Desamortización: peligran las tierras comunales que aún quedan

[Hyeronimus]

Madrid / León, 20 septiembre 2013, Viernes de Témporas de Septiembre; San Eustaquio y compañeros, mártires. El PP continúa la Desamortización. Peligran las tierras comunales que aún quedan. Segundo Sanz en Vozpópuli:


El Gobierno podrá privatizar cuatro millones de hectáreas de bosques y pastos con la 'ley Montoro'

Ecologistas en Acción y plataformas en defensa de las juntas vecinales critican que la Reforma Local será una "desamortización encubierta". Denuncian que el patrimonio de los concejos y sus bienes comunales pasarán a titularidad del Estado. Vaticinan que grandes empresas se harán con la gestión de los recursos hídricos.




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Imagen del documental 'Stop al expolio de los bienes comunales', elaborado por el 15-M de León y la plataforma rural del Omaña.

El 8% de la extensión total de la geografía española, o lo que es lo mismo, cuatro millones de hectáreas (que se elevaban a 20 millones hace dos siglos). Ésta es la superficie terrestre que se verá afectada por el proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobado el pasado 26 de julio por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria. Desde Ecologistas en Acción y diversas plataformas rurales denuncian que si la también denominada 'ley Montoro' ve la luz y es puesta en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, abrirá la puerta a la privatización de bosques, pastos y bienes comunales, hoy gestionados por las juntas vecinales y los concejos de manera democrática.
En concreto, ecologistas y activistas contra el “expolio de nuestro pueblos” señalan que el proyecto de ley mantiene, en varios supuestos, la amenaza de supresión de las juntas vecinales de las pedanías, su pérdida de personalidad jurídica y el traspaso del patrimonio y los bienes comunales de los pueblos a, según los casos, el ayuntamiento del que dependan, la diputación provincial o la comunidad autónoma. Hasta la fecha, la propiedad de dicho patrimonio y recursos recae en manos de los vecinos, que tienen acceso por igual a los mismos y los administran a su libre disposición, de forma consensuada. Sin embargo, la futura normativa supondría, según vaticinan, que consultorios, residencias de mayores, iglesias, colegios o salones sociales que han sido construidos básicamente por los vecinos pasarán a manos de la Administración, que recurrirá a terceros para su explotación y “hacer negocio con todo ello”. Además, insisten en que "la gran mayoría de las juntas vecinales no tiene deudas ni cuestan nada al erario público, algo muy diferente de lo que ocurre con los grandes ayuntamientos".

Representantes de Ecologistas en Acción y plataformas en defensa de las pedanías se reunieron ayer con los grupos parlamentarios PP, PSOE, UPyD, CiU e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados y les trasmitieron sus reivindicaciones. Entre ellos, se encontraba Jesús María Albarrán, portavoz de las 75 Juntas Vecinales de Omaña (vídeo), en la provincia de León, quien hace hincapié en la “existencia de empresas deseosas de hincar el diente a la explotación de bosques y al aprovechamiento de recursos hídricos”. Según Albarrán, el agua (los vecinos tiene ahora la propiedad e hicieron las conducciones o los depósitos) viene citada en el proyecto de ley como servicio público básico cuya forma de gestión podrá ser decidida por las diputaciones, así como la creación de un consorcio público-privado que "encarecería el servicio".




El desembarco del fracking De igual modo, los ecologistas también temen la irrupción de compañías, fondos de inversión, corporaciones y particulares en la producción de alimentos, energía, eólica, gravas o el denominado fracking (fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional). En particular, en lo referente a los bosques, advierten de que la normativa atraerá a firmas de biomasas que “luego esquilman esta superficie” o permitirá que los pastos que ahora sustentan a pequeños y medianos ganaderos se vendan o alquilen a grandes empresas. Al mismo tiempo, la extracción de resina será sacada a subasta. También, relata Albarrán, se acabará con los cotos de caza locales, ya que la decisión sobre un uso conjunto de los mismos no dependería de las juntas vecinales afectadas sino de sólo “una Administración, una sola persona”.
Desde la Plataforma para la defensa de las juntas vecinas de Omaña arremeten contra esta “desamortización encubierta” por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y consideran que “el campesinado se ha permitido el lujo de ser autónomo y la autogestión no gusta a los grupos de poder”.
Según el registro oficial, en España hay 3.723 entidades de ámbito territorial inferior al municipio (8.117), con lo que su supresión conllevaría la desaparición del 31% del ámbito local. León es la provincia española que se vería más perjudicada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de esas 3.723 de todo el país.

Vozpópuli - El Gobierno podrá privatizar cuatro millones de hectáreas de bosques y pastos con la 'ley Montoro'

[Hyeronimus]

Montes y bosques hoy, aún víctimas de la Desamortización

Madrid, 24 junio 2014, ​ ​Natividad de San Juan Bautista. ​
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FARO ha dedicado varios despachos tanto a las gravísimas consecuencias de la Desamortización iniciada en España por los liberales en el siglo XIX como a su continuación actual (por ejemplo, en las políticas del gobierno autonómico de "Castilla-La Mancha"). También nos hemos ocupado de algunas interesantes iniciativas actuales para contrarrestar, siquiera en una mínima parte, esas consecuencias que aún perjudican a los españoles. En las páginas de FARO en redes sociales se presta constante atención a estas noticias.

elEconomista.es publica hoy un artículo sobre el asunto, del que extractamos: "El origen de estos montes en situación anómala, conocidos como Montes del Común, Montes de la Sociedad de Vecinos, Sociedad de Baldíos y fórmulas parecidas, está en las desamortizaciones del siglo XIX, durante el que se enajenaron unos siete millones de hectáreas forestales".


Agencia FARO


El 12% de los montes no tiene dueño

Casi un 12 por ciento de la superficie forestal del país pertenece a gente que lleva muerta un siglo, lo que hace imposible gestionarla y aprovecharla. Buscar a los herederos y volver a poner esas tierras en valor, la mayoría abandonadas, es toda una aventura..., que da buenos frutos.
El Catastro todavía recoge un gran número de parcelas forestales con titularidad confusa. Por eso, un 12,72 por ciento del toda la superficie boscosa del país se considera propiedad desconocida, porcentaje que aumenta hasta el 17,63 por ciento de los montes de titularidad privada.
Algunos de esos montes son de libre disposición de las entidades locales, pero la gran mayoría -hasta dos millones de hectáreas, el 5 por ciento de toda la superficie nacional-, sí tiene titulares; el problema es que están muertos desde hace 100 años y los registros no se actualizaron en su momento para inscribir a sus herederos.

Como el Código Civil exige la unanimidad de los propietarios del suelo para disponer de él, es imposible actuar en esos terrenos: no se pueden desbrozar ni reforestar; no se puede organizar la entrada de ganado; no se puede aprovechar la madera; no se pueden extraer minerales; no se puede instalar un parque eólico... Lo más frecuente es que estén en una situación de abandono que aumenta el daño causado por los incendios o las plagas.


Las desamortizaciones del siglo XIX

El origen de estos montes en situación anómala, conocidos como Montes del Común, Montes de la Sociedad de Vecinos, Sociedad de Baldíos y fórmulas parecidas, está en las desamortizaciones del siglo XIX, durante el que se enajenaron unos siete millones de hectáreas forestales.
En aquella convulsa centuria, el Estado necesitaba fondos y se expropiaron tierras para sacarlas en pública subasta; el grueso pertenecía a la Iglesia, que las había acumulado siglo tras siglo, pero también las había de ayuntamientos y corporaciones locales, órdenes militares, universidades, cofradías... La desamortización que más afectó a la estructura de propiedad de los bosques fue la impulsada por Pascual Madoz, aprobada en mayo de 1855.

Como el Código Civil exige la unanimidad de los propietarios del suelo para disponer de él, es imposible actuar en esos terrenos: no se pueden desbrozar ni reforestar; no se puede organizar la entrada de ganado; no se puede aprovechar la madera; no se pueden extraer minerales; no se puede instalar un parque eólico... Lo más frecuente es que estén en una situación de abandono que aumenta el daño causado por los incendios o las plagas.



Pujar colectivamente para comprar el monte

Para los vecinos de los pueblos que vivían de las florestas fue un pésimo acontecimiento. El monte era básico para aquellas familias de la España rural que todos hemos visto en viejas fotos; les aportaba pastos, materiales de construcción, leña, caza... De repente, su acceso a las tierras que usaban con libertad desde hacía generaciones iba a quedar supeditado a la voluntad de los nuevos propietarios.
Y reaccionaron, hipotecando sus modestas haciendas para pujar colectivamente y adquirir los terrenos. Fue costumbre que se juntaran 30 ó 40 personas y compraran las parcelas en régimen de pro indiviso, es decir, ninguna poseía un terreno concreto, sino una participación del total. En el Catastro deberían figurar como tales y pertenecer a los actuales herederos, pero no ocurrió así.
Muchos de estos montes colectivos se inscribieron en el título genérico de montes privados, sin aclarar su auténtica condición, y algunos se dividieron según coeficientes de propiedad, probablemente derivados de antiguos repartos internos para aprovechar los recursos forestales.

Se abandona el medio rural y llega el olvido

Avanzó el siglo XX y llegó el éxodo rural: la población abandonó los campos en busca de una vida mejor en las ciudades y la situación cayó en el olvido. En la actualidad, los descendientes de los compradores originales se cuentan por decenas de miles y muchos de ellos desconocen que son copropietarios del monte.
Sólo en Soria se han localizado 400 montes de socios -con una superficie equivalente a la provincia de Guipúzcoa- que deben pertenecer a unos 120.000 herederos.
La actualización de los registros oficiales es prácticamente imposible, porque se ha roto el tracto sucesorio y, en el mejor de los casos, exige un proceso complejo y largo que no se justifica por el valor del suelo. Además, muchos títulos de propiedad se han perdido y otros papeles acreditativos, como las actas de las reuniones en las que se repartían los usos, no se ajustaban a los documentos legales de la época.

El proyecto Montes de Socios

En el año 2003, la Asociación Forestal de Soria (Asfoso), cansada del bloqueo al que les abocaba la condición jurídica del legado de sus antepasados, se dirigió al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y le expuso el problema.
El Magrama decidió implicarse y la Asociación obtuvo en 2010 una subvención de 732.000 euros con la que comenzó el proyecto Montes de Socios -cuyo presupuesto total fue de 813.254,45 euros-, para investigar la situación y encontrar una salida.
Así, se ha rastreado en archivos de sociedades, ayuntamientos, parroquias, álbumes familiares y cualquier lugar con documentos que permitieran identificar catastralmente los terrenos en régimen de pro indiviso. También, dentro de las posibilidades, se ha trazado un árbol genealógico desde los primeros compradores hasta sus descendientes actuales, al objeto de identificar a los legítimos propietarios.
Paralelamente, para acabar con la parálisis y el abandono obligado de los montes, se planteó que los herederos identificados pudieran constituir juntas que los gestionasen para recuperar su valor.


Reforma de la Ley de Montes

Estas juntas se convirtieron en una realidad al plasmarse en la Disposición adicional décima de la Ley 43/2003, de Montes; desde su promulgación, una Junta Gestora puede formarse con más de 10 descendientes de los condueños originales, y los beneficios que correspondan a la parte de la propiedad no esclarecida deben invertirse en la mejora del monte. Hoy hay casi 50 juntas gestoras en Soria, Asturias, Guadalajara, Zaragoza y Cáceres, que vinculan a más de 10.000 personas.
El proyecto Montes de Socios concluyó en noviembre del año pasado, tras haber recibido el Premio de Buenas Prácticas de Naciones Unidas en 2012. Sin embargo, su labor de recuperación prosigue, con menos recursos, pero aprovechando la retroalimentación obtenida con el impulso inicial.
La formación de nuevas juntas gestoras no cesa y aparecen nuevas oportunidades. Como indica Pedro Agustín Medrano, gerente de Asfoso y director del proyecto: "Nuestra idea siempre ha sido devolver la actividad a esas tierras, y si ya no hay forma de que vivan de ellas cuarenta personas, igual tres sí pueden hacerlo". Por eso se están impartiendo cursos de apicultura, turismo micológico y ornitológico, decoración natural...
Ahora hay un frente mayor en la reforma de la Ley de Montes, porque legalmente faltan cosas importantes que solucionar. Por ejemplo, hay que arbitrar un procedimiento para actualizar la titularidad de los registros y hay que establecer el régimen jurídico de las juntas gestoras.
La propuesta de reforma normativa que Asfoso ha remitido al Magrama incluye la elaboración de una Ley de Montes de Socios en dos años.

La formación de juntas gestoras es un festivo reencuentro familiar

La formación de una Junta Gestora para el monte de propiedad colectiva de un pueblo -una aldea con un puñado de habitantes permanentes- es motivo de fiesta. Significa que se ha conseguido reunir a los descendientes de los compradores originales.
En el proceso se han abierto baúles, se ha recuperado la tradición oral de los ancianos y se ha recordado a muchos seres queridos. El día de la constitución de la Junta, por lo tanto, hay que sentarse a la mesa; además, es un reencuentro familiar extenso, porque indagando en el pasado se han descubierto parentescos desconocidos.
Y cada vez que la Junta debe reunirse para decidir sobre el usufructo del bien común ocurre más o menos lo mismo, a menor escala.
Así lo refleja el documental El monte, nuestro más viejo amigo, del proyecto Montes de Socios. La participación en un proyecto común fortalece a la comunidad y abre puertas económicas a partir de la tierra que compró el tatarabuelo.

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