NATI VILLANUEVA. MADRID.



La acumulación de condenas por parte de los etarras según la llamada «doctrina Parot» -este terrorista fue el primero al que el Tribunal Supremo aplicó el nuevo sistema de cómputo de las penas- supone uno de los principales obstáculos de la Justicia en el llamado «proceso de paz». En la negociación «armas por presos», estos últimos juegan un papel fundamental para la banda terrorista, tanto que si los contactos entre Gobierno y ETA no se ven frustrados, el Ejecutivo terminará proponiendo una «salida gradual» para los etarras que están cumpliendo condena en prisión, según fuentes conocedoras del llamado «proceso de paz».

Pero para que esto sea así tendrán que producirse algunos cambios y, en lo que respecta a la acumulación de condenas, la resolución dictada por el Supremo sólo podría ser revocada por el Tribunal Constitucional.

El pasado 28 febrero, apenas un mes antes del alto el fuego de ETA, la Sala Segunda del Supremo tomaba una decisión de enorme trascendencia: computar los beneficios penitenciarios previstos en el Código Penal -el de 1973 en el caso de Parot, así como en el de los etarras más sanguinarios- sobre cada una de las condenas impuestas y no sobre el máximo de 30 años previsto en aquella norma. Es decir, si antes de esta resolución las redenciones a un terrorista condenado a mil años de cárcel se aplicaban sobre el máximo de 30 años de cumplimiento previsto en el Código Penal de 1973 (lo que en la práctica suponía cumplir entre 15 y 18 años), a partir de la sentencia se aplican sobre cada pena de forma individualizada y sucesiva, empezando siempre por la más grave. La consecuencia es que se garantiza el cumplimiento, día a día, durante el tiempo máximo establecido por la ley (30 ó 40 años, según qué Código Penal se aplique).

La sentencia del Supremo resolvía un recurso presentado por el etarra Henri Parot contra la decisión de la Audiencia Nacional de dividir las condenas del terrorista en dos bloques diferenciados de 30 años cada uno. La tesis de la Audiencia Nacional no triunfó y, en este sentido, el Supremo estimó el recurso del etarra. Pero la nueva sistemática para el cómputo de las penas se quedó a medio camino entre lo acordado por la Audiencia Nacional (que Parot cumpliera 60 años) y lo que solicitaba su defensa (que, como los demás condenados con el Código Penal de 1973, saliera a la calle tras haber cumplido dos tercios de la condena impuesta, contando a partir del máximo de 30 años). La filosofía en la que descansa la interpretación del Pleno de la Sala Segunda del Supremo es clara: no se puede dar el mismo trato punitivo al autor de un solo delito que al que tiene un historial delictivo como el de Parot (condenado a más de 4.000 años por, entre otros, el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza), Domingo Troitiño o José Antonio López Ruiz «Kubati» (ambos condenados a más de 1.000 años). Precisamente, estos dos últimos tenían que haber sido excarcelados este año (el 5 de mayo Troitiño y el 24 de julio «Kubati»), pero ambos se han visto afectados por la «doctrina Parot», de forma que ahora su salida no está prevista hasta 2017.

El horizonte penal de Parot es todavía menos halagüeño, pues de los tres citados es el único que ha sido procesado (por Grande-Marlaska, un mes antes del anuncio del alto el fuego) por un nuevo delito de integración en banda armada y conspiración para atentar. El motivo de estas imputaciones ha sido una carta que este etarra envió a la dirección de ETA. En la misiva proponía objetivos terroristas «vitales» y se preguntaba «cómo no hemos volado ya la Audiencia Nacional».

En caso de que tras la celebración del juicio oral (todavía sin fecha) el terrorista resulte condenado, su estancia en prisión se prolongaría un mínimo de nueve años más y un máximo de 32 (siempre y cuando se mantengan las acusaciones). La excarcelación de Henri Parot estaba prevista para 2009, y con la acumulación de condenas se atrasa hasta 2020, con independencia de que sea juzgado y, en su caso, condenado por los hechos antes descritos.

Aunque sí los más sanguinarios, no son «Kubati» y Domingo Troitiño los únicos etarras que no saldrán de prisión este año por la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Supremo. Junto con ellos, otros once terroristas que también tenían que haber salido a la calle este año permanecerán en la cárcel como mínimo hasta 2011 y como máximo hasta 2019. [ver cuadro adjunto]. La cifra sube hasta 19, según la ilegalizada Askatasuna, la organización de familiares de presos de ETA. Al margen de éstos, hay otros doce terroristas que entre el 29 de septiembre y el 29 de noviembre, es decir, en un plazo de dos meses, han ido e irán saliendo de prisión de forma paulatina. A diferencia de los anteriores, no les ha afectado la «doctrina Parot», entre otras razones, porque sólo tienen una condena en su haber.



http://www.abc.es/20061022/nacional-...610220259.html