ofensiva autonómica contra la acogida de menores inmigrantes
Si hace apenas unos días era la denuncia de la ONG Human Rights Watch la que hacía saltar las alarmas sobre la situación de los centros de menores inmigrantes internados en centros de acogida de Canarias, ayer fueron las autoridades del archipiélago y las de Melilla las que responsabilizaron al Gobierno central de la saturación de sus instalaciones.
La consejera de Bienestar Social de la ciudad autónoma, María Antonia Garbín, advirtió de que la llegada de 11 nuevos menores no acompañados el pasado fin de semana -con los que ya son más de 250 los que residen en el principal centro para este colectivo de Melilla- "puede producir alguna desgracia". Garbín señaló que se está produciendo "la mayor entrada desde hace muchos años" y "no hay más sitio". En Canarias fue su nuevo presidente, Paulino Rivero, el que pidió explicaciones y anunció que en Septiembre instará a José Luis Rodríguez Zapatero a dar cuenta de sus "incumplimientos" sobre la derivación a la Península de estos menores inmigrantes. Y apoyó con datos sus quejas, al aseverar que, pese a que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió hace once meses a evitar que el cupo sobrepasara las 300 plazas, hoy en día superan las 700.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Jenaro García-Arreciado, destacó la dificultad que existe para repatriar a los menores marroquíes; más de un centenar permanecen en el centro de La Esperanza. El responsable no obvió las razones que, a su juicio, han conducido a esta tesitura: "Las relaciones con Marruecos no permiten que se tramiten los documentos para la vuelta de estos chicos que, en la mayoría de los casos, no pertenecen ni a familias desestructuradas ni humildes, simplemente han decidido que se críen en Ceuta". Hasta 16 de estos menores se fugaron ayer de una residencia escolar en la localidad granadina de Motril, un alojamiento provisional habilitado para el verano dado que el resto de dotaciones de la provincia y de Almería están "desbordadas". La consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía achaca a la falta de colaboración del Gobierno marroquí el que ningún menor haya sido devuelto en los tres últimos años.
Caldera, sin embargo, avanzó que los expedientes de los menores marroquíes están "prácticamente finalizados" y que, una vez cumplido este requisito, el país vecino los aceptará. El ministro destacó que los acuerdos del Ejecutivo para regular los flujos migratorios están dando fruto: la reducción en un 60% de la llegada de cayucos en el 2007.
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El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, cargó ayer contra el presidente canario, Paulino Rivero, por denunciar la saturación de los centros de acogida del archipiélago. Le acusó de "no agradecer el esfuerzo" del Ejecutivo, que ha cumplido con su compromiso de trasladar a 500, y le instó a "conseguir que Madrid acepte a alguno". Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía, todas autonomías gobernadas por los socialistas, han sido "las principales comunidades receptoras", aseguró.
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Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han arremetido duramente contra el Gobierno central porque consideran que las ha excluido del acuerdo de repatriación de menores suscrito con Marruecos. Los gobiernos autonómicos critican el argumento esgrimido por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien justificó la imposibilidad de repatriar a los menores por la ausencia de un Consulado de Marruecos en Ceuta y Melilla. Las administraciones autonómicas tildaron de "incomprensibles e inaceptables" estas explicaciones y aseguraron que el Ejecutivo central se está plegando a las presiones marroquíes.
En el trasfondo de la polémica subyace la negativa del reino alauí a reconocer la soberanía española sobre ambas ciudades, ya que sostiene que son plazas "ocupadas", y por este motivo, no crea una legación diplomática. Así, mientras la Junta andaluza presume de que los expedientes de los menores no acompañados que tiene a su cargo se resolverán en el mes de Septiembre, en Ceuta y Melilla los trámites están paralizados, según denuncian los gobiernos autonómicos, ambos del PP. "El Ejecutivo está aplicando unas pautas para todo el territorio nacional menos para Ceuta y Melilla. Tal vez debemos recordar a Caldera que Ceuta y Melilla también son España. En esta cuestión y en otras muchas, el Gobierno está cediendo ante Marruecos. El Ejecutivo jamás debería plegarse a peticiones que no son legítimas", declaró la consejera portavoz del Gobierno ceutí, Yolanda Bel. Desde Melilla las quejas se repiten ya que, según el testimonio de la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, los centros de menores están colapsados y se está produciendo una situación de hacinamiento. Garbín apunta a que la medida puede generar un efecto llamada sobre los menores que entrarán por Ceuta y Melilla, en lugar de por otras comunidades autónomas, si saben que desde allí no van a ser repatriados.
A diferencia de las devoluciones a Marruecos de sus compatriotas adultos, las repatriaciones de los menores son muy complejas, ya que es necesario intentar localizar primero en su país a los parientes de los niños para devolverle a su entorno familiar. Tanto el Gobierno de Aznar como el de Zapatero han realizado numerosos intentos con el fin de que Marruecos aceptase el retorno de sus menores, pero hasta ahora el reino alauí se había negado a colaborar. Sin embargo, durante la pasada cumbre celebrada en el mes de Julio, Marruecos se comprometió a dar instrucciones a sus consulados para agilizar los expedientes. Los gobiernos de Ceuta y Melilla también se quejaron entonces de que no habían sido invitados a la reunión mientras que otras comunidades, como Andalucía, sí acudieron.
Las críticas se producen justo cuando en los últimos meses se está registrando una gran avalancha de menores y ayer mismo fueron once los que arribaron en una patera a Motril (Granada). Las mafias han cambiado de método y están convirtiendo a los niños en el centro de su negocio, a sabiendas de que no son deportados y permanecen tutelados por las autonomías hasta los 18 años. De cualquier forma, el perfil de los menores que se instalan en España ha variado por completo, ya que si antes llegaban los llamados niños de la calle, ahora vienen también jóvenes de familias acomodadas. La mayoría de los que entran en Ceuta y Melilla no lo hacen saltando la valla, sino que se cuelan por los puestos fronterizos aprovechando la gran afluencia de personas. El director general del Área del Menor de Ceuta, Juan Manuel Hernández, denuncia que los menores no están desamparados, sino que permanecen en contacto con sus familias marroquíes e incluso vuelven a su país durante las fiestas de sus pueblos. A su juicio, sería fácil reagruparles si Marruecos cooperase, pero se muestra pesimista: "Ni Ceuta ni Melilla vamos a repatriar a ningún menor porque el Gobierno no quiere enfadar a nuestros vecinos".
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La Junta de Andalucía ha propuesto al Gobierno la reagrupación familiar en Marruecos de unos 988 menores inmigrantes no acompañados, ya que tras estudiar cada caso de forma personalizada cree que se dan “todas las circunstancias legales” para que regresen con sus familias.
La propuesta fue explicada ayer en el Parlamento andaluz por la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, quien precisó que la ha trasladado a la Administración central, competente en inmigración, y que la reagrupación de estos menores no acompañados se producirá cuando los gobiernos de España y Marruecos lo estimen oportuno. Navarro, que compareció a petición del grupo IULV-CA, pidió a los grupos políticos que eviten crear “alarma social con un asunto tan delicado”, y reiteró, en varias ocasiones, que la decisión “no se hará de forma indiscriminada”. Aunque no concretó ninguna fecha para llevar a cabo la repatriación de este grupo de menores inmigrantes, la consejera sí aclaró que ninguna de ellas se realizará a centros de acogida de Marruecos, que en esta materia, dijo, tiene un sistema “frágil”. Insistió, además, en que se llevarán a cabo siempre que las familias de origen dispongan de las condiciones y garantías necesarias.
Según Navarro, la Junta andaluza no puede afrontar en solitario el problema de la inmigración de menores, por lo que volvió a demandar ayuda financiera tanto del Gobierno como de la Unión Europea, y recordó que los cuatro millones de euros que el Ejecutivo destinará en las próximas semanas a Andalucía serán destinados íntegramente a la atención de menores inmigrantes no acompañados. Los datos expuestos por la titular de Igualdad y Bienestar Social reflejan que de los 2.167 menores no acompañados que hay en Andalucía en la actualidad, un total de 399 han sido reagrupados con familias españolas.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó ayer que el Gobierno trasladará a 300 menores inmigrantes desde Canarias a la Península si el Gobierno insular convence a la Comunidad de Madrid y a La Rioja (ambas gobernadas por el PP) para que ejerzan su solidaridad y corresponsabilidad aceptando a los menores.
