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Educación El instituto asegura que no lo expulsará, pero que puede quitarle el derecho a la evaluación continua
Asunción Salvador
Granada- Nuevo conflicto por la objeción de un alumno granadino a la controvertida nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, impuesta por el Gobierno en algunas comunidades autónomas para el curso 2007-2008.
La Federación Católica de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Granada (FCAPA) denunció ayer que un alumno de 3º de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria del municipio de Alhendín podría ser expulsado durante varios días. El centro ha emitido ya tres partes por «falta de convivencia» a este estudiante, que dejó de asistir a las clases de Educación para la Ciudadanía, a raíz de la objeción de conciencia presentada por sus padres.
El padre de este alumno se dirigió por escrito a la dirección del colegio para solicitar la retirada de los dos primeros partes. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Y ahora, ante la amenaza de la expulsión, la familia está considerando emprender otro tipo de acciones, para lo cual ya se ha puesto en contacto con la red de abogados de FCAPA.
El presidente de la asociación en Granada, José Enrique García, afirmó ayer que se trata de «una nueva negación del derecho constitucional de objeción» que, en este caso, «está afectando a nuestros hijos». «Los propios alumnos se ven estigmatizados por sus compañeros ante la actuación de ciertos profesores generando conflictos dentro de las propias familias», declaró.
Situaciones conflictivas
Asimismo, instó a la Delegación Provincial de Educación a que actúe para evitar este tipo de casos. «¿Qué clase de Educación para la Ciudadanía queremos impartir cuando estamos utilizando este tipo de medios?», preguntó. También aseguró que los colegios públicos, donde «las asociaciones de padres están menos implicadas con el problema de los objetores ante la nueva materia», soportan la mayoría de situaciones conflictivas.
Por otro lado, lamentó que el centro no ha facilitado a los padres el citado «reglamento de convivencia», en función del cual se le ha impuesto la sanción al estudiante. «El padre pertenece a la comisión de convivencia y ha solicitado el reglamento, pero el centro no se lo ha querido facilitar», aseguró. «Nos parece que es un abuso porque si el padre no tiene acceso al documento que sirve para imponer la sanción no puede presentar alegación alguna», puntualizó.
Derechos y deberes
También puso en duda que el reglamento interno del centro haya tenido tiempo de adaptarse a las situaciones derivadas de la implantación de la nueva asignatura y se mostró en desacuerdo con el hecho de que las faltas de asistencia a las clases de Educación para la Ciudadanía se califiquen como «falta de convivencia». «No creo que exista ningún reglamento ni ley que así lo estipule», argumentó.
El director del instituto de Alhendín, José Forte, por su parte, aclaró que cuando un alumno se niega a asistir a una clase obligatoria se genera una «falta de convivencia», ya que ésta «no sólo significa llevarse bien con los compañeros, sino que cada uno cumpla con sus derechos y deberes». Por otro lado, negó que el alumno vaya a ser expulsado. Sin embargo, sí que podría perder el derecho a la evaluación continua. Según explicó a Efe, si el número de partes por inasistencia sigue aumentando, el niño «podría perder su derecho a la evaluación continua, entre otros derechos». Con ello, la nota final de curso de este alumno dependería únicamente del resultado de sus exámenes, ya que los profesores dejarían de hacerle el seguimiento diario de su comportamiento y evolución educativa.
Por otro lado, Forte recordó que la asignatura Educación para la Ciudadanía forma parte del currículum de Secundaria, «y el deber del centro es impartirla como se hace con el resto de materias». Finalmente, aseguró que no se ha dado ningún otro caso de alumno objetor de conciencia en su instituto, y que el problema radica en la confrontación entre «el derecho de los padres y el deber de los centros escolares».
Por otra parte, el presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, Ramón Novella, resaltó ayer «el adoctrinamiento que supone la asignatura por parte del Estado» y defendió la necesidad «de respetar y fomentar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, y de no permitir que el Estado intervenga y adoctrine a los niños en una ideología muy laicista». Profesionales por la ética es una de las organizaciones que se ha mostrado más activa en la lucha contra la nueva materia.
http://www.larazon.es/noticias/noti_soc22540.htm
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