• El Gobierno ayuda a ETA a consolidar el exilio vasco


Bilbao, 16 junio 2008. FARO se ha ocupado varias veces de la situación de cientos de miles de vascos y decenas de miles de navarros que durante las últimas tres décadas se han visto obligados a abandonar su tierra por causa de la amenaza terrorista. La situación tiende a empeorar, con el propio Partido Popular abandonando sus últimos disimulos antiterroristas y perfilando su nuevo acercamiento a los separatistas, como acaba de probar en Valencia al votar, junto con los pancatalanistas, contra un homenaje a las víctimas del terrorismo en el parlamento autónomo.

Parece que ahora el Gobierno central está dispuesto a usar el dinero público para consolidar ese exilio y dejar las Vascongadas y el Reino de Navarra en manos separatistas (el retorno de los exiliados cambiaría drásticamente el mapa electoral de aquellas provincias). Recogemos la siguiente información de Minuto Digital:

Los amenazados por ETA podrán abandonar el País Vasco con ayudas del Gobierno

Redacción MD | Bilbao | 16 Junio, 2008 |

Las personas acosadas o perseguidas por ETA tendrán el apoyo de la Administración para rehacer su vida lejos del País Vasco o Navarra. La nueva Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que prepara el Ministerio del Interior incluirá ayudas para que estas "víctimas vivas" puedan conseguir, con mayor facilidad, una nueva vivienda o un nuevo trabajo.

El borrador con el que trabaja la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo no hablará de un ‘estatuto del perseguido’ como tal y no recogerá "indemnizaciones directas" a estos damnificados. Sin embargo, sí incluirá, tal y como pidió hace dos semanas el Parlamento, el reconocimiento "moral" y "político" a las personas acosadas por ETA.

Las únicas ayudas, explicaron responsables del departamento, serán "discriminaciones positivas" para el caso de que los amenazados decidan abandonar sus lugares de residencia habitual. Interior quiere que puedan optar, junto a las víctimas directas del terrorismo, a los cupos en las viviendas protegidas o a traslados laborales si son funcionarios de la Administración pública.

El Gobierno ha "descartado por completo" que estas personas puedan acceder a indemnizaciones, ya que esta posibilidad no tiene "amparo jurídico". "Para que existan efectos indemnizatorios tienen que darse dos condiciones: que haya un hecho concreto delictivo (un atentado) y que se hayan producido daños físicos, materiales o psicológicos cuantificables. Y esto no ocurre con los perseguidos", explicaron altos responsables del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.

En cualquier caso, las "medidas de apoyo" a este colectivo aún no están cerradas. El director de la oficina de víctimas, José Manuel Rodríguez Uribes, ya ha anunciado a los colectivos de damnificados que tendrán voz en el diseño del futuro texto, incluida la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo, con la que el Gobierno mantuvo fuertes desencuentros en la pasada legislatura y que ahora parecen haber amainado.

El Ejecutivo también tratará de pactar con todos los grupos del Parlamento este texto antes de que llegue a la Cámara, para que pueda ser aprobado en lectura única.

En esas reuniones se acordará la forma en que se hará el "reconocimiento político" a los perseguidos. Los responsables de Interior pretenden que este homenaje legislativo se haga en la exposición de motivos del texto, aunque está abierto a otras sugerencias dentro del articulado.

El proyecto de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo incluye nuevos derechos a los damnificados durante el proceso penal en el que se enjuicien sus casos. Se garantizará por ley que los afectados no vuelvan ser "víctimas por segunda vez" durante los juicios. Así, a partir de la aprobación de la nueva normativa las personas atacadas en un acto terrorista no volverán a compartir espacio con los familiares de los autores de la acción.

El Gobierno quiere también reducir al mínimo la presencia física de las víctimas en los juicios para evitar sufrimientos extras, tal y como han solicitado de manera reiterada los colectivos afectados.

Además, la ley integral incluirá la obligación de los tribunales de informar de manera regular a los damnificados sobre los estados de los sumarios y procesos. El borrador insistirá en varios de sus nuevos artículos en terminar con la discreción de los jueces a la hora de determinar las indemnizaciones. Por primera vez, se fijarán los mínimos y máximos, ya actualizados, que percibirán los afectados para evitar los agravios comparativos entre víctimas.

La ventanilla única, en la que se centralizarán todas las gestiones con el objetivo de evitar burocracias innecesarias, será otro de los ejes del futuro texto, en el que el Ministerio del Interior quiere refundir la dispersa legislación que atañe a las víctimas. En la actualidad, sólo la normativa básica estatal suma seis leyes, siete reales decretos y tres órdenes internas.
Resulta extraordinariamente llamativo que sólo ahora se piense en proteger a las víctimas del terrorismo durante los juicios, cuando los terroristas y sus aliados, con protección policial, suelen acosarlas, insultarlas y amenazarlas. Y que se anuncie tales medidas al mismo tiempo que se pone de manifiesto que el Gobierno no piensa hacer nada para devolver a los exiliados lo que es suyo, ni por hacer justicia y poner paz en las Provincias Vascongadas y en Navarra. Lo que ahora se planea, si no lo ha decidido la propia ETA, se ha decidido para favorecer su estrategia, en vísperas del pseudo referéndum del PNV e Ibarreche.


Sobre esta situación está a punto de estrenarse --sin ningún apoyo oficial-- la nueva película de Iñaki Arteta Orbea, El infierno vasco. FARO informó en su día sobre sus anteriores películas, Trece entre mil y Olvidados. Copiamos de la web oficial de la nueva producción:

Huyendo del asesinato, la extorsión, el aislamiento social o de las imposiciones lingüísticas, decenas de miles de familias vascas no nacionalistas han abandonado el País Vasco en los últimos treinta años.

Rodado entre 2005 y 2008, "El infierno vasco" es un recorrido por las experiencias de un buen número de ciudadanos vascos que optaron por el éxodo a lugares más seguros y con mejores condiciones democráticas.

"El infierno vasco" es un documental de 105 minutos dirigido por Iñaki Arteta cuyo montaje definitivo se ha concluido este mes de marzo.

En estos momentos se está en proceso de búsqueda de distribuidor que permita un estreno en salas comerciales.
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Agencia FARO