León XIII y su calamitoso Ralliement político

(O cómo una actitud de cesión táctica en la defensa de principios político-religiosos, que eran irrenunciables, acabó dando al traste con todo el edificio político-religioso de la Francia tradicional)

Tomado de “La Iglesia ocupada”, de J. Plancard d’Assac (1974):

Hubo, a fines del siglo XIX, una gran confusión en las conciencias. Durante el siglo, tantas veces se había discutido la legitimidad del Poder, que la misma noción de legitimidad quedaba borrada. Entre los Borbones, los Orleans y los Bonaparte, Francia no llegaba a decidirse.

El principio monárquico que representaban no lograba afianzarse en una dinastía, porque, tras la persona del Pretendiente, se perfilaban principios políticos diferentes. Se veía pronto que la Institución monárquica era susceptible de abrigar regímenes corporativos o liberales, parlamentarios o jerárquicos, y llamarse “monárquico” ya no quería decir nada, había que añadir de qué monarquía se trataba.

Entonces, poco a poco, se abrió paso el pensamiento de que las ideas que se profesaban tenían más importancia que la forma del Régimen. Lo esencial era llevarlas al gobierno. La monarquía ya no se presentaba como una garantía de continuidad, ni como una seguridad contra los disturbios. Se la había sustituido, restaurado, sustituido de nuevo, abolido y restablecido en forma imperial. ¿Qué se iba a hacer de ella?

En 1873, el mariscal de Mac-Mahon, consciente, después de la carta del conde de Chambord sobre la bandera, de que era imposible unir a los orleanistas, pidió que se organizase el “Septenio”. Es decir, que la Asamblea Nacional proclamase al jefe del Estado por siete años. Todavía hoy, vivimos en Francia de esta fórmula de monarquía electiva temporal.

Se comprende que a ciertos hombres de la Iglesia les viniese la idea de adueñarse de la República naciente, pero cuando lo intentaron era demasiado tarde. Los francmasones que habían creado la República, la ocupaban y no estaban dispuestos a ceder el sitio, ni a compartirlo.

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Precisamente por entonces, el 31 de julio de 1881, durante el traslado de los restos mortales de Pío IX a la basílica vaticana de San Lorenzo Extramuros, el populacho había intentado adueñarse del ataúd para arrojarlo al Tíber. Roma estaba en manos de los francmasones y León XIII pensó en emigrar a Austria, España o Malta.

¿Influyó esta situación en la política de León XIII, en lo que concierne a Francia?
Se ha sostenido esta opinión: si la Italia que constituía para el papado una amenaza inmediata se había unido, en mayo de 1882, al acuerdo entre la Austria (católica pero josefista) y la Alemania luterana de Bismarck en alianza contra Rusia; ¿en qué otras potencias podía apoyarse la Santa Sede? ¿En la Inglaterra protestante imbuida de prejuicios antipapistas? ¿En la Rusia cismática?
Evidentemente, la respuesta era: no.
Pero quedaba Francia: también amenazada por dicha Alianza y diplomáticamente aislada.

“Nos, ofrecemos a Francia la alianza de nuestra fuerza moral”, dirá León XIII, en 1893, a Mons. Fonteneau, obispo de Agen. Sin duda, en la encíclica Inmortale Dei, el Soberano Pontífice permanece fiel a la doctrina y recuerda que el Estado debe ser católico, pero añade que la Iglesia “no condena, sin embargo, a los gobiernos (…) que, en vistas a un bien a alcanzar o a un mal a evitar, toleran pacientemente en las costumbres y en la práctica que esos diversos cultos tengan cada uno su lugar en el territorio del Estado.
En fin, en la encíclica Libertas (1888) afirma que “es una calumnia inútil y sin fundamento pretender que la Iglesia vea con malos ojos las formas más modernas de los sistemas políticos”.

Esto no quiere decir que León XIII tuviese nunca una especial simpatía por la III República. Incluso en una ocasión confesará a Jacques Piou: “En el fondo del corazón, soy monárquico yo también”, pero “necesita a Francia, comprueba que vive con República y que esta República parece sólida y por tanto le es necesario entenderse con ella”.

Tocamos aquí un problema muy importante: para alcanzar un objetivo determinado, ¿puede la diplomacia ceder en los principios? La experiencia da una respuesta negativa, porque al ser la apariencia todo lo que ve la opinión, a ésta se le escapa la maniobra. No ve más que el abandono consentido, la restricción mental o la “combinazzione” y lo que no es más que una maniobra le parece adhesión sincera. Confundida, la opinión pierde gran parte de su ardor para defender las ideas que son combatidas por el régimen con el que se negocia. El avance del enemigo se encuentra tanto más facilitado y sus exigencias aumentan en la misma medida en que la diplomacia se vuelve más complaciente.

León XIII piensa poder manejar a los católicos franceses según las necesidades de su diplomacia. No presta atención a que los individuos se guían por convicciones y que llevarlos a dudar de ellas, es debilitar el instrumento del que se pretende disponer.

Prisionero de la maniobra diplomática que ha decidido, León XIII tiene que ordenar a los católicos franceses, en su inmensa mayoría monárquicos, que se adhieran a la República. Decisión dramática, porque va a desorientar a la Derecha, a lanzar a muchos militantes a la abstención, forzar al disimulo a espíritus rectos y reforzar, por el contrario, la combatividad de los republicanos que ven cómo el adversario abandona sus posiciones y solicita el armisticio.

El nuncio Czalcky explicaba al marqués de Dreux-Brézé que los legitimistas, al continuar luchando a favor de los principios de los que eran representantes, ya no serían escuchados y verían disminuir progresivamente el número de sus afiliados. Su influencia, reconocida como muy valiosa en muchos aspectos, desaparecería y el bien moral, que lógicamente estarían llamados a hacer, sería para ellos irrealizable en adelante.

“Este bien –añade Mons. Czalcky, según cuenta M. de Dreux-Brézé- hay que enfocarlo ahora desde otro punto de vista, nuestros adictos deberán intentar llevarlo a cabo en otro terreno; este punto de vista es el reconocimiento del hecho de la transformación de Francia en una república y el de la aceptación de esta transformación”.

¡Estas expresiones eran pasmosas! No solamente prefiguraban una filosofía del “sentido de la Historia” irreversible, sino que parecían indicar una ignorancia total de los esfuerzos de propaganda de los republicanos para conquistar a las masas. No lo habían conseguido a la primera, ni fácilmente y, aunque el nuncio lo dijera, no estaban seguros de tener siempre ventaja. Después de todo, hacía solamente diez años, ¡no había más que cinco diputados republicanos en el Cuerpo Legislativo!

Parecía que el nuncio no aprendía nada de esta lección de propaganda dada por los republicanos. Lo que le interesaba era intentar formar una fuerza nueva con los católicos arrancados de sus fidelidades políticas.

“Yo me permití contestar a Mons. Czalcky –prosigue M. de Dreux-Brézé- indicándole que sus proposiciones, que su programa, eran para un legitimista absolutamente inaceptables; que aceptándolos, si fuese posible adoptarlos, los realistas ya no serían comprendidos por nadie; que, haciendo esto, en lugar de acrecentar su autoridad moral sobre la población entre la que vivían, perderían la que aún les aseguraba la estima y el respeto que les rodeaba”.

Se perdieron los principios y no se obtuvieron los votos.

Los únicos que se beneficiaron de la situación fueron los radicales. León XIII les hacía el juego anulando la oposición que más podían temer, e incluso escribiendo al presidente de la República pidiéndole que “usase de su autoridad, para que fuesen restablecidas las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado”.
Jules Grévy respondió fríamente que si las cosas no iban bien entre la República y la Iglesia, la causa era “la actitud hostil de una parte del clero respecto a la República, en las luchas que aún sostiene diariamente contra sus mortales enemigos”. Y añadía: “En este funesto conflicto, desgraciadamente, tengo muy poco poder sobre los enemigos de la Iglesia. Pero Vuestra Santidad tiene mucho poder sobre los enemigos de la República”.

León XIII quedó atrapado en este engranaje. Obligó a exigir a los católicos su adhesión a la República. La intrusión política era flagrante y resultó ser desastrosa: incapaces de adueñarse del poder por las elecciones, los “ralliés” tuvieron que soportar las leyes de descristianización que votaba alegremente la Cámara de los diputados.
“Los católicos podían maldecir el laicismo, pero desde el momento que no habían podido adueñarse del poder político que les habría dado la fuerza de legislar a su conveniencia, no podían reprochar con razón al gobierno que aplicase su legislación”.
Habían aceptado la ley del número y debían aceptar sus decisiones.

León XIII se dio cuenta pronto que el cuerpo electoral estaba manipulado por las Logias y que en la democracia moderna el verdadero poder era la Francmasonería. Creo que en el fondo pensó entonces en organizar en torno a las parroquias una especie de “contramasonería” para entorpecer la labor de las Logias. En todo caso no ahorró sus ataques contra la masonería en sus encíclicas.

León XIII alentó una vasta campaña antimasónica pero, atacar a la Masonería sin tocar el régimen que ella dominaba, era un combate perdido de antemano.
Sin embargo, León XIII se aferraba más que nunca a su política del “Ralliement”, que fue oficialmente propuesta a los católicos franceses por el cardenal Lavigerie, en noviembre de 1890 en Argel:
“Cuando la voluntad de un pueblo se ha asegurado de que la forma de gobierno no lleva consigo nada contrario, como lo proclama últimamente León XIII, a los únicos principios que pueden hacer vivir a las naciones cristianas y civilizadas… no queda más que la adhesión sin segunda intención a la forma de gobierno llega el momento de… sacrificar todo lo que la conciencia y el honor permitan… para la salvación de la Patria.

Así pues, ya quedaba “bautizada” la República...

(continúa)

(II)
…Pero el error político no era menos evidente. El cardenal había hablado de una forma de gobierno que no tenía nada en contra de los principios, únicos capaces de hacer vivir las naciones cristianas. Ahora bien, la ley del número no reconoce principios, sino solamente la voluntad momentánea del número. Si el número –la mayoría- dice: Dios no existe, la legislación está obligada a aplicar la negación de Dios, por lo menos hasta el próximo capricho de la mayoría.

A la Monarquía tradicional, católica, al Soberano al que la consagración confería un sacramento, León XIII acababa de sustituirlo por la adhesión obligatoria a un régimen sin principios, cuya característica era incluso el no tener ninguno, y todo con el pretexto de que el partido clerical se adueñaría de él, por medio de unas “buenas elecciones”; pero esas elecciones ¿las ganaría?

En enero de 1892, los cardenales franceses publicaron una carta comprometida para Roma, a la que de alguna manera devolvían su dialéctica. Los cardenales franceses admitían el punto de vista de León XIII, pero añadían, recogiendo palabras del Papa, que “si levantamos la voz es para pedir que las sectas anticristianas no tengan la pretensión de identificar con ellas al gobierno republicano y hacer de un conjunto de leyes antirreligiosas la constitución esencial de la República”.

Extraña protesta, pues las sectas no introducían estas leyes por la fuerza, sino de la forma más legal del mundo, por los votos de la Cámara de los diputados, los cuales habían sido elegidos por el pueblo soberano.
Protestar contra la legislación republicana es no reconocer la legitimidad de la ley del número.
Oponiendo la ley de Dios a la ley del Número, los cardenales condenaban el mismo régimen republicano, pues el hecho de que una mayoría impusiese, desde hacía doce años, una legislación anticristiana no era lo más grave, pues ésta podía cambiar –e incluso esto era la única pequeña esperanza de los cardenales-, el hecho grave, era que Dios ya no estaba en el centro del sistema social. Era ya una simple “idea” sometida cada cuatro años al Número.

De reconocer al Rey, sagrado Lugarteniente de Dios en la Tierra, que reconocía como Ley del reino la Ley divina, los cardenales en 1892 tenían que reducirse a… ¡¡“la aceptación franca y leal de las instituciones republicanas” y a la restricción mental de la “firme resistencia a las intrusiones del poder secular en el dominio espiritual”!!

Es asombroso comprobar en qué condiciones psicológicas se hizo el “Ralliement”. Si se hubiese notado, previamente, alguna moderación en la legislación antirreligiosa, una simple voluntad de diálogo, de compromiso, por parte de la República, tal pacto se hubiera podido admitir, pero la situación no era en absoluto favorable: la persecución era feroz, la mayoría republicana vencía regularmente a los candidatos católicos, y éste es el momento que Roma elige para imponer a los católicos franceses su adhesión a la República.

Pío VII, consagrando emperador a Bonaparte, terminó la Revolución, restauró la monarquía –por una sustitución de dinastía, sin duda, pero permaneciendo fiel en gran parte a la organización tradicional de la sociedad, restaurando a la Iglesia en la mayoría de sus derechos legítimos; pero en 1892, León XIII estaba consolidando un régimen anticristiano en su legislación y ateo en sus principios.

En la encíclica «Au milieu des sollicitudes », publicada en febrero de 1892, León XIII intervenía abiertamente en la política francesa justificando su proceder mediante la distinción entre formas de gobierno que tuvo Francia (el imperio, la monarquía y la república) y fines de esos gobiernos, todos lícitos con tal de dirigirse al bien común. Todas ellas como perfectamente lícitas para los católicos.

Se recuerda -decía León XIII- que todos los individuos están obligados a a aceptar estos gobiernos y a no intentar nada para derrocarlos o cambiar esa forma.
Así, tras haber explicado que las naciones evolucionan bajo la presión de las circunstancias históricas o nacionales pero siempre humanas, en definitiva, ¡¡lo que León XIII proponía era detener la historia en la III República!!

Lo grave era que la República a la que León XIII pedía a los católicos que se adhiriesen, prohibiéndoles cualquier intento de derrocarla, era fuertemente anticristiana. ¡¡Y nada menos que a eso, el Papa se refería eufemísticamente como “una dificultad”!!
“Se presenta una dificultad -escribía- se hace notar que esta República está animada de sentimientos tan anticristianos, que los hombres honrados, que los católicos no podrían aceptarla conscientemente. Se habrían evitado estas lastimosas divergencias, si se hubiera tenido en cuenta la distinción entre poderes constituidos y legislación.
La legislación difiere tanto de los poderes constituidos y de su forma, que bajo el régimen cuya forma fuese la más excelente, la legislación podría ser detestable (y viceversa). La legislación es obra de los hombres investidos de poder. Las leyes serán pues, buenas o malas, según que los legisladores tengan el espíritu imbuido por buenos o malos principios”.

Esto era totalmente cierto, pero lo que no lo es, es que cualquier régimen favorezca los buenos principios. El hombre democrático, que hace profesión de no reconocer ninguno, abre la puerta a los malos principios y deja que los espíritus se contaminen en nombre del liberalismo; y la Iglesia que se esfuerza en proteger la inteligencia, las costumbres y la virtud, aceptando el liberalismo, compromete virtud, costumbres e inteligencia.
El curso de la historia lo ha demostrado sobradamente.

León XIII podía hacerse aún algunas ilusiones. Nosotros, no. Bien es verdad que lanzaba una amenaza contra la III República pero, como no la alcanzaba en su esencia, era bastante inútil:
“El respeto a los poderes constituidos no puede imponer la obediencia sin límites a cualquier medida legislativa promulgada por esos mismos poderes… En consecuencia, jamás se pueden aprobar puntos de legislación que sean hostiles a la religión y a Dios; por el contrario es un deber reprobarlos”.

Pero este era el punto de vista de la Iglesia. La democracia es indiferente a este aspecto de las cosas. Sólo conoce una ley: la voluntad de la mayoría. Si la Iglesia se somete a ella, viola la ley divina, si resiste, viola la ley democrática.

Lo que se ventilaba en todo este asunto que una cosa era la diplomacia de la Santa Sede, obligada a mantener relaciones con los gobiernos “de facto” que existían en el mundo (lo que estaba en la base de la medida de León XIII), y otra cosa, el comportamiento de los ciudadanos católicos de esos Estados que, como tales ciudadanos tenían derecho a pensar y decidir que un régimen basado sobre la voluntad fluctuante del número, no reconocedor de ninguna ley fundamental intangible, ni de ninguna moral determinada, no era el idóneo para asegurar el bien de la Iglesia y el bien de la comunidad nacional y, en este punto, los ciudadanos eran los únicos jueces.

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En su carta a los cardenales franceses, que reforzaba en cierta manera la encíclica «Au milieu des sollicitudes », León XIII tres meses más tarde reafirmaba que los católicos debían “aceptar sin reservas… el poder civil en la forma en que de hecho existe… Aceptad la República, es decir, el poder constituido y existente entre vosotros, respetadlo, sedle sumisos, como representando el poder venido de Dios”.

¡La República del Gran Oriente representando el poder venido de Dios!
Los franceses no daban crédito a lo que oían.
¿Pero por qué no dejaba a los franceses la libertad de considerar qué instituciones les convenían?

Además había contradicción en esas palabras papales: si los franceses se había dado ese régimen, los franceses podían perfectamente cambiarlo. Los monárquicos que no lo querían estaban tan en su derecho de querer derrocar la República como los republicanos lo habían estado de derrocar la Monarquía. Y, en el fondo, sólo les hubiera faltado triunfar para que León XIII hubiera lanzado otra encíclica para imponer la adhesión a la Monarquía.

A pesar de la intriga papal, en junio de 1892 el grupo realista de la Cámara votaba esta declaración:
“Como católicos, los realistas se inclinan ante la autoridad infalible del Santo Padre en materia de fe; pero como ciudadanos reivindican el derecho de pronunciarse libremente en laas cuestiones que afectan al futuro de su país. La forma de gobierno es una de esas cuestiones. Debe ser resuelto en Francia por franceses. Tal es la tradición nacional. La Santa Sede jamás ha pedido a los partidarios de los regímenes anteriores el olvido de su fidelidad y la renuncia a sus esperanzas”.

Esto suponía la división irremediable de la derecha, que iba a ir a las elecciones en orden disperso. La presencia de un candidato “rallié” no conseguía más que dar oportunidades suplementarias a los candidatos de izquierdas.

¡Con lo fácil que hubiese sido resolver todo este problema, complicado inútilmente por las consignas abusivas de León XIII!
Sencillamente, los católicos podían haber sido invitados a votar por los candidatos que se comprometiesen a abolir la legislación antirreligiosa, cada uno bajo su bandera, defendiendo los interese nacionales sin descuidar, por ello, los intereses religiosos.

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La política de León XIII resultó un fracaso total. De 575 diputados, en las elecciones que siguieron a la orden dada a los católicos de adherirse a la República, no fueron elegidos más que 35 de los “ralliés” y los dos que más garantizaban las miras políticas de León XIII, Albert de Mun y Jacques Piou, fueron derrotados.

Entonces comenzó la larga espera de “unas buenas elecciones”. Habían sido vencidos, pero la próxima vez esperaban ganar.
Así fue como la Derecha, corrompida lentamente durante esta interminable espera, decepcionada siempre, comenzaba a derrumbarse. Un inmenso escepticismo, una repugnancia profunda aquejaba a unos hombres a los que se había dicho bruscamente que la legitimidad no existía, que los juramentos no contaban, que las ideas eran intercambiables, relativas.
Pero, en el otro bando, la izquierda no cesaba de triunfar porque caminaba en el sentido de sus principios.

Las Logias, entretanto, seguían complaciéndose en humillar a los “ralliés” haciendo votar una legislación cada vez más antirreligiosa, expulsando a los monjes, laicizando la Escuela en donde iban a formar su nueva juventud, en fin, separando oficialmente el Estado de la Iglesia.

El ministro de Justicia, M. Darlan declaraba al Senado:
“Señores, ¿es que la actitud del Papa ha tenido alguna influencia sobre nuestras doctrinas, nuestros actos?... No dejaremos decaer de nuestras manos ninguna de las leyes que el parlamento ha dado al País”.

El masón F. Doumer declaraba que “en política, como en la guerra, la pacificación solo es aceptable cuando el enemigo está vencido, aniquilado..,”

Clemenceau advertía a los “ralliés”:
“Me dicen que quieren separar la Iglesia de los partidos hostiles a la República… Es una empresa por encima de las fuerzas humanas porque los dos elementos que quieren juntar se excluyen”.

Y, a todo esto, qué habían ganado los “ralliés”? Nada. Habían dividido a las fuerzas conservadoras y ni siquiera habían forzado las puertas de la República. Se los dejaba en la puerta y encima se burlaban de ellos.

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Los “ralliés” continuaron siendo vencidos en 1893, vencidos en 1898, vencidos en 1902. Y también en 1906, en 1910, en 1914, hasta que su nombre mismo desaparece del vocabulario político. La República lo había arrastrado definitivamente sin ellos y contra ellos.
A partir de entonces vinieron las consecuencias.

Los espíritus, entregados sin defensa a las más destructivas ideologías se corrompieron; las costumbres se degradaron; la corrupción del Estado acompañó a la de la sociedad. No habiendo ningún principio que mantuviese unida a la comunidad, la noción misma de comunidad quedó borrada.
Cada uno reivindicó para sí. Hubo clanes, partidos, grupos de presión. La opinión arrastrada por los periódicos y después por la radio fue una presa fácil para la plutocracia que poseía estos medios de propaganda. La democracia derivó en plutocracia sin darse ni cuenta.

Todos los cuerpos sociales fueron contaminados fácilmente y simultáneamente por una misma decadencia. El clero no escapó a ella, bebió los venenos del siglo y el mal se introdujo en la Iglesia. Los hombres de Iglesia, como los demás, comenzaron a decir las mismas palabras, a escuchar al siglo, en lugar de adoctrinarlo.

Ante las intentonas de ralliement en España en los círculos carlistas se rezaba "por la conversión de León XIII". La prensa carlista además fue durísima ante su postura en Francia.

Y eso que hablamos de un Papa impecable en cuanto al Magisterio doctrinal se refiere, con Encíclicas de referencia como Inmortale Dei.

En el actual contexto, ¿como podemos aceptar la sumisión a los poderes establecidos, idea en la que coinciden con mayor insistencia que León XIII las conferencias episcopales y las autoridades vaticanas, si actualmente son muchísimo más anticristianos que los de la época del ralliement?

A la altura de la catástrofe en que estamos, ya sería absolutamente innecesario que el papa o los obispos dijeran nada ni a favor ni en contra. Porque, en tanto ya no son ellos sino meros repetidores (¡qué remedio!) de lo políticamente correcto, el católico medio hace mucho que está acostumbrado a no distinguir ya entre lo dicho por la jerarquía eclesiástica y lo dicho por las bandas masónicas del desgobierno mundial. En el fondo viene a ser la incuestionabilidad e inmutabilidad perpetuas del statu quo ideológico de apostasía universal.

El caso del Ralliement tiene connotaciones que serían inimaginables en esta época. Como que hubiera católicos conservadores que incluso cuestionaran y desobedecieran al papa en materia política.
Es evidente que en aquella época ser católico, políticamente, conllevaba una gravedad y un sentimiento del deber que permitían no sólo cuestionar el sistema mafioso-masónico sino incluso cuestionar la opinión política del Papa.
Cosa que sucedía también en la España política de entonces con los Nocedal, N. Villoslada, Tejado, etc.

Es sintomático, de unas cuantas décadas acá, que el precio de un Papado y de un catolicismo por fin “sin problemas” (¡¡y precisamente cuando los Gobiernos son los más problemáticos y degenerados que nunca hubo!!), sea que (a su vez) le importe cada vez menos al católico medio defender lo católico o que cada vez se distinga menos entre católicos y anti-católicos.
El precio de tantas pasadas meteduras de pata es que ya no queda ni pata para meter.

(III)

La expresión política del “Ralliement” se tradujo en un movimiento dirigido por Jacques Piou: L’Action Liberale Populaire.
Su gran idea era que “al no ser ya atacada la República se romperá el único y casi indestructible lazo que une a los republicanos: y así los hombres de orden romperán con los revolucionarios y formaremos un gran Partido Moderado dentro de la República”.

Para ello, Jacques Piou estaba dispuesto a todas las concesiones doctrinales. En 1897 escribía:
“La evolución democrática es la característica de este siglo. ¿Cómo negar que las ambiciones del pueblo no sean legítimas en su base? Vienen, en descendencia directa del mismo cristianismo. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad no datan de un siglo, sino de dieciocho siglos. Jamás ninguna sociedad civil realizará mejor el ideal democrático que la sociedad religiosa fundada por Jesucristo.
“Queríamos aplicar la política de igualdad que el Evangelio concede a los cristianos.
“Sin el dogma de la igualdad de las almas en el cielo, dijo Mazzini, no habríamos llegado a proclamar el dogma de la igualdad de los hombres en la tierra…”.

Eso era histórica y doctrinalmente falso. La idea, pobre tácticamente, consistía en encerrar a los republicanos en la noción de libertad con el fin de reclamarla para la Iglesia. Había que hacerse liberal para reclamar un sitio en la República.
L’Action Liberale Populaire, fundada en 1901 tenía por fin “defender en el terreno constitucional, por todos los medios legales, las libertades públicas”.
Ya estamos, pues, en plena inconsistencia del vocabulario electoral, con fórmulas preparadas para atraer al mayor número de gente posible y que acaban por no significar ya nada.
Por lo demás, ¿era honrado poner un movimiento católico bajo el signo del liberalismo, cuando los Papas –comprendido León XIII- no habían cesado de condenar el error liberal?
Uno de los cardenales del círculo más íntimo de San Pío X dirá más tarde: “Es como si se hubiese dicho, en otra época, la Acción pelagiana o la Acción jansenista. En efecto, el liberalismo es un error proscrito por la Iglesia. Hay formas de expresión que ciertos hombres temerariamente usaban creyendo que el equívoco era favorable a la buena causa”.
Se empieza por jugar con las palabras que, se cree, agradan a la opinión pública, pero una vez ya situados en ellas somos sus esclavos.

Jacques Piou percibía el peligro:
“Se pretende que invocar como principio esencial la libertad, es favorecer la libertad del mal y poner en pie de igualdad la verdad y el error. ¿Por qué? Decía Santo Tomás de Aquino que la libertad es el poder de hacer el bien, como el entendimiento es la facultad de conocer la verdad; la posibilidad de hacer el mal no está en la esencia de la libertad…”

Pero ¡ay!, las sutilezas filosóficas no tienen sitio en política: fundamentar una sociedad sobre la libertad ilimitada de opinión y de acción, es entregarla sin control a las más fuertes pasiones. No es, en absoluto, darle “el poder de hacer el bien. Cuando los equipos ‘del mal’ están instalados en el poder por el libre juego de las instituciones democráticas, su primera preocupación es precisamente impedir a este poder que haga el ‘bien”.

Además este tipo de liberalismo caía en el ridículo. Basta releer hoy ese pobre himno de la “Acción Liberal Popular” que se entonaba a modo de canto en los mítines de Piou y en el cual la poesía era tan pobre como el pensamiento.

Respecto a la plasmación de la libertad, Piou y sus liberales iban a ver a los electores llevar al poder al masón Combes que debía desencadenar la persecución religiosa, cerrar los conventos, expulsar a los religiosos, confiscar las iglesias.
La dictadura de la Masonería fue total, y el Gran Oriente de París con todos los recursos del poder, iba a extender su acción a toda la Europa católica (Italia, España, Portugal) por medio de las logias y de la prensa cuyos órganos adoptan los mismos títulos: Le Progrès, Le Libéral, la Lanterne, La Marselleise, etc.
Una segunda ola de jacobinismo se extendió por Europa.

Ante esa persecución, Piou se lamentaba:
“La facilidad con que se atenta contra el Concordato, la impunidad que puede cubrirlo, sacan a la luz el vicio radical de las instituciones que nos rigen. Se las proclama liberales y son armas para lo arbitrario”.

Error. Las instituciones de la III República eran perfectamente liberales. Cada uno había acudido a la Ley del Número. El Número se había declarado contra el señor Piou. Ya no había nada que decir.

Entonces, Piou sutilizaba así:
“Se nos ha dicho –escribía- que tenemos una Constitución; de hecho, no tenemos sino la mitad de una. Una Constitución no es un simple conjunto de leyes que regulan la forma del gobierno; es también un conjunto de garantías que protegen contra los poderes anónimos de la mayoría, el derecho natural y las libertades esenciales de los ciudadanos”.

También ahí se equivocaba. Esas “mayorías anónimas” son el mismo fundamento de la democracia y ésta no tiene otro. No puede tener otro. Rousseau lo había dicho: “No puede haber ley fundamental ni aun para el Contrato social”.
Si Piou bautizaba como “mayoría anónima” a la voluntad del cuerpo electoral cuando aquélla se manifestaba contra sus ideas era un mal demócrata.

¿Mal demócrata? mas bien un pobre hombre que jugó con palabras de moda, hasta que le estallaron en sus narices como un petardo de carnaval.

En octubre de 1905 reconocía:
“La francmasonería es la que inspira todo y dirige todo; ella elige presidente, ministros, senadores, diputados, espía al ejército, manda arrancar los crucifijos de las escuelas y de los ayuntamientos, perseguir a los católicos”.

Todo eso era verdad. Pero el Número lo aplaudía. ¿Entonces? ¿Vox Populi, vox Dei?
¿Acaso era Dios el que ordenaba arrancar los crucifijos?
Todo un callejón dialéctico sin salida.

En 1910, Piou juzgará con severidad la política que había seguido hasta entonces, la que él había creído del “mal menor”.
“El mal menor puede ser el peor de los males. El peor de los males es el abandono, la abdicación, la complacencia hacia los malos. Hay algo peor que la negación manifiesta, es el abandono complaciente de los principios, es el lento desplazamiento con aires de fidelidad”.
En julio de 1914 ya no quedaban más que 23 diputados de L’Action Liberale Populaire. Antes del “Ralliement” de 1892 había 200 diputados de la Unión Conservadora.