La Causa General


5ª Parte:


CÁRCELES ROJAS Y ASESINATOS COLECTIVOS DE PRESOS.


TERROR INDISCRIMINADO.
Ante el TERROR abiertamente desencadenado por el Frente Popular, a partir del 18 de julio de 1936, la seguridad de la vida y de los derechos de los españoles residentes en zona marxista era nula. El riesgo alcanzaba a los enemigos declarados del Frente Popular pero también simpatizantes de la causa Nacional, a los carentes de filiación política e incluso a los republicanos no extremistas.
También era peligro de muerte ser piadoso o practicar la religión católica, o tener fortuna o bienes que despetaran la codicia de algún miliciano o simplemente haberse ganado la enemistad personal de algún miliciano o chequista, o de alguno de sus delatores, o de los forajidos que habían sido armados y dotados de “autoridad” por aquel Gobierno y que resultaban omnipotentes.

Los hogares y domicilios particulares eran allanados y saqueados, sus ocupantes detenidos arbitrariamente y muchas veces asesinados impunemente, con frecuencia se EXTERMINABAN FAMILIAS ENTERAS, desde los ancianos abuelos a los tiernos nietos de corta edad.
No fue infrecuente la violación de un mismo domicilio, en el mismo día y varias veces, por diferentes facciones o partidas de faccinerosos armados y revestidos de “autoridad”.

En medio de este terror que envolvía y rodeaba la vida ciudadana en la zona roja, principalmente en Madrid, el ingreso en una cárcel oficial era un considerado un privilegio por los habitantes de la capital ya que durante el primer mes de guerra aún se presumía que el Gobierno de la República aseguraría el respeto a los presos confiados a la custodia de las autoridades.
El Gobierno de la República que se autotitulaba “LEGÍTIMO”, investido de la fuerza necesaria para hacerse respetar permitía transgresiones monstruosas del derecho de gentes a diario.


IZQUIERDA REPUBLICANA HECHA LEÑA AL FUEGO.
El 8 de agosto 1936, el diario madrileño “Política”, órgano del Partido de la IR, publicaba en su cuarta página una información sobre la Cárcel Modelo, insultante y despectiva para los presos, hacia los que reclamaba la atención pública. Entre otros párrafos de la malintencionada información, pueden destacarse algunos alusivos a los reclusos como: “... varios curas, castrenses o civiles, y como cumple a su oficio, gordos y lustrosos, salvo rara excepción … Sin afeitar la mayoría, no se diferencian gran cosa de los presos vulgares. El aire distinguido se lo daba la ropa o el uniforme … Hablan poco, meditan mucho y sollozan bastante … En otras galerías … albergan más fascistas de los comprometidos en la rebelión y otros que fueron apresados antes de que aquélla estallase, como los directores falangistas Ruiz de Alda y Sánchez Mazas. Y existen, por fin, los presos políticos. Antiguos y recientes. Los más notorios, de los últimos son el Dr. Albiñana, D. Melquíades Álvarez, y Martínez de Velasco. El tercero sólo ha pasado -con la de hoy- tres noches en el “abanico”. ¡Lástima que Lerroux y Gil Robles no les puedan hacer compañía! ...”


LOS PRESOS COMUNES.
Hasta mediados de agosto 1936, el régimen interno de la Cárcel Modelo (Madrid) aunue afectado por el excesivo número de reclusos que diariamente ingresaban en el establecimiento penitenciario y por el reflejo de los sucesos que ocurrían en la capital, era relativamente normal, sin intervención de milicias ni de organismos políticos o sindicales.
Los presos comunes, identificados con el régimen frentepopulista, se sentían acreedores de la libertad, no habían obtenido ésta con carácter general, sólo individuos concretos, por reclamaciones especiales de organizaciones del Frente Popular.
La población penal de la Modelo estaba distribuída como sigue:
· primera galería: militares.
· segunda, tercera galerías: falangistas.
· cuarta: delincuentes comunes contra la propiedad.
· quinta: expedientados de la Ley de Vagos y Maleantes, así como los presos comunes con delitos de sangre.
· cuerpo central del edificio, los denominados presos políticos.
· sótanos: algunos de los de la Ley de Vagos y Maleantes.

El día 15 de agosto, el subdirector de la prisión anuncia a los reclusos que, por Orden del Ministerio de la Gobernación, iban a enrar milicianos para un cacheo de los presos derechistas. En efecto miembros de la DGS a cuyo frente estaba Elviro Ferrer Obrador (personaje principal de la checa c/Marqués de Cubas, 19 y Montera, 22), así como milicianos de los Partidos Comunista y Socialista entraron y registraron la prisión, insultando y amenazando de muerte a los reclusos, robándoles ropas y objetos de valor.

Con los agentes y milicianos entró en prisión un grupo de milicianas vestidas como hombres y armadas de pistola que improvisaron mítines, haciendo captación y propaganda entre los delincuentes comunes a los que soliviantaban con soflamas, fomentando su odio contra los presos políticos.
Consiguieron así, romper el ambiente de indiferencia que hasta entonces había entre los reclusos comunes respecto de los presos políticos, generando una gran hostilidad y preparando un clima propicio para los trágicos sucesos que sucederían.

Días después la checa oficial de Fomento tomó el acuerdo de realizar un registro en la misma cárcel. Se encomendó la misión al chequista, conocido atracador, Felipe Emilio Sandoval (a) Doctor Muñiz que había sido liberado hacía poco de la Modelo en la que había entrado convicto por asalto y atraco a mano armada (junio 1936).

Para ejecutar su misión “policíaca” Sandoval con unos 40 milicianos que prestaban servicio en la checa que los anarquistas habían montado en el cine Europa entre los que había malhechores como Santiago Aliques Bermúdez (reclamado por autoridad judicial desde 1920, 9 veces por hurto, 3 por estafa, 2 por atentados, 2 por usurpación de funciones, 1 por lesiones, 1 por malos tratos, 1 por abusos deshonestos, 1 por robo a mano armada, siendo en 1925 condeando a 8 años, 4 meses y 8 días de presidio por hurto, atentado y usurpación de funciones).

Los milicianos iniciaron el registro el 21 de agosto que reanudaron al día siguiente, preparando, en unión de presos la matanza que tendría lugar.
El 22 de agosto entran a prestar servicio funcionarios extremistas frentepopulistas, algunos doblaron el turno para que todos fueran de absoluta “confianza” de los dirigentes marxistas y se reanudó el registro iniciado el día anterior, para ello dejan encerrados en uno de los patios a los presos políticos y encerraron en sus celdas a los otros detenidos de análoga significación, dejando en plena libertad dentro de la cárcel a los presos comunes.
Estos solicitaron su libertad absoluta y amenazaron con prender fuego a la prisión si no se les concedía inmediatamente. Sobre las 4 de la tarde los presos comunes de la quinta galería y sótanos incendian la leñera de la tahona del establecimiento alcanzando pronto cierta importancia, hundiéndose el piso de entrada a la 2ª galería.
Los de la CNT aprovecharon esto para propalar la FALSEDAD de que el incendio era obra de los fascistas, que querían escapar, y para evitarlo llamaron a los milicianos, acudiendo a los alrededores de la cárcel grupos de milicias de todas las significaciones frentepopulistas ocupando las azoteas de las casas adyacentes y penetraron en la prisión, mientras las turbas rojas pretendían asaltar la prisión para acabar con los desafectos del régimen rojo.

Al iniciarse el incendio, los funcionarios de la prisión avisaron a las autoridades y Parque de Bomberos, acudiendo el Director General de la DGS y el de Prisiones, y más tarde, el Ministro de la Gobernación, general Sebastián Pozas, observando todos una actitud pasiva sin evitar lo que iba a suceder y estaba sucediendo.
Los bomberos sofocaron el incendio, pero los milicianos se adueñaron del edificio, dirigidos por el socialistas Enrique Puente y pusieron en libertad a los comunes que asaltaron el almacén de víveres, el economato y las oficinas; desde los edificios contiguos empezó un fuego de ametralladoras contra el patio donde se encontraban numerosos presos matando muchos de ellos e hiriendo a otros.

Algunos izquierdistas destacados que habían acudido al lugar, instaron al Director General de Seguridad, diputado de IR, Manuel Muñoz para que impusiera su autoridad y evitara la masacre de los presos, pero Muñoz se desentendió de todo y abandonó la prisión al anochecer, dejándola en manos de los que iniciarían, esa misma noche la matanza.

Sobre las siete de la tarde, cesó el tiroteo, y el socialista Enrique Puente ya era dueño de la situación, con la pasividad del Ministro de la Gobernación y de los Directores Generales Seguridad y Prisiones. Obligó a los funcionarios a abandonar el edificio, y ya sin ellos, los milicianos seleccionaron una treintena de presos a los que llevaron a un sótano amenazando fusilarlos, y después a la primera galería donde se concentró a todos los presos políticos, indicandoseles que se iba a proceder a su fusilamiento en masa, sin llegar a ello.
Pero en cambio en la madrugada una selección efectuada por policías y milicianos en los sótanos de la 5ª galería, fueron asesinados diversos presos políticos de distinta significación, algunos conocidos por una vida política al servicio de la democracia:
· D. Melquíades Álvaresz González, Decano del Colegio de Abogados de Madrid, jurista, orador, diputado durante muchas legislaturas, Jefe del Partido Republicano Liberal Demócrata y ex Presidente del Parlamento.
· D. José Martínez de Velasco, Jefe del Partido Agrario, ex ministro de la República.
· D. Julio Ruíz de Alda, aviador militar, tripulante del Plus Ultra, fundador de Falange Española.
· D. Feranndo Primo de Rivera y Saénz de Heredia, Oficial del ejército y médico, hermano de José Antonio.
· D. Rafael Esparaza, diputado a Cortes.
· D. Manuel Rico Avello, ex ministro y ex Alto Comisario de España en Marruecos con la República, diputado a Cortes. Ministro de la Gobernación en 1933, garantizó la sinceridad de las elecciones que dieron el triunfo a la derecha.
· D. Francisco Javier Jiménez de la Puente, Conde de Santa Engracia, políticamente liberal monárquico.
· D. Ramón Álvarez Valdés y Castañón, ex ministro de Justicia de la República, miembro Partido Republicano Liberal y diputado a Cortes.
· D. José Mª Albiñana, abogado, médico, y diputado a Cortes.
· D. Oswaldo Fernando Capaz, general del Ejército y colonizador de Ifni durante la República.
· D. Rafael Villegas Montesinos, general del Ejército.
· D. Santiago Martín Báguenas, Comisario de Policía.
· D. Enrique Matorras Páez, falangista, de pasado comunista de los que abjuró públicamente en su libro El Comunismo en España, tenía 23 años.

Entre los que iban a ser asesinados figuraba el falangista León Simón pero consiguió escapar cuando era conducido a los sótanos y esconderse en el tejado donde permaneció hasta el 27 en que lo descubrieron y asesinaron.



LA MODELO EN PODER DE LOS MILICIANOS.
Tras los sucesos, se constituyó en la Cárcel un Comité de Control con representación de todos los partidos y organizacones frentepopulistas, y se encomendó la guardia interior a milicias como sigue:
· 1ª galería: a la CNT que destinaron a este “servicios” miembros de la checa Ateneo Libertario de Vallehermoso (convento c/ Blasco Garay, 51)
· 2ª galería: milicias socialistas, encomendaron la “misión” a Inspecció General de Milicias (checa c/ Ríos Rosas).
· 3ª galería: milicias republicanas.
· 4ª galería: milicinaos ferroviarios.
· 5ª galería: comunistas del 5º Regimiento de Milicias Populares.
La guardia exterior se encomendó a la Guardia de Asalto, dando aspecto de ofcialidad y normalidad.

Esta situación se siguió hasta el 25 de agosto en que se permitió la entrada de funcionarios de prisiones pero quedaron supeditados, en todo, a los milicianos. Estos funcionarios pudieron ver aún las manchas de sangre en los sótanos de los asesinatos allí cometidos.
La situación se mantuvo hasta la evacuación completa de la prisión (16 noviembre 1936) con este sistema se facilitaron las “sacas” de presos para ser asesinados, inicialmente de forma individual, luego en numerosas expediciones que se realizaron hasta la clausura de la cárcel.

El GOBIERNO ROJO tenía información precisa y diaria de los sucesos de la Modelo, pues estaban presentes el Ministro de la Gobernación y el Director General de Seguridad, PUDO EVITARLOS Y NO LO HIZO, sin embargo en nota publicada en Prensa diaria dedicó elogios a los milicianos asesinos y los felicitó “por su disciplina y valor probado” (El Liberal, 27 agosto 1936).

La propaganda publicitó en Prensa versiones totalmente falseadas (Periódico Política, de 23 de agosto, o El Liberal, jueves 27 agosto) acusando a los fascistas de provocar el fuego y a los funcionarios y milicias, etc. etc.



CÁRCELES ROJAS Y ASESINATOS COLECTIVOS DE PRESOS.
Tras el 18 de julio en la zona roja consecuencia del extraordinario aumento del número de presos hubo que habilitarse como prisión diversos edificios, preferentemente iglesias y casas de Comunidades religiosas.
Una característica común de los Gobiernos del Frente Popular en el poder fue anular por completo la autoridad de los funcionarios del Cuerpo de Prisiones, incluso de los afectos al régimen rojo e incumplir sistemáticamente los Reglamentos Penitenciarios.

Los funcionarios se sustituyeron por milicias armadas que se adueñaron de las prisiones y los reglamentos por el capricho de éstos que prohibían la comunicación de los detenidos con sus familias, se adueñaban de los víveres llevados a los presos, a los que constantemente se maltrataba de palabra y obra, amenazados de fusilamiento y les relataban los asesinatos en que había participado cada miliciano.

Contra la dura vida carcelaria los milicianos celebraban frecuentes orgías en los edificios y con la embriaguez de los guardas las condiciones de los reclusos empeoraban.
Hubo frecuentes casos de funcionarios de prisiones que en el ejercicio de su función fueron sacados del establecimiento y asesinados, generalmente por milicianos que habían estado a su cargo durante el cumplimiento de sus penas, vengándose así cobardemente aprovechando las circunstancias.


COMITÉS DE LAS CÁRCELES.
En cada penitenciaría se constituyó un Comité con representantes de todas las facciones frentepopulistas, y el orden en el interior de las prisiones se encomendó a milicianos.
Pese a que nominalmente las cárceles seguían dependiendo del Gobierno y en cada una había un director y funcionarios del Ministerio de Justicia, en realidad meros títeres sin autoridad, las prisiones se usaron, en realidad, para alojar detenidos que quedaban a disposición de organismos y organizaciones políticas y sindicales que eran los que “legalmente” decidían aunque no tuvieran ninguna atribución legal para ello pero tenían la “fuerza”.

Tales entidades se atribuían “facultades” sobre los detenidos por la DGS y a disposición de la misma, como se comprueba en los expedientes personales de los detenidos en la prisión de Porlier en Madrid, (D. Rafael Alonso Villalba, D. Francisco González Miranda y D. Albelardo Gómez Valero en los que se hace constar que quedan a disposicón de la DGS y del Comité de Investigación y Vigilancia. Los tres figuran puestos en libertad el 24 noviembre 1936, pero en realidad fueron sacados de la cárcel y asesinados dicho día).

En otros expedientes de reclusos de la misma prisión como D. Francisco Ariza Loño, D. Enrique Martínez López, y D. Carlos Martínez López figura la siguiente nota: “al ser liberado, avisar al puesto de Vigilancia nº 15, tfno. 5198, responsable, Del Moral”.
El tal puesto de Vigilancia, dependiente de la Inspección General de Milicias Populares, en la Carretar del Este, 25, era comunista (como la mayoría), el responsable Antonio del Moral Labajo (a) “Perra Chica” tuvo una actuación criminal extensa y destacada en la barriada de las Ventas y en los asesinatos de presos. Los tres referidos reclusos figuran como liberados el 7 de noviembre 1936,pero fueron sacados de prisión y asesinados.

Era frecuente que con la excusa de ser puestos en libertad los presos se entregaran a las checas (Fomento) o a milicianos que los asesinaban. Entre otros muchos fue el procedimiento que padeció el ex Director General de Seguridad D. José Valdivia que de la cárcel de San Antón se condujo a la checa de Fomento y asesinado. Iguales sacas se hacían en la prisión de las Ventas con iguales asesinatos.

Los asesinatos no se limitaban al exterior, en las propias prisiones se cometían muchos de ellos, incluso de insignes republicanos, así fueron asesinados violentamente en la cárcel de Porlier los diputados republicanos D.Gerardo Abad Cone y D. Fernando Rey Mora y con ellos el religioso D. Leandro Arce Urrutia (documentos 1 y 2).

No eran casos aislados, era la tónica del Gobierno “legal” Frentepopulista en toda la España roja.



MATANZAS ROJAS.

MATANZA DE ÚBEDA (Jaén):
En la noche del 30 al 31 de julio 1936, las milicias rojas sacaron a 47 presos políticos de la cárcel y los asesinaron, con sólo dos supervivientes: D. Pedro Iglesias Martín (gravemente herido), y D. Cristóbal Herrador Herrera.


LAS MATANZAS DE CASTELLÓN:
Noche 28 a 29 agosto 1936, los milicianos de diversas facciones frentepopulistas peentraron enel buque Isla de Menorca (puerto del Grao) habilitado como prisión y extrajeron a todos los presos del mismo, los 56 fueron maniatados por parejas, desembarcados y asesinados en diversos lugares cercanos al puerto.

En la noche del 13 al 14 de septiembre 1936 fueron extraídos de la Prisió Provincial, y asesinados, varios sacerdotes y religiosos, sin ni siquiera obedecer sentencia alguna de ningún “Tribunal Popular” sino exclusivamente por capricho de los milicianos ejecutores pero asistidos por los dirigentes del Frente Popular.

El 2 de octubre de ese mismo año, por la noche, las milicas anarquistas (CNT y FAI) bajo la denominación de “Columna de Hierro” mantenían el terror entre la población civil levantina. Penetraron en Castellón y con despliegue de ametralladoras asaltaron y quemaron los Archivos de la Audiencia, Juzgado, y Registro Propiedad, cuya documentación fue quemada en la calle, así como los de la Delegación de Hacienda que se quemaron en el patio del Gobierno Civil con aquiesciencia del propio Gobernador y de la Fuerza Pública que presenciaron sin oponer resistencia alguna.
Acompañados por elementos de la Guardia Popular Antifascista de Castellón se dirigieron a la Prisión provincial donde liberataro a los 10 presos recluídos por delitos comunes y aseinaron a los 53 presos políticos recluidos cuyas personalidades constan, más 6 víctimas más inidentificadas.
Realizados los hechos se dirigieron al café Suizo para festejar la “hazaña”.

LAS MATANZAS EN BILBAO:
25 septiembre 1936, desde que las sirenas de la ciudad anunciaron la presnecia de aviones nacionales, las turbas rojas, entre las que había gran número de mujeres, se dispusieron, de acuerdo con los guardias de los presos, al asesinato en masa de éstos.
Finalizado el bombardeo se dirigieron a los muelles de la ría (próximos a los Altos Hornos) en que estaban fondeados los buques Altuna-Mendi y Cabo Quilates remozados para prisión. Subieron a gabarras y abordaron los barcos. La matanza comenzó en el Cabo Quilates a primeras horas de la noche, asesinaron a la mayoría de los presos sobre la cubierta y a otros en la propia bodega haciendo fuego desde fuera, asesinaron así a 41 detenidos.
En el Altuna-Mendi, tras obligar a los presos, bajao amenaza de ametralladora, a permanecer varias horas con los brazos en alto, se asesino, a tiro de fusil, pistoal y subfusil a 29 detenidos más.

En la noche del 2 de octubre 1936 un grupo de marineros e individuos atotitulados oficiales de la Marina de la dotación del acorazado Jaime I subieron a bordo del Cabo Quilates, con la aquiesciencia de la guardia asesinaron a 38 presos previo despojo de alhajas y objetos personales de valor.

El 4 de enero 1937, se extrajeron 209 detenidos de distintas cárceles que fueron asesinados por el Ejército Rojo, contando la participación activa de varias compañías de los batallones “Asturias” (7º de la UGT), “Fulgencio Marcos” y “Malatesta”, perfectamente uniformados y armamento completo, bajo las órdenes de sus jefes correspondientes, respondiendo desde una de las cárceles al comandante del batallón “Malatesta” al Presidente del Gobierno Vasco que le pedía explicación sobre lo que estaba ocurriendo.
Los cadáveres fueron expoliados y saqueados.
El presidente vasco José Antonio Aguirre que no había tomado ninguna medida para evitar ni cortar los crímenes, encargó al Secretario de Guerra que cesara la matanza, concluyendo ésta a los pocos minutos de evacuada la orden, pero ésta se dió CUATRO HORAS después de inciarse los crímenes y ante las apremiantes e insistentes súplicas de los funcionarios de Prisiones que pedían la intervención de la Autoridad.


LA MATANZA DE CEBREROS (Ávila):
3 de octubre en la cárcel fueron sacados por los milicianos 71 detenidos políticos, que fueron asesinados, sus cadáveres aparecieron calcinados en el pueblo de Pelayos de la Presa.


LA MATANZA DE OCAÑA:
Los 152 presos extraídos de la cárcel de Ocaña el 20 octubre 1936 fueron asesinados en las tapias del cementerio, como por la obscuridad no pudieron hacer buena puntería, a la mañana varias de las víctimas fueron enterradas aún con vida.


LAS MATANZAS DE MADRID:
La suerte de los presos de Madrid, tras la matanza de agosto 1936, fue haciéndose cada vez más incierta hasta llegar muy pronto a las MATANZAS COLECTIVAS CON UNA PERFECTA ORGANIZACIÓN, ESTUDIADA EN LA PROPIA DGS y con los siguientes antecedentes:

El progresivo aumento de asesinatos con la participación y/o pasividad de las autoridades que tenían por obligación asegurar el orden público hizo que se conmoviera la opinión pública internacional y las representaciones diplomáticas acreditadas en Madrid alarmaran a sus Gobiernos.

Al respeto hubo una nota inglesa y el Ministro de Estado Julio Álvarez del Vayo, representando al Gobierno rojo publicó una comunicación, dirigida al Encargado de Negocios de la Gran Bretaña lamentándose de aquella intervención humanitaria del Gobierno Inglés que, afirmaba, carecía de fundamentos, ya que “los presos se encontragban perfectamente seguros y en espera de ser juzgados pro los tribunales competentes”.
El comunicado apareció en la prensa de los días 25 y 26 de octubre de 1936, y en ese mismo mes el Gobierno rojo por medio de unos de sus órganos: la DGS, ordenó, en Madrid, el ASESINATO DE PRESOS DE LA CÁRCEL DE LAS VENTAS SIN QUE HUBIERAN SIDO JUZGADOS POR NINGÚN TRIBUNAL. Entre los asesinados figuraban personas de destacado relieve intelectual como D. Ramiro de Maeztu, y el fundador de las JONS D. Ramiro Ledesma Ramos, los hermanos Borbón León, emparentados con la Casa Real española.

El Director General de la DGS, Manuel Muñoz, el 31 de octubre de 1936 ordenó la entrega de estos presos a miembros del Comité Provincial de Investigación Pública (checa de Fomento) bajo pretexto de trasladarlos a Chinchilla; pero con ORDEN VERBAL DE SER ASESINADOS como aconteció. Uno de los comprendidos en la relación original D. Francisco Gallego Sáenz, resistió el cumplimiento de la orden de salida por lo que fue asesinado en el interior de la propia prisión.

A inicios de noviembre 1936, representantes de la checa de Fomento, con miembros del ejército rojo, acudieron a las cárceles de las Ventas, San Antón, y Porlier para requerir a los militares profesionales encarcelados que se incorporaran al Ejército Rojo, bajo amenaza de muerte si no se incorporaban. A consecuencia de su dignidad, no queriendo mandar fuerzas rojas, se declaró su asesinato, sin mediar tribunal alguno y se hicieron listas que se entregaron a la DGS que autorizó las sacas de presos para su asesinato pretextando, en algunos casos, la libertad de los prisioneros, y en otros su traslado.
Estas expediciones se sucedieron desde el 1 al 7 de noviembre, ordenadas bajo la firma del Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, en unos casos y de los altos funcionarios de la misma Dirección en otros.

El 6 de noviembre de 1936 se presentaron en la cárcel Modelo (Madrid) policías, adscritos a la DGS, y milicianos de Vigilancia de Retaguardia, al mando del Inspector General, Federico Manzano Govantes, con una orden de libertad de presos, sin indicación de nombres ni número; en autobuses de la Sociedad Madrileña de Transportes se llevaron a los presos atados,y los asesinaron en las inmediaciones de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz.
Los hechos se repitieron al día siguiente, 7, siendo asesinada una nueva tanda de reclusos. La orden de extracción de la cárcel fue firmada por el Director General de Seguridad que dispuso que el Director de la cárcel Modelo entregase a los portadores de dicha orden los presos que verbalmente se le indicasen. Según declaración prestada a la Causa General por el entonces funcionario de la DGS, D. Ángel Jiménez Bella, el mandato se extendió y firmó tras una conversación de dicho Director General con la diputadas socialista Margarita Nelken.



LA JUNTA DE DEFENSA DE MADRID.
El avance victorioso del las fuerzas nacionales produjo el abandono de Madrid del Gobierno rojo por lo que se constituyó una Junta de Defensa de Madrid presidida por el genral Miaja con una Consejería de Orden Público de la que pasaron a depender los detenidos gubernativos que lo estaban por ideología pese a no haber cometido ninguna infracción.
La Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa fue confiada a Santiago Carrillo de las JSU, y se nombró Delegado de Orden Público (equivalente en su esfera a la de Director General de Seguridad) al redactor del diario socialista “Claridad” Segundo Serrano Poncela.
Del citado Consejo creado por la DGS pasaron a formar parte, entre otros: Juan Alcántara; Santiago Álvarez Santiago; Arturo García La Rosa; Manuel Ramos Martínez; Ramón Torrecilla Guijarro, Félix Vega.
Todos con actuaciones destacadas en distintas checas de las que funcionaron en Madrid.



ORGANIZACIÓN DE LAS MATANZAS DE PARACUELLOS DEL JARAMA; SAN FERNANDO DE HENARES; Y TORREJÓN DE ARDOZ.
El Consejo en reunión del 10 de noviembre 1936, presidida por Serrano Poncela, acordó las “normas” que habían de seguir para seleccionar a los presos de Madrid que debían ser asesinados en masa.
A propuesta del Presidente se estableció el siguiente turno:
1º.- militares con graduación superior a capitán.
2º.- falangistas y
3º.- cualquiera que hubiera mantenido actividades contrarias al Frente Popular.

Se designaron representantes del Consejo que acudieron a distintas cárceles y, actuando en forma de tribunal, interrogaban a los detenidos y decidían la suerte de los mismos.
El Consejo también designó un delegado para cada una de las cárceles con la misión de hacerse cargo de las relaciones de presos que debían ser asesinados, llevar a la cárcel la orden de libertad o traslado y dirigir la expedición, con instrucciones reservadas, distintas de las consignadas en la documentación oficial.

Para esto se designaron los militantes comunistas: Álvaro Marasa Barasa (Ventas); Agapito Sainz de Pedro (San Antón); y Andrés Urrésola Ochoa (Porlier). A su vez, dependían, de manera inmediata, del miembro del Consejo Santiago Álvarez Santiago también comunista.

El delegado de Orden Público, Segundo Serrano Poncela se encargó personalmente de dar las órdenes reservadas, para asesinar a los presos, al Parque Móvil de la DGS para disponer los vehículos necesarios, y al Inspector General de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, para tener dispuestos los elementos armados que acompañaban las expediciones y componían los piquetes de ejecución.

El plan fue meditado y preparado con toda frialdad que incluso se dispuso de antemano el lugar de ejecución y de enterramiento de las víctimas; a este fin prestaron colaboración los Comités rojos que venían actuando en los pueblos de San Fernando de Henares; Parcuellos del Jarama; y Torrejón de Ardoz que ordenaban a individuos de esas localidades cavar las fosas y acudieran los días señalados para enterrar a las víctimas.

Estos acuerdos del Consejo de la Dirección General de Seguridad encargados por el Gobierno rojo fugitivo comenzaron a ejecutarse a mediados de noviembre 1936, pero antes la Junta de Defensa de Madrid, procediendo igual que el Gobierno marxista al que representaba publicó una nota en la Prensa diaria (14 noviembre) en la que bajo la rúbrica “Saliendo al paso de una infamia” decía:
“... ni los presos son víctimas de malos tratos, ni menos deben temer por su vida. Todos serán juzgados dentro de la legalidad de cada caso. La Junta de Defensa no ha de tomar ninguna otra medida, y no sólo no permitirá que nadie lo haga, sino que, en este respecto, los que en ella intervienen y han intervenido lo ejecutarán dentro del orden y de las normas establecidas”.

Tras la comunicación que parecía apaciguar la alarma internacional, comenzaron a ponerse en ejecución los planes de los ASESINATOS COLECTIVOS, ORGANIZADOS Y ELABORADOS POR LOS ORGANISMOS DE ORDEN PÚBLICO, DEPENDIENTES DE LA PROPIA JUNTA DE DEFENSA SIGUIENDO EL EJEMPLO DEL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR.

Las diversas Comisiones se trasladaron a las cárceles respectivas para interrogar a los detenidos. Usaban datos de la DGS, de ficheros de partidos políticos, pero PRINCIPALMENTE PROCEDÍAN A CAPRICHO guiados en muchas ocasiones por el lustre de los apellidos de los detenidos, y se dejaban influenciar fácilmente por sugerencias interesadas, unos pocos lograron salvarse de ser fusilados, como estaba decidido, al presentar sus familias avales, o por acción de intermediarios y hasta de sobornos, pero los más inasequibles eran los comunistas.

Los acuerdos los tomaba el Consejo en pleno, y las órdenes para los asesinatos las firmaba el delegado de Orden Público y entregadas al responsable de la cárcel.

Hubo numerosos casos de presos que fueron extraídos de la cárcel sin presentarse documento oficial alguno, y días después, para que el expediente carcelario quedara completo, se llevaba la orden de traslado o libertad, cuando el recluso ya había sido asesinado, pero dando una falsa apariencia de legalidad a la salida del detenido.
De madrugada, los milicianos de servicio de guardia en el interior de la cárcel, provistos de linternas, entraban en las galerías y, entre blasfemias, insultos y amenazas, obligaban a los detenidos a levantarse, y les conducían al lugar en que se concentraban para entregarlos a las Milicias de Vigilancia de Retaguardia (encargados de traslado y ejecución), se les registraba e incautaba cualquier artículo de valor, se les ataban las manos a la espalda con bramante fino con tal fuerza que les hacía salir sangre en las muñecas, y se les obligaba a subir a los camiones con golpes, bayonetas, palos, patadas y toda clase de maltrato verbal y físico.

El famoso autor teatral D. Pedro Muñoz Seca fue sacado de la cárcel de San Antón el 28 de noviembre 1936 y-según declaración por testigos presenciales- fue objeto por parte de los milicianos (uno llamado Gonzalo Montes Esteban-Sierra (a) “Dinamita”) de fuertes tirones de bigote hasta arrancárselo.

DE ESTA FORMA, RESPONDIENDO A UN PLAN MEDITADO Y ACORDADO FRIAMENTE POR LOS ORGANISMOS OFICIALES, FUERON INMOLADOS, SIN FORMACIÓN DE PROCESO NI TENER IMPUTACIÓN DELICTIVA ALGUNA, MILLARES DE PRESOS SACADOS DE LAS CÁRCELES DE MADRID EN LA ÚLTIMA DECENA DE NOVIEMBRE Y PRIMEROS DÍAS DE DICIEMBRE DE 1936.

A partir de esas fechas, la energía con que un nuevo delegado de las prisiones de Madrid, (un anarquista que en pugna con las demás autoridades rojas, y especialmente con el Partido Comunista) actuó, por personal y exclusiva iniciativa, acabando con las matanzas de presos, demostrando lo fácil que hubiera podido obtener ese mismo resultado el Gobierno del Frente Popular de habérselo propuesto.

En Torrejón de Ardoz, donde tras la liberación de España, durante diciembre de 1939, fueron exhumados 4.154 cadáveres en Ribas de Vaciamadrid, y sobre todo en Paracuellos de Jarama, donde en enormes zanjas yacen millares de cadáveres, también de mujeres y niños de corta edad, fueron enterrados en montón todos los detenidos de las cárceles madrileñas asesinados en noviembre de 1936 y primeros de diciembre por el Gobierno del Frente Popular.



LA MATANZA DE GUADALAJARA.
El 6 diciembre 1936, a título de represalia por un bombardeo de la aviación nacional, elementos armados rojos, tras una conversación telefónica con el gobernador civil accidental, extrajeron de la cárcel a 290 presos y los asesinaron a las afueras, en el cementerio. Por falta de trámites reglamentarios en la entrega de los cadáveres, se negaron a hacerse cargo de estos, que fueron abandonados en el campo. Días después fuerzas militares rojas (Batallón Rosemberg los encontró y pensaron quemarlos pero desistieron enterrándolos en el sitio que estaban).



LA MATANZA DE JAÉN.
Ya en 1937, una Comisión del Frente Popular, de acuerdo con el gobernador, hizo una selección de 173 presos y ordenó su asesinato que fue ejecutado inmediatamente.

JOSÉ CAZORLA MOURE:
Durante 1937, en Madrid, terminados los asesinatos en masa de detenidos, el comunista Consejero de Orden Público, José Cazorla Moure, de la Junta de Defensa presidida por el general Miaja, encomendó a agentes de su confianza la tarea de “hacerse cargo” de los presos que, de no haber delinquido contra el régimen rojo, eran puestos en libertad pero que, a juicio de Cazorla debían ser asesinados.
Los excarcelados eran conducidos a prestar su servicio militar con carácter obligatorio a las Unidades militares comunistas, previamente advertidas, en las que, en vista del informe que les acompañaba eran asesinados los “reclutas”.
Estos crímenes, públicamente conocidos, provocran una ruidosa polémica entre el Partido Comunista (que apoyaba a Cazorla) y los anarquistas que los combatían abiertamente y de la que se hizo eco la Prensa madrileña.