de Garrapata: don Juan Nepomuceno Viana Salazar. Este curato se conoce como San José de La Paz, dependiente de Remedios, y es reciente fundación de don Antonio Valdiri. Su cura interino, fray Fermín Parra, ha intrigado ante el gobernador Ayala para que nombre juez poblador a su hermano, don Francisco Ramón de La Parra, pero desde hace poco lo es el actual señor Viana Salazar, natural de Marinilla (1777), hijo de José A. Viana, emparentado por la línea bastarda con familias muy conocidas de Honda, y además de doña Irene Salazar.


Cabildo de la ciudad de Santa Fe de Antioquia


Tiene en su jurisdicción cuatro pueblos de indios que son Nuestra Señora de Sopetrán (con corregidor y juez partidario), San Pedro de Sabanalarga, San Antonio de Buriticá y San Carlos de Cañasgordas. También ocho sitios de gente libre que son otros tantos curatos: Anzá, San Jerónimo, Sopetrán, Sacaojal, San Martín de Cancán, Valle de San Andrés, San Luis de Góngora y San Pedro. También el valle de Urrao, de nueva población, pese a que está a dos días de camino, el sitio de Norí y los minerales de San Jacinto, Santo Domingo, Río Chico, Río Grande, Los Osos, Claras, Tierra Adentro y Yarumal.


- Alcalde ordinario de primer voto: don Francisco José Santana, hijo de don Francisco Solano Santana, fiel ejecutor de la ciudad, y de doña Isabel de Salazar.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don José Manuel Cossío, hijo de don Francisco Antonio Cossío Ossa, y de doña María Luisa García Zapata. Pertenece a la facción que ha administrado la fundición de oros por muchos años. Casado con una sobrina del doctor Cano, cura que fue de esta ciudad, y cuñado del doctor don Manuel Martínez Ferreiro.


- Procurador general: don Tomás Pérez de Rublas, peninsular nacido en el lugar de Ustés, curato de Navascués, en Navarra. Vino con su hermano don Juan Pablo a Medellín en el giro del comercio, y pasaron a la ciudad de Antioquia, donde casaron con las hermanas doña María Teresa y doña Rita Martínez Ferreiro, hijas del rico comerciante don Bernardo Martínez, mencionado en esta Guía. Se los apellida como Arrubla y el don Juan Pablo ha hecho una gran fortuna; como alcalde la ciudad ocupó la gobernación por ausencia del gobernador Baraya. Ambos tienen hijos que son colegiales bartolinos, distinguidos por su apego a la patria.


- Padre de menores: don José María de la Calle, natural de El Envigado, en Medellín, hijo del rico minero y poblador de Amagá don Miguel de La Calle, y de doña Sebastiana Vélez Restrepo. Casó en Antioquia con Josefa López y Guzmán, de segunda clase, por lo cual su madre doña Sebastiana se opuso al matrimonio. Es hermano del cura de Rionegro, don José Miguel de La Calle, sobrino de los presbíteros Jerónimo y Alberto María de La Calle, que han sido vicarios superintendentes por el obispo de Popayán. El doctor Jerónimo fue estudiante bartolino, practicó la medicina, como misionero entre los indios del Chocó los atrajo para fundar el pueblo de Cañasgordas, y prestó servicios de pacificador al contener el movimiento rebelde de los comuneros de Guarne. A su muerte en 1804 lo sucedió en la Superintendencia su hermano, el doctor Alberto María, también bartolino, preceptor de un aula que entabló en Envigado para educar jóvenes, como lo hizo con su sobrino, el doctor José Manuel Restrepo. La actuación en política de don José María de la Calle es discutida, pues Es discutida su actuación en política, pues es monarquista decidido a reconocer las Cortes de la isla de León, contra otras opiniones.


Alcaldes de la Santa Hermandad:


- Don Juan José Mery, gaditano, casado con doña Petronila Franco, hija de don Antonio Franco y doña Gertrudis Hoyos Echavarría. Vive en el pueblo de Sopetrán.


- Don Crisóstomo Robledo, hijo de don Simón Robledo Ferraro, antiguo escribano en la ciudad, y de Petronila Escobar Díaz, residentes en el dicho pueblo. Viene a ser sobrino del conflictivo regidor don Juan de la Cruz Robledo.


Regidores:


- Doctor don Faustino Martínez Pastor, alguacil mayor, de distinguida familia, hombre altanero, tendencioso, faccionario y apasionado. Es yerno de don Valerio Uruburu. Durante el mes de diciembre renunció a este empleo y le fue aprobada la renuncia.


- Don Juan Bautista del Corral, natural de Mompox (1778), hijo del comerciante gallego don Ramón del Corral y de doña Jerónima Carriazo, momposina e hija de un comerciante burgalés. Don Ramón fue tesorero de la Sociedad Económica de Amigos del País que se estableció en Mompox, dueño de un tejar y reconocido comerciante en varias ciudades, villas y pueblos. Vino a la ciudad de Antioquia con su hijo Juan Bautista, su dependiente y apoderado, quien en 1800 casó con doña Josefa Arrubla Martínez, hija del rico comerciante don Juan Pablo Pérez de Rublas. En 1806 emprendió el cultivo del cacao en tierras de El Contador y pidió apoyo al gobernador Ayala. Un año después pretendió un gran globo de tierras cerca del valle de San Andrés y pidió la protección del mismo Ayala y del virrey Amar y Borbón. Ha sido diputado del Consulado de Comercio, estudioso de la geografía, de la milicia y de la navegación fluvial, especialmente la de los ríos Cauca y Atrato. Se le tiene en la ciudad como hombre estudioso, cumplidor y apegado a su patria.


- Don Pedro Alcántara Arroyo Campero, regidor alférez real. Natural de Cartagena de Indias, vino primero a Medellín, donde fue teniente de gobernador (1788), y se estableció finalmente en la capital, Antioquia. Hombre pendenciero y arrogante, detesta a su compañero don Juan del Corral, y se recuerdan los insultos que le ha propinado. Figura como profesor en Ciencias y es el suegro del escribano Pantaleón González de Mendoza, natural de Girón. Desde 1800 es administrador particular de la real renta de Tabacos de Antioquia.


- Don Francisco Londoño y Gallón, natural del sitio de El Aguacatal, en Medellín, vino a la ciudad de Antioquia con su hermano don José Antonio. Ha sido varias veces alcalde y por su matrimonio con una hija de doña Ana María Balás ha emprendido negocios en el sitio de Juan García, donde se piensa establecer una población. Casó en segundas nupcias con una hija del doctor don José Antonio Gómez Londoño. Los dos hermanos Londoño Gallón son socios de don Juan Bautista del Corral.


- Doctor don José Antonio Pardo Otálora, próximo pariente y vinculado por matrimonio con los Mesa Armero y los Viana.


- Don José Manuel Zapata y Ossa, quien el 18 de enero de este año hizo postura de cincuenta castellanos por este cargo. El señor virrey le libró el título y se posesionó el 9 de julio de este año. De notoria y antigua familia noble en Antioquia, es hijo de don Lorenzo Zapata del Pino, ayudante de milicias, regidor perpetuo, alcalde y pleitómano reconocido, y de doña Lucía Gertrudis de Ossa y Serna Palacio. Por su matrimonio con doña Manuela Campillo su hogar es como una bisagra entre las antiquísimas familias de la ciudad y las nuevamente fundadas por chapetones establecidos hace pocas décadas. Su hermana doña María Josefa es la esposa del doctor don José María Montoya, de Rionegro; su hermano don Juan Francisco está casado con hija de don Cruz Robledo. Su hermano don Mateo casó con doña Francisca Zea y Díaz, hija del teniente de Los Osos y fundador de varias colonias, don Pedro Rodríguez de Zea, padre también del doctor don Francisco Antonio Zea, individuo de la Real Expedición Botánica de Santa Fé, implicado en la conspiración de unos pasquines junto con don Antonio Nariño y el antioqueño Juan Nepomuceno Muñoz (hijo del alcalde de Medellín). Este doctor Zea pasó a París y a Madrid, donde ha vivido como encargado de la dirección y publicaciones del Jardín Botánico de esa villa. Fue firmante de la Constitución de Bayona.


- Regidor alcalde mayor provincial: don José de la Cruz Robledo, tenido por pendenciero y arrogante en la ciudad de Antioquia, quien el 11 de junio de 1798 remató este oficio de cabildo por 166 pesos. Es hijo de don Pedro Robledo, experimentado minero, teniente del corregimiento de El Raposo en la gobernación de Popayán, y de doña Leonor Ferraro. Por intrigante y de genio altivo fue un dolor de cabeza para los gobernadores Francisco Silvestre y Mon y Velarde. En marzo de 1791 el gobernador Ayala, sabedor de su hábito por las armas y de su temperamento arriesgado y aventurero, le encomendó develar una rebelión de indios en Buriticá, lo que consiguió por la fuerza. Mientras administraba la mina de su abuela materna, en Cáceres, se le sindicó de haber dado orden de ahogar a un médico itinerante que llevaba mucho oro. A poco heredó una fortuna de sus padres adoptivos, el comerciante español Manuel Ladrón de Guevara y doña Josefa Ferraro. Como individuo faccionario, ha ocupado en otras ocasiones el cargo de regidor. Su hijo es el doctor don Gregorio Robledo, cura actual de San Jerónimo, por quien ha intrigado para que lo nombren en Sopetrán, con mejores rentas.


- Escribano público del número, de cabildo y gobierno: don Miguel de Palacios y Navarro, natural de los reinos de España, hijo legítimo de los sevillanos don Francisco de Palacios y doña María Antonia Navarro. Casó en primeras nupcias con doña María Teresa de Orellana, natural de la ciudad de Antioquia, quien padeció de demencia durante cuatro años y vivía haciendo pedazos la ropa. Casó en segundas nupcias con doña María Ignacia Rivero, con quien ha tenido diez hijos, de los cuales fallecieron cinco en la minoría de edad. Vive en la casa que fue del difunto presbítero don Juan José Santana, que compró al doctor don Antonio Viana.


- Escribano público del número y de diezmos: don Carlos Garro. Este oficio, que servía don Miguel de Palacios, fue rematado en Santa Fe en 1800 por 233 castellanos. Se le despachó título a 2 de junio de 1801 y se posesionó el 5 de octubre de 1801.


- Corregidor de los naturales de San Pedro de Sabanalarga: don Salvador de Guzmán y Ferraro.


- Alcaldes pedáneos de los partidos:


Nota: este año de 1810 corrió disenso entre el cabildo de la ciudad de Antioquia y el gobernador de la provincia a propósito de la elección de los alcaldes partidarios. En la sesión del 20 de diciembre de 1809 los capitulares antioqueños (con excepción del alcalde de segundo voto don Toribio de Lora) acordaron, contra el uso y costumbre observado, “que las funciones del ayuntamiento para la provisión de las justicias territoriales no pueden ser limitadas a una mera propuesta: que él debe siempre hacer una elección: que aún quando este concepto no estuviese sancionado por la Ley terminante de Castilla (10, Tít. 1º, Lib. 7º), su deducción es de los principios más concluyentes: si es de los cabildos la elección de los Alcaldes Ordinarios y de la Hermandad, claro está que debe serlo de los partidarios, o jurados de su comprensión, que no son otra cosa que unos auxiliares de los ordinarios en sus respectivos territorios para administrar justicia e impedir los desórdenes, pero con dependencia de los cabildos y justicias ordinarias: si el acto de posesión es de quien confiere la propiedad, siendo el cabildo el que da o delega la de los alcaldes ordinarios y pedáneos, es visto que esto supone haber hecho su elección: si la seguridad, veneficio público y Administración de justicia es un objeto indisputable del cabildo, sus celadores, o ejecutores deben ser obra suya: si el cabildo debe tener conocimientos más exactos de los sugetos que merezcan la confianza del público, su elección debe corresponderle: si no hay una disposición que despoje a los pueblos del sagrado Derecho que depositaron en sus cuerpos representantes, no hay un motivo para que se traslade a los gobernadores, a quienes señaladamente están designadas sus facultades”. Como era de esperarse, la decisión no fue del agrado del gobernador, quien se negó a confirmar las justicias elegidas por el Cabildo. El caso pasó entonces a la Audiencia de Santa Fe, cuyos oidores decidieron el 19 de febrero de este año que no debía introducirse novedad alguna al respecto y que correspondía al Cabildo la conformación de ternas y no el nombramiento de los alcaldes pedáneos. El superior decreto fue obedecido el 8 de marzo y la formación de las ternas sólo se hizo el 13 de abril de este año, resultando elegidos de ellas los siguientes señores:


- Sopetrán: don Cristóbal Velásquez. Desciende espuriamente de un clérigo, tiene la mancha de la tierra y viene de una negra, pero se le ha agraciado con el uso del don. Es hijo de Bernardo Velásquez Herrera y de Micaela Bermúdez, de la misma calidad y ahora asimilados a blancos. Todos han vivido en el llano de La Miranda, del mismo pueblo. Ha mantenido pleitos con los indios de este pueblo, donde ha sido alcalde varias veces. Estuvo casado con Petrona Santana y pretende contraer segundas nupcias con Salomé Orrego Luna, con quien se dice que dispensó parentesco, mulata y hermana del cura que fue de Yarumal, antes colonia de San Luis de Góngora.


- Miranda: don Juan Bautista de Leiva, hijo de don Francisco José de Leiva Rodríguez y de doña Luisa de Hoyos Alzate, vecinos de Sopetrán.


- San Jerónimo: don Pablo Piedrahita y Zapata, nacido allí (1777) y casado con Luisa Rodríguez. Es hijo de don Manuel Piedrahita Delgado y de María Francisca Zapata, reputada por hija natural de una señora noble de la ciudad de Antioquia, doña María Teresa Zapata, cuñada del doctor José María Montoya Duque, de Rionegro.


- Obregón: don Agustín González de Lopera, descendiente del gaditano don Antonio González de Lopera, casado con una mestiza, corregidor del pueblo de Sopetrán y de San Jerónimo. Han sido residentes en el cañón del río Arriba de Cauca, donde se formaron Anzá, Obregón y Noque, lugares de cultivo de tabaco, caña y cacao, así como de hatos ganaderos y salinas. Esta familia es parte de la clientela de los Martínez Ferreiro.


- Noque: Hermenegildo Rueda.


- Urrao: don Reymundo Sepúlveda, mestizo (1760). Ha sido antes alcalde de Urrao, nueva población al oeste de Antioquia, camino del Chocó. Es yerno de José de Vargas, corregidor del mismo Urrao y de Tomasa Montoya Sepúlveda, también mestizos. Es tío del cura de Anzá, José González Vargas.


- Tonusco Arriba: Javier Pérez.


- Anzá: don Luis José Olguín.


- La Pava: don Antolino Rivera.


- Titiribí: Bernardo Franco. Los terrenos de esta pedanía están en disputa con la villa de Medellín.


- Amagá: Juan José Jiménez, hijo de José Antonio Jiménez Betancur y de Nicolasa Henao Alzate, vecinos del sitio de El Prado en las montañas del sur de Medellín. Ocupa esta pedanía por intrigas de don Antonio Uribe Mondragón, nuevo vecino de Amagá, llegado de Medellín. Este pedáneo Jiménez es hermano del alcalde de las salinas de Guaca, de la jurisdicción de Medellín.


- Cañasgordas: Lorenzo Góez, mestizo cuarterón cuyo oficio es el de carpintero. Es hijo de Nicolás Góez Nieto y de Lorenza Medina Caicedo. Hace unos años su hermano Javier se opuso al matrimonio que pretendía con María Antonia Osorio, precedida de esclava.


- Sacaojal: don Matías de la Bandera.


- San Andrés de Cauca: Bernardino Castro.


- San Román: Feliciano Taborda.


- Valle de los Osos: don José María Arango.


- Tierradentro: don Joaquín Chevarría.


- San Luis de Góngora de Yarumal: don Tomás de Estrada.


- Matablanco: don Juan Francisco Zea. Depende de Yarumal. Se tramita, con iniciativa de don José Miguel de Restrepo Puerta, alcalde de Medellín, la creación de un curato con las minas de La Angostura del río Dolores.


- Anorí: don Cosme Zapata. Real de Minas y viceparroquia de San Juan Nepomuceno. Piden establecer parroquia desde el año pasado de 1805, desmembrada del curato de Carolina del Príncipe (o Claras).


- Carolina del Príncipe: don Casiano Botero.


- Ríogrande: don Fulgencio Ruiz.


- San Pedro: don Joaquín Gutiérrez.


- San Antonio del Infante: don Francisco Piedrahita y Rojo.


- Petacas: don Alejandro Villa.


- Trinidad: don Fermín Palacio.


- Comunidad: don Juan Gregorio Gómez.


- Río Chico: don Francisco Ángel Piedrahita


- Goyás: Antonio Rivera (es del curato de Sacaojal).


Cabildo de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín


Tiene en su jurisdicción un solo pueblo de indios, llamado Nuestra Señora de la Estrella, y cinco parroquias: Envigado (con la nueva población de Amagá), San Cristóbal (o Culata), Hato Viejo, Copacabana (o Tasajera) y Barbosa.


- Alcalde ordinario de primer voto: don José Miguel de Restrepo Puerta, nacido en el sitio de Copacabana, hijo de don Ignacio Restrepo Vélez y de doña María Antonia Puerta Zapata, de antiguas familias dedicadas a labores del campo. Por su matrimonio, se vinculó con el oficio de las minas, empresas agrícolas y la burocracia. Es su esposa doña Leonor Vélez Calle, hermana entera del presbítero Dr. don Silvestre Calle y de don José Ignacio, marido de doña Micaela Barrientos. Como minero, don José Miguel tiene su cuadrilla de esclavos, varias minas con sus socios, ha abierto montañas en el sitio de La Angostura y ha ocupado cargos de república. En esta alcaldía cuenta con la asesoría de su hijo, el abogado don José Manuel Restrepo.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don Gabriel Ignacio Muñoz, después de consulta a la Real Audiencia. Este rico hombre ha debido soportar molestias y sostener pleitos por su condición de mestizo e hijo ilegítimo. Efectivamente es hijo natural de Francisco Muñoz Herrera, rico mestizo, y de doña Catarina Casafús viuda de Zea, lo que hace que don Pedro Rodríguez de Zea, antiguo escribano, teniente de Los Osos y fundador de colonias en esos valles, sea su hermano uterino. La madre de este señor alcalde era una de las blancas de la villa y manejaba sus propios intereses; a poco de enviudar cerró una tienda y se la señaló como amante de Juan Latorre, pero tuvo cuatro hijos naturales con el mestizo Muñoz, a cuyo matrimonio se opuso ella cuando él quiso casarse con otra blanca. Cuando nació el niño en 1746 su madre lo ocultó y fue bautizado como expósito. Fue criado por hermanas de su padre natural, quien lo hizo estudiar para clérigo, pero fracasó. Para defender su honor ganó una Real Cédula en la que el Rey mandó que se le diese el título de don y que se le considerara legítimo. Tiene malquerientes en la familia de los Jaramillo de Rionegro y de Medellín, y su abogado ha sido el Dr. don Ignacio Uribe Mejía. Dedicado a su mina de Barbosa y al trabajo agrícola, ha levantado capilla viceparroquial elevada a la categoría de curato; también ha cedido terrenos para trazar la población de Barbosa, donde es juez poblador su yerno don Miguel M. Isaza. Otro yerno, don Crisanto de Córdoba, explota minas en los minerales de La Concepción, parte alta de Barbosa, y otro más, don Pedro Antonio Obregón Uribe, natural de la villa del Socorro, tiene familia en Barbosa y es hermano del cura de Yolombó. El único hijo varón del alcalde Muñoz, don Juan Nepomuceno (1772) estudió en un colegio mayor de Santa Fé y en su poder se conoció un ejemplar de un papel titulado Los derechos del hombre, traducido por don Antonio Nariño, por lo cual fue implicado en la causa que se abrió, al igual que su actual cuñado, don Pedro Antonio Obregón.


- Alcalde mayor provincial y regidor perpetuo: don José Joaquín Tirado Villa, nacido en Medellín (c. 1750), hijo de don Nicolás Tirado Zapata, quien ocupó cargos de república, y de doña Josefa de Villa Molina. Es sobrino de cuatro sacerdotes jesuitas y hermano del doctor Salvador Tirado, cura interinario de Medellín. Comenzó su carrera en el Cabildo como comisario de Caballería, procurador (1786) y alcalde ordinario de segundo voto (1787), y durante diecisiete años ha permanecido como alcalde de la Santa Hermandad de esta villa. Está casado con una señora de Santa Fe, doña Antonia de La Bastida y Lee de Flórez, por lo que es concuñado de don José Joaquín Álvarez, que pasó a Santa Fé. Se muestra partidario de novedades, y se tiene por opuesto en ideas a su hermano clérigo. El regidor doctor Uribe le tiene la enemiga.


- Procurador general: don José María de Villa Tirado, solterón y sobrino del anterior. Nació en la hacienda de El Guayabal, en Medellín, como hijo del viejo maestre de campo y médico don Casimiro de Villa, y de doña María Josefa Tirado. Los hijos de esta familia se entroncaron con los Piedrahíta y los Barrientos, de notoria figuración en esta villa de Medellín, y se agrega que otro hermano, don José Nicolás, es médico empírico muy acudido, y otro, el doctor Lucio de Villa, se ha ordenado hace pocos años y manifiesta dotes de inteligencia poco comunes, así como un afán notorio por servir a su patria.


- Padre de menores: don Manuel Puerta, de rica familia, hijo de don Manuel Puerta Molina y de doña Ignacia Velásquez. Hombre de negocios, muy activo e industrioso. Es su cuñado don Evaristo Martínez de Pinillos, comerciante europeo muy apegado a la monarquía, y residente en Mompox. Su otro cuñado, el comerciante maltés don Francisco Esquembrí Pizano, ha sido alcalde de segundo voto y es furibundo partidario de la dinastía de los Borbones.


- Mayordomo de propios: don Antonio Uribe y Mondragón. Nació en El Bermejal de Medellín y es hijo del Dr. don Ignacio Uribe, abogado y regidor actual. Ha fracasado en el manejo de una hacienda de su padre, por lo que es tenido como disipador. Se rumora que pasará a vivir a Amagá, donde su padre y hermanos abren la montaña de Cerro Bravo. Regidor entre 1794 y 1802, no había ocupado cargos hasta ahora que contamos 1810, cuando ocupa la mayordomía de propios de esta villa. Es hombre de pleitos, altanero y muestra afectación por la causa de la monarquía.


Alcaldes de la Santa Hermandad:


- Don Félix Cadavid Villegas, dedicado a los trabajos del campo en sus tierras del Hato Grande. Se asegura que está en el cabildo por su matrimonio con doña Isabel Ochoa, hija de don Ignacio Ochoa Tirado y de doña Bárbara Posada Maurís, de las familias más poderosas de la villa de Medellín.


- Dr. don Javier de Restrepo Vélez, de figuración en esta Guía, es abogado y ha ocupado cargos de república como procurador y alcalde de segundo y de primer voto, sucesivamente.


Regidores añales:


- Dr. don Ignacio de Uribe Mejía, padre del mayordomo de propios. Es famoso abogado, de fuerte carácter y ha ocupado distintos cargos de república. Se ha opuesto a que en una manga de su propiedad se rompan más calles para beneficio de la villa de Medellín. Tiene unas tierras de montaña en Amagá, en el Cerro Bravo, que están abriendo sus hijos y socios. Es tenido por enemigo de varios regidores, detesta a don Nicolás Tirado, a los Jaramillo y a los Gómez de Salazar, de la ciudad de Rionegro.


- Don Bernardino Álvarez, hijo de don Carlos José Alvarez del Pino y de doña Antonia Alvarez del Pino García de La Sierra. De familia vinculada con oficios de confianza en la Real Hacienda, han ocupado la alcaldía y los regimientos de la villa. Son hacendados en Altavista y salineros en Guaca. Su tía doña Ana María Álvarez dejó un grande capital para fundar y mantener en Medellín un convento de Carmelitas, con lo cual se hizo don Bernardino hombre de confianza de dicho convento que, con sus muchas rentas, es el mayor prestamista de dinero en Antioquia. Es socio de las ricas minas de sal de Guaca, y se ha opuesto a que en ella se trace una población. En cambio, su hermano don José Joaquín es conocido por su liberalidad con los estudiantes antioqueños que permanecen en Santa Fe, donde está casado con doña Bárbara Bastida Lee de Flórez, de familia ya mencionada.


- Don José Ignacio Posada Maurís es hermano del Dr. don Jorge Ramón de Posada, cura de Marinilla. Próximo pariente de los Ricaurte y Lozano, de los Parises y de los Baraya, todos en Santa Fe. Se ha dedicado a las faenas del campo en El Aguacatal y está casado con doña María Ochoa Vélez. Su hermana doña María Antonia se ha casado con el peninsular don Juan Carrasquilla, activo sujeto, estanquero de tabaco en Santa Rosa de los Osos ―procesado allí por falso monedero―, promotor de casa de fundición de oros en Medellín (que no consiguió), alcalde de Medellín, introductor de la vacuna contra la viruela, de los obrajes de textiles y de los globos de elevar. Ha figurado también como minero y como físico o médico. Este Carrasquilla es de fuerte temperamento, voluble y aficionado al juego de naipes.


- Don Francisco López Hurtado. Vino de Popayán a Medellín con su tío, el Dr. don Manuel Hurtado, miembro de muy conocidas y reputadas familias de esa ciudad. En Medellín ha sido mayordomo de propios, procurador y alcalde. Aunque es muy adicto a la causa de la dinastía de los Borbones no tiene enemigos conocidos.


- Don Juan Francisco Rodríguez Obeso, español santanderino que vino con su hermano don Juan José a establecerse en el comercio del sitio de Santa Rosa de Osos y de Medellín. Se encuentra casado con una mujer apodada “Cucaracha”, doña Josefa Callejas, hija del rico comerciante español don Juan José Callejas, sevillano que comenzó carrera en el comercio en Cartagena de Indias y tuvo negocios en Honda, antes de establecerse en Medellín, donde hizo fortuna, y casó con doña Isabel Moreno de La Sierra, con la que tuvo nueve hijos. Este Callejas dejó en su testamento un dinero para establecer escuela de gramática o de filosofía en esta villa. De sus hijos, don Juan José fue bartolino, y sus hijas, que son feas y apodadas “las Cucarachas”, han logrado casar con otros tantos españoles de los recientemente llegados, señalados chapetones, aunque una es cuñada de don José Manuel Restrepo. La viuda de Callejas se ha casado con el licenciado don Pantaleón Arango.


- Escribano público del número: Gabriel López de Arellano.


- Escribano público del número: José Vicente de la Calle.


- Escribano público de cabildo: José Miguel Trujillo. Fue reemplazado en el mes de noviembre por Celedonio de Trujillo.


Comisarios de barrio:


- Don Salvador López de Mesa, hijo de don Salvador López de Mesa, peninsular que fue depositario de Medellín (1784) y juez subdelegado para la visita a los minerales de la decadente ciudad de Zaragoza. Su madre es doña Magdalena de Puerta y Ochoa. Casó con una mestiza, hermana de los presbíteros Bohórquez. Miembros de su familia, agnados y cognados, han ocupado las escribanías públicas del Cabildo y la notaría eclesiástica por años, como los Lotero y los Fascio Lince.


- Don Simeón de La Madrid, hijo del peninsular don Juan Antonio de La Madrid y de doña Bárbara Moreno Velásquez. Su padre fue catorce veces alguacil mayor, entre 1766 y 1791. Sus hermanos son: doña María, casada con el doctor Lorenzo Benítez, abogado cartagenero residente en Medellín, quien fue teniente de gobernador en los años pasados de 1764 y 1765; don Félix, alcalde de la Santa Hermandad cuando su padre era alguacil, acusado de amancebamiento con mujer casada; don Miguel, alias “El Mocho” Madrid, sujeto incisivo y puntilloso que ha tenido trece hijos, entre ellos don José Antonio, cura de Copacabana, tachado por amancebamiento y que murió ahogado en el río Palo cuando viajaba a Popayán a responder por su mal genio, pues le dio fuete al doctor Cristóbal de Restrepo, cura del Envigado; Dr. don Carlos, quien fue cura de los minerales de San Pedro y se enloqueció; don José Ignacio, solterón, hacendado dueño de El Hatillo, lugar en donde se pretendió trazar el pueblo de Barbosa; y don Salvador, procurador que acompañó al Dr. don José Manuel Restrepo para recoger una útil Relación de la Provincia de Antioquia el año pasado de 1808.


Alcaldes pedáneos de los partidos de:


- La Otra Banda: don Lorenzo Pérez Restrepo, hijo de don Marcos Pérez Tazón y de doña Marcela Restrepo Vélez. Nació en Altavista, en el sitio de la Otra Banda, en Medellín. De una extensa familia en la que contraen matrimonios primos con primas, es curioso el caso de que cinco de sus hijos Pérez se han casado con otros tantos Pérez, primos hermanos. Esta familia de don Lorenzo, con sus agencias de labrar la tierra, ha comprado globos de montaña en los valles de Los Osos, donde han entablado rocerías y explotado minas con esclavos. Es sobrino del maestro don Cristóbal Pérez, rico clérigo constructor de dos capillas en sus propiedades. También es hermano del sacerdote Pedro José Pérez, que ha servido algunos curatos.


-Aguacatal: don Torcuato Restrepo Ochoa. Natural del sitio de El Aguacatal, donde está dedicado a faenas del campo, es hijo de don Francisco Miguel de Restrepo y de doña Manuela Ochoa Londoño.


- Iguanacita: don Salvador de Acosta Barrera. Nació en Medellín y vive en la Otra Banda, como los demás de su familia. Se le tiene como la persona sobresaliente de una familia humilde que desciende de una mulata Suescún y de un clérigo.


- Quebrada Arriba: don Joaquín de Upegui, hijo de Toribio Upegui Zamora, con tacha de ser mestizo y descender de un hijo espurio. El año pasado de 1802 levantó una información para probar que merecía el tratamiento de don.


- Copacabana: Apolinar de La Sierra, nacido por 1778, hijo de don José A. López de La Sierra y de doña Marcela Gutiérrez de Lara, vinculados a trabajos de minería en San Pedro, a la agricultura, los trapiches y la ganadería en el sitio de Hato Grande. Es parte del grupo de los Cadavid y de los Madrid, que han ganado puestos de república en el Cabildo de Medellín.


-Guayabal: don Félix Vélez, hijo de don Francisco Vélez de Mesa y de doña Catalina Trujillo, quienes de su estancia de caña vendían miel a la Real Fábrica de Aguardientes. Su hermano don Casimiro administra la importante salina del maestro Juan Francisco Vélez, en Guaca, de lo que se originan conflictos con otro miembro del Cabildo, don Bernardino Álvarez, porque el padre Vélez y su mayordomo quieren fundar poblado allí.


- Envigado: don Pedro Montoya.


- Itagüí: don Joaquín Velásquez Restrepo, hijo de don Francisco Javier Velásquez y de doña Mercedes Restrepo Montoya. Estos Restrepo, apodados “Pachereques”, son desciendentes espurios del padre Juan Ambrosio de Restrepo y de una tal “Pacha”, sin que se sepa más de ella. En 1779 el abuelo de este don Joaquín, que lo fue Eugenio Restrepo Zamora, hizo probanza para que les dieran el uso del don y se considerara blancos a los “Pachereques”. Don Joaquín Velásquez es el primero de su familia, con esa tacha, que llega a ocupar un cargo de república.


- Guaca: Francisco Antonio Jiménez, hermano del alcalde de Amagá.


- Hato Viejo: don Rafael Ángel y Uribe, de familias de El Aguacatal y El Envigado, vive en el sitio del Hato Viejo y es hijo de don Luis Ángel y Uribe y de doña Isabel Uribe Vélez.


- San Cristóbal: don José María Maya Ochoa, hijo de don Salvador Maya Álvarez del Pino y de doña Tomasa Ochoa Tirado. Está casado con doña Antonia Posada Restrepo y emparentado con las mejores y más poderosas familias del valle de Aburrá. Es sobrino del padre don Manuel de Maya, que se firmaba anteponiendo una A a su apellido, dueño del cerro más alto de esta jurisdicción.


- Barbosa: Francisco Javier Vahos Gil, que ha fungido de Médico en Marinilla y otros lugares, donde también ha sido pedáneo, es hijo del platero Andrés Vahos Miranda y de Getrudis Gil Cañas, mestizos. Este valiente se ha casado tres veces: en 1760 con Tomasa Rincón Valencia; en 1765 con doña María Luisa Cuartas, y actualmente lo está con doña María Piedrahita, de treinta años. Ejerce en Barbosa traído por el fundador del poblado, Gabriel I. Muñoz, su pariente por cópula ilícita, pero por evitar escándalo se callan las razones.


Nota: el 10 de diciembre, la Junta Superior Provincial de Antioquia ordenó aumentar en dos regidores la nómina de este Cabildo. Fueron nombrados entonces el doctor Marcelo Javier de Isaza y don José Rodríguez Obeso, peninsular.


-El doctor Isaza es hijo del hacendado don José Antonio Isaza Pérez y de doña Ignacia Cadavid Restrepo. Hizo estudios para ordenarse, pero solamente recibió el Doctorado. Ejerce su oficio en Medellín. Es hermano del doctor Isidro Miguel, también abogado.


- Don José Rodríguez Obeso es hermano entero de don Juan Francisco. Ha ocupado cargos honoríficos, ejerce de comerciante en esta villa y en el valle de Los Osos, y está casado con una parienta de su compañero Isaza, doña Rosa Santa María, señora de mucho carácter y vehemente por la causa del rey, como su marido.


Cabildo de la villa de San José de Marinilla


Tiene en su jurisdicción varios curatos: uno es el pueblo de indios de San Antonio del Peñol, otro es la nueva colonia de libres de San Carlos de Priego, con su inmediata vecindad, la viceparroquia del sitio de San Juan Nepomuceno de Canoas. También el del partido de Pozo, cuyos vecinos concurrían a la doctrina del pueblo del Peñol, con el partido y viceparroquia del Santuario de Chiquinquirá, el poblado de Cocorná y el sitio de Nuestra Señora del Carmen, parroquia erigida en 1807.


- Alcalde ordinario de primer voto: don Bernardo Gómez Jiménez, bautizado en 1741, hijo de don Antonio Gómez Betancur, rico vecino y principal de esta villa, y de doña Jerónima Jiménez Duque. Su padre y su tío don José se casaron el mismo día con las dos hermanas Jiménez, y juntaron entre ellos una prole de treinta hijos. Estas dos familias Gómez Jiménez son tratadas con la mayor estimación y condecoradas con los empleos honoríficos, mereciendo el título de don así en el trato verbal como en el escrito. Don Isidoro Gómez, sacristán de Marinilla y primo de don Bernardo, levantó una información sobre sus antepasados el año pasado de 1803, y es sujeto muy amante de su patria.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don José Ignacio de Hoyos y León de Zuluaga, natural de Marinilla (1770), hijo de don Luis Bernardo Hoyos Villegas y de doña Rita Zuluaga Montoya. Pertenece a una familia que ha llegado a ser de la primera plana en Marinilla, cuyos miembros han ocupado cargos en esta república como personas de la mejor estimación, como son los Duque, los Jiménez, los Zuluaga y los Hoyos.


Regidores:


- Regidor más antiguo: don Andrés Duque, natural de esta villa (1744), hombre cargado de años. Es hijo de don José Manuel Duque Salazar y de doña Jerónima Giraldo Orozco, de las familias que han ocupado los cortos oficios de esta villa, así en lo secular como en lo eclesiástico, tanto por ser de las primeras familias establecidas como por la estrechez del cuerpo de vecinos y la común estimación. Dedicado a trabajos de campo, ya cesó su amancebamiento con Ana María Rincón en la que tuvo a Simona Duque, mujer de José Antonio Alzate. Habitualmente reside en el sitio de El Carmen. Desde 1797 hasta ahora ha tenido distintos oficios dentro del Cabildo y fue el encargado de jurar al rey Fernando VII por la villa de Marinilla.


- Don Pablo Ignacio Ramírez Jiménez de Coy, natural de Marinilla (1743), hombre muy adulto y con crecida familia. Es hijo de don Ignacio Ramírez Osorio y de doña Teresa Jiménez Duque, por lo tanto sobrino de los presbíteros curas de Marinilla y El Peñol, y primo de casi todo el actual Cabildo de esta villa.


- Don Esteban de Hoyos Villegas, bautizado en 1750, estimable vecino de Marinilla, hijo de don Bernardo de Hoyos Morales y de doña Gertrudis Villegas Henao. Sus dos abuelos eran de familias de distinción en la ciudad de Antioquia y en la villa de Medellín, condecoradas con los empleos honoríficos, aunque las dos abuelas eran de otra esfera reputada por de menos mérito. En 1797 su hermano don Matías interpuso demanda contra Francisco Cardona, quien dizque afirmó que los Hoyos tenían tacha de mulatos, lo que se tuvo por exagerado y provocó resentimientos durante bastantes años. Como todos los de su familia, don Esteban se dedica a las labores del campo y es tío del actual alcalde de segundo voto de esta villa, así como del regidor de Rionegro y muchas veces alférez allí, don Francisco Félix Vallejo.


- Síndico procurador general: don Victorino Giraldo y Trujillo, natual de esta villa (1761), temido por el ser hombre más puntilloso de los del Cabildo. Hijo de Francisco Giraldo Duque y de María Luisa Trujillo Hernández, fue tenido por más el padre que la madre. Es casado con su hermanastra María Ignacia López y está cargado con nueve hijos. De la clientela de los Hoyos, este procurador ha movido un pleito por asunto de natales al actual cura de Don Matías y antes de la colonia de San Carlos, don José Ignacio Cardona Orozco, al que sindicó de mulato. Se supone que el motivo de esta litis se originó en las palabras denigrativas que hace ya 13 años profirió contra los blancos de Marinilla y de Rionegro un tío de este sacerdote, lo cual ofendió sobremanera a Don Matías de Hoyos Villegas y a otros. Por ser los Cardona ajenos a honores, sembraron la duda sobre los buenos procederes y la posesión de blancos de los principales vecinos. Aunque este Giraldo procede de indias, ha callado.


- Alcalde de la Santa Hermandad: don José de la Cruz León de Zuluaga, nacido en 1775, hijo de don José Manuel Zuluaga Salazar y de doña Manuela Gómez Jiménez. Casado con María de la Trinidad Gómez Monsalve.


- Procurador de menores: don José Domingo de Ossa, hijo de don Diego de Ossa Castrillón y de Lucía Gómez Jiménez. Está casado con Carmen Rincón, también apellidada Duque.


- Mayordomo de propios: don Juan Antonio de Salazar, nacido en 1760, hijo de Juan Ignacio Salazar Hernández y de doña María Josefa Gómez Jiménez. Es primo hermano del alcalde de la Santa Hermandad y próximo pariente del doctor José María Montoya Duque.


Alcaldes partidarios:


- San Carlos de Priego: don Francisco Javier Giraldo y Duque, nacido en 1765, hijo de Francisco Javier Giraldo Castaño y de Ambrosia Duque Salazar. El juez poblador de esta colonia es Feliciano de Salazar.


-El Carmen: don Ramón Martínez.


- Santuario: don Faustino García Cuartas, nacido en 1765, hijo de Bernardo García y de Francisca Cuartas. Casado con Joaquina Salazar.


- Cocorná: Agustín Arias Gallego, nacido en 1770, hijo de Luciano Arias García y de Petronila Gallego Giraldo.


- Pozo: don Pedro de Alzate.


- Canoas: don José María de Ocampo Giraldo, nacido en 1768, hijo de Juan Ocampo y de Simona Giraldo.


Administrador de aguardientes:


- Don Eloy de Hoyos, nacido en 1779, hijo del regidor don Esteban de Hoyos Villegas y de doña Micaela Gómez Jiménez.


Estanqueros de aguardientes:


- Nueva población de San Carlos de Priego: don Joaquín Duque de Estrada, nacido en 1760, casado con doña María del Rosario González.


- Parroquia del Carmen de Cimarrones: don Vicente de Hoyos, hijo de don Matías de Hoyos Villegas, diputado que fue del Consulado de Cartagena, y de doña Rufina Gómez Jiménez. Esta extensa familia se compone de dieciocho hijos, entre los cuales se destacan don Juan Nicolás, que ha sido alcalde en Marinilla; el Dr. don Joaquín de Hoyos, quien reside en Santa Fe; don José María, don Cosme, don Sacramento y don Modesto.


- Sitio del Santuario: don Rafael Hoyos Henao, nacido en 1775, hijo de don Ignacio de Hoyos Villegas y de Josefa Henao González.


- Cocorná: don Manuel Jiménez, hijo de Bernardo Jiménez y de Gregoria Salazar Ocampo.


- Pueblo del Peñol: don José Miguel Zuluaga, nacido en 1765, hijo de don Fermín Zuluaga Montoya y de doña Micaela Gómez Jiménez. Está casado con doña Rosario Hoyos Gómez, hija del ya mencionado don Matías de Hoyos.


- Sitio de la Montañita: José Aguirre.


- Sitio de la Manga y Ceja: Romualdo Valencia


- Canoas: don Martiniano Giraldo.


Nota: por providencia de la Suprema Junta Provincial del 23 de noviembre de este año don Pedro Gómez de Castro fue nombrado como nuevo regidor del Cabildo de Marinilla. Este fue bautizado en 1775 y es hijo de don José Gómez de Castro y de doña Lucía Jiménez Duque. Es hermano del sacristán de la villa, tío del procurador de menores y primo hermano del alcalde de primer voto. En esta villa se ha visto entorpecida la claridad de los asuntos de justicia por el estrecho parentesco que une a los funcionarios del Cabildo, pues se dice que todos son uno, y aunque no se tienen por los de las primeras familias de esta provincia se aplica aquel dicho de que “a falta de hombres buenos, hicieron a mi padre alcalde”.


Cabildo de la ciudad de Rionegro


Comprende en su recinto cuatro sitios de libres nombrados San Vicente, San Miguel, Santa Bárbara y San José de Arma Viejo, más dos pueblos de indios que se llaman Sabaletas y San Antonio de Pereira. Sus partidos anexos son La Mosca, Chachafruto, Tablazo, Llano Grande, El Retiro, Miel, Piedras, Chapa y Abejorral. Incluye también la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, la nueva colonia de San José en el valle de Sonsón y el paraje de La Ceja.


- Alcalde ordinario de primer voto: don José Prudencio Escalante, castellano viejo que llegó como empleado de las reales rentas. Fue procurador de menores y alcalde. Ha tenido trece hijos con su esposa doña María Antonia Restrepo. En el año de 1807 lo señalaron de contrabandista de tabaco junto con don Roque Escalante, su hijo, y con don Francisco Dávila y don Diego Sánchez Rendón, peninsulares. Son sus yernos don Manuel Sanín Lasprilla, aborrecido de muchos, y don Salvador Estrada Córdoba.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don José María Ortega, hijo del minero don Antonio Ortega y de doña Carmen Palacio Isaza, de familias antiguas y de mucha distinción.


Regidores:


- Don Francisco Félix Vallejo Hoyos. Sus hermanos han sido alcaldes pedáneos en varios sitios de la jurisdicción de Rionegro. Es primo de los Hoyos de Marinilla y ha sido alférez real repetidas veces durante doce años, así como alcalde ordinario (1791).


- Don José Antonio Ruiz y Zapata, natural de esta ciudad (1748), hijo de don Cristóbal Ruiz de Arango, varias veces alcalde de Arma y corregidor, y de doña Magdalena Zapata Molina. Pertenece a las familias más antiguas, nobles y condecoradas con los empleos honoríficos. Ha sido regidor durante quince años. Sus hermanos don José Pablo y don José Ignacio han sido alcaldes y procuradores. Está muy vinculado por íntimo parentesco con su compañero, don José Domingo Isaza, regidor también desde 1783 y ahora reemplazado por su hijo don Salvador José Isaza Palacio.


- Don Juan José Botero Echeverri, quien ha sido alcalde tres veces y procurador de menores. Casado con doña Agustina Villegas Restrepo, hija del maestro don José Antonio Villegas.


- Regidor fiel ejecutor: don Francisco Javier Montoya y González, natural del sitio de la Mosca (1730), hijo de don José Pelayo Montoya y de doña Ventura González de Castro. Este venerable anciano es tenido como un vecino de la más alta importancia; a pesar de que su familia tuvo tacha de ser ilegítima, con sus buenos procederes han llegado a ser igualados con los de la primera plana. Ejerció como mercader y comerciante hasta amasar una grande fortuna. Compró a doña Javiera Londoño, la libertadora de esclavos, su casa grande de la plaza. Es viudo de doña Rita Duque Salazar, y procreó con ella al doctor José María Montoya, también mencionado en esta Guía. Casó de nuevo con doña Tomasa Álvarez del Pino, hija del escribano de Rionegro. En 1783 se reunió en su casa el primer Cabildo, cuando este sitio fue erigido en ciudad, y fue alcalde de ella en 1783 y 1784. A partir de 1785 y hasta hoy ha sido el fiel ejecutor.


- Don Fernando García de Rivero, peninsular que casó ha poco con doña Juana Marulanda, hija del rico don Prudencio Marulanda y de doña Josefa Londoño. Vive en el valle de La Ceja.


- Don Francisco Antonio Campuzano, natural de los reinos de España, comerciante afortunado que ha amasado una gran hacienda. Está casado con doña Josefa González, hija del Dr. don José Joaquín González y doña Josefa Gutiérrez. Durante muchos años ha pertenecido al Cabildo y fue de los que más propendió para el traslado de la ciudad de Arma al valle de Rionegro, donde se vinculó con las familias de más poderío, entre las raizales y las de españoles venidos ha pocos años.


- Don José Sánchez Rendón, natural de los reinos de España, hermano de don Diego María Sánchez Rendón, administrador de correos. Casado con doña Carmen Callejas, hija de don José Ignacio Callejas Cueto y de Carmen Orrego.


Nota: estos dos últimos regidores renunciaron este año a sus cargos tan pronto se formó la Junta Superior Provincial, aduciendo enfermedades y agregando lo siguiente: “En la época presente [a] los Españoles Europeos los miran algunos individuos con aversión, mayormente para la obtención de empleos, como V.S.M. I. lo conoce a total evidencia y lo han demostrado los movimientos de la villa de Medellín, con el que allí fue electo. Nuestros genios son aspirantes a la mayor unidad con todos y a conciliarnos el amor de nuestros conciudadanos, que por medio de la obtención de estos empleos nos mirarían con repugnancia". En 10 de diciembre de este mismo año la Junta Superior no les aceptó la renuncia.



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Gobernación y Comandancia General de Panamá


Comprende la ciudad de Panamá y su gobernación capitular, la alcaldía mayor de Natá, y los partidos de la villa de Los Santos, ciudad de Natá de los Caballeros, Penonomé, Parita, Las Cruces, Góngora y el Castillo de Chagres. La extensión de este gobierno del istmo de Panamá se extiende por 94 leguas (282 millas) de longitud occidental, tomada desde el puerto de Yaviza del Darién del Sur hasta los límites del Chiriquí con el Reino de Guatemala, y 38,5 leguas (116 millas) de latitud septentrional por la parte más ancha de su superficie desde la costa del norte a la del sur. Esta jurisdicción comprende 56 pilas bautismales (2 en la ciudad de Panamá) en otras tantas poblaciones. El distrito de toda la provincia, conocida anteriormente con el nombre de Reino de Tierra Firme, incluye los gobiernos de Panamá, Portobelo y Darién, Veragua y la alcaldía mayor de Natá. Tendrá unas 100.000 almas, de las cuales 9.000 deben vivir en la ciudad de Panamá (4.000 dentro de sus muros y 5.000 en sus arrabales).


- Gobernador y comandante general proveído por el rey: don Juan Antonio de la Mata y Bernales, natural de Aragón (1738). Estudió Matemáticas en la Real Academia de Barcelona y luego Fortificaciones con el conde de O´Reilly, inspector general. Ha servido a Su Majestad desde 1755 como cadete de granaderos, subteniente de fusileros (1762), teniente de fusileros (1768), ayudante mayor (1771), capitán de fusileros (1773) y sargento mayor (1781). Fue electo para la enseñanza de los soldados quintos que para formar el Segundo Batallón de Infantería de Murcia se le dieron en Zamora y Ciudad Rodrigo, a la entrada de la campaña de Portugal. Se halló en el sitio y toma de la plaza de Almeyda (1762) e hizo luego dos destacamentos de a seis meses en los presidios de Melilla, en donde comandó los piquetes que guarnecían a la ciudad contra el ataque de los moros en 1764. Pasó con el segundo batallón de infantería de Murcia a Panamá a comienzos de 1769, e hizo su servicio en las campañas contra los ingleses y los cunas (1779 y 1785), y en los fuertes de San Lorenzo del Chagre y San Fernando. En 1785 ya era teniente coronel y comandante del Batallón Fijo de Panamá, y en 1802 brigadier de infantería. Al año siguiente se posesionó como teniente de rey en la plaza de Panamá. Fue nombrado gobernador interino en diciembre de 1805 para reemplar al fallecido don Juan de Urbina, y el 3 de febrero de 1808 se posesionó en este empleo como propietario. Casado con la panameña doña María Dolores Palazuelos, hija de don Nicolás Palazuelos, quien fue comandante de los batallones de milicianos de Tierra Firme y gobernador interino de Portobelo. Padre de los cadetes Manuel Silvestre y José Joaquín de la Mata, y de doña Juana de la Mata, quien casó con don Bernardo José de Arze. Caballero de la Orden de Carlos III, subinspector particular de las tropas veteranas y milicias del istmo de Panamá, juez subdelegado de todas las rentas reales y comandante general del Reino de Tierra Firme, provincias de Veragua, Darién y Portobelo.


- Teniente asesor: doctor don Joaquín Cabrejo. Falleció el 11 de mayo de este año de 1810, después de haber servido este empleo durante cuarenta y siete años continuos. Interinamente se nombró para reemplazarlo al doctor don Manuel Urriola, joven abogado natural de Panamá.


- Alcalde mayor de Natá y Los Santos: don José Víctor de la Guardia y Ayala, natural del pueblo de Penonomé (1772), hijo de don Tomás de la Guardia y Ayala y de doña Isabel Jaén. Sirvió siete años la estafeta de correos de su pueblo natal y ha sido alcalde ordinario de la ciudad de Natá. En 1796 reemplazó a su padre en la tenencia de la guarda mayor de dicha ciudad y en 1802 el virrey Mendinueta lo nombró para la alcaldía mayor que hoy ocupa por haberse ordenado sacerdote su padre, que la obtenía. Reside en el pueblo de indios de Penonomé por ser la población principal de la alcaldía.


- Teniente de Penonomé: don Gregorio Miró.


- Teniente de Parita: don Francisco Márquez Quirós.


Cabildo de la ciudad de Panamá


- Síndico procurador general: don Blas Arosemena Quesada, abogado.


- Escribano público del número y mayor de su cabildo: don Juan José Calvo Delgado, Maestro en Filosofía.





Cabildo de la ciudad de Natá de los Caballeros




- Alcalde ordinario de primer voto: señor mariscal de campo don Antonio de Narváez, diputado del Virreinato de Santa Fe ante la Suprema Junta Central.


- Alcalde ordinario de segundo voto: doctor don José Joaquín Ortiz, alcalde del crimen de la Audiencia de Barcelona, quien se resistió con heroico valor a jurar y reconocer por rey de España al intruso José I Bonaparte.


Nota: por ser estas dos elecciones meramente honorarias quedan las varas depositadas en los regidores más antiguos, con arreglo a las leyes.


- Regidor decano: don Juan de Dios Medina.


- Regidores: don José Antonio Tejada, don Andrés Castroverde, don Clemente Yangüez, don Juan Díaz (vecino de Santa María), don Antonio Balcón (vecino de Santa María).


- Procurador general: don Luis Calderón.


- Alcalde pedáneo de Antón: don Manuel Nieto.


- Alcalde de la Santa Hermandad de Antón: don Juan Bautista Ponce.


- Alcaldes de Santa María: don José Antonio Valverde y don Toribio Castro.




Gobernación y Comandancia General de Panamá y Cabildos de la Ciudad de Panamá y de Natá de los Caballeros | banrepcultural.org

Gobernación y Comandancia General de Cartagena


Comprende dos tenientes de gobernador (Cartagena y Mompox) y las capitanías a guerra de las montañas de María, Mahates, Pantanos, Santo Tomás de Villanueva, Loba, Barranquilla, Ayapel, María la Baja, Simití, Barranca del Rey, Corozal, San Benito Abad, Lorica, Santo Tomás, San Juan Nepomuceno, El Retiro y Magangué.


- Gobernador y comandante general proveído por el rey: señor brigadier Francisco de Montes, nombrado por la Suprema Junta de Sevilla a comienzos de abril de 1809. Llegó en octubre de ese mismo año y es hermano de don Toribio Montes.


- Secretario del gobernador: capitán don Francisco Antonio Merlano. Se le ha seguido causa por poligamia. Fue puesto en prisión en el mes de mayo por haber fijado pasquines contra los alcaldes ordinarios de la ciudad que son, según don Antonio Villavicencio, los ídolos del pueblo. Caballero de la orden de Carlos Tercero, en 1800 se opuso al matrimonio que su hijo don José María Merlano, subteniente del regimiento de infantería fijo de Cartagena, pretendía contraer con doña Rosa de Sotomayor y Picón, hija legítima de don Marcos de Sotomayor y de doña María Anselma Picón.


- Teniente asesor y auditor de guerra: doctor don Juan José Munive y Mozo. Natural de Santa Marta (1746), hijo de un alférez de milicias que ejerció en diversas ocasiones empleos de república. Colegial del Rosario, donde obtuvo el grado de Doctor en 1767. Fue alcalde ordinario de Cartagena en 1769 y 1775. Se recibió de Abogado en 1776 y en ese mismo año se le confirió la plaza de contador oficial real de Riohacha. En 1780 fue nombrado en propiedad asesor del gobierno de Santa Marta, sirvió dicho empleo durante once años. En 1796 se le despachó título de teniente de Cartagena por ascenso de don Anselmo Bierna y Mazo a la asesoría del Virreinato.


- Contaduría del Ejército de Cartagena: don Ventura Pascual Ferrer y Feruz, natural de La Habana (1777), contador. Don Manuel de Paz, oficial mayor. Don Andrés Pérez, oficial primero.


- Comandante de armas y juez subdelegado de rentas en Mompox: el teniente coronel don Vicente Talledo.


- Teniente gobernador de Lorica: don Agustín García, con jurisdicción sobre la villa de Tolú y las parroquias de Corozal, Lorica, Momil, Sincelejo, Pinchorroy, San Carlos, San Antero, San Onofre, San Jerónimo (Montería), San Pelayo, San Bernardo, Ciénega de Oro y San Antonio Abad.


- Capitán a guerra de Simití: don Félix Méndez.


- Capitán a guerra de Barranca del Rey: don Agustín Núñez.


- Capitán a guerra de Magangué: don Ignacio Sánchez Mora.


- Capitán a guerra de San Benito Abad: don Domingo Escudero, con jurisdicción sobre las parroquias de San Benito Abad, Caymito, Sincé, Chinú, San Juan de Sahagún, San Jacinto, El Carmen, San Francisco, San Juan, San Cayetano y San Agustín. También sobre los pueblos de San Andrés, Sampués, Tolú Viejo, San Nicolás, San Juan de las Palmas, Sabaneta, San Sebastián de Urabá, Jegua, San Antonio de Cereté, Colosó y Morroa.


- Capitán a guerra de Ayapel: don Antonio Salcedo, con jurisdicción sobre la villa de Ayapel, la ciudad de Simití, los pueblos de Tablada y Morales, y los minerales de Guamocó.


- Capitán a guerra de Barranquilla: don Bartolomé Molinares, con jurisdicción sobre diecisiete parroquias: Barranquilla, Soledad, Sabanagrande, Santo Tomás, Sabanalarga, Real de la Cruz, Santa Rosa, Santa Catalina, Palmar de Candelaria, Baranoa, Malambo, Galapa, Tubará, Usiacurí, Piojó, Barranca y Yucal.


- Capitán a guerra de Mahates: don Isidro Rodríguez, con jurisdicción sobre cinco parroquias: Mahates, Palenque, María y Flamenco, San Estanislao y Tumiriguaco.


- Capitán a guerra de Santo Tomás de Villanueva: don Juan de León y Páez. Vino de España como criado del arzobispo Caballero y Góngora.


- Capitán a guerra de María la Alta: don Santiago Alonso Pulgar.


- Capitán a guerra de María la Baja: don Pedro Marimón.


- Capitán a guerra de Pantanos: don Vicente Pagés.


- Capitán a guerra de Loba: don Lorenzo Nieble.


Cabildo de Cartagena de Indias
Esta capital, dividida en cuatro barrios (La Merced, San Sebastián, Santo Toribio, Santa Catalina y arrabal de Getsemaní) tiene catedral, tres parroquias (San Lázaro, Bocachica-Barú, Arjona) y dos pueblos (Turbaco y Turbana).


Alcaldes ordinarios:


- Doctor don José María García de Toledo. Natural de Cartagena (1769), hijo del gaditano don José María García de Toledo Marzal, quien durante muchos años fue contador del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, y de doña María Isabel de Madariaga, hija del primer conde de Pestagua, don Andrés de Madariaga y Morales. Cuñado de don Joaquín Mosquera y Figueroa, diputado de la Capitanía de Venezuela ante la Junta Central y Suprema de España y las Indias, y primo hermano de don Juan Elías López Tagle Madariaga. Está emparentado también con don Ignacio Cavero, su sobrino segundo político. Abogado del Colegio Mayor del Rosario, en donde se graduó en 1792. Propietario de cincuenta y tres esclavos y administrador de varias haciendas heredadas: Palenquillo, Guayepo, Barragán, Los Morritos y San Marcos de Zárate en la Provincia de Cartagena; y la de San Antonio Rompedero de Pestagua, en la Provincia de Santa Marta. Desde 1809 era asentista de leña de la Real Fábrica de Aguardientes y gran productor de aguardientes. Casó en 1793 con la santafereña doña Juana Manuela Díaz de Herrera y Galvis, cuya hermana María Ignacia está casada con el doctor don José María Arrubla Martínez, rico comerciante antioqueño (Santafé de Antioquia, 1780) que ha viajado por Europa. Ha sido conciliario y teniente del Consulado de Comercio. Después de enviudar envió a sus dos hijos a la casa de su hermana en España: Inés (nacida en 1796), quien profesó en el Monasterio de las Señoras Salesas Reales de Madrid, y Joaquín, nacido en la hacienda San Marcos (1799). En 1804 fue alcalde ordinario de Cartagena.


- Doctor don Miguel Díaz Granados y Núñez Dávila. Natural de Santa Marta (1772), hijo del samario don Pascual Díaz Granados ―rico hacendado ganadero y productor de azúcar del valle del Cesar y de Gaira― y de la samaria doña Joaquina Teresa Núñez Dávila. Fue colegial porcionista en el Colegio del Rosario, donde se graduó de Bachiller en Filosofía (1788) y en Derecho Canónico (1790), así como de Licenciado y Doctor en Derecho Canónico (1790). Tras hacer su pasantía en los estudios de los doctores José Ignacio Sanmiguel, Juan José Munive y Mozo y Manuel Campuzano, se recibió de Abogado en 1794. En este año el virrey Ezpeleta lo nombró vicerrector de su antiguo colegio (1794-1796) y en 1795 fue primer conciliario. En 1796 regresó a Cartagena, donde se desempeñó gratuitamente como defensor de la curia. En 1805 era consultor y defensor de reos del tribunal de la Inquisición. Tres años después el Virrey lo nombró administrador de Correos de Cartagena. Casado con doña María Diego García y por tanto hermano político de don Vicente García y concuñado de don Pedro Rodríguez Santurrio. Vive en la esquina de la Calle del Tejadillo con Estanco de Aguardiente, No. 811.


- Regidor decano: don Francisco García del Fierro y Velacorte. Hijo del abogado cartagenero del mismo nombre y de doña María Manuela de Velacorte Navarro, sobrina de dos deanes de la catedral de Cartagena y hermana de la marquesa de Vellestar. Nieto del español don Andrés José García (San Lúcar de Barrameda) y de la cartagenera doña Catalina del Fierro. Su padre ejerció varios empleos de república: teniente de depositario general (1764-1766), alcalde ordinario (1772) y regidor perpetuo del cabildo desde 1767. Cuñado del oficial José María de Moledo, quien casó en 1796 con su hermana María Josefa Rafaela, nacida en Puebla de los Ángeles. Casado con doña Josefa de Pombo Amador, hija del comerciante don José Ignacio de Pombo y Ante.


Regidores propietarios:


- Don Antonio de Narváez y La Torre, primer regidor perpetuo.


- Don José María de Castillo y Alarcón, regidor subdecano propietario. Comerciante, casado con doña Magdalena Torices, hermana de don Manuel Rodríguez Torices. En 1805 el gobernador Cejudo lo nombró regidor añal y al año siguiente remató el empleo en propiedad en trescientos pesos, correspondientes a las dos terceras partes de su avalúo.


- Don Santiago González, comerciante español. Regidor alcalde mayor provincial, empleo que obtuvo pagando 866 pesos en su remate (1805).


- Don Germán Gutiérrez de Piñeres Cárcamo, natural de Mompox, hijo del sevillano don Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres y Sayas, quien se estableció en Mompox y fue administrador de la renta de aguardiente, y de doña Micaela de Cárcamo y Urdiales, natural de Santa Marta y descendiente de los condes de Santa Cruz. Colegial del Rosario y abogado. Regidor propietario, obtuvo este empleo en el remate que fue realizado en diciembre de 1806, pagando el tercio de su valor (166 pesos). Casado con doña Violeta Narváez y Violet, sobrina del mariscal Narváez y La Torre, con quien tiene siete hijos.


- Regidor alguacil mayor: don Santiago Lecuna. En 1797 era dependiente de su hermano Joaquín Lecuna. Casado con doña Ana de Pombo Amador, hija de José Ignacio de Pombo y Ante.


Regidores añales:


- Don Tomás de Andrés Torres. Natural de Molinos de Salduero, provincia de Soria, Castilla la Vieja (1757). Fue agente comercial en la plaza de Cádiz hasta la edad de treinta y un años. A mediados de 1787 y por la enfermedad de uno de sus socios se embarcó hacia Cartagena de Indias en la fragata La Divina Pastora, trayendo consigo mercancías varias avaluadas en 290.715 reales de vellón, y consignadas a sus socios, los hermanos Felipe y Manuel García del Río, comerciantes gaditanos avecindados en la plaza de Cartagena de Indias. Casado con la venezolana Nicolasa García y Morrón, hija del contador Nicolás García (natural de Abejar, Soria), con quien tiene siete hijos. Vive en la calle de Nuestra Señora del Carmen, en el barrio de Santa Catalina. Fue el primer prior del Consulado de Comercio de Cartagena de Indias y alcalde ordinario de esta ciudad en 1801. En 1795, con motivo de la aprehensión de dos cortes de muselina y pana de poco valor, fue acusado de contrabando y arrestado por el gobernador don Joaquín de Cañaveral. En 1800 obtuvo licencia del virrey para introducir mercancías desde Nueva York en la fragata Flora, por cuenta y riesgo de don Manuel García del Río. Este cargamento montó cerca de 70.677 pesos fuertes. En 1807 apoderó a las casas comerciales inglesas Gordon & Murphy, y Reid Irving & Compañía. El 15 de enero de 1810, habiéndose realizado ya las elecciones capitulares, entró como regidor añal a instancias del gobernador Montes. Durante el siguiente mes de abril reconvino al gobernador por su silencio e inactividad con respecto a los graves avisos que sobre los emisarios de Napoleón le había comunicado el ministro plenipotenciario de España en los Estados Unidos. Este suceso ocasionó una enemistad entre estos dos hombres que explica en buena medida la participación de Torres en el cogobierno que se instaló el 22 de mayo, y en la posterior destitución del gobernador. A finales de este año, sin embargo, Torres se declaró a favor de la admisión de don José Dávila, nuevo gobernador de la plaza nombrado por la Regencia, lo que según expresaría le granjeó el odio de muchos miembros de la Junta y del pueblo.


- Don Juan Vicente Romero Campo, natural de España. Llegó a Cartagena en 1792 como agregado de la casa comercial de su hermano José Romero. En los dos años de 1802 y 1803 hizo remesas a Cádiz por más de trescientos mil pesos.


- Don Juan Salvador Narváez y Fernández de Castro, natural de Cartagena (1788), hijo del mariscal don Antonio de Narváez y Doña María Isidora Fernández de Castro (Santa Marta, 1757). Capitán de granaderos, habla el inglés y el francés. Participó con otros once individuos en la deposición del gobernador Montes en un movimiento dirigido por José María García de Toledo.


- Don José Antonio Fernández, comerciante natural de España.


- Don Manuel Demetrio de Vega, comerciante.


- Don José Antonio Amador Rodríguez, natural de Cartagena de Indias (1766). Hijo primogénito del rico comerciante gaditano don Esteban Baltasar Amador (muerto en 1806) y de la cartagenera doña Josefa Rodríguez Funes. A la edad de dieciséis años pasó a Santa Fe para estudiar en el Colegio del Rosario y en el de San Bartolomé. Contrajo matrimonio con doña Josefa Leguina Lambi, hija del comerciante Martín Antonio de Leguina y Logroño (natural de San Pedro Deusto, Vizcaya). Se dedica al comercio y vive en la Calle del Estanco del Tabaco o Nuestra Señora de Loreto, barrio de Santa Catalina.


- Don Lázaro María de Herrera y Leyva, comerciante poderoso, natural de España. Síndico del Consulado y nombrado alguacil mayor de la Inquisición por el Consejo de Regencia. Casado con doña María Teresa Paniza Navarro, hija del fallecido comerciante gaditano don Antonio Paniza Pagliari. Vive en la calle de don Sancho, casa No. 4.


- Don José María Benito Rebollo.


- Doctor don Eusebio María Canabal, natural de Cartagena (1785), hijo de don Manuel José Canabal Herrera, quen fue regidor y alférez real en Cartagena, y de doña María Trinidad de Pasos. Vistió la beca en el seminario de San Carlos, donde estudió filosofía, jurisprudencia y sagrada teología. Pasó luego a Santa Fe, donde obtuvo los grados de Bachiller en Filosofía, Doctor en Cánones y Licenciado en Teología. Cursó también un año de Derecho Real en el Rosario con el doctor Francisco González Manrique. Para recibirse de Abogado (1807) practicó en los despachos de los doctores Tomás Tenorio y Juan Nepomuceno Berrueco. Fue catedrático de Teología y Filosofía en el Colegio de San Carlos y administrador principal de aguardientes de su ciudad natal desde 1808.


- Dr. don José María del Castillo y Rada.


- Síndico procurador general: doctor don Antonio José de Ayos y Antía. Natural de Cartagena de Indias (1767), hijo de don Blas de Ayos, caballero de la Orden de Santiago, quien fue alcalde ordinario y teniente coronel de las Milicias Disciplinadas de Voluntarios. Vistió la beca en el Colegio del Rosario y fue tal su aplicación en los estudios que a los diecinueve años ya se había graduado de Bachiller en Filosofía y Doctor en Cánones y Leyes. Tras practicar en el estudio del doctor Felipe Vergara (1785-1789) se recibió como abogado en la Real Audiencia el 7 de septiembre de 1789. Ha sido defensor de menores, de viudas y de pobres; regidor y alcalde ordinario, asesor general en los juzgados de los comandantes de los Reales Cuerpos de Artillería e Ingenieros, y asesor de los gobernadores de Cartagena y Santa Marta. Fue propuesto por los cabildos de Cartagena y Santa Marta como diputado del Virreinato ante la Junta Central. Es reconocido en esta ciudad como “uno de los abogados de conocida instrucción, patriotismo, popularidad y firmeza de carácter”. Casado con doña María Josefa Fernández de Moure, hija legítima de don Juan Fernández de Moure, coronel del Regimiento Fijo de Cartagena. Fue teniente de gobernador y auditor de Guerra de Santa Marta, así como regidor del Cabildo de Cartagena. Vive en la Calle de la Iglesia, No. 130, barrio de la Catedral o Santa Catalina.


- Director: doctor don José María del Real Hidalgo, natural de Cartagena (1767), hijo del capitán de los Reales Ejércitos don Juan del Real y de la Cruz (natural de Galicia) y de la cartagenera doña Rafaela Josefa Hidalgo y Torres. Colegial de San Bartolomé y abogado. Casado con doña Luisa Bartola Cortínez Escalante. Hacendado, explota la hacienda Santa Cruz de Márquez, ubicada más allá de Sincerín. En el Cabildo ha sido alcalde ordinario (1808) y asesor (1809).


- Escribano de cabildo: José Antonio Fernández y Muñoz, natural de Cartagena (1787). Fue colegial porcionista en el Colegio del Rosario, donde se graduó en 1805 de Bachiller en Derecho Canónico.


Cabildo de la villa de Mompox
Esta villa incluye a las parroquias de Retiro, Magangué, San Sebastián, Santiago, Tacasaluma, Cascajal, Tacaloa, Tacamocho, Guaso, Yatí, Talaygua, Tetón, Zambrano, San José de la Victoria, Ojolargo, Algarrobo, Loba y Norosí. También tiene jurisdicción sobre el pueblo del Peñón y los pueblos de Menchiquejo y Chilloa.


- Alcalde ordinario de primer voto: don Gabriel Martínez Guerra, alférez real, por depósito de vara.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don Pantaleón Germán Ribón Terán, natural de la villa de Santa Cruz de Mompox, hijo de don Gabriel Francisco Germán Ribón y doña Salvadora Terán, vecinos de dicha villa.


Regidores:


- Regidor alguacil mayor: doctor don Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres Cárcamo, natural de Mompox (1772), hijo del sevillano don Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres Sayas, y de doña Micaela de Cárcamo y Urdiales. Pasó a Santa Fe a los once años de edad como becario del Colegio del Rosario, y se graduó de Doctor en Derecho Canónico en la Universidad de Santo Tomás. Casó clandestinamente con doña María Ignacia Vásquez de Mondragón, el 24 de enero de 1796, porque estaba en curso una oposición de tercería interpuesta por don Tomás Doval y García, quien alegaba haber celebrado esponsales con dicha señora. Como castigo, el doctor Gutiérrez de Piñeres fue condenado a dar dos quintales de cera para alumbrar el Santísimo Sacramento y a asistir con su esposa a misa durante seis meses con una vela encendida en las manos. Su esposa aportó al matrimonio la hacienda de Sabana de Descornado, en el distrito de Chiriguaná. En 1802 obtuvo en remate el oficio de regidor alguacil del cabildo, donde ha sido síndico y alcalde. Es catedrático de Sagrados Cánones en el Colegio de Mompox.


Regidores:


- Don Mateo Espalza, bautizado en la parroquia de San Pedro de Murueta del valle de Orozco, señorío de Vizcaya (1770), hijo legítimo de don Domingo de Epalza de Sagarminaga y de doña Dominica de Santa Cruz. En marzo de 1807 obtuvo licencia para contraer matrimonio con la marquesa de Torrehoyos, doña Isabel de Hoyos y Hoyos, bautizada en Mompox (1779) e hija de don Gonzalo José de Hoyos y de doña María Ignacia de Hoyos. Sus abuelos paternos son don Juan de Hoyos y doña Simona de Mier, naturales de los lugares de Suarias y Mier, obispado de Oviedo, gobernación de Laredo, en las montañas de Santander. Sus abuelos maternos son don José Antonio de Hoyos, del lugar de Ontamio en el mismo obispado y gobernación, y doña Toribia de Trespalacios Mier. Don Mateo, ahora marqués de Torrehoyos, ha tenido serias disensiones con el Cabildo de Valledupar desde 1807: este ha representado que aquel, abusando de su poder, ha entrado en la iglesia parroquial silla, cojín y alfombra, poniéndolas poniéndolos a la cabeza de las bancas principales del Cabildo, ha exigido la paz y pretendido incienso, y que se le lleve a besar el Evangelio, después de cantado, cuyo honor y privilegio sólo corresponde al virrey como vicerreal patrono. Asegura también dicho cuerpo que el marqués ha declarado a toda la gente urbana sujeta a la jurisdicción real el goce del fuero de guerra, estén o no sobre las armas, para que la justicia no tenga en ellos la menor autoridad. Se ha ufanado de su autoridad diciendo que él es el rey en la ciudad y que mantiene asidua correspondencia con el Virrey.


- Don José Troncoso, concuñado de Pantaleón Germán Ribón.


- Alguacil mayor: Celedonio Gutiérrez de Piñeres.


- Síndico procurador general: Tomás Ballespín.


- Escribano: don Carlos Ledesma.


- Asesor: don Esteban Granados.


Cabildo de la ciudad de San Antonio de Toro de Simití
- Regidor alférez real: don Juan de Dios de Salazar.


- Regidor alcalde mayor provincial: don Cecilio Antonio Pérez.


- Regidor subdecano: don Bonifacio Antonio García.



Gobernación y Comandancia General de Cartagena. Cabildos de Cartagena, de la Villa de Mompox y de San Antonio de Toro de Simití | banrepcultural.org

Real Audiencia del Reino de Quito


Pese a su antigüedad fue eliminada entre 1717 y 1722, pasando entonces a la subordinación del Virreinato de Lima hasta 1739, cuando fue subordinada al Virreinato de Santa Fe. Parte de su antigua jurisdicción eclesiástica pasó desde 1779 al obispado de Cuenca, cuyo feligresado incluye a las provincias de Guayaquil, Loja, Portoviejo, Zaruma y Alausí. El feligresado de la gobernación de Mainas se convirtió en 1802 en obispado subordinado al virrey del Perú, aunque en todos los demás asuntos sigue bajo la jurisdicción de esta Audiencia. La jurisdicción militar sobre la provincia de Guayaquil fue transferida en 1803 al virrey del Perú. Un centenar de empleados dependen directamente de este cuerpo, ante el que acuden cuarenta abogados que han sido recibidos ante los reales estrados.





- Presidente: señor don Manuel Urriez, conde Ruiz de Castilla, natural de España.





- Regente: Sr. don José Fuentes González Bustillo. Fue oidor en la Real Audiencia del Cuzco.





- Oidor Decano: Sr. don Antonio Suárez Rodríguez. Se halla suspenso en virtud de la Real Cédula del 9 de agosto de 1806, por haber suplantado una providencia dictada por esta Real Audiencia.





Oidores:





- Sr. don Baltasar Miñano de las Casas, oidor subdecano nombrado en 1799, actualmente en la Audiencia de Santa Fe por decisión del anterior presidente, barón de Carondelet, quien lo separó de su cargo por la indisposición que mantenía con los otros ministros de la Audiencia. Según el oidor Merchante de Contreras, a tal punto llegaba la inquina de Miñano que “concurría armado bajo la toga a los acuerdos”. Comprometido en una causa de infidencia seguida en Santa Fe, fue aprehendido el 23 de noviembre de 1809 “por sus propios compañeros con auxilio del virrey y conducido como un facineroso por las calles de Santa Fe al cuartel de caballería”. Al día siguiente se le envió preso a Cartagena, donde permaneció bajo la custodia del gobernador Montes hasta que el comisionado regio don Antonio de Villavicencio lo liberó.





- Sr. don José Merchante de Contreras. Fue fiscal del crimen en la Audiencia de Santa Fe (1782-1784). El pasado año de 1807 fue denunciado por don Bruno Fernández de Córdoba en razón de la ilícita amistad que mantenía con su mujer, doña Antonia Reyes, con quien estaba casado desde 1785.





- Sr. don Felipe Fuertes y Amar, natural de España, sobrino del virrey Antonio Amar y Borbón. Se posesionó en 1802.





- Dr. don José Ignacio Tenorio, natural de Popayán (1752), tío del Dr. Camilo Torres Tenorio. Inició sus estudios con los jesuitas y los concluyó en Quito, donde se graduó de Doctor en Derecho Canónico (1775). Pasó a Lima y luego a Madrid, donde pretendió una plaza de oidor en Quito, sin lograrlo. Ingresó entonces a la Compañía de Jesús en 1782. Regresó a Quito para ejercer la abogacía. Nombrado oidor supernumerario de la Audiencia de Santa Fe en 1808, abandonó su empleo al ocurrir los sucesos del 10 de mayo de 1809 y se marchó a Popayán. Una vez que esa junta espuria se disolvió, el virrey Amar lo envió como oidor a la Audiencia de Quito para que contribuyera a restablecer el orden.





- Fiscal interino: Sr. don Tomás de Aréchaga. Vino a Quito acompañando al presidente Ruiz de Castilla, quien lo crió y de quien fue asesor en la Audiencia del Cuzco. Su protector lo nombró para este empleo el 16 de febrero de 1809. La Audiencia resistió su nombramiento porque no presentó su título de Abogado recibido en la Real Audiencia del Cuzco.





- Asesor general: don Francisco Javier Manzanos, nacido hacia 1766. Hijo de don Francisco Rafael Manzanos, quien fue oidor.





- Alguacil mayor: Sr. don Antonio Solano de la Sala.





Relatores:





- Dr. don Mariano Egas.





- Dr. don Tomás Barriga y Brito. Natural de Santa Fe (1774), hijo del abogado don Miguel Barriga y doña Antonia Brito. Colegial de San Bartolomé, fue recibido como abogado en la Audiencia el 28 de abril de 1801. Fue teniente letrado de La Mesa. Abogado recibido en la Real Audiencia (28 de abril de 1801). Casado desde 1798 con doña Antonia López de Castro y Llamas. Hermano de doña Gabriela Barriga y Brito, cuya tertulia ha hecho de su casa un centro de discusión de nuevas ideas.





Agentes fiscales:





- De lo civil: Dr. don José del Corral, natural de la ciudad de Buga y hermano del cura de Sipí (provincia de Nóvita).





- De lo criminal: Dr. don Francisco Javier de Salazar.





- Escribano de cámara: don Luis Cifuentes.





- Portero: don Juan Viteri.





- Defensor general de menores: Dr. don Francisco Javier de Salazar.





Juzgado Mayor de Bienes de Difuntos


- Juez: Sr. don Antonio Suárez Rodríguez.





- Contador oficial real: don Gabriel Fernández de Urbina.





- Defensor: Dr. don Bernardo de León.





- Escribano: Juan Antonio Rivadeneira.





Juzgado de Tierras Baldías


- Juez: Sr. don Antonio Suárez Rodríguez.





- Escribano: Juan Antonio Rivadeneyra.





Nota: el 10 de mayo del año próximo pasado los diputados de los barrios de la ciudad de Quito declararon el cese en las funciones de los magistrados de esta Real Audiencia y erigieron una Junta Suprema e interina con el tratamiento de majestad, para que gobernara en adelante el Reino de Quito en nombre del señor don Fernando VII, mientras este recuperase la Península. Esta Junta espuria fue rechazada por todos los gobiernos circundantes y hasta por el Cabildo de Quito, que en su sesión del 5 de septiembre siguiente, presidida por don Pedro Montúfar, rechazó su existencia ilegítima. El 13 de octubre siguiente renunció el marqués de Selva Alegre a su cargo de presidente de dicha Junta, siendo reemplazado por don Juan José Guerrero y Matheu, quien puso a la Junta bajo la obediencia a la Junta Central de Sevilla. Después de la firma de unas capitulaciones con el conde Ruiz de Castilla (24 de octubre) se inició el proceso de desarme y la restauración de la autoridad de la Audiencia. Los miembros de esa Junta, cuya autoridad no duró sino seis meses, fueron los siguentes:





- Presidente: don Juan Pío Montúfar y Frazo, tercer marqués de Selva Alegre, caballero de la Real Orden de Carlos III, con 6.000 pesos de renta y tratamiento de alteza serenísima.





- Vicepresidente: el ilustrísimo señor obispo Dr. don José Cuero y Caicedo.





- Ministro de Negocios Extranjeros y de la Guerra: Dr. don Juan de Dios Morales Leonín, abogado, natural de Santiago de Arma Nuevo de Rionegro, provincia de Antioquia (1767). Hijo de don Juan de Dios Morales y Silva, natural de la villa de Honda, y de doña Juana María Leonín de Estrada. Vistió la beca en el Colegio de San Bartolomé, donde obtuvo el título de Licenciado en Derecho. Mientras vivió en Santa Fe como estudiante disfrutó de la asistencia del Dr. Juan Dionisio Gamba, quien fue como un padre para él. Tras el fallecimiento de sus padres se fue a Quito como escribiente de Juan Antonio Mon y Velarde, quien acababa de ser nombrado presidente de aquella Audiencia. Allí hizo su práctica para recibirse de Abogado (1791) y se desempeñó como contador de diezmos. En 1790 recibió de su protector el nombramiento de oficial mayor en la secretaría de la Superintendencia Subdelegada de Rentas. Cayó en desgracia con el sucesor de Mon y Velarde, don Luis Muñoz de Guzmán, y fue destituido de su empleo. Se dedicó entonces al ejercicio de su oficio de abogado, asesorando durante dos años al corregidor y al cabildo de Ibarra, defendiendo de balde a los pobres de solemnidad (1792), haciendo las veces de protector de indios (1795) y formando un plan de estudios de jurisprudencia civil, canónica y pública para el Colegio San Fernando. Recibió una comisión importante para proveer de víveres los países devastados por el terremoto de 1797 y fue recolector del ramo de chicherías. Con la llegada del Barón de Carondelet a la presidencia de la Audiencia recuperó su influencia y su empleo de oficial mayor, acrecentando su poder personal. Mantuvo ilícita amistad y tuvo prole con doña Josefa Tinajero y Checa, esposada con su tío carnal don Miguel Tinajero. En vano intentó obtener la anulación de ese matrimonio, alegando como causal la falsedad de la dispensa eclesiástica, pero forzó al marido a trasladarse a Pasto para esquivar la afrenta pública.





- Ministro de Gracia y Justicia: Dr. don Manuel Rodríguez de Quiroga. Natural de Arequipa (1773), hijo de don José Benito Rodríguez de Quiroga, quien al enviudar se marchó a Quito como fiscal de la Real Audiencia (1787), donde falleció un año más tarde. La herencia legítima que recibió el hijo sólo alcanzó para pagar los gastos del funeral. Huérfano y reducido a la pobreza a los quince años de edad, fue acogido por una familia que lo recibió en su seno. Estudió en el Colegio de San Fernando, donde se doctoró en ambos Derechos. Fue defensor de reos, secretario, conciliario y vicerrector de la universidad, así como catedrático de Derecho Civil en su antiguo colegio. En 1807 solicitó algún empleo en las carreras diplomática, política o togada, quejándose amargamente de su situación personal, pues no había podido “salir de la molesta y miserable profesión de abogado para subvenir a una estrecha y precaria subsistencia, en un país donde son innumerables los abogados mercenarios con quienes vive confundido y envuelto el hijo de un ministro tan digno, por otra parte de mejor suerte por su honor, juicio y luces en todo género de literatura”. Está casado con doña Baltasara Cuello.





- Ministro de Hacienda: don Juan de Larrea y Guerrero, casado con doña Isabel Bau.





- Secretario particular con voto: don Vicente Álvarez.





- Vocales por el Cabildo de Quito: don Melchor Benavides y don Juan José Guerrero y Matheu.





- Vocal por el barrio de la Catedral: don Felipe Carcelén, marqués de Villa Rocha y de Solanda. Reemplazó al obispo Cuero y Caicedo en la vicepresidencia, con 2.000 pesos de renta y tratamiento de excelencia.





- Vocal por el barrio de Santa Bárbara: don Mariano Flórez, marqués de Miraflores.





- Vocal por el barrio de San Blas: don Manuel de Larrea y Jijón, hijo de don Gregorio de Larrea y León, bisnieto de un caballero de Calatrava y tataranieto de cruzados de Alcántara y Santiago. Don Manuel de Larrea fue nombrado en 1788 subteniente de una de las compañías creadas en Quito por Anastasio Cejudo. Fue ascendido a capitán del regimiento de dragones en 1799 y ejerció como alcalde ordinario de Quito.





- Vocal por el barrio de San Marcos: don Manuel Matheu y Herrera, hijo de la marquesa de Maenza, doña Josefa Herrera.





- Vocal por el barrio de San Roque: don Jacinto Sánchez de Orellana, marqués de Villaorellana. Padre del Dr. José Sánchez de Orellana.





- Vocal por el barrio de San Sebastián: don Manuel Zambrano, natural de Pasto, regidor del cabildo.





- Jefe de la Falange: capitán don Juan Salinas y Zenitagoya, casado con doña María de la Vega. Nació en 1756 y a los veinte años se decidió por la carrera militar. Siendo cadete sirvió en el regimiento formado para atacar a los portugueses del Brasil por el Marañón en la guerra de 1779. Fue nombrado subteniente en 1790 y teniente de la tercera compañía del cuerpo veterano de infantería de Quito en 1798. Anduvo durante catorce años por la provincia de Mainas, en la que fue teniente de gobernador.





- Auditor general de guerra: Dr. don Juan Pablo de Arenas, natural de Guayaquil y abogado. Casado con doña María Manuela Lasso de la Vega y Borja. Fue el encargado de extender el “Acta constitucional” que concibió el licenciado Juan de Dios Morales.





Senado:





Sala de lo Civil:





- Gobernador: don José Javier de Ascázubi. Hijo del vizcaíno José Antonio de Ascázubi y de la limeña doña Rosa Matheu y Aranda. Obtuvo el título de Doctor en ambos Derechos, fue catedrático de Matemáticas y Economía Política en la Universidad, donde desempeñó los empleos de vicerrector y conciliario. Vivió amancebado durante mucho tiempo con doña María de Villasís, mujer casada. Casó luego, no sin resistencias familiares, con su joven prima Mariana Matheu y Herrera, hermana de quien fue luego conde de Puñonrostro. Depositada por su madre en casa de doña Nicolasa Guerrero, para poder contraer el matrimonio debió Ascázubi forzar las puertas de aquella morada, contando con la complicidad del obispo y del presidente de la Audiencia, el barón de Carondelet.





- Decano: Dr. don Pedro Jacinto de Escobar, abogado natural de Buga (1750), hijo de don Lucas Escobar y Santacruz y de doña Mariana Ospina. Estudió en Santa Fe y en 1768 fue admitido a órdenes menores. Como su deseo de ordenarse sacerdote fue obstaculizado se recibió como Abogado ante la Audiencia de Santa Fe. En 1778 regresó a su patria y luego pasó a Quito para ejercer la abogacía.





Senadores:





- Dr. don José Fernández Salvador. Natural de Quito (1775). Vistió la beca en el Seminario de San Luis con el fin de estudiar Gramática y Retórica. Pasó luego a la Universidad de Santo Tomás, donde se graduó como Bachiller en Filosofía y Doctor en ambos Derechos y en Teología. En 1781 fue capitán de milicias de Ibarra y en 1796 bibliotecario de la universidad de su ciudad, cuyos índices se encargó de formar. Tras haber practicado en el estudio del doctor Francisco Javier Orejuelo se recibió de Abogado en la Real Audiencia de Quito en 1799. Fue relator de las juntas de la Real Hacienda, asesor de los alcaldes ordinarios de Quito, defensor de pobres, examinador para la recepción de abogados, procurador y regidor perpetuo del Cabildo de Quito.





- Dr. don José Ignacio Tenorio, quien se marchó a Popayán y fue sustituido por el Dr. Pedro Quiñones y Cienfuegos.





- Don Víctor de Sanmiguel, quien fue sustituido por el Dr. don Antonio Tejada, abogado natural de Popayán.





- Fiscal: Dr. don Mariano Merizalde, abogado natural de Quito.





Sala del Crimen:





- Regente: Dr. don Felipe Fuertes Amar.





- Decano: Dr. don Luis Quijano, abogado natural de Popayán.





Senadores:





- Don José del Corral, natural de Buga.





- Dr. don Bernardo Ignacio de León, abogado natural de Quito, catedrático de la Universidad.





- Dr. don Nicolás Salvador Murgueitio del Castillo.





- Fiscal: Dr. don Francisco Javier de Salazar.





- Protector general de indios: Dr. don Tomás de Aréchaga, quien fue sustituido por don Vicente Lucio Cabal, natural de Popayán.





- Comisario de guerra, con grado de teniente coronel: Dr. don Francisco Jijón.





- Alguacil mayor: don Antonio Solano.



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Gobernación de Guayaquil


Por la Real Orden del 7 de julio de 1803 el Rey confirió la jurisdicción militar de esta provincia al virrey del Perú por motivos de la defensa naval del océano Pacífico, pero continuó subordinada en asuntos de justicia superior, gobierno y hacienda al distrito de la Audiencia de Quito. En 1806 los asuntos mercantiles que dependían del Consulado de Comercio de Cartagena de Indias también fueron transferidos a Lima. Su feligresado pertenece al obispo de Cuenca.


- Gobernador: don Felipe Bartolomé Cucalón y Villamayor, natural de la villa de Ayerbe en el Reino de Aragón (1754), hijo de Don Martín Cucalón y Doña Teresa Villamayor, naturales de dicha villa. Comenzó a servir como cadete en 1770 en el Regimiento de Reales Guardias Españolas y tras servir en Vicálvaro, Mataró y Ceuta pasó a Cartagena como teniente de aquel Regimiento Fijo, de cuyo empleo se posesionó en mayo de 1773. Participó allí en operaciones navales para combatir el cntrabando y en la guerra contra los indios guajiros de la provincia de Riohacha. En 1787 ejerció seis meses la comandancia de las armas en el nuevo establecimiento de la Carolina del Darién hasta que, víctima de una epidemia, debió regresar a Cartagena, donde se desempeñó como gobernador de los castillos de Bocachica. En 1785 solicitó licencia para contraer matrimonio con Doña María Vicenta Martínez de Aparicio, natural de Cartagena de Indias (1755) e hija de Don Manuel Martínez de Aparicio y Doña María Teresa Tatis. Regresó a la Península con real licencia, consiguiendo allí que se le destinara a la gobernación de Guayaquil el 19 de diciembre de 1801, empleo del que se posesionó a comienzos de marzo de 1803 por falta de embarcación para Portobelo. El año pasado de 1809 enfrentó con éxito a los revolucionarios de Quito formando y enviando tropas y auxilios a la provincia de Cuenca y marchando personalmente a la capital de la Audiencia para coadyuvar en el restablecimiento del buen orden. En el mes de noviembre del año pasado recibió cartas de la señora Infanta Doña Carlota Joaquina de Borbón, princesa del Brasil, agradeciéndole los buenos servicios que hacía a su hermano el rey Don Fernando VII y convidándole a apoyar sus pretensiones a la Regencia. Pero en guarda de su fidelidad hizo la protesta necesaria ante cinco personas principales, ofreciendo no contestar esas cartas y dar cuenta al virrey del Perú y al supremo gobierno de la nación, como lo ejecutó por oficios de 14 y 15 del mes de noviembre de 1809. El 15 de junio de este año de 1810 la Regencia le confirió el empleo de comandante general, gobernador y presidente del Cuzco, por lo que a mediados del siguiente mes de septiembre fue relevado de su gobierno anterior y marchó a Lima, sin poder posesionarse de su nuevo empleo porque el virrey del Perú lo empleó en la asistencia de juntas de guerra.


- Gobernador político y militar interino en ausencia del titular: coronel don Luis Rico.


- Teniente asesor: doctor Pedro Alcántara Bruno, natural de Buenos Aires (1761) e hijo de don Juan Bruno y doña María Eugenia Tejada. En su relación de méritos manifiesta ser miembro de una familia de conocida nobleza, haber estudiado Cánones y Leyes en la Universidad de Santiago de Chile, haberse recibido de abogado en las audiencias de Lima y Quito. Los capitulares de Guayaquil han dicho que no existe documento alguno que pruebe su condición de abogado, que abandonó a su mujer en Chile y que su madre era “de los nobles de Guinea”. El comerciante Carlos Lagomarsino lo acusó de contrabandista, de traficar con maderas y de haberse robado muchos dineros en la refacción del edificio de la Aduana. Reemplazó a don José María Luzcando y Murillo, a quien se tuvo por sospechoso porque su mujer era prima del coronel de milicias don Jacinto Bejarano, elegido por los rebeldes de Quito en 1809 como gobernador de Guayaquil.


- Escribano: Nicolás de Angulo.


Cabildo de la ciudad de Guayaquil


- Alcalde ordinario de primer voto: Francisco Javier Paredes.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don Vicente Rocafuerte y Rodríguez Bejerano, natural de Guayaquil (1783), hijo del fallecido peninsular don Juan Antonio Rocafuerte y de doña Josefa Rodríguez de Bejerano, hermana del coronel Jacinto Bejerano, rico hacendado y comerciante de cacao en la carrera de Acapulco. Propietario de la hacienda de Naranjito.


- Regidor decano: don Manuel Ignacio Moreno.


- Regidor fiel ejecutor: don José Morán de Butrón y Castilla.


- Regidor alguacil mayor: don José López Merino.


Regidores:


- Don Domingo Iglesias y García.


- Don Juan Bautista de Elizalde.


- Don José Ignacio Gorrichateguí.


- Don José Ignacio Casanova.


- Alférez real: doctor don José Joaquín Pareja, abogado recibido en la Audiencia de Quito.


- Procurador general: don Juan Millán y Avilés.


- Alcaldes de la Santa Hermandad: don Juan Avellán y don Domingo Rodríguez Plaza.


- Asesor del Cabildo y padre general de menores: doctor don Mariano Sáenz de Viteri.






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Gobernación de Cuenca


Con jurisdicción sobre la capital Cuenca, los asientos de Cañar y Alausí, y los pueblos de Azogues, Gualaceo, Oña, Airón, Canaribamba, Pacha, Deleg, San Bartolomé, Baños, Sayaussir, Paute y Molleturo. Se nombra un teniente de gobernador en Alausí.


- Gobernador: el coronel de infantería don Melchor Aymerich, nombrado el 17 de mayo de 1802, cuando se desempeñaba como capitán del Regimiento de Infantería de Sevilla. Coronel de los reales ejércitos, subdelegado de Real Hacienda, rentas estancadas y de correos, gobernador político y militar de la provincia.


- Teniente asesor: licencado don Juan López Tormales.


- Alcalde de minas: don Ignacio Rendón.


- Teniente de gobernador de Alausí: don José Laiseca.


Cabildo de la ciudad de Cuenca


- Alcalde ordinario de primer voto: capitán don Manuel Pío Rodríguez.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don Miguel Malo.


- Regidor alguacil mayor: don Eugenio Arteaga.


- Regidor fiel ejecutor: don Carlos Selleri.


- Regidor decano: don Ignacio Dávila.


- Regidor subdecano: don José de Neira y Vélez.


- Regidor sencillo: don José Seminario y Saldívar.


- Regidor sencillo: don Nicolás Salazar y Piedra.


- Procurador general: don Francisco Serrano y Argudo.


- Alférez real: don Manuel Rada.


- Alcaldes de la Santa Hermandad: don José Ruyloba y don Joaquín Serrano.


- Abogado protector y asesor: doctor don Carlos Casamayor.


- Mayordomo: Mariano Bustos






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Gobernación de Santa Marta


Comprende las ciudades de Santa Marta (capital), Tamalameque, Ocaña, Valencia de Jesús y Valledupar, y también la villa de Tenerife. La ciudad de Santa Marta tiene agregados a los pueblos de Bonda, Mazinga, Mamatoco, Taganga, Gaira, Ciénega, y también a las parroquias de Santa Cruz y San José, La Concepción del Remolino, Victoria del Guáimaro y El Piñón. La ciudad de Tamalameque tiene en su jurisdicción los pueblos de San Bernardo, Simaña, El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, San Fernando, Santa Ana, Saloa y Chimichagua. A la ciudad de Ocaña están agregados los pueblos de Río del Oro, San Jacinto y Aguachica; y a la ciudad de Valencia de Jesús los de San Marcos del Paso y San Sebastián de la Nevada. La ciudad de Valledupar tiene en su jurisdicción las poblaciones de San Antonio de Badillo, San Juan Bautista de Cesar y San Agustín de Fonseca, así como los pueblos de Barrancas, El Lobo, Becerril del Campo, Tupes, Santo Tomás de Villanueva, San Lucas del Molino, San Isidro de los Atánquez, Nuestra Señora del Rosario de la Sierra Nevada, Tucuy, Catacara, Fernambuco, El Tuerto, Puntagorda, Ariguaní, Garupal, La Divina Pastora y Las Pavas, que fue abandonado por los indios. La villa de Tenerife tiene los pueblos de Pinto, San Antonio, El Plato, Zambrano y El Fetón. Se nombran tenientes de gobernador en Santa Marta y en el Valle Dupar, y capitanías a guerra para Chiriguaná, Guáimaro, San Pedro Mártir del Peñón y Remolino. También corregidores para El Tetón y Zambrano, Ocaña, y Ciénaga.


- Gobernador y comandante general proveído por el rey: el brigadier don Víctor de Salcedo y Somodevilla, sobrino del marqués de la Ensenada. Comenzó a servir de cadete en el Regimiento de Infantería de Saboya en 1764. Fue ayudante de campo en la expedición de pacificación y conquista de los indios guajiros (1772), teniente del Regimiento Fijo de Cartagena, capitán de la Compañía Veterana de Guayaquil y comandante en jefe de sus milicias, las cuales formó, arregló y disciplinó por comisión del virrey Guirior. Por estos servicios fue promovido a la comandancia de los regimientos de Milicias Disciplinadas de la ciudad de Quito en 1783. Tras la extinción de este cuerpo ocupó interinamente el gobierno de Cuenca (1793) y fue ascendido a coronel de infantería en 1794. Al año siguiente se le concedió el gobierno de la Provincia de Antioquia. En junio de 1804 pasó con el mismo empleo a Santa Marta, vacante por la terminación del período de don Antonio Samper. Tomó posesión de este empleo el 11 de marzo de 1805. Su hija doña Juana Salcedo contrajo matrimonio con don Andrés Pardo, miembro de una poderosa familia antioqueña.


- Teniente asesor: doctor don José Antonio Viana y Ceballos, natural de Honda (1769). Colegial de San Bartolomé. En 1794 fue nombrado alcalde ordinario del cabildo de Honda y asesor letrado del corregidor de Mariquita. De allí pasó a desempeñar igual empleo en la provincia de Antioquia. En 1809 fue nombrado para este empleo de teniente asesor del gobernador en Santa Marta. Casado con doña Anselma Armero Conde, prima hermana de don José León Armero.


- Corregidor de Ocaña: sargento mayor de milicias españolas Julián Sánchez Hermosilla, quien reemplazó a don Emigdio Llaín de Saravia el 26 de agosto de 1807. El cabildo de Ocaña se negó a darle posesión en razón de las protestas del síndico procurador general y del apoderado del comerciante don Juan de Francisco Martín, quien hizo valer una acreencia de 4.900 pesos en contra del corregidor nombrado por el Virrey. Se siguió por ello una causa muy dilatada.


- Teniente de gobernador de Valledupar: don Juan Antonio Daza, nombrado el 26 de enero de 1810 para reemplazar a don Juan García, quien renunció.


- Capitán a guerra del Guaymaro: don José Joaquín Navarro.


- Capitán a guerra de Chiriguaná: don Luis José Rapalino, también administrador de correos y demás ramos de Real Hacienda. Segundo capitán a guerra de la jurisdicción: don José Antonio Díaz Romero.


- Capitán a guerra del Remolino: don José Navarro.


- Capitán a guerra de Fonseca: don Ildefonso Cabello.


- Capitán a guerra de la Ciénega: don Iñigo de Sevilla.


Cabildo de Santa Marta


- Diputado a las Cortes Extraordinarias: coronel de milicias don José Francisco Munive y Mozo, propietario de una plantación de caña de azúcar en Santa Cruz de Curinca. Suegro de Francisco Javier Díaz Granados, cuñado de Basilio García y tío político de Manuel María Dávila. Fue elegido, el 19 de junio de 1810 como diputado de la provincia de Santa Marta ante las Cortes Extraordinarias de Cádiz, pero decidió no concurrir a ellas.


- Don Apolinar de Torres, alcalde ordinario de primera vara.


- Don José Nicolás de Jimeno, alcalde ordinario de segunda vara.


- Don Vicente Moré, regidor alférez real. Natural de la villa de Tossa, principado de Cataluña (1762), hijo del comerciante Francisco Moré Garriga y de Isabel Moré y Molins. Posee en la calle de Santo Domingo de esta ciudad cuatro casas que él mismo hizo fabricar de material de piedra, ladrillo y teja, con las oficinas correspondientes para el comercio, de cuya carrera se sostiene. Es capitán de la compañía urbana de españoles europeos y ha ocupado los cargos de comisario de barrio (1797), síndico procurador general (1802 y 1805), alcalde ordinario (1803) y diputado del Tribunal del Real Consulado (1804 y 1805). Remató en 255 pesos el regimiento de alférez real el 22 de diciembre de 1808, y el 11 de marzo del siguiente año se le libró el título correspondiente.


- Don Manuel Conde, regidor alcalde mayor provincial. Remató el oficio por noventa pesos el año anterior. Ha sido familiar de la Santa Inquisición y ha desempeñado los oficios de alcalde de la Santa Hermandad, síndico procurador general, alcalde de primera nominación y regidor decano añal.


- Don Esteban José de Morrón, regidor fiel ejecutor. Natural de Santa Marta (1766), hijo del peninsular don José de Morrón y Escobedo y de doña Micaela de Porras, samaria. Es subteniente de milicias disciplinadas en la ciudad, donde ha ocupado los cargos de comisario de barrio, alcalde de la Santa Hermandad y procurador general. En 1801 remató el oficio de regidor fiel ejecutor del cabildo de Santa Marta por 166 pesos y 6 reales, esto es, por las dos terceras partes de su avalúo. A pesar de que se le libró el título correspondiente el 3 de marzo de 1803 sólo lo presentó para tomar posesión de su cargo en enero de 1808, pretextando haber estado enfermo y sobre las armas durante 18 meses en la última guerra contra los ingleses. Para que no caducase su regimiento debió pagar gracias al sacar. Está casado con doña Luisa Cataño y vive con el doctor Basilio del Toro en la misma casa.


- Don Simón Guerrero, regidor alguacil mayor, teniente del regimiento de milicias disciplinadas de Santa Marta. Hijo de don José Guerrero, quien fue regidor de Santa Marta. Fue regidor añal en 1809 y en este año remató el oficio de alguacil mayor en cien pesos, equivalentes a las dos terceras partes de su avalúo.


- Don Enrique Arroyuelo, regidor añal.


- Doctor don Basilio Antonio de Toro y Carrión, síndico procurador general. Natural de Cartagena (1772), fue colegial del Real Colegio y Seminario de San Carlos en su ciudad natal, y pasó luego al Colegio de San Bartolomé. Hijo de don Pablo de Toro, natural de Cartagena, y doña Tomasa de Mendoza, natural de Valledupar.


- Asesor: doctor don Esteban Díaz Granados, natural de Santa Marta (1780), hijo de don José Francisco Díaz Granados, y de doña Ana Díaz Granados. Hizo sus estudios de primeras letras en el Colegio San Carlos de Cartagena. Pasó luego a Santa Fe y vistió beca en el Colegio del Rosario (1799). Se graduó de Bachiller en Filosofía, Licenciado y Doctor en Sagrados Cánones. En el mismo colegio ocupó la vicerrectoría y fue pasante de Derecho Canónico en 1807. Se recibió de Abogado de la Real Audiencia en 1806 y pasó a su ciudad natal, donde fue alcalde ordinario de primer voto (1809) y asesor del Cabildo en este año que corre. Primo de Venancio, José Ignacio y Francisco Javier Díaz Granados.




Cabildo de la ciudad de Tamalameque


- Alcalde ordinario de primera nominación: don Miguel María Sánchez. Es amigo íntimo de don Pedro Pupo y ha sido alcalde pedáneo de la jurisdicción de Ocaña, donde posee una estancia. Ya fue alcalde ordinario en 1799, 1800 y 1809. La reelección imediata en este año de 1810 molestó al gobernador Salcedo, quien se negó a confirmarla y ordenó al Cabildo hacer un nuevo nombramiento, pero este la justificó por la construcción de la cárcel, el esmero demostrado por Sánchez en el aseo de la ciudad y en la sala capitular, la escasez de sujetos idóneos para el desempeño de la vara y la necesidad de hacer la jura de don Fernando VII. En efecto, Tamalameque es el único cabildo del Reino al que se le señaló tan reprensible morosidad. Los capitulares de Tamalameque apelaron el decreto del gobernador y depositaron la vara en el alcalde mayor provincial hasta que el Virrey se pronuncie sobre el particular.


- Regidor alcalde mayor provincial: don Mateo de Otero, quien vive en Chiriguaná.


- Regidor fiel ejecutor: don Jerónimo Gómez Farelo.


- Procurador general de menores: don Pedro Pupo.


- Mayordomo de propios: don Buenaventura Antonio Picón.


- Alcaldes de la Santa Hermandad: don José Manuel Pieschacón y don Manuel Cárdenas.


Alcaldes pedáneos:


- Chiriguaná: don Juan José Royero, hermano de don Pedro José, quien ocupó el mismo empleo el año anterior. El cura de esta población es don Luis José Peinado.


- Saloa y Chimichagua: Mariano León.


-El Banco y Tamalamequito: don Ignacio Campillo.


- Guamal y San Sebastián: Pedro Juan Tinoco.


- San Zenón, San Fernando y Santa Ana: José María Durán.


Cabildo de la villa de Tenerife
- Regidor alférez real: don Diego Antonio Gómez Hidalgo.


- Regidor alguacil mayor: don José Vicente González.


- Estanquero de aguardientes: Juan de la Bandera.


Cabildo de la ciudad de Ocaña


Se incluyen en su jurisdicción las parroquias de Río del Oro, Aguachica y Llano de la Cruz, los sitios de libres de El Puerto y San Jacinto, y los pueblos de indios de Buenavista, Pueblo Nuevo, Aspasica, Brotaré, San Antonio y La Loma.


- Capitulares: Ramón de Trillo, Miguel Antonio Lemus, Cayetano Antonio Villarreral, Francisco Quintero Príncipe, Francisco Soto Jácome.


Alférez real: don Antonio Linz Jácome.


Escribano: don Francisco Gómez de Castro.


Cabildo de la ciudad de Valledupar


-Alcalde odinario de primer voto: don Rafael Díaz Granados y Díaz Granados, natural de Santa Marta (1780), hijo de don José Antonio Díaz Granados y de doña Ana Díaz Granados. Es hermano del Dr. don Esteban Díaz Granados.


-Alcalde ordinario de segundo voto:


- Alguacil mayor: don Antonio Díaz.


- Alcalde mayor provincial: don Juan Antonio Daza Boaños, hijo de don Bartolomé Ramón Daza y de doña María Bernarda Bolaños.


- Escribano: José Dolores Céspedes.


- Alférez real: era don José Vicente Maestre, quien murió a finales de 1807.



Gobernación de Santa Marta y Cabildos de Santa Marta, de las ciudades de Talamaleque, Ocaña y Valledupar y de la villa de Tenerife. | banrepcultural.org

Real Audiencia de Santa Fe


- Presidente: el excelentísimo señor virrey de este Reino, don Antonio Amar y Borbón.





- Regente: señor Francisco Manuel de Herrera, quien se posesionó en este empleo el 18 de mayo de 1809. Fue fiscal del crimen en la Audiencia de Buenos Aires, donde casó con doña Francisca Rodado, y pasó luego con el mismo cargo a la Audiencia de Lima.





- Oidor decano: señor don Juan Hernández de Alba, quien vive en la Calle de la Moneda. Natural de la villa de Arévalo, obispado de Ávila, Castilla la Vieja (1750). Hijo de don Pedro Fernández de Alba y de doña Ana Alonso. Colegial en el Convento de Santo Tomás de Madrid y en la Universidad de Alcalá de Henares, donde obtuvo el diploma de Bachiller en Derecho Civil. Fue recibido como abogado en la Corte de Madrid el 24 de agosto de 1774. Casado en primeras nupcias con doña Ana Dantés y Olivera, hija del portugués don Joaquín Dantés de Alivera, fallecida en octubre de 1804. Se posesionó en el empleo de oidor el 25 de febrero de 1791. En Santa Fe contrajo segundas nupcias, el 14 de julio de 1809, con doña María Dolores Navarro, oriunda de Pontevedra de Galicia. Es concuñado de don Rafael Fernández de Córdoba, sargento mayor de la plaza de Santa Fe.





Oidores:





- Señor don Francisco Cortázar y Lavayen, natural de Guayaquil (1788), quien vive en la calle de la Moneda. Hijo del vizcaíno don José de Cortázar, quien fue alcalde ordinario y corregidor de aquella ciudad, y de doña Ana de Lavayen, natural de Guayaquil. Habiendo entrado de colegial en el Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad de Lima, hizo sus estudios de filosofía, teología, jurisprudencia y sagrados cánones. Se graduó de Abogado en la Universidad de San Marcos y tras practicar en el estudio del Dr. don Buenaventura de Lamar fue recibido como abogado en las Audiencias de Lima (1777) y Quito (1779). Fue luego gobernador interino de Jaén de Bracamoros y proveedor de víveres de la expedición de límites del Marañón (1781-1785). En Madrid casó con doña Teresa Requena, natural de Latacunga, hija de don Francisco Requena y de doña María Santiesteban. El 18 de septiembre de 1802 tomó posesión de su plaza. En 1809 su nombre estuvo en la terna de candidatos a diputado de la ciudad de Guayaquil ante la Junta Central, y obtuvo el mayor número de votos, pero por sorteo fue escogido su paisano, el Doctor José de Silva y Olave, chantre de la catedral de Lima.





- Señor don Joaquín Carrión y Moreno, oidor y alcalde del crimen. Natural de la ciudad de Vélez-Málaga, Andalucía (1778), hijo del alférez mayor y regidor perpetuo de dicha ciudad, don Lope Carrión y Román, y de doña Rosa Moreno Texerina de Aguilera. Colegial de la Academia de Derecho de Carlos III, obtuvo su título de Doctor en Derecho. Casó con doña Isabel Bolton, hija legítima de Henry Bolton, un irlandés que hizo carrera en el comercio de Nueva York, y de doña María Sutton. Por título despachado el 10 de abril de 1808 fue nombrado oidor de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, ciudad a la cual entró el 16 de agosto de 1809. Durante este año nació y fue bautizada en Santa Fe su hija Isabel Carrión Bolton.





- Señor don Juan Jurado de Lainez, oidor y alcalde del crimen. Natural de la villa de El Carpio, Andalucía (1757), hijo de don Antonio Jurado Lainez y doña Francisca de Rojas Jiménez. Estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla y Teología en el Colegio de San Pelagio Mártir (Córdoba). Bachiller en Derecho Civil. Fue recibido de abogado en el año 1791 y se incorporó al Colegio de Abogados de Sevilla. Fue auditor de guerra en la isla de Trinidad de Barlovento y después pasó a Caracas, donde por doce años se desempeñó como auditor de guerra y asesor general de la Capitanía General. Se le despachó el título de oidor el 31 de octubre de 1809 y se embarcó en La Guaira el 28 de marzo de este año rumbo a Santa Fe, donde se posesionó de su empleo el 7 de julio. Vino acompañado por su mujer, la sevillana doña Concepción Bertendona, diez hijas y un hijo.





Fiscales:





- Fiscal de lo civil: señor don Diego García de Frías, vive en la calle de San Ramón. Miembro del Colegio de Abogados de Madrid, fue nombrado en 1801 fiscal del crimen para reemplazar a don Manuel Mariano Blaya. Se embarcó en La Coruña con su mujer y su hija en septiembre de 1802 y se posesionó en Santa Fe el 25 de febrero de 1803. Cuando llegó el fiscal del crimen, don Manuel Martínez Mancilla, fue ascendido a fiscal de lo civil.





- Fiscal del crimen y protector de indios: señor don Manuel Martínez Mancilla, vive en la calle de la Artillería. Natural de Galicia, vino a Maracaibo como auditor de guerra y asesor. Se posesionó en la plaza de fiscal del crimen el 7 de julio de 1804. Casado con doña Juana Bonnefoy de Bretauville.





- Alguacil mayor: señor don Juan José Gil Martínez Malo, vive en la calle Real tercera. Natural de la villa de Molina de Aragón, casado con doña Bárbara del Casal. Hijo de don Juan Antonio Gil López y doña Orosia Martínez Malo.





-Capellán: Doctor don José Manuel Castillo, nacido hacia 1750; vive en la Calle de San Andrés.





Relatores:





- Doctor don Antonio González Manrique, natural de Santa Fe; vive en la calle de la Fatiga.





- Sustituto: los doctores don Joaquín Hoyos, don Pedro de Sanmiguel y don Tomás Barriga han solicitado este empleo, que vacó por el fallecimiento del Doctor don Pedro del Casal y Miranda el 19 de abril de este año.





- Doctor don Joaquín Rivera y Tenorio, vive en la calle tercera de la Carrera. Natural de Popayán (1760), fue colegial porcionista en el Colegio del Rosario y se graduó de Bachiller en Filosofía (1783), Licenciado y Doctor en Derecho Canónico (1788). Mejor: …Colegio del Rosario, donde se graduó de Bachiller…





Agentes fiscales:





- De lo civil: Doctor don Francisco Javier de Vergara Azcárate y Caicedo, vive en la calle de San José. Natural de Santa Fe (1750), hijo de don Francisco de Vergara Azcárate, quien fue regente del Tribunal de Cuentas, y de doña Petronila de Caicedo y Vélez Ladrón de Guevara. Colegial de Rosario, donde alcanzó los grados de Bachiller en Leyes y Cánones y Doctor en Teología. En este colegio fue catedrático de Artes y Moral, y posteriormente rector. Se recibió de abogado de la Audiencia de Santa Fe en 1777. Fue síndico procurador del cabildo de la capital al año siguiente. Estuvo casado con doña Francisca Sanz de Santamaría y Prieto, ya fallecida, y es padre del Bachiller don Estanislao Vergara (1790).





- De lo criminal: Doctor don Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes, vive en la Plaza Mayor. Natural de la villa del Rosario de Cúcuta (1770), hijo del maestro de campo y alférez real de San Cristóbal don Juan Ignacio Gutiérrez de Caviedes (San Cristóbal, 1731) y de doña Bárbara Antonia de Bonilla y Montoya. Medio hermano de don José María Gutiérrez de Caviedes, hijo del segundo matrimonio de su padre. Tras estudiar latín en Pamplona con el Doctor Juan Nepomuceno Piedri, vistió la beca en San Bartolomé, donde obtuvo los grados de Bachiller en Filosofía y Bachiller, Licenciado y Doctor en Cánones. Fue recibido como abogado el 14 de agosto de 1794. Casado desde 1794 con doña María Josefa Ballén de Guzmán y Riaño, señora de notable literatura, hermana de don Nicolás Ballén de Guzmán y Riaño. Catedrático de San Bartolomé. El 11 de junio de 1804 recibió el nombramiento de este empleo. En 1809 fue nominado a la diputación del Reino en la Junta Central por los cabildos de Socorro, Pamplona y Neiva. Don Antonio de Villavicencio lo considera “sujeto de sobresalientes talentos, de grandes conocimientos no sólo en la jurisprudencia civil y canónica, sino también en la economía política y en las ciencias naturales”.





Escribanos de cámara:





- Doctor don Francisco José de Aguilar y Contreras, vive en la calle del Matadero. Natural de Cartago y colegial del Rosario, Bachiller en Filosofía y Doctor en Derecho Canónico.





- Doctor don Crisanto Valenzuela, vive en la calle de San Joaquín. Se posesionó en este empleo el 30 de julio de 1804, tras la renuncia hecha en su favor por el Doctor Esmaragdo Tavera.





- Canciller: doctor don Juan Antonio Guzmán, vive en la calle de San Juan de Dios.





- Tasador general: don Carlos Manuel de Ledesma, vive en la calle de San José.





-Padre general de menores: Doctor don Bernardo Landete, vive en la calle de San Juan de Dios.





Porteros:





-De lo civil: don Miguel Cifuentes, vive en la calle de Lesmes.





-De lo criminal: don Joaquín Montoya, vive en la calle de San Joaquín.

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Gobernación de Popayán


Comprende a un teniente asesor del gobernador y los tenientes de gobernador de Cartago, Micay, Pastos, Barbacoas, Almaguer, Iscuandé, Cali, Buga, El Raposo, Pasto, Túquerres y Caloto. También a los dos corregimientos de la Vega de Supía y de Páez.


- Gobernador: el señor teniente coronel Miguel Tacón y Rosique. Natural de Cartagena de Levante (1775), hijo de un regidor perpetuo de cartagena y brigadier de la Armada. Sirvió en la Marina a órdenes de Gravina y fue ascendido a teniente de fragata en 1806 por sus méritos contra los argelinos y corsarios ingleses. Pasó al ejército como capitán de infantería y con grado de teniente coronel. Casado con la hermana de la Tudó, amante de don José Godoy. Se posesionó en este empleo durante el mes de diciembre de 1809.


- Teniente asesor y auditor de guerra: don Manuel Santiago de Vallecilla y Caicedo. Natural de Santiago de Cali (1766), hijo de don Andrés Francisco de Vallecilla, regidor perpetuo y depositario general de Cali (falleció en 1801) y de doña Teresa Rosa Agustina Caicedo Tenorio. Vistió la beca en el Colegio Seminario de San Francisco de Asís, en Popayán, donde estudió Latinidad y Filosofía. Pasó luego al Colegio del Rosario como colegial porcionista hasta graduarse de Bachiller en Filosofía, así como de Doctor en Derecho Canónico; se desempeñó como catedrático (de Latinidad, Filosofía y derechos Canónico y Real) y como vicerrector en dos ocasiones. Fue recibió de abogado de la Audiencia de Santa Fe en 1793 y se incorporó a la Audiencia de Quito al año siguiente. Entre 1801 y 1807 fue corregidor de Mariquita, tras de lo cual pasó a este empleo. En 1809 el gobernador Tacón le promovió una voluminosa información de testigos para probar que asistía habitualmente a fandangos en los barrios y que mantenía familiaridad con mujeres del bajo pueblo. Además, los declarantes señalaron que por ser el teniente de gobernador natural de Cali, tenía muchas conexiones, lo que producía copia de recusaciones con el consiguiente perjuicio del real erario. Por todo ello el gobernador solicitó su separación del empleo y su salida de la provincia. Los recelos aumentaron con la erección de la Junta de Quito, no sólo por ser Vallecilla sobrino del obispo Cuero y Caicedo, sino también por haber sido elegido por los revolucionarios como gobernador de Popayán. El nombramiento no tuvo efecto, sin embargo, por la pronta reacción del gobernador Tacón. A comienzos de 1810 apareció en diferentes pueblos de la provincia un pasquín con el mote “Tacón traidor” con el que se pretendía convencer a sus habitantes de que el gobernador era hechura de Godoy. Por haber apuntado la pesquisa a que Vallecilla era el responsable se le puso en prisión. Está casado con su sobrina Petronila Caicedo Vallecilla.


- Teniente de Cartago: don José Fernández de Soto.


- Teniente de Barbacoas: doctor don José Cabezas.


- Teniente de Iscuandé: don Martín Borrero.


- Teniente de Tumaco: don José Nicolás de Urigüen.


- Teniente de Micay: don Manuel Valverde.


- Teniente de Almaguer: don Jerónimo Mazorra.


- Teniente de Pasto: don Tomás Miguel de Santacruz y Caicedo, natural de Pasto. Pariente del doctor don Joaquín de Caicedo y Cuero. Administrador de la renta de tributos de indios.


- Teniente de Los Pastos: don Vicente Landázuri. En octubre de 1810 fue reemplazado por don Nicolás Uriguen, corregidor de la ciudad de Pasto.


- Teniente de Cali: doctor don Joaquín de Caicedo y Cuero, natural de Santiago de Cali (1773), hijo de don Manuel de Caicedo Tenorio (fallecido en 1808), quien fue alférez real de Cali, y de doña Francisca Rosa Cuero y Caicedo, prima suya en segundo grado. Junto con su hermano Manuel José estudió la lengua latina en el convento de la Merced de la ciudad de Cali, y luego pasó a Popayán a proseguir su formación en el Colegio Seminario. Continuó sus estudios en el Colegio del Rosario, donde se graduó de Bachiller en Derecho Canónico (1788), en Filosofía (1789) y en Derecho Canónico (1791), así como de Licenciado en Derecho Canónico (1791). Fue vicerrector y primer consiliario en el Colegio del Rosario. Es alférez real de Cali y está casado con su prima, doña Juana María Camacho Caicedo, natural de Cali (1784) e hija de don José Benito Camacho y Ante y doña Marina Caicedo y Hurtado. Es sobrino del doctor Ignacio Tenorio, oidor de la Audiencia de Quito. Propietario de la hacienda de Cañasgordas, herencia de su padre. Mantiene una nutrida correspondencia sobre los acontecimientos de Quito, Popayán y Santa Fe con don Vicente de Rojas, oficial mayor de la Escribanía de Gobierno y Guerra del Virreinato.


- Teniente de Raposo: don Ildefonso Gil de Tejada. Hijo de don Ildefonso Gil de Tejada y doña Ana Izquierdo, vecinos de Gallinero de Cameros, España. Casado con doña Rosalía de Rivera y padre del presbítero doctor Vicente Gil de Tejada.


- Corregidor de Páez: don Pablo Salazar.


- Corregidor de Supía: don Nicolás Betancurt.


Cabildo de la ciudad de Popayán


- Alcaldes ordinarios: don Ignacio Alonso de Velasco (primer voto) y don Francisco Antonio de Revolledo (segunda nominación).


- Regidores payaneses: Joaquín Rodríguez, Felipe Gruesso, Matías Cajiao, Santiago Pérez de Valencia, hermano del maestreescuela del cabildo catedral; Mariano Lemus, Antonio Bueno.


- Regidores naturales de España: Antonio Tejada. José Solís. Durán.


- Síndico procurador general: don Francisco de Quijano.


- Alférez real: don Manuel Antonio Tenorio.


- Alguacil Mayor y regidor perpetuo: don Manuel José de Borja.


Nota: durante el mes de agosto renunciaron siete regidores, los cuales fueron reemplazados por los siguiente señores: Dr. Toribio Miguez Rodríguez (abogado payanés, profesor de Filosofía en el Real Colegio Seminario), Dr. Antonio Arboleda, Dr. Félix José de Restrepo, don Manuel José Barona, Dr. Jerónimo Torres, don Manuel Olave y don Mariano García Olano.


Cabildo de la ciudad de Santiago de Cali


- Alcaldes ordinarios: Cayetano de Molina Rendón y Antonio Nieva y Retamosa.


- Regidores: José Fernández de Córdova, Ignacio Mateus Polanco, José María Mallarino Vargas.


- Regidor: Domingo Pérez de Montoya. Natural de Cali (1756), hijo primogénito del capitán español Manuel Pérez de Montoya (alguacil mayor del Santo Oficio, residente en Popayán) y de doña María Francisca Zorrilla, quienes contrajeron matrimonio en 1755. En 1808 ordenó la construcción de la obra de la carnicería de la ciudad.


- Regidor perpetuo: José Micolta, español, quien ha sido comisario ordenador de milicias, teniente y justicia mayor, corregidor, alcalde de minas y administrador de la Real Hacienda. Casado con doña Luisa García de la Flor y padre de don Joaquín Esteban Micolta (alcalde ordinario en 1807).


- Alférez real: doctor don Joaquín de Caicedo y Cuero.


- Síndico procurador general: doctor Antonio Camacho.


- Escribano de Su Majestad público de cabildo: José Nicolás de Silva.


- Cura y vicario: doctor Juan Ignacio Montalvo.


Cabildo de Buga


Juan Emigdio Gil de Tejada, Aparicio, Nicolás de Ospina, Domínguez, José María de la Quintana, Serrano, Pedro de la Cruz.


- Escribano: Figueroa.


Cabildo de la ciudad de Pasto


La elección de los capitulares anuales corre en esta ciudad a cargo de una reunión de electores, a quienes se les hace la siguiente advertencia: “En nombre de Su Majestad, a los señores electores, que pongan los ojos y consideraciones en personas idóneas, distinguidas, hábiles, de buenas costumbres, fieles, leales y capaces de hacer cumplidamente el servicio de ambas majestades, y procurando la conservación y propagación de nuestra Religión Católica, Apostólica Romana; guardar las regalías del Rey Nuestro Señor y hacer que se observen inviolablemente las leyes y demás reales disposiciones que sabiamente ha establecido para el gobierno de sus pueblos y recta administración de justicia en todos sus dominios”.


- Alcalde ordinario de primera nominación: don Ramón Zambrano.


- Alcalde ordinario de segunda nominación: don Francisco de la Villota y Bucheli.


- Regidor Alcalde mayor provincial: don José María Rojas Aguirre, quien reemplazó el año anterior a don José Pedro Santacruz y Caicedo.


- Regidor Alguacil Mayor: don Manuel Ángel Zambrano.


- Regidor Alférez real: don Gabriel de Santacruz y Caicedo.


- Regidor fiel ejecutor: don Miguel Ortiz.


- Síndico procurador general: don Joaquín Ibarra y Burbano.


- Padre general de menores: don José Vivanco, natural de Loja. Casado con doña María Rojas Aguirre, hermana del alcalde mayor provincial.


- Alcaldes de la Santa Hermandad: don Pastor Jurado y don José Hernando Santacruz.


- Alcaldes de los barrios: don Manuel Sañudo, don Juan Bautista Barrios, don Eusebio Burbano y don Gaspar Ibarra.


- Alcalde partidario del Valle de Yacuanquer: Crisanto Guerrero Moncayo.


- Mayordomos de la ciudad: don Juan Segovia y don Agustín Villareal.


- Protector de naturales: Francisco Martínez Segovia.


- Alcalde de aguas: don Cayetano Erazo.


- Capellán: presbítero don Aurelio Rosero.


- Escribano de cabildo público y de Real Hacienda: don Miguel José Arturo.


- Cuarta Compañía de Milicias Urbanas: capitán don Tomás Miguel de Santacruz y Villota.


- Quinta Compañía de Milicias Urbanas: capitán don Ramón de Benavides. Teniente don José de Soberón. Subtenientes don Lucas Soberón, don José María Delgado y Polo, y don Ramón Tinajero.


- Sexta Compañía de Milicias Urbanas: capitán don Miguel Nieto Polo, teniente don Juan María de la Villota y Bucheli, subteniente don Francisco Javier de Santacruz y Villota, hijo del doctor Tomás Miguel de Santacruz.


Cabildo de la ciudad de Nuestra Señora de la Consolación de Toro


- Alcalde ordinario de primera nominación: don Juan Clemente Díaz.


- Alcalde ordinario de segunda nominación: don Rafael Lemos.


- Regidor alcalde mayor provincial: don José María Piedrahita.


- Alcalde de barrio: don Pedro Morcillo.


- Procurador general y padre de menores: don Facundo Gordillo.


- Alcalde pedáneo: don Fernando Rodríguez.


- Alcalde de la Santa Hermandad: don José Timoteo Morales.


- Diputado ante la Junta Central Patriótica: doctor don Lorenzo Camacho, nombrado el 5 de diciembre de 1810. Es cuñado del doctor Joaquín de Caicedo y Cuero.


- Alcalde pedáneo de Cajamarca:


Cabildo de la ciudad de Anserma


- Alcalde ordinario de primer voto: don Agustín Ortiz de Guevara.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don Vicente Judas Tadeo González de la Perilla.


- Alcalde recaudador real: don José Antonio Canabal.


- Don Vicente Romero.


- Comisario del Santo Oficio y juez eclesiástico: doctor José Joaquín González de la Perilla.


- Doctor Gregorio Ignacio López Garrido.


- Alcalde administrador de rentas: don Manuel José Lozano.


Alcaldes pedáneos:


- Don Juan Pérez.


- José Antonio Luján.


- Francisco Ramón Caballero.


- Síndico procurador general: don José Félix Piñeiro.


Cabildo de la ciudad de Barbacoas


- Regidor alférez real: don Nicolás Quiñones.


- Escribano: Manuel María Guevara.



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Gobernación de Portobelo


- Gobernador proveído por el rey (interino): el Coronel de Infantería don Carlos Meyner, con jurisdicción sobre Portobelo, Palenque y las minas de Santa Rita.


Gobernación de Riohacha


- Gobernador proveído por el rey (interino): el teniente coronel de Infantería don Juan Sámano, ausente desde septiembre del año pasado por haberse ido a Santa Fe, llamado por el virrey don Antonio Amar y Borbón. Comprende su capital (ciudad de Riohacha), las ciudades de Bahíahonda y Sabana del Valle, la villa de Pedraza, la parroquia de Moreno y los pueblos de Arroyo Cardón, Baroncita, Camarones y San Pedro de Cototama. En concordancia con la Real Cédula del 13 de julio de 1796, por la ausencia del gobernador los mandos militar y político quedaron divididos desde el 11 de septiembre de 1809: el primero lo ocupa don Pedro Prieto, quien era alcalde ordinario de primer voto de Riohacha el año pasado y ha sido reelegido para este año. A su cargo están la subdelegación de Real Hacienda, rentas y correos, y es quien visita y reconoce los barcos que entran y salen del puerto, y quien recibe y da las correspondientes licencias. El mando militar, esto es, el mando de las tropas y fortalezas, recayó en don Fernando de Oribe, teniente coronel graduado y sargento mayor del cuerpo de cazadores de infantería voluntarios de Riohacha, quien comenzó a servir al Rey en la Guardia de Marina (1766) y ha servido sin interrupción en América durante treinta y un años.


Cabildo de la ciudad de Riohacha


Con jurisdicción sobre tres sitios llamados Moreno, Tomarrazón y Camarón.


- Alcalde ordinario de primera nominación: don Pedro Prieto. En 1797 fue a Jamaica en solicitud de negros esclavos.


- Alcalde ordinario de segunda nominación: don Matías Saturnino de Peralta.


- Regidor alcalde mayor provincial: don Joaquín de Ariza.


- Síndico procurador general: don Silvestre Cotes.


- Escribano de cabildo: Lázaro Mariño.


Nota: cuando se recibieron los primeros papeles de Santa Fe que acreditaban la deposición de las autoridades superiores del Virreinato se dispuso la celebración de un cabildo abierto el día 17 de agosto. Además de los miembros del Cabildo y de don Fernando de Oribe, el comandante militar, asistieron los presbíteros y veintisiete vecinos prominentes, entre ellos los siguientes: Alfonso Gutiérrez (peninsular, contador real jubilado), Juan Bautista Sanz, Enrique Gloria, José Rafael Pimienta, José Casimiro López Sierra, José María López, José Rafael Iguarán, Antonio Francisco de Barros, Francisco Gutiérrez, José Freyle y José María de Castro. Se resolvió prestar juramento de obediencia al Supremo Consejo de Regencia, que ya había sido reconocido desde el 21 de mayo anterior, el cual se realizó en acto religioso y de la manera más solemne en la tarde del 19 de agosto siguiente. El cabildo se reunió de nuevo el 3 de diciembre para considerar el fenecimiento de las autoridades superiores del Nuevo Reino y el haber recaído en él todo el peso y cargo de ellas, sin depender más que del Supremo Consejo de Regencia. Por tales motivos decretó varios puntos del mayor interés: en primer lugar, y teniendo en cuenta la degeneración de la ciudad de Cartagena, decretó no depender en lo sucesivo de aquel gobierno ningún ramo de la administración de la ciudad y provincia de Riohacha, y específicamente la subinspección general de milicias y artillería, la administración de correos y la diputación consular. En segundo lugar, ordenó al comandante del cuerpo de cazadores que no entregase el mando militar ínterin no se le hiciera constar por este Cabildo deber ser admitido al mando de la provincia de Riohacha el gobernador propietario, en conformidad con los despachos y reales órdenes del Supremo Consejo de Regencia. En tercer lugar se prohibió al comandante militar aumentar o disminuir la guarnición de la ciudad sin previo acuerdo del gobernador político. Así mismo, se le instruyó para que reuniese en el paraje más seguro y cómodo las armas de la plaza y algunos pertrechos. Por último, se ordenó que en caso de no poderse hacer la visita de los buques con la prontitud requerida por causa del viento, del mar o por dar fondo los buques a horas incompetentes, los guardias de los castillos condujesen a la casa del alcalde de primera nominación, al instante mismo de su desembarco, a los capitanes y pasajeros, sin distinción de persona ni clase. A los guardias del recinto, entre tanto, se les encomendó la conducción a la casa del mismo alcalde de todo transeúnte o forastero que entrase por tierra a la ciudad.


Gobernación del Darién del Sur


- Gobernador proveído por el rey (interino): el capitán don Isidro Bastida, con jurisdicción sobre los pueblos de San Francisco Javier de Yavisa, Santa María, Santa Cruz de Cana, San Antonio de Zeutí, Tucuty, Chapigana, Jesús María de Pinugana, San José de Molineca y Santo Domingo de Fichichi.


Gobernación de Veraguas y Alange


La provincia de Veraguas comprende su capital Santiago de Veragua, la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios de Pueblo Nuevo y los pueblos de San Miguel de Atalaya, San Marcelo de la Meta, San Francisco de la Montaña, San Francisco Javier de Cañazas, San Francisco de Paula del Río de Jesús, San José del Montijo, San Luis de Ponuga, San Lorenzo, San Buenaventura de las Palmas (misiones), San Félix del Guaymi, San Antonio del Guaymi (misiones) y San José de Tolé (misiones). La provincia de Alanje comprende su capital Santiago de Alanje, los pueblos de San Miguel de Boquerón, San José Davil, San Pablo, San Rafael u las misiones de Nuestra Señora de los Ángeles de Guanaca, San Francisco Dolega, Jesús de las Maravillas del Chanquita y La Concepción de Guadalupe de los Chirilues.


- Gobernador proveído por el rey: la Junta Central nombró a don Juan Rodríguez Valcárcel, quien tomó posesión del gobierno el 18 de marzo de este año, reemplazando al capitán don Juan de Dios Ayala, quien ejercía este empleo desde 1798 por nombramiento del Rey y el año pasado fue nombrado gobernador de Costa Rica.






Gobernaciones de Portobelo, Riohacha, del Darien del Sur y de Veraguas y Alange | banrepcultural.org

Reino de Quito


Comprende los Corregimientos de Quito, Guaranda, Latacunga, Ambato, Ibarra, Riobamba, Otavalo y Loja; y los gobiernos de Quijos, Macas y Jaén de Bracamoros. Se nombra un teniente de gobernador en Santa Rosa.





- Presidente de la Real Audiencia: señor don Manuel de Urriez, conde Ruiz de Castilla, natural de España. Vino a Quito el 1 de agosto de 1808.





- Corregimiento de la provincia de la ciudad de Quito: esta ciudad capital tiene cinco parroquias y los pueblos de María Magdalena, Chimbacalle, Chillogalli, Aloac, Aloasi, Machachi, Uyumbicho, Amaguaña, Alangasi, Pintac, Sangolquí, Conscotoc, Guapulo, Cumbasa, Tumbaco, Puembo y Pifo, Yaruqui, Quinche, Guayllabamba, San Antonio, Calacali y Nono, Perucho, Pomasgüe, Cotocollao, Zamboza, Santa Clara y Santa Prisca, Mindo y Cocaniguas, Guanea y Bolaniguas, Nanegal y Cachillacta, Canchacoto y sus anexos.





- Gobernador de la provincia de Jaén de Bracamoros: desde 1794 es don José Ignacio de la Checa y Barba, bautizado en Loja (1764) e hijo de don Ignacio Checa y Carrascosa y de doña María Josefa Cabrera Barba. En 1777 comenzó a servir al rey en la carrera militar, en la clase de cadete del regimiento que se formó en Quito para la expedición de Mainas, y sucesivamente en las compañías fijas de aquella ciudad hasta que, por título del virrey Caballero y Góngora, pasó en 1782 a servir con el grado de teniente en la compañía de alabarderos de su guardia personal. Regresó a Quito en 1785 como teniente veterano de esas milicias por orden del mismo virrey y poco después fue nombrado gobernador interino de la provincia de Quijos, destino que obtuvo real aprobación con la agregación de la administración de tributos. Tiene jurisdicción sobre las ciudades de Jaén y Santiago, y sobre los pueblos de Puyaya, Copallén, Tomependa, Peca, Vaguacheca, Chamaya, Cujillo, Choros, Chirinos, Perico, Tavaonas, Colosal, Pomaguaca, Pucará, Querocotillo, Apimpincos, Sallique, San Felipe y Cocha.





- Gobernador de Quijos: don Diego Melo de Portugal.





- Gobernador de la ciudad de Macas: don Antonio Merizalde. Comprende los pueblos de Suña, Paira y Copueno.





- Corregidor de Guaranda: don Gaspar de Morales. Comprende los pueblos de Guanujo, Simiatug, Asancova, Chapacovo, Chimbo, San Miguel, San Lorenzo y Pallavanga.





- Corregidor de Latacunga: don Miguel Bello. Comprende los pueblos de San Sebastián, Alagues, Mubahano, Tanicuchi, Sigchos, Angamarca, Saquisolo, San Felipe, Toacaso, Pujilo, San Miguel y Cuzubamba.





- Corregidor del asiento de Ambato: don Ignacio de Arteta y Calixto, natural de España, hijo de don Joaquín de Arteta y de Doña Leonor Calixto. Comprende los pueblos de Pillaro, Patate, Los Baños, Pelileo, Quero, Fusaleo y Mocha, Santa Rosa, Guisapincha e Izamba.





- Corregidor de la villa de Ibarra: comprende los pueblos de Caranguí, Pimampiro, Mire, Puntal, Ture, Guaca, Tulcán, San Antonio, Caguasgui, Inta, Salinas y Lanchas.





- Corregidor de la villa de Riobamba: Dr. don José Salvador, abogado recibido en la Audiencia de Quito, regidor de su cabildo y capitán de milicias. Fue nombrado en este cargo interinamente por el presidente Ruiz de Castilla, sin que para ello obstara la calidad de haber ejercido el empleo de senador en la espuria Junta de Quito del año pasado, ni la relación de parentesco de su mujer con el marqués de Selva Alegre. Reemplazó a don Francisco Javier de Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre, quien lo ejerció hasta finales del año pasado. Comprende las parroquias de Cajabamba, Cicalpa y Calambe, y los pueblos de Calpi, Lican, Yaruguies, San Andrés, Guano, Llapo, Guanando, Penipe, Quimag, Achambo, Cubigies, San Luis, Punin, Licto, Pungada, Cevadas y Caiamote.





- Corregidor de Otavalo: don Mariano de Albuja y Arauz. Fue reemplazado interinamente por don Rafael Maldonado. Comprende los pueblos de Cotacachi, Uruiqui, Tumbavira, Atontagui, San Pablo, Cayambe, Tabacundo y Tocache.





- Escribano de Otavalo: Francisco de Grijalva.





- Corregidor de la ciudad de Loja: señor oidor honorario don Tomás Ruiz Gómez de Quevedo, con jurisdicción sobre la capital Loja, las parroquias de San Sebastián y San Juan del Valle, la villa de Zaruma y los pueblos de Yulug, Saraguru, Santiago, Chuquiribamba, Catacocha, Guachanama, Celeca, Zororanga, Cariamanga, Gonzanama, Malacotos, Valladolid, Chivo, Zamora y sus anexos.





- Teniente gobernador de Santa Rosa: don José Feijoo.





Cabildo de Quito





- Alcalde ordinario de primer voto: don Juan José Guerrero y Matheu, regidor fiel ejecutor.





- Alcalde ordinario de segundo voto: don Víctor Félix de Sanmiguel.





- Alférez real: don Juan Donoso.





- Alcalde mayor provincial: don Joaquín Sánchez de Orellana.





- Regidores: don Melchor Benavides, don Manuel Zambrano, don José Guarderas, don Tomás Velasco, don Francisco Javier Orejuela.





- Portero: don Carlos Salazar.





Cabildo de Ibarra





- Regidor alférez real: don José Espinosa de los Monteros.





- Alguacil mayor: don Francisco Javier de Velasco.





- Fiel ejecutor: don Esteban Hativa.





- Escribano: don Mariano Lara.





- Cura: don Basilio Rivadeneira.





Cabildo de Riobamba






- Alférez real: don Ramón Egas.





- Regidores: don Mariano Dávalos, don Jorge Ricaurte, don Martín Chiriboga y don Bernardo Orozco.





- Escribano: don Baltasar de Paredes.


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Corregimiento de Tunja


Este corregimiento es de real provisión y su jurisdicción incluye a las ciudades de Tunja y Muzo, la Villa de Leiva y ocho corregimientos de naturales (Sogamoso, Paipa, Chita, Turmequé, Gámeza, Sáchica, Tenza y Chivatá), con un total de treinta y dos parroquias de libres y cincuenta pueblos de indios.


- Corregidor y justicia mayor proveído por el rey: don Andrés Pinzón y Saylorda, natural de Santa Fe (1757), Bachiller en Filosofía. Fue dos años corregidor interino de Turmequé y cuatro años corregidor interino de Bogotá. Ejerce también como juez subdelegado de las reales rentas estancadas.


- Teniente del corregidor y justicia mayor: don José Jover y Aznar Ferrándiz y Mass, natural de la villa de Elche (1756) en el reino de Valencia, hijo del doctor Ramón Jover y Ferrándiz, quien fue oidor decano en la Audiencia de Santo Domingo, y de doña Joaquina Aznar. Nieto de don Blas de Jover, quien sirvió treinta y seis años la carrera de la toga y la Legación al Cuerpo Helvético como embajador extraordinario. Colegial de Filosofía en la Universidad de Valencia y Bachiller en Leyes de la Universidad de Santo Domingo, en 1797 fue recibido como abogado por la Audiencia de Santa Fe. Empleo de reciente renovación, el cabildo de Tunja dudó en darle inmediata posesión porque tenía al mismo tiempo los cargos de juez subdelegado de bienes de difuntos y juez de diezmos. Fue corregidor del Socorro, de Zipaquirá y de Tunja (1793-1801). Es cuñado del regidor fiel ejecutor don Antonio de Rojas.


- Corregidor de Sogamoso: don Domingo Vicente Blanco y Viana. Tiene jurisdicción sobre los pueblos de Sogamoso y Firavitoba, cuyo alcalde partidario es don Juan Domingo Montaño; Iza y Cuítiva, cuyo alcalde partidario es don Fernando Barrera y Venegas.


- Corregidor de Paipa: don Francisco Vilches. Tiene jurisdicción sobre las parroquias de Paipa y Gámbita, y sobre los pueblos de Cómbita, Sotaquirá, Tuta, Oicatá y Motavita. El alcalde del valle de Motavita es don José María Escobar.


- Corregidor de Chita: don Vicente de Castro. Tiene jurisdicción sobre las parroquias de El Cocuy, Chiscas, Guacamayas y La Uvita; sobre los pueblos de El Cocuy, Guavita, Chiscas y Güicán; y sobre los lugares de La Capilla y La Salina. El alcalde de San Antonio de Chiscas es don Juan Salvador Barón.


- Corregidor de Turmequé: don Pedro Rodríguez y Correa. Tiene jurisdicción sobre las parroquias de Ventaquemada, Santa Bárbara de Hatoviejo y Umbitá, así como sobre los pueblos de Chiriví, Tibaná, Boyacá, Lenguazaque y Guachetá. El alcalde de Lenguazaque es don Francisco Barrero y el de Chiriví es don Bartolomé Moreno.


- Corregidor de Gámeza y Cheva: don Joaquín Ignacio Sanmiguel. Es pobre de toda solemnidad y según el teniente de corregidor de Tunja debe ser separado de su empleo por su malísima conducta y la hostilidad permanente que demuestra hacia los habitantes del partido de su mando. En 1801, cuando se encontraba a cargo de sus cinco hijos huérfanos de madre, quiso remediar su pobreza contrayendo matrimonio con Juana Josefa de la Luz Moreno y Acero (Zipaquirá, 1766), hija de Tomás Moreno y Micaela Acero, mestiza de la ínfima plebe que administraba una tienda en la que vendía pan, velas, aguardiente, leñas y otros efectos. Pero su hermano José Ignacio se opuso a este enlace ante la justicia, argumentando la baja condición de la Juana, a quien señaló de vivir en calidad de chichera, no obstante que era público que ella alimentaba de tiempo atrás a don Joaquín Ignacio y a sus hijos. Tiene jurisdicción sobre las parroquias de Tasco, Cheva, Busbanzá-Tobasía y Betéitiva-Tutazá, y también sobre los pueblos de Tópaga, Mengua, Socha y Socotá. El alcalde de los pueblos de Gámeza y Tópaga es don José Antonio Tristancho, y el cobrador de los tributos de Gámeza y Cheva es don Custodio de los Reyes. El alcalde de Socotá es José María Muñoz.


- Corregidor de Sáchica: don Manuel Rafael Cárdenas. Tiene jurisdicción sobre las parroquias de Suta y Chiquinquirá, así como sobre los pueblos de Tinjacá, Ráquira, Chiquisa, Yuca, Monquirá y Gachativá, que son de la jurisdicción de la Villa de Leiva. También sobre los pueblos de Sora, Cucaita y Samacá, que con la parroquia de Chiquinquirá son de la jurisdicción del cabildo de la ciudad de Tunja.


- Corregidor de Tenza: don José Antonio Suárez. Tiene jurisdicción sobre las parroquias de Garagoa, Guateque, Tiviritá, Somondoco, Miraflores, Setaquirá y La Capilla, así como sobre los pueblos de Sutatenza y Teguas.


- Corregidor de Chivatá: don José María Jaime. Tiene jurisdicción sobre la parroquia de Ramiriquí, el valle de Toca y los pueblos de Pesca, Siachoque, Siracá y Viracachá.


- Alcalde de Duitama y Bonza: don Juan Víctor Becerra.


- Ciudad de Muzo: Incluye la parroquia de Paime y los pueblos de Pauna, Copere, Abipí y Quipama.


- Villa de Leiva: Tiene jurisdicción sobre ocho pueblos de indios. El escribano público, del número y del Cabildo es Ramón Molano.


Cabildo de la ciudad de Tunja


- Alcalde ordinario de primer voto: don Diego Antonio Gómez de Polanco.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don Plácido Antonio Nava.


- Regidor alférez real: don José María de Andrade, natural de Tunja, hijo de don Isidro de Andrade y doña Catalina de Vargas. Colegial del Rosario.


- Regidor fiel ejecutor: Dr. don Antonio de Rojas y Espinosa, natural de Tibaná (1769), hijo de don Pedro de Rojas Garrido (natural de Tunja), quien fue alcalde ordinario, regidor y depositario general, y de su primera esposa doña Catalina de Espinosa y Mendoza. Fue colegial en San Bartolomé y es abogado. Casado con doña Isabel de Vargas.


- Regidor alguacil mayor: don Manuel José Sánchez.


- Regidores sencillos: don José María Valdés (Tunja, 1765; casado con doña Francisca Vargas Machuca) y don José Pastor Gavilán.


- Alguacil mayor: don José Miguel Soler y Ovalle.


- Síndico procurador general: Dr. don Joaquín de Umaña, natural de Tunja (1768), hijo de don Ignacio de Umaña y doña Ana Gertrudis López. Fue capista en el Colegio del Rosario, en donde se graduó de Bachiller en Filosofía (1784) y en Derecho Canónico (1789), así como de Licenciado y Doctor en Derecho Canónico. Casado con doña Josefa Araos.


- Escribano público y de cabildo: don José Dimas Azevedo, natural de Tunja (1775), hijo de don Juan de Dios Román de Acevedo y de María Eugenia Díaz Álvarez.


- Anotador de hipotecas: don José Vicente García, por título expedido en San Ildefonso el 9 de agosto de 1806.


- Alcalde de la Santa Hermandad: Dr. don José Manuel de Lago y Castro, natural de Santa Fe (1781), hijo de don José Antonio de Lago (natural de La Coruña y residente en el Chocó) y de la santafereña doña Petronila Benito de Castro. Nieto de don Manuel Benito de Castro, quien fue contador de la Real Casa de Moneda de Santa Fe. Colegial de San Bartolomé, reside en su hacienda La Compañía, inmediata a Firavitova.


- Alcalde mayor provincial: don Pedro Ignacio Nieto, natural de Tunja.


- Alcalde de Sátiva: don Manuel Mejía.


- Alcalde partidario de Samacá: don Domingo Antonio de Alba.


- Alcalde partidario del valle de Boyacá: don Tomás Cifuentes.


- Alcalde partidario de Nuestra Señora de Belén de Serinza: don Juan José Leiva.


Cabildo de Muzo


En su jurisdicción se incluye un real de minas y se nombran alcaldes pedáneos para las parroquias de Payme (don Fernando Álvarez) y Quipania (titulada Itoco), para los pueblos de Pauna Grande, Copere y Auipí, y para el sitio de Maripí.


- Alcalde ordinario de primer voto: don Francisco Javier Pinzón.


- Alcalde ordinario de segundo voto: don Luis Antonio de Murcia y Tobar.


- Alférez real: don José Antonio Montero del Busto.


- Regidor mayor: don Juan Antonio Padilla y Riveros.


- Síndico procurador general: don José Manuel de Murcia y Tobar.


- Alcalde provincial: don Tomás Trujillo.


- Regidor fiel ejecutor: don Gabriel Camero.


- Alcaldes de la Santa Hermandad: don Bernardo Álvarez y don Roque Larios.


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