El caso para el “Restablecimiento” del Banco de Canadá

El caso para el “Restablecimiento” del Banco de Canadá

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Por M. Oliver Heydorn

Existe un caso legal muy interesante que se está desarrollando en Canadá en este momento. William Krehm, Anne Emmett y Comer (The Committe for Monetary and Economic Reform: COMER â€” Committee on Monetary and Economic Reform) presentaron una demanda el 12 de diciembre de 2011, en la Corte Federal, para intentar obligar a una restauración del Banco de Canadá de acuerdo con sus fines encomendados. En esencia, quieren que el Banco de Canadá proporcione préstamos libres de interés a los gobiernos federal, provincial y municipal, como aparece previsto en la Ley del Banco de Canadá. Este dinero sería usado para financiar gastos públicos siempre que hubiera un déficit presupuestario. Al parecer, el gobierno federal solía tomar prestado libre de interés (al menos hasta cierto punto) del Banco de Canadá hasta 1974. Actualmente, los gobiernos toman prestado todo el dinero necesario (aparte del procedente de cualesquiera bonos que puedan vender al público) a partir de los bancos privados al tipo de interés existente. Los canadienses son económicamente gravados con las resultantes cargas para el servicio de la deuda porque el Banco de Canadá no hace uso de sus prerrogativas en interés del público canadiense. El caso está siendo llevado por Rocco Galati, quien es ampliamente considerado como uno de los principales abogados constitucionalistas de Canadá.

La naturaleza de la demanda ha sido explicada en www.pressfortruth.ca en los siguientes términos:

“DOS CANADIENSES Y UN THINK TANK ECONÓMICO CANADIENSE SE ENFRENTAN A LOS PODERES FINANCIEROS GLOBALES EN LA CORTE FEDERAL DE CANADÁ. ESTOS CANADIENSES PIDEN UNA SENTENCIA DECLARATIVA QUE RESTAURE EL USO DEL BANCO DE CANADÁ EN BENEFICIO DE LOS CANADIENSES Y QUE SE ELIMINE EL CONTROL QUE TIENEN SOBRE ELLA LAS ENTIDADES PRIVADAS INTERNACIONALES, CUYOS INTERESES Y DIRECTRICES SE PONEN POR ENCIMA DEL INTERÉS DE LOS CANDADIENSES Y LA PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN DE CANADÁ.

El abogado constitucional canadiense Rocco Galati, en nombre de los canadienses William Krehm y Ann Emmet, y de COMER (Committe for Monetary and Economic Reform) presentaron el 12 de diciembre de 2011, en la Corte Federal, una acción legal para que se restaure el uso del Banco de Canadá conforme a sus fines originales, mediante el ejercicio de su deber y responsabilidad estatutarios públicos. Dicha finalidad incluye hacer préstamos libres de interés a los gobiernos municipal/provincial/federal para gastos de “capital humano” (educación, salud y otros servicios sociales) y/o gastos de infraestructura. La acción legal también desafía constitucionalmente los falaces métodos de contabilidad del gobierno en sus presentaciones del presupuesto, al no calcular ni revelar los ingresos verdaderos y totales de la nación antes de transferir de vuelta “créditos fiscales” a las corporaciones y a otros contribuyentes. Los demandantes declaran que, desde 1974, ha habido un gradual pero firme deslizamiento hacia la realidad de que el Banco de Canadá y la política financiera y monetaria de Canadá están mandados y dictados por bancos privados extranjeros e intereses financieros contrarios a la Ley del Banco de Canadá.

Los demandantes declaran que el Banco de Pagos Internacionales (B.P.I.), el Foro de Estabilidad Financiera (F.E.F.) y el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) fueron todos ellos creados con la intención consciente de mantener a las naciones más pobres en el mismo estado que ahora se ha expandido a todas las naciones; que estas instituciones financieras tuvieron amplio éxito en anular los gobiernos y los órdenes constitucionales en países como Canadá, sobre los cuales ejercen el control financiero. Los demandantes declaran que las reuniones del B.P.I. y del Consejo de Estabilidad Financiera (C.E.F.) (sucesor del F.E.F.), sus debates, sus discusiones y deliberaciones son secretas y no están disponibles ni son responsables ante el Parlamento, ni ante el ejecutivo, ni ante el público canadiense, a pesar de que las políticas del Banco de Canadá emanan directamente a partir de estas reuniones. Estas organizaciones son esencialmente privadas; entidades extranjeras que controlan el sistema bancario y las políticas socio-económicas de Canadá.

Los demandantes declaran que los acusados (funcionarios) están inconsciente y/o conscientemente, en varios grados, conocimiento e intención, comprometidos en una conspiración, en unión con el B.I.S., el C.E.F. y el F.M.I., para hacer impotente la Ley del Banco de Canadá así como la soberanía de Canadá sobre la política financiera, monetaria y socio-económica, y desviar o evitar el gobierno soberano, ejercido sobre el Canadá a través de su Parlamento, por medio de los sistemas bancarios y financieros”. Press For Truth.

El 26 de enero de 2015, la última apelación en representación de la Corona para que el caso fuera rechazado, fue desestimada por tres jueces en la Corte Federal en Toronto. El gobierno federal tiene ahora 60 días para recurrir la decisión a la Corte Suprema. Cf. Press For Truth. Resulta bastante interesante que, tanto el caso mismo como los varios desarrollos que han ocurrido, no estén siendo cubiertos en absoluto por los principales medios de comunicación. Mientras que los otros casos del Sr. Galati regularmente han recibido una cercana cobertura a lo largo de todo el país, este caso en particular, que él cree que probablemente sea el caso más importante que haya tenido hasta la fecha, sin embargo, ha sido totalmente ignorado. Cuando le fue preguntado sobre esto, el Sr. Galati dijo que él tiene una base firme para creer que el gobierno canadiense ha pedido u ordenado que los principales medios de comunicación no cubran el caso (él no podía divulgar sus fuentes) y que, en su opinión, el gobierno controla los medios de comunicación hasta cierto punto y en ciertos limitados asuntos. También añadió que él no cree que nosotros en Canadá estemos viviendo en una democracia. De hecho, ya en 1999 se le había recogido unas declaraciones afirmando que habíamos entrado en una “dictadura silenciosa”.

En lo concerniente a la valoración del caso, el Sr. Galati dijo que éste está sobre sólidos fundamentos legales y constitucionales, y que sus clientes deberían ganar. El que ellos ganen o no es ya otra cuestión. Como el Sr. Galati ha reconocido: “No todos los casos meritorios ganan en nuestro sistema judicial”.

Desde una perspectiva de Crédito Social, ahorrar el contribuyente grandes sumas de dinero y/o preservar al país de un incremento en el endeudamiento público mediante la emisión de dinero libre de interés a partir del Banco de Canadá, ciertamente constituye una buena cosa [1]. Sin embargo, una reforma del sistema como ésa no tiene en cuenta el problema fundamental que existe con los actuales órdenes financiero y económico: la escasez crónica de poder de compra del consumidor. La brecha macroeconómica entre los precios y los ingresos, que es causada primariamente a partir de la forma en que el capital real (máquinas y equipo) es financiado y la forma en que sus costes son a continuación contabilizados bajo las actuales convenciones, constituye LA cuestión que necesita ser tenida en cuenta. En general, el actual sistema se ocupa de esa brecha rellenándola con dinero-deuda adicional procedente del sistema bancario privado en forma de deudas al consumidor, corporativas y públicas. En lugar de estos paliativos, un sistema de Crédito Social rellenaría esa brecha con dinero “libre de deuda” y lo distribuiría a los consumidores, directamente a través del Dividendo Nacional, e indirectamente a través del Descuento Nacional sobre los precios al por menor. Es crucial que el individuo, el consumidor común, sea el principal beneficiario de cualquier reforma monetaria y que se le conceda el pleno control de la política crediticia dentro del contexto de un sistema financiero que funcione correctamente.

En conexión con este pleito en particular, y para mayor clarificación del punto recién tocado, debería mencionar también que el hecho de conceder al gobierno el derecho de rellenar la brecha de acuerdo con sus objetivos políticos (es decir, emplear a la gente para trabajar en producción pública) o, más en general, el hecho de concederle a él o al Estado el derecho exclusivo de controlar todo el suministro de dinero, es absolutamente incompatible con la filosofía social y política subyacente al Crédito Social. Las instituciones existen para servir a los intereses de los individuos, y no al revés. Esto es, los consumidores individuales deben controlar la política financiera, y no el gobierno, el Estado o los bancos privados. No tiene sentido “restaurar al Estado el derecho de crear y emitir dinero” si el Estado va a continuación a controlar los fines para los que han de ser emitidos los créditos al productor y al consumidor. Ésta es la gran trampa de la que ciertos reformadores monetarios –los cuales están justamente preocupados de la hegemonía de la banca privada– son felizmente inconscientes. Si, Dios no lo quiera, dichos reformadores se salieran con la suya, y el Estado fuera a obtener el control monopolístico total sobre el suministro de dinero, pienso que ellos descubrirían con horror que la misma gente que impone un enorme control sobre el privado y parcialmente descentralizado sistema monetario, pasaría a estar en completo control del sistema estatal.

Monopolio es el nombre de este juego; no seamos “idiotas útiles”.

Adenda: Aquellos individuos que creen que el principal problema que existe con los actuales sistema financiero y régimen económico consiste en el mero hecho de que los bancos privados crean la mayor parte del suministro de dinero ex nihilo y a continuación cargan interés sobre los préstamos que ellos emiten haría bien en leer con atención los siguientes posts del blog que explican las diferencias entre esta opinión y el enfoque único del Crédito Social respecto a la reforma monetaria:

Crédito Social y usura

Usura, Crédito Social y Catolicismo

Crédito Social: una simple (si bien algo larga) explicación

Es hora de dar ya un giro copernicano económico

[1] Douglas a menudo criticaba la práctica de tener que depender de la toma de préstamos respecto de los bancos privados al tipo de interés de mercado existente con el fin de financiar las operaciones del gobierno. Cf., por ejemplo, C. H. Douglas, Social Credit, rev. ed. (Gordon Press, New York: 1973), 136 – 139 (el subrayado es mío):

“La Deuda Nacional subió entre agosto de 1914 y diciembre de 1919 de aproximadamente seiscientos sesenta millones de libras esterlinas a aproximadamente siete mil setecientos millones de libras esterlinas. Y esta subida representa, en su conjunto, el gasto durante ese periodo cuya recuperación en impuestos corrientes se consideró impracticable. Esto es, si tomamos la media de impuestos para fines de abastecimiento durante ese periodo 1914 – 1918 siendo de aproximadamente trescientos millones por año, la cantidad pagada por el público como consumidor por los bienes y servicios suministrados a él para fines de guerra fue de aproximadamente mil trecientos cincuenta millones, y el coste financiero de esos bienes y servicios fue de aproximadamente ocho mil trescientos cincuenta millones, una proporción de precio a coste de más o menos 1 : 6,2. En otras palabras, los bienes fueron vendidos al público a un sexto de su coste financiero nominal, y nadie perdió dinero ninguno sobre él en aquel entonces. ¿Cómo se hizo esto?

Una cantidad considerable de este dinero (un poco del mismo puede que exceda las cifras recién mencionadas) fue creado a través de lo que se conoce como la Cuenta de Medios y Arbitrios, y el funcionamiento de ésta aparece descrita en el primer informe del Comité sobre Moneda y Divisas, 1918, página 2. Parafraseado, el proceso puede ser explicado brevemente como sigue a continuación.

Si un crédito de diez millones de libras es adelantado en el Banco de Inglaterra en favor del crédito de los Depósitos del Público (es decir, del Estado), –lo cual simplemente implica la anotación de la subida de la cuenta de Depósitos del Público por una cantidad igual a aquélla–, entonces esta cantidad es desembolsada por los Departamentos de Gastos a los contratistas en pago por sus servicios, y cuando los cheques son liquidados, pasan al crédito de la cuenta que los banqueros (banco comercial) del contratista tienen con el Banco de Inglaterra. Los bancos comerciales están acostumbrados a considerar sus créditos con el Banco de Inglaterra como dinero en efectivo a la vista y, por tanto, diez millones de libras son acreditadas a los depositantes de los bancos comerciales, y diez millones de libras son acreditadas a la cuenta de dinero en efectivo de los bancos comerciales.

Como resultado de todo esto, los bancos comerciales, funcionando de acuerdo a una proporción de uno a cuatro entre el así llamado dinero en efectivo y el pasivo a corto plazo, son capaces de permitir a sus clientes (trabajando en contratos gubernamentales) descubiertos por valor de cuarenta millones, de los cuales una porción de los mismos será dedicada por sus clientes adquirir Letras del Tesoro o Préstamos de Guerra. Los bancos mismos pueden adquirir aproximadamente ocho millones de Letras del Tesoro o Préstamos de Guerra, a partir de sus saldos de “depósito” adicionales, o pueden prestar aproximadamente ocho millones al Banco de Inglaterra para que los preste al Gobierno. Eventualmente el resultado es el mismo, es decir, que el Gobierno debe cuarenta millones a los bancos, a través del Banco de Inglaterra.

Ahora bien, el primer punto que hay que tener en cuenta es que el resultado de este complicado proceso es exactamente el mismo que si el propio Gobierno hubiera proporcionado cuarenta millones en Billetes, con la importante peculiaridad de que el público paga un 4 ó 5 por ciento por año sobre los cuarenta millones en lugar de simplemente pagar el coste de imprimir esos Billetes. El efecto en los precios, mientras los cuarenta millones están pendientes de devolución, es el mismo, y los contratistas pagan un 6 ó 7 por ciento por sus descubiertos en lugar de obtener el uso del dinero gratis. Pero si los cuarenta millones son redimidos o amortizados a través de los impuestos, o a través de un impuesto sobre el capital, el público no sólo paga el 5 por ciento por año, junto con el 6 ó 7 por ciento del contratista, más un beneficio sobre ambos, sino que paga todo el conjunto de los cuarenta millones a partir del dinero que ha sido recibido procedente de los sueldos, salarios y dividendos. Que yo sepa, nadie jamás ha sugerido que los Billetes debieran ser retirados mediante impuestos. Es cierto que una vez que estos cuarenta millones son devueltos, tanto la deuda original como la devolución se cancelan la una con la otra, y solamente las cargas de interés van a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Banco. Pero, puesto que, como hemos visto, la devolución de los préstamos bancarios significa la inmovilización de una cantidad equivalente de valores en precios, esto solamente significa que un nuevo préstamo con nuevas cargas de interés ha de ser creado. Una consideración de estos hechos harán más fácil entender la implacable oposición de los banqueros y financieros al papel moneda del Gobierno y su insistencia en la importancia de lo que ellos llaman redención o amortización. El pago en impuestos corrientes de solamente un sexto del precio de las tiendas en tiempos de guerra, etc…, significa, por tanto, que se hizo al Público una concesión de crédito de los otros cinco sextos del precio. La devolución de este crédito es únicamente justificable en el supuesto de que los bancos sean propietarios del Crédito Público.”

Fuente: CLIFFORD HUGH DOUGLAS INSTITUTE