La ley de internet no aclara quién tendrá poder para cerrar o bloquear una web



J. M. NIEVES. MADRID.



Un texto que trata de eliminar los puntos más conflictivos. Que deja pendientes numerosas cuestiones del desarrollo de una reglamentación posterior. Que establece claramente la intención de avanzar por todos los medios hacia la Sociedad de la Información. Pero que deja, al fin, dudas que preocupan seriamente a las principales comunidades de internautas. Éste podría ser el resumen de la aprobación por parte del Gobierno de la polémica «ley de internet».
El Consejo de Ministros, en efecto, aprobó en su reunión de ayer el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, con la intención de «eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y garantizar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información».
Entre las principales novedades del proyecto se encuentra la obligación que a partir de la entrada en vigor de la ley tendrán las grandes empresas que gestionan, por ejemplo, agua, gas, electricidad,.., de facilitar un medio de comunicación «on line» con sus clientes. O la garantía de accesibilidad que deberán tener todas las páginas de internet de las administraciones públicas antes de diciembre de 2008. O el refuerzo de las medidas que regulan la facturación electrónica y los derechos de los consumidores. O la intención de impulsar la banda ancha. O, incluso, la adopción de las «medidas necesarias» para que puedan asignarse nombres de dominio «.es» que contengan caracteres como la «ñ» o la «ç».
Eliminado el «17 bis»
Ha quedado eliminado del texto legal el polémico artículo 17 bis, introducido como modificación al borrador de diciembre y que dejaba en manos de las sociedades que gestionan los derechos de autor el bloqueo de contenidos en internet sin una orden judicial.
Sin embargo, para las principales organizaciones de internautas, eso no es suficiente. Así, Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, reconoce que «en la ley hay claras mejoras en cuanto a prestación de servicios y garantias de usuarios y consumidores», pero siguen sin existir las «garantías judiciales básicas» para los internautas. «Podemos aceptar -añade- que la necesidad de una mayor seguridad se traduzca en la obligación de guardar datos que afectan a la privacidad de los usuarios. Pero siempre y cuando esa información esté debidamente custodiada y su acceso sujeto a garantías concretas. Esas garantías existen en la vida real, pero no en internet».
Por su parte, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, se lamenta de que no queda claro quién va a tener autoridad para cerrar o bloquear una página web: «La ley se refiere a «órganos competentes» a la hora de bloquear una página web o sus contenidos, pero no explica qué autoridades son esas ni cuáles son sus límites. Y eso es algo muy peligroso y que puede abrir el melón de la arbitrariedad».

http://www.abc.es/20070414/tecnologi...704140248.html