El Gobierno prepara una nueva desamortización de la Iglesia
El Gobierno prepara una nueva desamortización de la Iglesia.
Exigirá la devolución de bienes públicos registrados por religiosos como la Seo de Zaragoza y la Catedral-Mezquita de Córdoba.
El Gobierno socialista parece dispuesto a retomar la desamortización iniciada por Juan Álvarez Mendizábal hace casi dos siglos. Esa es su intención con la polémica lista que desde hace semanas elabora el Ministerio de Justicia para dar cuenta pública de los bienes de la Iglesia.
La noticia saltó este lunes después de que el diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado diera a conocer la respuesta del Gobierno a su pregunta sobre el destino de «muchos bienes que los obispos inscribieron en los registros de la propiedad al amparo de una ley franquista de 1946 que los equiparaba con funcionarios públicos y por lo que no tenían que demostrar la titularidad de la propiedad para inscribirla a su nombre».
«Depuración».
En la respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez explica que la Constitución y la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas determinan que la Iglesia no puede apropiarse de «bienes de dominio público». Por ello, «si a pesar del control por parte del registrador, hubieran accedido a Registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica, conforme al Derecho sustantivo material», precisa el escrito con fecha del 5 de septiembre y que adelantó este lunes la Cadena Ser. El texto precisa también que los bienes de dominio público están «sometidos a los principios constitucionales de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad».
El Gobierno indica además que corresponderá a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si el Estado tiene algún derecho sobre dichos inmuebles.
El diputado socialista Antonio Hurtado explicó este lunes a ABC que «la Iglesia pudo registrar muchos bienes a raíz de la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno del PP en 1998, que daba potestad a esta institución de actuar como una institución pública y que permitió que muchos bienes de dominio público fueran inmatriculados por la Iglesia cuando no se debería haber admitido».
El listado, que, según Hurtado, está «prácticamente ultimado» va a demostrar que «ha habido connivencia en determinados Registros de la Propiedad» a la hora de facilitar a la Iglesia la inscripción a su nombre de bienes públicos. «Se va a demostrar que en ciudades como Córdoba, Zaragoza o Pamplona ha babido mucho más permisividad para facilitar las inscripciones y avidez por parte de la Iglesia para inscribir inmuebles, como la Mezquita-Catedral y la Plaza del Triunfo de Córdoba o la Seo de Zaragoza», afirmó el diputado que entiende que «son bienes de dominio público y no se tenían que haber inscrito nunca» a nombre de la Iglesia.
Plan «encubierto».
Los obispos acusaron este lunes al Gobierno de estar preparando «una amortización encubierta» y pidieron «no despertar los viejos fantasmas del anticlericalismo». «Aunque el Gobierno quiere poner en negrita el número de bienes inmatriculados por la Iglesia, estamos muy tranquilos porque sabemos que no se ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente», aseguró ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, durante la presentación del Congreso «La Iglesia en la sociedad democrática», que se celebrará los próximos 3 y 4 de octubre en Madrid.
Para el portavoz de los obispos esta desarmortización «irá en detrimento de la acción social de la Iglesia», ya que la mayoría de los bienes de las más de 40.000 instituciones eclesiales que hay en nuestro país responden a «la opción preferencial por los pobres» o prestan un servicio cultural.
Conforme a la ley.
Registradores consultados este lunes por ABC consideraron «absurda» la intención del Gobierno, ya que las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia se hicieron conforme a la Ley Hipotecaria en vigor en ese momento. Además puntualizaron que si esas incripciones se realizaron de «forma errónea» se deberá impugar dichos registros ante los Tribunales.
Los registradores consultados por este periódico reconocieron que han enviado por indicación de la Dirección Nacional de Registros, dependiente del Ministerio de Justicia, los listados con los bienes inmatriculados por la Iglesia, diócesis y parroquias entre 1998 y 2015. Ese año una nueva reforma de la Ley Hipotecaria dejó de permitir que se pudiera inmatricular un bien con una certificación y no con un título formal.
Re: El Gobierno prepara una nueva desamortización de la Iglesia
Las desamortizaciones se inauguraron con Enrique VIII, y continuaron en países que abrazaron el protestantismo, después la Revolución Francesa, y más tarde con Mendizábal y con Madoz, etc. Siempre han sido ruinosas para los fieles y para los países, que perdieron la ayuda que proporcionaba la Iglesia por medio de hospitales, colegios gratuitos y asistencia a los pobres, cosas de las que se ocupó más torpemente el gobierno. Pero los gobiernos desamortizadores hicieron su negocio apropiándose de tierras, edificios, obras de arte, etc. Tierras que pertenecían a la Iglesia, donadas por gente pudiente, pasaron a ser propiedad de particulares y fueron cercadas y vedado el acceso. Tierras a las que la gente siempre había podido llevar sus rebaños a pastar, donde podía recoger leña en invierno o cazar o pescar para complementar su alimentación pasaron a pertecer a cuatro señoritos y terratenientes. Al cerrarse instituciones de caridad y hospitales, las calles se llenaron de mendigos. Y otros problemas por el estilo que siempre se han dado en mayor o menor medida en estos casos. El móvil, además de querer perjudicar a la Iglesia, es evidentemente económico: enriquecerse.
Re: El Gobierno prepara una nueva desamortización de la Iglesia
Re: El Gobierno prepara una nueva desamortización de la Iglesia
Otro Mendizábal.
El afán de la izquierda política por volver atrás buscando del pasado lo peor para recuperarlo, es una patología de muy difícil curación. Quienes no conocen la historia no ven ningún mal en ello, de aquí el interés y el esfuerzo por que no la conozcan, pero quienes sí la conocen no dan crédito a lo que ven y oyen por lo que acarrea, que no es otra cosa que el deseo vehemente de repetirla. La izquierda política, que se autodefine progresista, está tan amarrada al pasado que no lo suelta, es su estrella polar que no pierde de vista, su referente, al que trata de volver porque le va la vida en ello. Sin pasado no es nada. Su futuro está en rescatarlo. El progreso está en no aprender de los errores que la historia recoge de forma detallada y clara, razón por la que se esfuerzan en ignorarla, prefiriendo retomar viejas ideas trasnochadas, añorando lo menos recomendable del pasado para edificar su futuro.
Este Gobierno, que no deja de sorprendernos desde que llegó su presidente a La Moncloa, quiere ahora "recobrar" aquellos bienes de la Iglesia porque —dice— no son de la Iglesia ni lo han sido nunca, y propone para ello otra desamortización, que se sumaría a la que Juan Álvarez de Mendizábal llevó a cabo a finales del primer tercio del siglo XIX, con los resultados que deberían conocer quienes ahora pretenden repetir aquella empresa, cuyas consecuencias son razones de sobra para ni intentarlo siquiera. Insistir, no obstante lo nada recomendable de la medida, demuestra que el resultado de aquello, si no es lo que buscan, poco les importa y si se produjese de nuevo pues, bien hecho y a buena hora.
