Tema: Defección católica de Carlos VII; R. Nocedal funda el Partido Integrista (1888)

Génesis del Partido Integrista

«Antes de acabarse el año 1885», afirmarían después los integristas había ya dentro del carlismo muestras de oposición y antipatía a los defensores de la integridad y pureza de las doctrinas, y de inclinación y benevolencia hacia sus adversarios… corrientes de conciliación que amenazaban arrastrar al partido carlista por nuevos y sospechosos derroteros.

Para reimplantar la disciplina, Carlos VII utilizó al escritor y antiguo periodista Navarro Villoslada, cuya presencia, alejada de las luchas políticas tiempo atrás, desviaba implícitamente el eje del legitimismo lejos de ‘El Siglo Futuro’, dirigido ahora por Ramón Nocedal, tras el fallecimiento de su padre en julio de 1885.

En principio, parece que Navarro había sido instado, aún en el 85, a oscurecer este diario con la resurrección de ‘El Pensamiento Español’, activo en los últimos años isabelinos -con cierto aire balmesiano, de tradicionalismo transaccionista- y en el sexenio revolucionario.

En marzo del 86, no obstante, el escritor se limitó a enviar una carta a ‘El Siglo Futuro’ y a ‘La Fe’, de nuevo a la cabeza del carlismo templado. En ella declaraba su carácter incidental de consejero del monarca proscrito -de sucesor de Cándido Nocedal en definitiva- y, de acuerdo con aquel, insistía en la necesidad de terminar con los ataques contra la jerarquía episcopal. «Eso de retirarse a las trincheras de la política -decía sobre la iniciativa del ‘Diario de Sevilla’- para sustraerse a la acción episcopal además de ser inútil y aun contraproducente, implica una especie o concepto erróneo, cual es el de suponer que la política, hija de la moral, no cae bajo la jurisdicción y magisterio de la Iglesia».

La carta fue discutida por los periódicos íntegros en memorable resistencia, que dirigieron ‘La Cruz de la Victoria’, ‘La Verdad’ de Santander, el ‘Diario de Sevilla’, ‘El Intransigente’ de Zaragoza y ‘El Correo Catalán’. Lo hacían sobre todo en razón de la sumisión que se les exigía en este último párrafo. Contra ellos, Carlos VII ratificó explícitamente el contenido de la carta. Pero, a petición del mismo pretendiente, Villoslada aclaró que no había en ella renuncia a la autonomía, porque «en el terreno de la acción política sólo a la potestad temporal incumbe dar órdenes». Tampoco había, de otra parte, ni colaboracionismo con el régimen liberal ni afán de escindir el partido.

La aclaración fue interpretada como triunfo del integrismo. Pese a ello, el escritor ratificó la condena arzobispal de ‘La Ilustración Popular Económica’ de Valencia en 31 de marzo de 1885 y declaró en rebeldía, en abril, a ‘La Verdad’ de Santander, por falta de respeto a la persona del monarca proscrito. Todavía en abril, Navarro Villoslada dimitía como representante suyo, por motivo de salud. «Una sola consideración me hace más llevadero el contratiempo de verme privado de tus servicios -le escribió el pretendiente-, y es la de que la obra que especialmente te encomendé, está ya llevada a feliz remate».

Unos meses después, reorganizaba éste el carlismo español en sentido que fue juzgado autoritario por los integristas: lejos «de nuestras antiguas formas patriarcales». Habría en cada región un delegado del rey proscrito. Ellos serían cooperadores para mantener incólume el principio de autoridad, «a fin de que nadie alegue ignorancia y los directores y redactores de periódicos, muy singularmente, tengan una regla fija y segura en sus escritos, ya de polémica, ya de cualquier otro género que se rocen con los principios salvadores de nuestra causa».
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Para entonces, comenzaba a salvarse la templanza de la postura legitimista en una crisis previsible. En octubre de 1886, Carlos VII había comunicado la abdicación de su padre, Don Juan, en él, con términos visiblemente moderados sobre sus intenciones…

En el invierno de 1887-88, la interpretación de estos términos filo-liberales (por la promesa de Constitución) se mezcló en la polémica encabezada por ‘La Fe’ y ‘El Siglo Futuro’. Ahora se trataba de aceptar o no que «el primero de los deberes es manifestar públicamente los sentimientos de adhesión inquebrantable a la real familia proscrita» que así hablaba. Lo que, para el segundo y sus seguidores, equivalía a subordinar la ortodoxia, incluso y principalmente religiosa, a las autoridades humanas. Sobre este punto, ‘La Fe’ arguyó además la conveniencia de mantener la tolerancia de cultos de la Constitución alfonsina de 1876 antes que reimplantar una unidad católica que exigiera espionaje religioso o «represión heterodoxa», repulsivas en su criterio.

Se trataba por tanto, en palabras de ‘El Siglo Futuro’, de respetar o no «el principio mismo de la Inquisición», intangible para los íntegros. En su argumentación, ‘La Fe’ se apoyó en ciertas frases del manifiesto de Morentín, de 16 de julio de 1874, en las que Carlos VII repudiaba también aquel tipo de espionaje espiritual. Aunque el periodista Valentín Gómez se dijo autor del documento, el pretendiente afirmó su exclusiva paternidad. Y ello planteó con mayor acritud el dilema ‘entre la fidelidad a D. Carlos y la fidelidad a los principios capitales y esenciales de la monarquía cristiana.

Inútilmente, el propio rey proscrito exigió silencio a Nocedal en carta de 26 de enero de 1888. Y llamó a Luis María Llauder, director de uno de los diarios intransigentes más significados, ‘El Correo Catalán’, para convertirlo en mediador entre las dos fracciones.

De la entrevista de ambos en Venecia surgió una declaración formal del escritor, publicada el 14 de marzo en aquel periódico, sobre ‘El Pensamiento del Duque de Madrid’. Para este, la unión de los católicos debía de consistir «en la afirmación de estos tres puntos. Obediencia al Papa y a la Iglesia en lo religioso, sumisión a la persona de D. Carlos en lo político, y en su consecuencia adhesión a los principios o bases de su bandera, que quiere conservar en toda su integridad y pureza, sin vacilaciones ni debilidades».

Sobraba, por lo tanto, la usual distinción entre integristas y semi-integristas dentro de su partido. «Si el que abraza la verdad íntegra puede ser carlista, el que la rechaza no puede pertenecer a nuestra comunión. Y pues con decir carlista queda significado esto, que cree D. Carlos que hemos de abandonar estos aditamentos que traen confusión.

Surgida ahora la polémica sobre la disciplina que se les imponía, la discusión (que llenaba ya la mayor parte de las publicaciones tradicionalistas) se agravó acaso con el artículo de Emilia Pardo Bazán, en ‘La Fe’ del 30 de abril de 1888, «Confesión política». Aconsejaba decidirse por la templanza expresa en el escrito de Llauder (el rey le había hablado de tolerancia religiosa de nuevo). Había que convertir el carlismo en «partido escéptico» que diera «más valor a la rebaja de tributos que a la ley de matrimonio civil».

Exigido de nuevo el silencio por el rey, Nocedal planteó, en representación a Carlos VII de 1 de junio, la cuestión de su jurisdicción sobre problemas doctrinales, implícita en todo esto. El monarca le respondió que «indudablemente para que haya unidad en nuestros trabajos se necesita un juez que esté por fuera y por encima de toda discusión», que había de ser «el rey, depositario del principio de autoridad. Y le conminó por última vez a la sumisión.

Destacado en este debate ‘El Tradicionalista’ de Pamplona, el subdelegado carlista en Navarra lo declaró expulsado del legitimismo aún en junio. Y a comienzos de julio, por orden de Don Carlos, su secretario Melgar ratificó la medida y la amplió a las nueve publicaciones tradicionalistas de Cataluña y a ‘El Siglo Futuro’ por adherirse al diario pamplonés.

Así nacía el Partido Integrista, encabezado por Ramón Nocedal y ‘El Siglo Futuro’ y justificado por el filósofo Ortí y Lara, que, en nueva evolución (había sido tradicionalista independiente y luego afín a la Unión Católica), destacó en las acusaciones de liberalismo formuladas contra el rey proscrito. Quizá treinta publicaciones y buena parte de las fuerzas del carlismo constituyeron el nuevo grupo. Su definición quedó expresa en la «Manifestación» escrita de Burgos, firmada el 31 de julio por representantes de 24 periódicos.El documento consideraba a don Carlos rebelde a su propia causa. Dentro del lema ‘Dios, Patria, Rey’, presentaba «la unidad católica como la primera ley fundamental de la sociedad española», que había de concretarse, no en una mera declaración formal, sino en «el gobierno de Cristo Rey, Señor y Dueño absoluto de todas las cosas.

Concretaba esta dependencia en términos teocráticos de ortodoxia un tanto confusa: «Como el cuerpo al alma ha de estar unido y subordinado el Estado a la Iglesia, el luminar menor al mayor, la espada temporal a la espiritual, en los términos y condiciones que la Iglesia de Dios señala, como lo establecen nuestras leyes tradicionales. La enseñanza ha de sujetarse a la autoridad de la Iglesia, y a su magisterio infalible y jurisdicción soberana han de someterse las doctrinas. Se han de reconocer todas las preeminencias, privilegios y fueros eclesiásticos establecidos por los sagrados cánones. Y sin perjuicio de estar a lo que la Santa Sede, única autoridad en la materia, estime más conveniente en cada caso, la España tradicional no quiere regatear a la Iglesia de Dios sus derechos, ni pactar con ella como con potencia extraña lo que mutuamente se han de conceder; sino someterse humildemente a su jurisdicción y magisterio, reconocerle cuantos derechos y atribuciones nos enseña y sabemos por su doctrina que son suyos, y vivir con ella en las relaciones propias y naturales de subordinación y amor».

«Vicarios de Dios son los reyes» -insistía, en la misma línea del agustinismo político. Pero «el que ha de ser rey, antes de recibir el reino debe prestar juramento de guardar y cumplir sus leyes fundamentales, fueros y franquicias, y en primer término la unidad católica; y el que falte a su juramento quiere la ley que sobre hacerse merecedor de todas las maldiciones que lanza Dios contra el perjuro, pierda su dignidad», por medios que no indicaba.

Paradójicamente, se dijo que la reunión de Burgos había sopesado la aceptación de la forma republicana de Gobierno, tal vez influida por el recuerdo de la presidencia de García Moreno en el Ecuador, propuesta como ejemplo de constitucionalismo católico por la prensa confesional de la Revolución y los inicios del nuevo régimen....

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