Tema: Para Néstor y Kristina. Durísimo.

Hermanos: cuando queràis hacer turismo por Argentina, no busquèis Agencias, buscad alguna ONG que os muestre LA VERDAD de la maravillosa y europea Argentina.

ESto no es autocompasiòn, ni los berreos de un chiquilín malcriado que reniega por no ser el ombligo del mundo. Es la realidad dolorosa y lacerante que se esconde al mundo, y que algunos pretendemos(tal vez ilusamente) cambiar para bien..

PERSECUCIONES Y DETENCIONES MASIVAS EN MENDOZA, SANTIAGO Y FORMOSA PARA QUITARLES SUS TIERRAS

La pésima suerte de nacer campesino
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.

Por Darío Aranda

La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.

En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.

La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.

“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.

En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.

En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.

Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.

“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.

En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).

Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.

El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.

Los centros de atención a los drogadictos no dan abasto

11:33|El sistema de salud los rechaza por falta de infraestructura. "No hay camas en ningún hospital", se quejó un miembro de la Corte Suprema. Hay más demanda de gente que busca tratarse que oferta.




En la Argentina, unas 50.000 personas al año buscan tratarse por su adicción a las drogas pero no lo consiguen, según estimaciones oficiales. No es que les falte fuerza de voluntad a la hora de iniciar un tratamiento. Tampoco que desconozcan -ellos y sus familias- que en sus casos el consumo de sustancias es problemático. La cuestión es más elemental: a la enorme mayoría el sistema de salud los rechaza por falta de capacidad.
SDLqLos centros de tratamientos son insuficientes", aseguró Carlos Damín, jefe de Toxicología del Hospital Fernández y consultor del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes creado por el Gobierno Nacional. Y agregó: "En algunos lugares, como no los pueden atender, les dicen que vuelvan en 20 días para hacer la admisión. Pero al adicto hay que atenderlo en el momento o se los pierde". Esta semana, tras el histórico fallo que dejó sin efecto la criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal, el juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt reclamó públicamente que el Estado destine más dinero a las "entidades intermedias" que contienen y tratan a adictos a las drogas. "No hay camas en ningún hospital para adictos", se quejó el ministro.


"La capacidad de todo el sistema es insuficiente, pero creo que lo más acuciante es la falta de camas: a un paciente que requiere internación difícilmente se le pueda encontrar un tratamiento alternativo", explicó Rafael Arteaga, psicoanalista y subjefe del Servicio de Prevención del Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso). El Observatorio de Drogas de la Secretaría de Programación para la Prevención de Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) acaba de elaborar un censo nacional de centros de tratamiento. De acuerdo al relevamiento, en todo el país hay 592 sitios públicos y privados en los que se atiende a "pacientes con problemas de abuso de sustancias psicoactivas".

El censo también estableció que todo el sistema cuenta con 2.980 camas para internación y que el 71,9 por ciento de los centros ofrecen tratamiento ambulatorio. Lo que el estudio no determinó, ni siquiera de manera aproximada, fue qué cantidad de pacientes con problemas de adicción por año puede atender el sistema. En el organismo evitaron reconocer con todas las letras que la capacidad de atención en el país sea insuficiente. "La demanda no estaría satisfecha", se limitaron a contestar.Pero en FONGA, la federación que nuclea a 70 ONGs que administran centros de rehabilitación, no tuvieron problemas en admitir lo que asoma como evidente. "Hay poca cantidad de centros para la demanda que hay", afirmó Rubén González, presidente de FONGA. González es director del Centro Juvenil Esperanza, una institución que cuenta con 28 camas para internación. "Están todas ocupadas, no entra ni un alfiler. Se va un paciente y enseguida tengo a otro que ocupa su lugar", contó González.
Carlos Souza, de la Fundación Aylén, coincidió: "No se da abasto para cubrir toda la demanda. Además, los subsidios que paga el Sedronar son como una gota en el océano".

El Sedronar no atiende directamente a las personas con problemas de adicción sino que los deriva a diferentes centros. Y a esas instituciones les paga un subsidio por cada paciente. En julio pasado el organismo pagó subsidios a 620 personas, según informó Carlos Vizzotti, director de Asistencia del Sedronar. El organismo paga los tratamientos de los mayores de 18 años que estén documentados y no tengan cobertura social. La Subsecretaría de Atención a las Adicciones bonaerense, por su parte, informó que atiende a "más de 10.200 pacientes por mes por tratamientos de consumo de sustancias". La Ciudad maneja tres centros de tratamiento (Casa Flores, Casa Puerto y Casa Faro), en los que en el primer semestre de este año se atendieron a 574 personas. Y en el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) se trata a unas 160 personas por mes en los servicios de tratamiento ambulatorio y en el del centro de día. Ese centro cuenta además con 70 camas para internación. El viernes pasado estaban todas ocupadas.

En los hospitales públicos de la Ciudad los servicios de tratamientos para adictos son prácticamente inexistentes, según reconoció el doctor Damín. "Y más escasos aún son, sobretodo, en el área de desintoxicación: esto solamente se hace en el Fernández", añadió. En ese hospital tienen una flamante sala con 10 camas de capacidad para tratar a consumidores de drogas con graves problemas de adicción que necesiten internación. Sonará incoherente, pero es cierto: la sala está cerrada con llave desde el año pasado. Damín está a la espera de que el Ministerio de Salud autorice su funcionamiento.

Iniciado por Godofredo de Bouillo

Hermanos: cuando queràis hacer turismo por Argentina, no busquèis Agencias, buscad alguna ONG que os muestre LA VERDAD de la maravillosa y europea Argentina.

O sea, que para ti LA VERDAD es solo lo malo y negativo, nunca lo bueno.

Es la realidad dolorosa y lacerante que se esconde al mundo, y que algunos pretendemos(tal vez ilusamente) cambiar para bien..

Está muy bien que trates de cambiarla, pero no por eso debes perder perspectiva de lo positivo que es tambien parte de la "realidad".