Las anotaciones se cancelaron al no pedirse la ampliación en mayo, octubre y noviembre de 2006

R. N.


Madrid- El presidente de la Sala Social del Tribunal Supremo, Joaquín Samper, fue quien soltó la noticia a los miembros de la Sala del 61: los embargos a 48 «herriko tabernas» se habían cancelado porque los mismos no fueron prorrogados en el plazo que establece la Ley, según confirmaron a este periódico fuentes del citado tribunal. Esos locales vinculados directamente a Batasuna estaban embargados por el juzgado del que hoy es titular Baltasar Garzón.

El artículo 86 de la Ley Hipotecaria establece taxativamente que Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen -están incluídas, por tanto, los embargos- caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Sin embargo, en este caso concreto, según afirmaron fuentes jurídicas, desde el juzgado no se presentó tal solicitud de prórroga del embargo, por lo que, ante esta circunstancia, se produce directamente la caducidad de esa anotación. En concreto, esas prórrogas deberían haberse realizado en mayo, octubre y noviembre de 2006. De esta forma, esas «herriko tabernas» dejaron de estar embargadas. El juez Garzón se reincorporó al juzgado en julio de ese año, por lo que no se encontraba en la Audiencia cuando venció el embargo de las primeras «herriko tabernas». En ese momento, en el mes de mayo, el juzgado lo ocupaba Fernando Grande-Marlaska.

Sospecha y temor
Esta circunstancia propició un debate entre los magistrados de la Sala sobre la conveniencia o no de solicitar un informe a Baltasar Garzón sobre lo ocurrido, sin que formalmente se adoptase decisión sobre este extremo.
Estos locales podrían ser nuevamente embargados por el Tribunal Supremo, dentro del proceso de liquidación patrimonial de Batasuna. Sin embargo, existe el temor y la sospecha de que, cuando se pida formalmente, personas físicas o jurídicas próximas a la formación ilegalizada hayan asumido obligaciones con cargo a esas «herriko tabernas», con lo que se convertirían en acreedores preferentes respecto a posteriores reclamaciones o embargos que pudiese instar el propio Tribunal Supremo.

En relación con estos locales, la Sala del 61 rechazó por unanimidad la petición de dos asociaciones que figuran como titulares de otros tantas herriko respecto a la competencia para conocer lo relativo a esos embargos, ya que entra en el proceso de ejecución de la sentencia de ilegalización» de Batasuna.

Por otro lado, esa misma Sala aceptó por unanimidad no reclamar al Parlamento vasco las subvenciones otorgadas al grupo Sozialista Abertzaleak, en el que se integraron los diputados de Batasuna tras la ilegalización de esta formación política, informa F. Velasco. El pasado 25 de enero, esa misma Sala Especial del Supremo reclamó esas cantidades, pero ayer decidió por reconsiderar esa decisión. Ahora bien, esas cantidades no podrán destinarse en ningún caso «en beneficio del Grupo Parlamentario extinguido ni de ninguno de los miembros que lo integraron, incluso si por resolución administrativa, judicial o de cualquier otro orden se rehabilitara el crédito».

Además, la Cámara de Vitoria deberá acreditar el destino que finalmente otorga a esas cantidades.

Sobre esta cuestión, fuentes del Supremo indicaron que, finalmente, se había optado por una «solución de compromiso», después de un debate «vivo e intenso» entre los 16 magistrados integrantes de la Sala del 61.

Al final, y para alcanzar un acuerdo por unanimidad, se optó por no reclamar ese dinero, pero sí que se justificase el destino del mismo, ya que si se otorgaba a cualquier ente relacionado con Batasuna se podría incluso estar ante un delito de malversación de caudales. Esta era, precisamente, la tesis que había defendido la Abogacía del Estado en esta cuestión.

Ilegalización de ASB
La próxima reunión de la Sala 61 del Supremo no tardará tanto en llegar. El próximo viernes o el lunes sus magistrados volverán a encontrarse para decidir sobre las alegaciones que está previsto que presente Abertzalen Sozialista Batasuna (ASB) contra las demandas de ilegalización presentadas contra esta formalización política por la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, al considerar que esta formación es sucesora de la ilegalizada Batasuna. En todo caso, la Sala se reunirá de forma inmediata cuando tenga en su poder esas alegaciones.


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