Tema: Lo que no aclara la ley de Internet

La ley de internet no aclara quién tendrá poder para cerrar o bloquear una web



J. M. NIEVES. MADRID.



Un texto que trata de eliminar los puntos más conflictivos. Que deja pendientes numerosas cuestiones del desarrollo de una reglamentación posterior. Que establece claramente la intención de avanzar por todos los medios hacia la Sociedad de la Información. Pero que deja, al fin, dudas que preocupan seriamente a las principales comunidades de internautas. Éste podría ser el resumen de la aprobación por parte del Gobierno de la polémica «ley de internet».
El Consejo de Ministros, en efecto, aprobó en su reunión de ayer el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, con la intención de «eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y garantizar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información».
Entre las principales novedades del proyecto se encuentra la obligación que a partir de la entrada en vigor de la ley tendrán las grandes empresas que gestionan, por ejemplo, agua, gas, electricidad,.., de facilitar un medio de comunicación «on line» con sus clientes. O la garantía de accesibilidad que deberán tener todas las páginas de internet de las administraciones públicas antes de diciembre de 2008. O el refuerzo de las medidas que regulan la facturación electrónica y los derechos de los consumidores. O la intención de impulsar la banda ancha. O, incluso, la adopción de las «medidas necesarias» para que puedan asignarse nombres de dominio «.es» que contengan caracteres como la «ñ» o la «ç».
Eliminado el «17 bis»
Ha quedado eliminado del texto legal el polémico artículo 17 bis, introducido como modificación al borrador de diciembre y que dejaba en manos de las sociedades que gestionan los derechos de autor el bloqueo de contenidos en internet sin una orden judicial.
Sin embargo, para las principales organizaciones de internautas, eso no es suficiente. Así, Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, reconoce que «en la ley hay claras mejoras en cuanto a prestación de servicios y garantias de usuarios y consumidores», pero siguen sin existir las «garantías judiciales básicas» para los internautas. «Podemos aceptar -añade- que la necesidad de una mayor seguridad se traduzca en la obligación de guardar datos que afectan a la privacidad de los usuarios. Pero siempre y cuando esa información esté debidamente custodiada y su acceso sujeto a garantías concretas. Esas garantías existen en la vida real, pero no en internet».
Por su parte, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, se lamenta de que no queda claro quién va a tener autoridad para cerrar o bloquear una página web: «La ley se refiere a «órganos competentes» a la hora de bloquear una página web o sus contenidos, pero no explica qué autoridades son esas ni cuáles son sus límites. Y eso es algo muy peligroso y que puede abrir el melón de la arbitrariedad».

http://www.abc.es/20070414/tecnologi...704140248.html

El Gobierno renuncia a permitir el cierre de sitios web sin orden judicial




MADRID.
JOSÉ MANUEL NIEVES


Las páginas web no podrán ser cerradas o bloqueadas por las entidades de gestión de derechos de autor sin una orden judicial. El Ministerio de Industria, en efecto, retiró ayer ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (CATSI) el polémico anteproyecto de Ley que dejaba en manos de dichas asociaciones (SGAE, CEDRO, etc.) la puesta en marcha de procedimientos de urgencia para cerrar páginas web que supuestamente estuvieran vulnerando derechos de propiedad intelectual.

El anteproyecto recogía y ampliaba el contenido de un artículo, el «17 bis», inicialmente incluído en la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), de la que fue retirado tras el dictamen negativo del Consejo de Estado y las reacciones suscitadas entre usuarios, operadoras, industria y demás sectores afectados.

Tras el retraso «sine die» de la Ley del Cine, la retirada de la Ley del Vino o las rectificaciones en la Ley del IRPF o en la Reforma de Estudios Universitarios, la iniciativa tomada ayer por el Gobierno vuelve a reflejar, una vez más, su tendencia a evitar o retrasar las cuestiones que generen una excesiva polémica o rechazo social.

Rechazo general
Sin embargo, el anteproyecto de Ley sobre infracciones de la Propiedad Intelectual retirado ayer fue rechazado, en el seno del Consejo Asesor, por todos los sectores que integran ese organismo, que coincidieron en calificar su retirada como «un triunfo democrático».

En su intervención inicial de ayer ante el CATSI, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, admitió las críticas recibidas durante los últimos días y aseguró que el texto del anteproyecto pasaba a ser considerado como «un documento de trabajo» sobre el cual abrir un debate posterior. Industria no aprobará, aseguró un portavoz del ministerio, ninguna norma jurídica que otorgue a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual capacidad para promover el cierre de páginas web que puedan ejercer supuestas actividades ilegales, «ni dentro del articulado de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, ni en otra independiente». Ros invitó a los representantes del sector a una «mesa de debate», que deberá presentar, en dos meses, sus conclusiones.

Después del secretario de Estado, fueron tomando la palabra los diferentes consejeros. El mensaje conciliador del discurso inicial evitó que se produjeran enfrentamientos, aunque se hicieron patentes las principales objeciones. Los representantes de las televisiones, por ejemplo, criticaron el hecho de dar «demasiado poder» a las sociedades de derechos de autor y de discriminar, al mismo tiempo, a los propietarios y titulares de los derechos, como pueden ser las propias empresas televisivas.

Ejercer de policías
Los representantes de las operadoras de telefonía añadieron, además, que no estaban dispuestos a «ejercer de policías», ya que el texto legal les obligaba a desconectar, a instancia de las entidades de gestión de derechos, las páginas web de sus clientes. Las asociaciones de usuarios, por su parte, afirmaron que «era una pena» tirar por la borda dos años de colaboración y de tabajo «por un anteproyecto que nadie había pedido».
Los ocho representantes de las entidades de gestión de derechos, invitados como observadores, calificaron de «fracaso» y «burla» la reunión, que abandonaron antes de que terminara, acusando al Gobierno de haber «incumplido el compromiso» adquirido desde «hace ya tres años». En un comunicado distribuido por la tarde y que encabezan Egeda, Promusicae, Sgae, Aie, Aisge y Fap, dichas entidades afirman que «la actitud de Industria rompe el equilibrio que el proyecto de Ley quería instaurar y desprecia la protección de contenidos en internet».


http://www.abc.es/20070427/tecnologi...704270258.html