Golpe de las izquierdas a la democracia: el control del Senado será anulado

En las últimas horas se ha anunciado un pacto entre el Partido Socialista (PSOE) y sus aliados de la ultraizquierda (Podemos) para saltarse el control del Senado para subir los impuestos.

El PSOE niega que el Senado represente a los españoles: esto es lo que dice la Constitución.
Sánchez suspende derechos fundamentales con un decreto y ningún diputado protesta.

Este aumento de la presión fiscal, que afectaría al 80% de los españoles y que podría reducir al poder adquisitivo de los jubilados (anulando en la práctica la reciente subida de las pensiones), se llevaría a cabo el reciente acuerdo del Gobierno con las Comunidades Autónomas para que puedan aumentar su déficit, es decir, que puedan aumentar aún más la diferencia entre lo que gastan y lo que ingresan: una política económica irresponsable que contribuiría a seguir engordando la deuda pública española, una losa cada vez más pesada para el país, pero que no preocupa a la izquierda, siempre instalada en la idea de que si la deuda engorda demasiado, qué la paguen las generaciones futuras. Una forma perversa de hipotecar el futuro de España.

Para evitar este tipo de políticas fiscales irresponsables, en 2012 el Parlamento aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Artículo 15 de esta ley otorga al Congreso y al Senado el poder de vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del Gobierno para el conjunto de Administraciones Públicas. El objetivo de déficit que se fijó este año es del 1,3%, pero ahora el PSOE quiere subirlo hasta el 1,8%. El problema para el PSOE y Podemos es que en el Senado el PP tiene la mayoría absoluta, de forma que podría vetar ese objetivo de déficit.

En toda democracia, el control legislativo al Gobierno es la razón de ser de la separación de poderes, pero la izquierda ha decidido saltarse ese control: el PSOE y Podemos han acordado saltarse el veto del Senado. El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha reconocido que se plantean hacerlo mediante un decreto-ley. El diputado de ultraizquierda ha hecho el anuncio en su Twitter sin ningún disimulo: “vamos a arrebatar al PP una de sus últimas palancas de poder: la de usar su mayoría absoluta espuria en el Senado para bloquear los presupuestos”. Hay que recordar, por si Echenique lo ha olvidado, que esa mayoría se la dieron las urnas al PP. Anular el poder de una cámara legislativa simplemente porque el Gobierno no cuenta con su apoyo es muy parecido a lo que hizo Nicolás Maduro en 2016 con la Asamblea Nacional de Venezuela: quitarle el poder, ilegalmente, después de que la oposición lograse la mayoría en las urnas. Da la casualidad de que Podemos es un partido estrechamente vinculado al régimen chavista: antes de formar este partido, varios dirigentes de Podemos -entre ellos su presidente, Pablo Iglesias Turrión- encabezaban una fundación que recibió 3,7 millones de euros del Gobierno venezolano. Además, el partido se ha negado en tres votaciones parlamentarias a condenar la represión chavista en Venezuela.

Los decretos-leyes se han convertido en la forma favorita de gobernar del socialista Pedro Sánchez desde su llegada al poder en junio. A pesar de que él mismo criticó la costumbre de gobernar por decreto en 2012, en menos de tres meses ya ha aprobado seis decretos-leyes, utilizando este mecanismo excepcional de forma abiertamente inconstitucional, incluso para recortar derechos fundamentales y modificar el Código Civil, a pesar de que eso está expresamente prohibido por el Artículo 86 de la Constitución Española. Ahora lo que pretenden el PSOE y Podemos es utilizar este mecanismo, que la Constitución limita a casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, para modificar la citada Ley orgánica 2/2012. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional reafirmó, en su sentencia 60/1986, la prohibición de modificar una ley orgánica mediante un decreto-ley.

El anuncio del pacto y la confirmación del mecanismo que prevén usar ha provocado un escándalo político en España. El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha acusado al PSOE y a Podemos de querer “cargarse la separación de poderes”. En cuanto a los argumentos de Echenique para anular el poder del Senado, Casado ha señalado: “No vamos a admitir que un partido bolivariano como Podemos pretenda que en España el Senado desaparezca en su papel de arbitrio y cámara territorial. Lo espurio es ir contra la Constitución, la separación de poderes y contra el reparto entre el ejecutivo y el legislativo”. Francisco de la Torre Díaz, diputado de Ciudadanos, ha publicado un hilo de Twitter esta mañana sobre el pacto entre el PSOE y Podemos: “Un decreto ley no puede modificar una Ley Orgánica, porque así lo establecen los artículos 81 y 86 de la Constitución, y así lo declaró el Tribunal Constitución por unanimidad en 1986 (STC 60/1986)”. La exdiputada Rosa Díez, que entre 1999 y 2004 fue presidenta de la delegación socialista Española en el Parlamento Europeo, ha criticado duramente el pacto entre PSOE y Podemos: “A este paso veremos un real decreto retirando el voto a los diputados del PP. Todo sea para mantenerse en el chiringuito”.
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Fuente.

No debería sorprender a nadie, porque la misma forma de alcanzar la Moncloa fue un golpe de Estado. Se suele asociar este tipo de acciones con intervenciones armadas y con situaciones revolucionarias y, en efecto, así suelen ser muchas veces. Pero también hay otras formas de proceder, son esas que antaño se conocían como conspiraciones de palacio, intrigas palaciegas, y parecidas. Lo cierto es que hace tres meses ya asistimos a una de esas situaciones golpistas: un personaje que no era ni siquiera diputado, Pedro Sánchez, que con anterioridad había sido apartado de la dirección de su propio partido, el PSOE, y que parecía finiquitado políticamente ya, que hasta renunció y devolvió su acta de diputado, después de haber obtenido dos fracasos electorales monumentales, reaparece, monta un circo, presenta una moción de censura sin cumplir con la obligatoria condición de presentar un programa de gobierno alternativo, y se hace con la presidencia del gobierno del país.

Y todo ello, con el apoyo declarado y abierto de todos aquéllos que llevan décadas queriendo destruir y desmontar España, con el apoyo y la anuencia de todos los conspiradores que viviendo a costa de los españoles sólo actúan en su contra. A la par, un estúpido presidente electo, sin saber cómo reaccionar ante una crisis imprevista, fue incapaz de asestar un golpe mortal a este dictadorzuelo, aspirante a autócrata al estilo Maduro, fulminando todo su plan mediante una convocatoria de elecciones generales, cuyos resultados hubiesen arrojado al sujeto a las alcantarillas en vez de llevarlo a la Moncloa. Y todo por que para ese presidente aconejado, ese presidente indigno de seguir en su cargo, también hubiese supuesto su muerte política, tal como finalmente así se ha cumplido.

Esta es la película de los hechos, ¿y cómo ha sido posible? Pues porque en los entresijos de un Estado que es una nomocracia, en lugar de una democracia real, hay más agujeros legales que en un colador. Por esos agujeros se colaron las ratas del Estado para dar un golpe contra éste, y no olvidemos que ese golpe de Estado lo han dado contra los españoles, que es en quienes al menos nominativamente reside la soberanía. Pues ya se dirá de qué soberanía se habla cuando ésta no es respetada y se impone una minoría de parásitos en delicado equilibrio que durará mientras alguno no se cabree al no obtener el privilegio, la prebenda, o el chusco exigido en cada momento. Por eso, cuando este fulano llamado Pedro Sánchez decía públicamente "si los españoles me otorgan su confianza", se estaba cachondeando de todos en forma sarcástica. Y es que si los españoles hubiesen querido darle esa confianza, que a la vista de como se conduce y contra quiénes y no se merece ni por un minuto, él hubiese ganado la elecciones y no habría tenido que recurrir a dar un golpe de Estado palaciego.

Maduro en La Moncloa.

Hay alarmantes razones para exigir en la calle elecciones generales de inmediato.

«En Cataluña, el presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá. Ante esa situación, el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país. Al hacerlo público, el Gobierno declara que ha esperado hasta agotar todos los medios que la ley pone en sus manos, sin humillación ni quebranto de su autoridad. En las horas de la paz no escatimó transigencia. Declarado el estado de guerra, aplicará sin debilidad ni crueldad, pero enérgicamente, la ley marcial.

Está seguro de que (…) ante la posición antipatriótica de un Gobierno de Cataluña, que se ha declarado faccioso, el alma entera del país entero, se levantará en un arranque de solidaridad nacional (…) a ponerse al lado del Gobierno para restablecer, con el imperio de la Constitución, del Estatuto y de todas las leyes de la República, la unidad moral y política, que hace de todos los españoles un pueblo libre, de gloriosa tradición y glorioso porvenir. Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra Patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades (…) bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución. En Madrid, como en todas partes, una exaltación de la ciudadanía nos acompaña. Con ella y bajo el imperio de la ley vamos a seguir la gloriosa historia de España».

Hasta aquí un extracto del parte oficial del Consejo de Ministros del día 6 de octubre de 1934 publicado al día siguiente junto al Decreto de proclamación del Estado de Guerra firmado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Ese texto marca quizás el momento más digno de los seis años de existencia de la República que nació con mal pie y murió en catástrofe sangrienta. Entonces hubo un gobierno en Madrid que afrontó con responsabilidad y patriotismo el momento dramático que había intentado evitar. Ni hoy ni el año pasado han tenido España y su Monarquía un gobierno con el coraje para asumir la carga de la respuesta proporcional que requiere el desafío separatista. Al contrario, hay graves sospechas de que el gobierno socialista, anómalo e ilegítimo por legal que sea, aprovecha la deriva de las fuerzas separatistas y su alianza con los comunistas de Podemos para asestar un golpe de consecuencias imprevisibles a la Constitución y a las instituciones. Ha lanzado una campaña masiva de propaganda contra la oposición de «las derechas» -en inaudito recurso a fraseología prebélica- y en defensa de las agresiones del separatismo a la legalidad. Con un obsceno recurso al Decreto Ley para dinamitar la convivencia, destruir el equilibrio de poderes y minar el sistema constitucional. El acuerdo de Sánchez con los comunistas para ignorar al Senado en la tramitación de presupuestos es un atropello político, una violación de procedimiento y un intolerable vaciamiento de competencias de la Cámara Alta. Con similitud al golpe de Nicolás Maduro contra el Parlamento venezolano surgido de las elecciones del 5 de diciembre de 2015. Sabiendo quién marca la agenda de este gobierno de 84 escaños, pelele de fuerzas antidemocráticas y algunas dependientes de dictaduras extranjeras, los españoles tienen muchas razones para sentir una profunda preocupación por su seguridad y su democracia. Son las mismas razones que tiene la oposición para llamar a los españoles a exigir en la calle elecciones generales de inmediato. Para el retorno a una normalidad constitucional hoy ya inexistente.

https://www.abc.es/opinion/abci-maduro-moncloa-201808240147_noticia.html